Auto 16497 de agosto 19 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Expediente 16497

Consejero Ponente:

Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros

Actor: Vallas Exteriores Publicitarias

Demandado: Cooperativa de Municipios del Tolima

Santafé de Bogotá, D.C., agosto diecinueve de mil novecientos noventa y nueve.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la sociedad actora contra el auto de 22 de febrero de 1999, por el cual el Tribunal Administrativo del Tolima no aprobó conciliación prejudicial lograda en audiencia que tuvo lugar el 14 de enero del año en curso ante procurador judicial.

Antecedentes

La gestión prejudicial fue adelantada por iniciativa de Vallas Exteriores Publicitarias Ltda., quien solicitó al procurador judicial una audiencia para convenir con la Cooperativa de Municipios del Tolima el pago de $ 17'710.000, representados en la factura de venta 7237. La audiencia tuvo lugar el 1º de diciembre de 1998, y se reanudó el 14 de enero del presente año. En ella el gerente de la cooperativa propuso el pago de la suma de $ 17'100.000 para cubrir la factura 7237, más intereses y honorarios en cuantía de $ 2'900.000, partidas que sumadas totalizan el monto de $ 20.000.000. Adujo que el pago se haría el 28 de febrero de 1999. La propuesta fue aceptada por el representante de Vallas Exteriores Publicitarias.

El a quo no aprobó la conciliación por considerar que, en los términos de la Ley 23 de 1991, modificada por la Ley 446 de 1998, la conciliación prejudicial no existe para quienes posean título ejecutivo y por tanto estén dotados de acción ejecutiva. Advirtió entonces que este mecanismo de concertación solo existe para quienes se encuentren en condiciones de intentar cualquiera de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.

Inconforme, apeló el mandatario judicial de la parte actora quien para el efecto alegó que la gestión prejudicial, hoy sometida a la consideración del Consejo de Estado, reside en el contrato de suministro 063-97 que la sociedad Vallas Exteriores Publicitarias suscribió con la Cooperativa de Municipios del Tolima. Adujo entonces que el no pago de las obligaciones por parte de la administración constituye incumplimiento, y que si bien da al contratista acción ejecutiva, también le da acción contractual.

Para resolver se CONSIDERA:

Los documentos aducidos por el apoderado de la sociedad VEP Ltda., entre ellos la factura cambiaria de compra venta 7237, indiscutiblemente dan lugar al cobro compulsivo de las obligaciones que allí se incorporan, y no al trámite de la conciliación prejudicial. Así se desprende de la nueva legislación (L. 446/98, art. 80) en cuanto señala que “antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, las partes individual o conjuntamente podrán formular solicitud de conciliación prejudicial”.

Son obvias las consideraciones que aquí se formulan, especialmente si se tiene en cuenta que los pasos que se adelantan en el trámite prejudicial tienen el propósito fundamental de constituir título ejecutivo contra la administración, trámite que no parece razonable intentar cuando aquel ya se tiene en poder del acreedor. Es más. Siempre que la entidad administrativa incumple las obligaciones definidas en el acta de conciliación el camino siempre será el mismo, esto es, el juicio ejecutivo.

Detentado el título de ejecución en poder del acreedor, debe este procurar el recaudo en forma directa o a través del cobro compulsivo, de donde puede surgir el evento de la conciliación solo en aquellos casos en los cuales se formulen excepciones de mérito.

Dispone el artículo 102 de la Ley 446/98:

“En los procesos de ejecución la audiencia de conciliación deberá surtirse cuando se presenten excepciones de mérito. Tendrá lugar una vez vencido el traslado a que se refiere el primer inciso del artículo 510 o el primer inciso del artículo 545 del Código de Procedimiento Civil, según el caso.

El proceso terminará cuando se cumpla la obligación tal como quedó conciliado dentro del término acordado y se dará aplicación al artículo 537 del Código de Procedimiento Civil. En caso de incumplimiento de lo conciliado, el proceso continuará respecto del título ejecutivo inicial”.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

Confírmase el auto apelado.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Germán Rodríguez Villamizar—Jesús María Carrillo Ballesteros—María Elena Giraldo Gómez—Alier Eduardo Hernández Enríquez—Ricardo Hoyos Duque, con salvamento de voto.

Carlos Alberto Corrales Muñoz, Secretario.

SALVAMENTO DE VOTO

No comparto la decisión mayoritaria de la Sala en cuanto sostiene que la conciliación prejudicial resulta improcedente en presencia de un título ejecutivo, por las siguientes razones:

1. La Sala mediante auto del 3 de junio del presente año (Exp. 15.945), al examinar el alcance del artículo 70 de la Ley 446 de 1998, reformatorio del artículo 59 de la Ley 23 de 1991, expresó:

“De la norma anterior se desprende que la conciliación procede en los procesos ejecutivos ‘siempre que en ellos se hayan propuesto excepciones de mérito’, lo cual quiere decir que se refiere a la conciliación judicial. Sin embargo, la conciliación prejudicial en los procesos ejecutivos no se encuentra prohibida, ya que el artículo 62 del Decreto 1818 de 1998 señala que la conciliación es posible intentarla antes de incoar las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo y esta última disposición, se limita a remitir los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a la regulación del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contenida en el Código de Procedimiento Civil. Olvidó la norma que también ante esta jurisdicción se tramitan procesos ejecutivos derivados de contratos, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993”.

2. Es cierto que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-160 del 17 de marzo de 1999 al examinar la constitucionalidad de la Ley 446 de 1998 en materia de conciliación laboral, sostuvo que esta no operaba en los procesos ejecutivos, “porque en razón de su naturaleza la conciliación busca crear una situación de certeza en cuanto a los derechos laborales que el trabajador reclama al empleador, lo cual, por sustracción de materia no se requiere cuando ya se posee un título ejecutivo del cual emana una obligación a cargo de este, que para el trabajador configura un derecho cierto e indiscutible que no se puede renunciar o negociar, como lo prevé el artículo 53 de la Constitución Política”.

Tal obstáculo constitucional, sin embargo, no se presenta en la conciliación que pueden llevar a cabo en las entidades públicas por cuanto el principio que le sirve de fundamento a la misma no es otro que el de la autonomía de la voluntad, en los términos que determine la ley (C.N., art. 116, inc. final).

Con todo respeto,

Ricardo Hoyos Duque.