Auto 16546 de agosto 2 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: expediente 11001-03-24-000-2006-00205-00-16546

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Humberto Aníbal Restrepo Vélez C/ la Nación - ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo

Acción pública de nulidad artículos 1º y 6º Decreto 1299 de 2006

Suspensión provisional —Auto—

Bogotá, D.C., dos de agosto de dos mil siete.

En ejercicio de la acción pública de nulidad, el ciudadano Humberto Aníbal Restrepo Vélez, demanda ante la jurisdicción, la declaratoria de nulidad de la expresión “y en general por violación dolosa a las normas penales…” contenida en el literal h) del artículo 1º; contra el literal i) del artículo 1º y contra la expresión “… los datos del registro único tributario RUT, o…” contenida en el numeral 3º del artículo 6º del Decreto 1299 de 27 de abril de 2006, “Por el cual se establece la autorización para importar materias textiles y sus manufacturas y calzado y sus partes, y se deroga el Decreto 4665 de 2005”, expedido por los ministros de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo.

Toda vez que la Sala encuentra cumplidos los presupuestos para la admisión de la demanda, accederá a ello, previo el estudio de la solicitud de suspensión provisional en contra del literal i) del artículo 1º del Decreto 1299 de 2006, medida que fue sustentada de modo expreso en capítulo aparte dentro del escrito de demanda, dando así cumplimiento al primer requisito del artículo 152 del Código Contencioso Administrativo.

El demandante fundamenta su petición, en la violación directa y flagrante del artículo 15 del Decreto Legislativo 2150 de 1995; en síntesis, por cuanto el decreto en el aparte acusado desborda lo dispuesto por el decreto legislativo.

Señala que mientras el artículo 15 del Decreto Legislativo 2150 de 1995 establece que en las actuaciones administrativas queda prohibida la exigencia de cualquier tipo de paz y salvo interno, la disposición acusada al consagrar que la persona natural o jurídica que pretenda importar materias textiles y sus manufacturas y calzado y sus partes, debe acreditar que no tiene deudas exigibles con la DIAN, para obtener la autorización para importar, lo desbordó en la medida en que exige un tipo de paz y salvo interno para adelantar y culminar favorablemente la importación.

Para resolver se considera:

Por cuanto la demanda reúne los requisitos de ley esta habrá de admitirse.

Con el fin de determinar si se accede o no a la medida cautelar solicitada en relación con el literal i) del artículo 1º del Decreto 1299 de 2006, se procede a transcribir tanto el literal acusado, como el artículo superior invocado como manifiestamente quebrantado.

Decreto Legislativo 2150 de 1995 Decreto 1299 de 2006
“ART. 15.—Prohibición de paz y salvos internos. En las actuaciones administrativas queda prohibida la exigencia de cualquier tipo de paz y salvo interno”.“ART. 1º—Autorización. Las personas naturales o jurídicas que pretendan importar materias textiles y sus manufacturas y calzado y sus partes clasificables por los capítulos 50 a 64 del arancel de aduanas, deberán obtener autorización para el efecto, otorgada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para lo cual deberán formular solicitud escrita ante dicha entidad acreditando los siguientes requisitos:
a) …
(…).
i) No tener deudas exigibles con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, salvo aquellas sobre las cuales existan acuerdos de pago vigentes.
(…)”.

La institución de la suspensión provisional, como excepción a la presunción de legalidad de los actos administrativos, requiere que la violación a normas superiores sea de tal magnitud que salte a la vista, sin que se requiera de exámenes que vayan más allá de la confrontación directa de los textos normativos.

Ahora bien, la violación manifiesta a juicio del demandante se da por cuanto el artículo 15 del Decreto Legislativo 2150 de 1995 prevé que queda prohibida en las actuaciones administrativas, la exigencia de cualquier paz y salvo interno, mientras que el literal i) del artículo 1º del Decreto 1299 de 2006, exige a las personas naturales o jurídicas que pretendan importar materias textiles y sus manufacturas y calzado y sus partes clasificables por los capítulos 50 a 64 del Arancel de Aduanas, la obtención de una autorización para dicho efecto otorgada por la DIAN, para lo cual el importador debe acreditar como requisito, entre otros, que no tiene deudas exigibles con la DIAN, salvo aquellas sobre las cuales exista acuerdo de pago.

Observa la Sala que la confrontación entre el artículo 15 del Decreto Legislativo 2150 de 1995 y el literal i) del artículo 1º del Decreto 1299 de 2006 objeto de censura, permite concluir de manera directa la existencia de violación ostensible y flagrante de la norma superior; lo anterior, si se tiene en cuenta que pese a que la norma superior prohibió la exigencia de cualquier tipo de paz y salvo interno, el literal i) del artículo 1º del Decreto 1299 de 2006, está exigiendo un paz y salvo interno.

En efecto, cuando en la norma acusada se establece como requisito necesario para la obtención de la autorización para la importación, la acreditación de “No tener deudas exigibles con la DIAN, salvo aquellas sobre las cuales exista acuerdo de pago”, la administración no está exigiendo cosa diferente a un paz y salvo interno, que precisamente es la prohibición establecida en la norma superior; situación que puede apreciarse del simple cotejo de ambas disposiciones.

En esas condiciones se concluye, que cuando la administración exige la acreditación de ausencia de deudas exigibles con la DIAN, como requisito para obtener autorización para la importación de materias textiles, sus manufacturas y calzado y sus partes clasificables por los capítulos 50 a 64 del arancel de aduanas, incurrió en desacato flagrante de la norma superior.

En consecuencia, el acuerdo en el literal i) del artículo 1º del Decreto 1299 de 2006 infringió en forma ostensible y de manera directa el artículo 15 del Decreto Legislativo 2150 de 1995, por lo cual procede su suspensión provisional.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. ADMÍTASE la demanda de nulidad contra la expresión “y en general por violación dolosa a las normas penales…” contenida en el literal h) del artículo 1º; contra el literal i) del artículo 1º y contra la expresión “… los datos del Registro Único Tributario RUT, o…” contenida en el numeral 3º del artículo 6º del Decreto 1299 de 27 de abril de 2006, “Por el cual se establece la autorización para importar materias textiles y sus manufacturas y calzado y sus partes, y se deroga el Decreto 4665 de 2005”, expedido por los ministros de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, instaurada por el ciudadano Humberto Aníbal Restrepo Vélez, a quien se tendrá como parte demandante y en consecuencia se dispone:

a) Notifíquese personalmente al Procurador Delegado ante esta corporación.

b) Notifíquese personalmente a los señores ministros de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo o a sus delegados para recibir notificaciones.

c) Fíjese en lista por el término de diez (10) días para que los demandados, puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar pruebas y para que los terceros intervinientes la impugnen o coadyuven.

d) Solicítese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el envío de los antecedentes administrativos que hubiesen sobre la expedición del Decreto 1299 de 27 de abril de 2006.

2. DECRÉTASE la suspensión provisional del literal i) del artículo 1º del Decreto 1299 de 2006.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Juan Ángel Palacio Hincapié, Presidente—Ligia López Díaz—María Inés Ortiz Barbosa—Héctor J. Romero Díaz.

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