Auto 16546 de diciembre 11 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref. : Expediente 11001-03-24-000-2006-00205-00-16546

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Humberto Aníbal Restrepo Vélez C., la Nación — ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo

Reposición (Suspensión provisional) — Auto —

Bogotá, D.C., diciembre once de dos mil siete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada contra el auto de 2 de agosto de 2007 proferido por esta corporación, mediante el cual se decretó la suspensión provisional de los efectos de la disposición demandada, literal i) del artículo 1º del Decreto 1299 de 27 de abril de 2006 proferido por el Gobierno Nacional, por medio del cual se establece la autorización para importar materias textiles y sus manufacturas y calzado y sus partes, y se deroga el Decreto 4665 de 2005.

Alega el recurrente, en resumen, que el Decreto 2150 de 1995, norma invocada como infringida por el actor, no es una norma superior al acto acusado, con lo cual esta no puede servir de fundamento para acceder a la suspensión provisional de este último.

Con el fin de determinar si se revoca o no la medida cautelar decretada, con fundamento en el cargo formulado, es pertinente efectuar las siguientes precisiones en torno a la naturaleza del Decreto 2150 de 1995:

Primero, es necesario resaltar que la naturaleza de los decretos que expide el Presidente de la República son clasificados de manera general, en decretos administrativos y decretos con fuerza de ley.

Los decretos con fuerza de ley, son aquellos proferidos por el Presidente que tienen la naturaleza o connotación de ley, pues se expiden en ejercicio de funciones legislativas excepcionales. De tal manera, que esta clase de actos tienen la misma jerarquía de una ley expedida por el Congreso de la República (1) .

Los decretos administrativos, son aquellos proferidos por el Presidente de la República o el Gobierno Nacional que tienen la naturaleza de acto administrativo, pues son expedidos en ejercicio de funciones administrativas, cuya finalidad es la reglamentación o aplicación concreta de una ley o la misma Constitución Política.

De esta clasificación, se colige entonces, que tanto los decretos legislativos (2) , al igual que los decretos-leyes (3) hacen parte de aquellos decretos llamados con fuerza de ley, pues en ellos el Presidente actúa como legislador extraordinario, por tanto, que el control judicial de tales actos sea ejercido por la Corte Constitucional.

Por el contrario, los decretos ejecutivos (4) , junto a los decretos reglamentarios y compiladores, se encuentran dentro de los llamados decretos administrativos, pues en estos el Presidente actúa en uso de su función ordinaria, la función administrativa, de allí que el control judicial de dichos actos esté a cargo de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Así, se observa que en la escala normativa colombiana los decretos a los cuales se han hecho referencia, proferidos por el Presidente de la República, se hallen ubicados jerárquicamente de la siguiente manera (5) :

Constitución Política

Ley

(Entendidas las leyes del Congreso y decretos del presidente dictados en función legislativa; ej.: decretos legislativos, decretos-leyes y especiales).

Decretos, resoluciones ejecutivas y demás actos del Presidente de la República dictados con base en la ley (aquí se encuentran otras autoridades nacionales, reglamentarios, etc.).

Actos de otras autoridades nacionales, distintas al Presidente de la República, según su jerarquía.

Valga precisar, que mediante el Decreto 2150 de 1995, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió el artículo 83 de la Ley 190 de 1995, se busca suprimir y reformar regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública.

En ese orden de ideas, la Sala infiere que el Decreto 2150 de 1995, si bien no es un decreto legislativo como se expuso en la providencia recurrida, es un decreto que hace parte de aquellos clasificado como decreto con fuerza de ley, específicamente, es un decreto-ley, conforme quedó expuesto. En tal medida, los decretos o demás normas que estén en inferior jerarquía le deben sujeción.

En efecto, al ser el Decreto 1299 de 2006 un decreto ejecutivo, por cuanto este es expedido por el Presidente de la República con fundamento en las facultades conferidas por el numeral 25 del artículo 189 y los artículos 3º de la Ley 6ª de 1971 y 2º de la Ley 7ª de 1991, y, por tanto, de inferior jerarquía al invocado como violado, tenga que sujetarse en su contenido a lo dispuesto en aquel.

Así entonces, fuerza concluir por la Sala, que la invocación del Decreto-Ley 2150 de 1995 como norma superior violada por el Decreto 1299 de 2006, sea acertada para efectos de la solicitud de suspensión provisional incoada.

Por otra parte, en cuanto a la inconformidad del recurrente, consistente en que el acto acusado no viola palmariamente la norma invocada, cabe anotar:

Para la Sala no es atinada la afirmación de la demandada referida a que en el acto acusado no se dispone la exigencia de paz y salvo alguno, pues salta a la vista que la exigencia de acreditar no tener deudas exigibles con la DIAN, no es otra cosa que se debe aportar los paz y salvo con dicha entidad para obtener la autorización en importar materias textiles y sus manufacturas y calzado y sus partes clasificables en los capítulos 50 a 64 del arancel de aduanas.

En consecuencia, habrá de ser confirmada la decisión adoptada en el auto recurrido.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

CONFÍRMASE el auto de 2 de agosto de 2007, proferido por la Sala en el presente proceso, que decretó la suspensión provisional del literal i) del artículo 1º del Decreto 1299 de 2006, proferido por el Gobierno Nacional.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(1) Lo anterior, sin perjuicio que dentro de esta misma jerarquía existan normas superiores a otras; como lo serían eventualmente, las leyes orgánicas respecto de las leyes ordinarias.

(2) Por decretos legislativos se entienden, aquellos por medio de los cuales el Presidente de la República declara los estados de excepción, previstos en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política.

(3) Por decretos-leyes aquellos que expide el Presidente en ejercicio de facultades extraordinarias y protempore conferidas por el Congreso de la República, cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje.

(4) Los decretos ejecutivos son aquellos que profiere el Presidente o el gobierno en cumplimiento de sus funciones, los cuales tienden a la aplicación concreta de disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias.

(5) Copiando un poco la famosa pirámide jurídica de Hans Kelsen.

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