Auto 16726 de abril 25 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

TRÁMITE DE LA EXTRADICIÓN

INCIDENCIA DE UNA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA POR LOS MISMOS HECHOS

EXTRACTOS: «Decide la Sala la solicitud de suspensión del trámite de extradición, elevada por el defensor del requerido, Alfredo Tascón Aguirre.

(...).

7. Con posterioridad el defensor del requerido presentó dos memoriales adicionales, en el primero reitera la solicitud de declarar improcedente el trámite, anexando para el efecto copia de la sentencia T-1736 de 2000(*) a través de la cual la Corte Constitucional resolvió la acción de tutela interpuesta por el requerido, y copia de la demanda de inconstitucionalidad que presentó ante esa misma corporación contra el artículo 13 del Código Penal, cuyos argumentos en lo esencial son idénticos a los ya resumidos; y en el segundo recaba la petición de suspensión del rito, añadiendo que como la Corte Constitucional concedió la tutela al señor Tascón Aguirre, para que la Fiscalía investigue si los hechos por los cuales es pedido, sucedieron o no en Colombia, y en atención a que según el artículo 565 del Código Procesal Penal, no precede la extradición cuando por el mismo delito el requerido esté siendo investigado en Colombia; adicionalmente, anexa una certificación expedida por la Fiscalía Delegada ante esta Corte, encargada de cumplir el fallo de tutela, en la que consta que se inició investigación previa en su contra, y lo escuchó en versión libre.

(*) Publicada en J y D., Nº 349, pág. 173 (N. del D.).

8. Recientemente la Unidad Nacional de Fiscalías Antinarcóticos e Interdicción Marítima, informó a la Sala que el 27 de febrero del corriente año, abrió formal investigación entre otros contra Alfredo Tascón Aguirre por los presuntos delitos descritos en los artículos 33 y 34 de la Ley 30 de 1986 y 186 del Decreto 100 de 1980, los que de acuerdo con las pruebas con que cuenta, pudieron iniciarse en Colombia y culminarse en el exterior.

Consideraciones de la Sala

Con este auto, la Sala resolverá la petición de suspensión del trámite de extradición elevada por el defensor del procesado, difiriendo para el momento de rendir el concepto manifestarse sobre la improcedencia del rito, en punto de las razones que soportan la petición de expedir opinión desfavorable a la extradición, y acerca de la pretensión subsidiaria de condicionar la eventual entrega.

1. En efecto, teniendo en cuenta que la solicitud de declaración de improcedencia del trámite, estriba en la supuesta interpretación inconstitucional que la Sala viene haciendo del contenido del artículo 13 del Código Penal, transgrediendo la exigencia del artículo 35 superior atinente a que el delito por el cual se procede haya sido cometido en el exterior, viabilizando de esta manera la entrega de nacionales colombianos que han cometido los delitos por los cuales son reclamados en territorio Colombiano, menoscabando el derecho fundamental a la administración de justicia, e impidiendo la facultad constitucional que tiene la Fiscalía General de la Nación; que en lo esencial son los mismos argumentos propuestos por el defensor para fundar la petición de nulidad, presentada en el traslado dispuesto para pedir pruebas, los cuales fueron contestados y enervados por la Sala no sólo al denegar la petición, sino al decidir el recurso de reposición interpuesto contra ese auto, y atendiendo además que la nueva solicitud ahora presentada con el ropaje de “improcedencia” del rito, fue invocada en los alegatos de conclusiones y recabada estando el expediente al despacho del magistrado ponente para presentar proyecto de concepto, la Sala se pronunciará sobre ella al instante de expresar su opinión sobre la demanda de extradición y no antes.

2. En lo que toca con las abundantes razones expuestas por el defensor, para demostrar la aplicación de los principios de derecho internacional entre ellos el de reciprocidad y los usos internacionales en el trámite de extradición, por estar dirigidos a sustentar la pretensión de obtener de la Corte concepto desfavorable, y subsidiariamente a que condicione la extradición, la Sala también se pronunciará sobre ellas al momento de conceptuar.

3. Acerca de la petición de suspensión del trámite de extradición, sustentada en la acción de tutela interpuesta por el reclamado y decidida por la Corte Constitucional, la Sala la rechazará con base en las siguientes razones:

3.1. El trámite de la acción de tutela, por sí solo, no tiene la virtud legal de engendrar la suspensión del acto fuente de la supuesta transgresión o puesta en peligro del derecho fundamental cuya protección se pide, en este evento dentro del trámite de extradición.

La aplicación del artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, reclamada por el peticionario para obtener la suspensión del trámite no es procedente, en virtud a que la prejudicialidad regulada en el primer precepto constituye un dispositivo legal aplicable en los procesos penales, pero no al procedimiento de extradición, el cual tiene carácter preponderantemente administrativo y en el que la Corte no cumple función jurisdiccional.

Además, el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991 en el artículo 7º regula de manera específica la suspensión del acto que amenaza o lesiona el derecho fundamental cuyo amparo se demanda con la acción de tutela, hipótesis que en este caso no se presentó.

3.2. El presupuesto de la petición de suspensión desapareció, toda vez que a través de la sentencia 1736 del 2000, la Corte Constitucional ordenó tutelar el debido proceso vulnerado por la Fiscalía General de la Nación, disponiendo a esa entidad, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la providencia, adelantar la investigación tendiente a definir si los hechos por los cuales se solicitó la extradición de Alfredo Tascón Aguirre están sometidos a la jurisdicción penal colombiana o no.

Conociéndose que la Fiscalía abrió investigación en su contra.

3.3. No obstante, esta determinación tampoco tiene la potencialidad de producir la suspensión del trámite, como la Sala lo ha pregonado en los procedimientos en que se ha solicitado la declaratoria de nulidad o la misma suspensión, fincados en que es imprescindible que la Fiscalía conceptúe o determine el lugar en donde ocurrieron los hechos base de la extradición; así, en el concepto del 24 de enero y en dos autos del 2 de febrero del corriente año, con ponencia del magistrado Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote, y en auto del 8 de febrero del presente año, en el que actúo como ponente el Dr. Carlos E. Mejía Escobar.

Y, en auto del 28 de marzo del corriente año, la corporación con ponencia del magistrado que hoy cumple igual función, expresó:

“Ninguno de los preceptos que conforman el capítulo III del título I del libro V del Código de Procedimiento Penal que reglamenta el trámite de extradición, exige como requisito previo a la participación de la Corte, que la Fiscalía General de la Nación, haya definido en qué lugar tuvieron realización los hechos base de la reclamación.

Ciertamente, los artículos 552 a 555 de dicho ordenamiento, que regulan la fase previa a la intervención de la Sala, sólo exigen que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya conceptuado si precede actuar de acuerdo con convenios o usos internacionales, o en armonía con las normas del Código de Procedimiento Penal, y que el Ministerio de Justicia y del Derecho haya obtenido el perfeccionamiento del expediente, en cuyo caso lo enviará a la Sala, para que cumpliendo con el rito descrito en el artículo 556 ibídem, rinda el concepto que de ella demanda el artículo 557 de la misma obra; pasos que en este asunto fueron cabalmente observados.

2. En el fallo de tutela invocado, tampoco encuentra la Sala que la Corte Constitucional haya instituido como presupuesto el aludido concepto de la Fiscalía General de la Nación, pues lo que allí se resolvió fue tutelar el derecho al debido proceso, el cual halló menoscabado por esa entidad, en virtud a que habiendo aceptado tener conocimiento de la posible comisión de un delito en Colombia, decidió diferir la apertura de la investigación, para después de que fuera decidida la demanda de extradición; actitud que esa corporación consideró desconocía las funciones atribuidas por el artículo 250 de la Constitución Política a la Fiscalía, ordenando en consecuencia el inicio de la investigación pertinente.

De la misma manera, la Corte Constitucional no encontró que esta corporación hubiese incurrido en vías de hecho, en la solicitud de nulidad presentada en uno de los trámites de extradición allí controvertidos, por no pronunciarse supuestamente sobre la jurisdicción de Colombia o de los Estados Unidos de América, para juzgar los hechos que dieron origen a la reclamación; dejando en claro que la Sala sí resolvió dicho tópico, al aseverar que la eventual falta de jurisdicción del país requirente, es un asunto que desborda el objeto del concepto, pues de ocuparse de él desconocería la soberanía de esa Nación, en razón a que son sus autoridades judiciales las que dentro del proceso fuente de la reclamación deben definir tal situación.

Además, reiteró que comparte la posición que la Sala viene pregonando sobre el tema, traducida en que atendiendo a la naturaleza jurídica del instituto de la extradición y a la regulación que de su trámite hace la ley procesal penal, la intervención de la Corte no es de carácter judicial pues en ella no juzga la conducta atribuida al requerido, sino que se limita a verificar si concurren los fundamentos del concepto previsto en el artículo 558 del Código de Procedimiento Penal, labor que cumple realizando un proceso de constatación objetivo formal con los documentos aportados al expediente, el cual excluye la realización de juicios de valor acerca de su contenido material, sobre el acierto o no de las decisiones anexadas como soporte de la petición, y la posibilidad de ocuparse de establecer en qué circunstancias sucedieron los hechos, si coexisten los elementos del hecho punible y en general la responsabilidad del solicitado; debido a que estos aspectos hacen parte del objeto del proceso adelantado en el país requirente, en donde el procesado cuenta con los instrumentos jurídicos necesarios para hacer valer sus derechos.

Efectivamente, dijo la Corte Constitucional sobre este aspecto:

“Tal pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, encuentra respaldo en la jurisprudencia constitucional, puesto que en ella se ha reiterado que el procedimiento de extradición en Colombia no es un acto de juzgamiento y, en consecuencia, en él no se puede ejercer el derecho de defensa respecto al delito cometido. En efecto, así lo determinó la Corte Constitucional en la Sentencia C-1106 de 2000.

““De conformidad con lo expuesto, y por su propio contenido, el acto mismo de la extradición no decide, ni en el concepto previo, ni en su concesión posterior sobre la existencia del delito, ni sobre la autoría, ni sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el hecho, ni sobre la culpabilidad del imputado, ni sobre las causales de agravación o diminuentes punitivas, ni sobre la dosimetría de la pena, todo lo cual indica que no está en presencia de un acto de juzgamiento, como quiera que no se ejerce función jurisdicente.

““Entrar en una controversia de orden jurídico como si se tratara de un acto jurisdiccional, implicaría el desconocimiento de la soberanía del Estado requirente, como quiera que es en ese país y no en el requerido en donde se deben debatir y controvertir las pruebas que obren en el proceso correspondiente, de conformidad con las disposiciones sobre Derecho Internacional Humanitario y con las normas penales internas del Estado Extranjero”.

“Tal posición ratifica una de las consideraciones de la sentencia C-700 de 2000, donde la Corte afirmó que el Estado carece de jurisdicción para verificar la legalidad del proceso, lo cual implica que el derecho de defensa por parte del extraditable debe ejercerse en el proceso que han(sic) llevarse a cabo en el país requirente:

““Si la hipótesis de la cual se parte es la de que el Estado requerido —en este caso Colombia— se limita a atender una solicitud de entrega de quien es buscado por la administración de justicia de otro Estado, hallándose sometido a los procesos que allí se le han iniciado o adelantado, según el orden jurídico correspondiente, no puede admitirse que la norma acusada esté desconociendo el derecho de defensa, toda vez que el ámbito jurídico de su aplicación no es el proceso penal —que se siguió o se cumple en el Estado extranjero— sino la captura con fines de entrega en extradición.

““La persona requerida en extradición, que puede ser nacional o extranjera, no está sujeta, en cuanto al juzgamiento de su conducta, a las normas de nuestra legislación, puesto que no va a ser procesada ni juzgada por autoridades nacionales. Además, dentro del proceso que ya se adelantó y culminó en el Estado requirente, o que curse con resolución de acusación en su contra, ha dispuesto —se presume—, o deberá disponer, de oportunidad para su defensa y de todas las garantías procesales, como también las tiene en Colombia al ser solicitada y tramitada la extradición. En efecto, el artículo 567 del Código de Procedimiento Penal sobre el particular dispone:

““ART. 567.—Derecho de defensa. Desde el momento en que se inicie el trámite de extradición la persona tendrá derecho a designar un defensor, de no hacerlo, se le nombrará de oficio.

““No podría partir esta Corte de la presunción de que el derecho de defensa y las garantías procesales han sido violadas en el extranjero, pues el trámite del que se trata opera sobre la base de la necesaria ejecución de decisiones judiciales adoptadas, cuyos antecedentes (internos en el Estado requirente) no son objeto de análisis de la autoridades colombianas, ni podrían incidir en la inconstitucionalidad de la norma legal que en Colombia contempla lo referente a la captura””.

3. Igualmente la Sala viene predicando que para los efectos previstos en el artículo 565 del Código de Procedimiento Penal, es al Gobierno Nacional a quien compete establecer si la persona cuya entrega se reclama, está siendo investigada o fue juzgada en Colombia, por los mismos hechos por los cuales es requerido; en virtud a que es a él a quien concierne decidir si concede o no la extradición.

Lo anterior no obsta, para que la Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de la función natural que le atribuye el artículo 250 de la Carta Política, cuando a ello haya lugar, adelante las investigaciones pertinentes por los hechos delictivos presuntamente ocurridos en Colombia, cuya incidencia en el trámite de extradición, atañe determinar al Gobierno Nacional”.

En fin, la suspensión del actual trámite de extradición, no prospera.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia;

RESUELVE:

No suspender el trámite de extradición solicitada por el defensor del reclamado en extradición, en razón a los argumentos atrás expuestos.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(Auto de abril 25 de 2001. Radicación 16.726. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Lombana Trujillo).

_____________________________