Auto 16731 de agosto 8 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos E. Mejía Escobar

Aprobado Acta Nº 135

Santafé de Bogotá, D.C., ocho de agosto de dos mil.

EXTRACTOS: «Tampoco tiene cabida la devolución del expediente a la cancillería, para discutir allí cuáles son los tratados internacionales que deben aplicarse. Esa misma petición —palabras más, palabras menos—, ha sido formulada en otras peticiones de extradición y la respuesta constante de la Corte ha sido la siguiente:

“Sostuvo la Corte en el auto objeto de reposición y lo reitera ahora, que la ley es la que señala que el concepto emitido por la Cancillería, en principio, debe ser respetado, sin perjuicio de los análisis que sobre su vigencia interna ha hecho la corporación al momento de emitir el respectivo concepto de extradición.

“Esos juicios se han hecho a propósito de decisiones sobre la inconstitucionalidad de algunas leyes aprobatorias de tratados, declaradas por el juez de constitucionalidad o sobre variaciones de la ley procesal que internamente rige la institución. Y es por ello que se ha afirmado y ahora se reitera que se trata de cuestiones de puro derecho y por tanto no susceptibles de prueba.

“En ese orden de ideas, debe mantenerse la decisión recurrida en cuanto negó la práctica de pruebas encaminadas a demostrar la aplicabilidad de tratados internacionales multilaterales, pues tal tema no es objeto de prueba. Los tratados internacionales requieren para su validez de la aprobación del Congreso de la República (C.P., art. 224), propósito que no puede alcanzarse sino por medio de la expedición de una ley (lb., art. 150, num. 16), que actualmente conforme a las reglas establecidas por la Constitución Política rige sólo una vez que ha sido revisada por la Corte Constitucional, por lo que se estima purgada de vicios en tanto hayan superado tal control (art. 241-10). Siendo necesaria una ley para predicar la validez de un tratado internacional, aquélla por ser de alcance nacional no es objeto de prueba (CPC, art. 188) y el escenario para debatir su ejecutabilidad es otro, por lo que se mantendrá la decisión contra la que se ha interpuesto recurso de reposición” (1) .

(1) Auto del 2 de agosto de 2000. Extradición, radicación 15.862.

5. Tampoco se oficiará al Ministerio de Relaciones Exteriores reclamando un concepto en los términos que lo exige el defensor del requerido en extradición. La ley bajo la cual se rige este trámite de extradición no señala el requisito de sustentación del concepto que el defensor exige. El artículo 552 del Código de Procedimiento Penal únicamente exige que el concepto de la Cancillería exprese si es del caso proceder con sujeción a convenciones o usos internacionales o si se debe obrar con las normas del Código.

Eso precisamente es lo que ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha expresado su concepto manifestando cuál es a juicio del gobierno requerido, la fuente formal bajo la cual se rige este trámite de extradición. El requisito de la sustentación del concepto no está contenido en la norma que lo define y por tanto la Corte no puede hacer exigencia de él. La función pública como función reglada que es no puede hacerse sino dentro del marco de la Constitución y la ley, sin omitirla y sin excederla. En este caso la ley señala una forma específica de cumplimiento de un requisito y a ella se limita la Corte, sin que pueda adicionar el texto legal con el pretexto de interpretarlo.

Suficientes razones las expuestas para que, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVA:

Negar la solicitud de devolución del expediente a través del Ministerio de Justicia y del Derecho al Ministerio de Relaciones Exteriores, que hizo el defensor del requerido en extradición Hermis de Jesús Betancur».

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