Auto 16874 de octubre 7 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

PROCESOS EJECUTIVOS DERIVADOS DE CONTRATOS ESTATALES

PROCEDIMIENTO Y CUANTÍAS

EXTRACTOS: «El análisis conjunto de los artículos 75 de la Ley 80 de 1993, 32, 40, 42 y 43 de la Ley 446 de 1998, ha permitido concluir a la Sala que la jurisdicción contencioso administrativa únicamente tiene competencia para conocer de los procesos de ejecución que se susciten con ocasión de controversias derivadas de un título ejecutivo cuya fuente es un contrato estatal y, de los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en desarrollo de la acción contractual (1) .

(1) Providencia del 12 de agosto de 1999. Expediente Nº 16.124. Sección Tercera.

En relación con estos procesos, el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, después de la modificación que le introdujo el artículo 40 de la Ley 446, quedó así:

“ART. 132.—Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (...).

7. De los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa, cuando la cuantía exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales".

Esta disposición, sin embargo, no es aplicable aún, conforme a la orientación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo adoptada en sesión del 23 de febrero de 1999, según la cual no están en vigencia las cuantías señaladas en la mencionada ley, hasta tanto no funcionen los juzgados administrativos.

Esta posición también fue aceptada por la Sala, entre otras, en providencia del 18 de marzo de 1999(2).

(2) Providencia del 18 de marzo de 1999. Expediente Nº 15.580. Sección Tercera.

En estas circunstancias, es necesario establecer, mientras dichos juzgados entran a operar, cuáles son las reglas a que se sujetan los procesos ejecutivos que se tramitan en esta jurisdicción, sobre todo, en cuanto a estos dos puntos específicos:

a) El procedimiento a seguir —respecto del cual la Sala había encontrado un vacío en el Código Contencioso Administrativo que se debía suplir con el Código de Procedimiento Civil acudiendo a la remisión de artículo 267 del primer estatuto—, hoy no queda duda de que es el proceso ejecutivo singular de mayor cuantía según lo dispone el artículo 32 de la Ley 446 cuya aplicación en esa materia no tiene impedimentos y, además, se acomoda a la regla jurisprudencial que había trazado la Sala.

b) La aplicación de las cuantías para determinar cuándo los procesos ejecutivos son de única o dos instancias; como se ha dicho, hoy existe ley sobre el particular (L. 446, art. 40), pero sus disposiciones no son aún aplicables.

En tal virtud, es necesario precisar que, en esta concreta materia, no es aplicable el Código de Procedimiento Civil, sino el Código Contencioso Administrativo, según lo viene deduciendo la Sala desde el auto del 27 de septiembre de 1995, magistrado ponente doctor Carlos Betancur Jaramillo, expediente Nº 10.709, donde se dijo:

“La Sala anulará todo lo actuado en esta segunda instancia por cuanto estima que el asunto, en razón de su cuantía, no tiene vocación de segunda instancia.

Se hace la afirmación precedente, pese a no existir norma expresa que defina la competencia funcional en esta clase de asuntos (ejecutivos contractuales) por el factor objetivo de la cuantía. Y aunque pudiera pensarse que el vacío tendría que llenarse con el Código de Procedimiento Civil, esta solución no sería válida porque la regulación de los ejecutivos en procesos de mínima, menor y mayor cuantía no es compatible con la naturaleza y actuaciones que corresponden a esta jurisdicción.

Así entonces, aunque los procesos de ejecución contractual deban seguirse con sujeción al trámite del juicio ejecutivo regulado en los artículos 497 y ss., por existir aquí un auténtico vacío, deberá someterse a la cuantía que regula este mismo aspecto en los procesos de conocimiento de origen contractual.

No tendría sentido que, por ejemplo, una condena impuesta en sentencia definidora de una controversia de doble instancia, tuviera que ejecutarse por la vía del juicio ejecutivo de mínima cuantía o viceversa.

Esta interpretación es lógica y razonable, porque la aplicación de la competencia por el factor cuantía para los procesos de ejecución regulada en el Código de Procedimiento Civil (art. 19) haría que todos los procesos fueran, en la práctica, de doble instancia aunque el proceso de conocimiento no lo fuera.

Además de lo dicho, la unificación de esta competencia encuentra una razón más en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 el cual incluye en la denominación genérica de controversias contractuales las de ejecución.

En este orden de ideas y frente al caso estudiado, la competencia por el factor cuantía, al momento de la presentación de la demanda, quedó definida por la suma de $ 6.770.089.35, inferior a la cuantía establecida en la ley de $ 9.640.000; o sea, que dicha ejecución tenía que tramitarse en única instancia ante el tribunal...”.

Aplicando estas consideraciones al caso concreto, la Sala encuentra que la demanda ejecutiva instaurada por la Sociedad Quirúrgicos Ltda., tuvo su origen en una controversia de tipo contractual derivada del incumplimiento por parte del ente demandado, de las obligaciones a su cargo dentro del contrato de suministro Nº 0086 de noviembre 25 de 1995 celebrado con la demandante.

Revisado el expediente, la Sala encuentra que la competencia para conocer de este proceso, es del Tribunal Administrativo del Arauca, en única instancia, pues la cuantía de las pretensiones no excedía la suma señalada por la ley como suficiente para desencadenar la segunda instancia.

En efecto, al estimar la cuantía del proceso, el actor manifestó lo siguiente: “...son ustedes competentes en razón de la cuantía, ya que la estimo de mayor cuantía por el valor de las pretensiones de la demanda...” (fl. 11).

En el acápite de las pretensiones solicitó librar mandamiento de pago “por la suma de cuatro millones novecientos un mil cuatrocientos treinta pesos ($ 4.901.430) debidos desde el 03 de febrero de 1996...”. Esta suma la solicitó debidamente actualizada, más los intereses moratorios causados por el incumplimiento en el pago de la obligación.

Para el momento de presentación de la demanda, los tribunales administrativos conocían en única instancia de las acciones contractuales que se promovían contra la Nación, las entidades territoriales o los entes descentralizados de los diferentes órdenes cuya cuantía no excediera de trece millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil seiscientos ($13.445.600), pesos moneda corriente, según lo dispuesto por el numeral 8º del artículo 131 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el Decreto 597 de 1998.

En el presente caso las pretensiones son inferiores a dicha suma.

Inclusive tomando en consideración la cuantía de la liquidación del crédito, tampoco alcanzaría para que el proceso tenga la vocación de dos instancias. En estas condiciones, es claro que esta corporación no tiene competencia para conocer del presente proceso, en razón de la cuantía, por lo cual, el recurso de queja propuesto, no prospera».

(Auto de octubre 7 de 1999. Expediente 16.874. Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández Enríquez).

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