Auto 16886 de diciembre 12 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

COBRO AL l.S.S. POR ATENCIÓN DE URGENCIAS DE SUS AFILIADOS

JURISDICCIÓN COMPETENTE

EXTRACTOS: «El 22 de febrero de 1999, la Clínica Montería S.A., mediante apoderado judicial en ejercicio de la acción ejecutiva, solicitó librar mandamiento de pago en contra del Instituto de Seguro Social - Seccional Montería por la suma de $ 682.499.451 m/cte.

Para la prosperidad de la pretensión señaló que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley 100 de 1993 la Clínica Montería atendió por el servicio de urgencias a afiliados y beneficiarios del Instituto de Seguro Social.

Estos servicios de urgencias, fueron prestados a las personas afiliadas y beneficiarias del ISS, durante los años 1996, 1997 y 1998 y los cobros respectivos fueron hechos oportunamente por la Clínica Montería S.A. al demandado mediante las facturas correspondientes, quien no las objetó en tiempo por lo tanto está obligado a pagarlas en su totalidad de conformidad con el Decreto 723 de 1997, artículos 3º, 4º y 5º.

(...).

En cuanto a la jurisdicción competente

El artículo 75 de la Ley 80 de 1993 le adscribió la competencia a la jurisdicción contenciosa para conocer de los procesos de ejecución cuya fuente sea un contrato estatal.

A partir de la vigencia del estatuto contractual, el juez contencioso tramita desde entonces los procesos ejecutivos derivados de los contratos estatales, independientemente que el título complejo base del recaudo ejecutivo tenga origen directamente en el contrato, de cuyos documentos incorporados a la actuación se desprenda una obligación clara, expresa y exigible a términos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, o en una sentencia de condena, debidamente ejecutoriada derivada de una controversia de naturaleza contractual; providencia que una vez en firme hace tránsito a cosa juzgada y constituye título ejecutivo suficiente para iniciar la actuación, bien sea que el beneficiario de la condena sea el particular contratista o la entidad pública contratante.

En el caso concreto, se observa que la fuente de la obligación proviene directamente de la ley. En efecto, en desarrollo del artículo 168 de la Ley 100 de 1993 la Clínica Montería atendió por el servicio de urgencias a afiliados y beneficiarios del Instituto de Seguro Social. Estos servicios de urgencias, fueron, prestados a las personas afiliadas y beneficiarias del ISS, durante los años 1996, 1997 y 1998, así se desprende de las facturas y de las cuentas de cobro elaboradas por la clínica particular y presentadas para su pago a la entidad pública.

El citado artículo 168 de la Ley 100 de 1993 prevé:

“Atención inicial de urgencias. La atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma obligatorio por todas las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, a todas las personas, independientemente de la capacidad de pago. Su prestación no requiere contrato ni orden previas. El costo de estos servicios será pagado por el fondo de solidaridad y garantía en los casos previstos en el artículo anterior, o por la entidad promotora de salud al cual está afiliado, en cualquier otro evento.

PAR.—Los procedimientos de cobro y pago, así como las tantas de estos servicios serán definidos por el Gobierno Nacional, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud”.

El Gobierno Nacional con el propósito de reglamentar el pago por concepto de la prestación del servicio por parte de las entidades hospitalarias, expidió el Decreto 806 de 1998, que reglamentó lo relacionado con la atención inicial de urgencias y en su artículo 16 señaló que el costo de los servicios será asumido por la entidad promotora de salud o administradora del régimen subsidiado a la cual se encuentre afiliada la persona, o con cargo al Fosyga.

Con posterioridad, el artículo 12 del Decreto Reglamentario 783 del 2000, que modificó el artículo 10 del decreto 47, señaló que en ningún caso se podrá exigir contrato u orden previa para la atención inicial de urgencias.

La misma norma señaló que era deber de las entidades promotoras de salud para efectos de proteger a sus afiliados velar, por la racionalización y pertinencia de los servicios prestados y garantizar el pago ágil y oportuno a la institución de salud a la cual ingreso el afiliado, expedir las correspondientes autorizaciones cartas de garantía o documentos equivalentes esenciales en el proceso de pago de cuentas, sin perjuicios de lo dispuesto en el artículo 1600 del C.C. sobre indemnización de perjuicios.

De las normas señaladas, se observa que en esta materia en particular el Gobierno Nacional no ha reglamentado en su totalidad lo relacionado con el trámite o el procedimiento que deben agotar las instituciones de salud para lograr el recaudo efectivo con ocasión de la prestación del servicio relacionado con la atención inicial de urgencias. Esto con el fin último de lograr que el mencionado artículo 168 de la Ley 100 de 1993 se vuelva más funcional y operativo y logre su propósito entre la entidad promotora de salud y la que presta dicho servicio.

Ahora bien, en tratándose de este tipo de relaciones, la fuente de las obligaciones puede provenir del concurso real de las voluntades de dos o más personas; como en los contratos o convenciones, o por disposición legal como ocurre en el caso concreto.

Cuando la fuente de las obligaciones está radicada en un contrato, las partes contratantes se obligan recíprocamente y en ese acto una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. En los contratos estatales, estos se perfeccionan cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y se eleve por escrito; para su ejecución, se requiere la aprobación de la garantía única y la existencia de la disponibilidad presupuestal. Desde este punto de vista dichos contratos por disposición legal son solemnes, puesto que están sujetos a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no producen ningún efecto.

Como quedó dicho esta jurisdicción resulta competente para conocer y tramitar los procesos ejecutivos cuando la fuente tenga origen en un contrato estatal, pero, para la conformación del título complejo base de recaudo ejecutivo, necesariamente debe acompañarse copia auténtica del contrato estatal y el acto o los actos que definan que la obligación resulta clara, expresa y exigible.

En cambio, si la fuente de la obligación proviene directamente de la ley y no del contrato, a pesar que exista claridad sobre la prestación del servicio y el monto de la obligación, esta no es jurisdicción competente para conocer del trámite ejecutivo, pues el legislador nada dijo sobre el particular. La competencia constituye una acepción de carácter procesal, que determina el órgano investido para el efecto y por tratarse de una materia reservada a la ley, le corresponde directamente al legislador su atribución.

Es más no hay duda que la prestación del servicio proviene directamente de la ley y no del acuerdo de voluntades entre ambas entidades, pues el mismo artículo 168 dispone que la atención inicial de urgencias debe prestarse en forma obligatoria, y para tal efecto, la cual no requiere contrato ni orden previa. En el mismo sentido se pronunció el artículo 12 del Decreto Reglamentario 783 del 2000, el cual dispuso que en ningún caso se podrá exigir contrato u orden previa para la atención inicial de urgencias.

En casos como éste, si la obligación proviene directamente de la ley, porque la entidad pública o privada brindó la atención inicial de urgencias sin mediar contrato para ello, la entidad podrá solicitar el pago por concepto de dicha prestación a la promotora de salud o al Fondo de Solidaridad y Garantía en relación con daños causados en riesgos catastróficos. En este último caso de acuerdo con lo señalado en el artículo 167 de la Ley 100 de 1998. Pero se insisten que en estos últimos eventos, la obligación no proviene de un contrato estatal fruto del acuerdo de voluntades sino de la ley y sólo la jurisdicción contenciosa conoce de las controversias contractuales o de los procesos de ejecución o cumplimiento que provengan de la actividad contractual.

Bajo esta misma orientación, si la fuente de la obligación proviene de la ley y el título base del recaudo ejecutivo lo constituyen los documentos que acrediten la prestación del servicio y el monto de la obligación clara, expresa y exigible, la jurisdicción competente para tramitar la actuación será la ordinaria y no la contenciosa.

Lo anterior tiene como fundamento los numerales 1º y 11 del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, prevén que los Jueces Civiles del Circuito conocerán en primera instancia de los procesos contenciosos en que sea parte la Nación, un departamento, un municipio, un establecimiento público, una empresa industrial y comercial o una sociedad de economía mixta, siempre que no estén atribuidos a la jurisdicción contenciosa o de aquéllos que no esté atribuidos a otro juez.

Las razones anteriores son suficientes para concluir que esta jurisdicción carece de competencia para tramitar la acción ejecutiva, por lo tanto se declarara la nulidad de todo lo actuado, a partir e inclusive del auto admisorio de la demanda y se ordenará enviar, por competencia, a la justicia civil ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 26 de la Ley 446 de 1998».

(Auto de diciembre 12 de 2001. Expediente 16.886. Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros).

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