Auto 16997 de octubre 23 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

DETENCIÓN DOMICILIARIA

CRITERIOS PARA CONCEDERLA

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego

Segunda instancia Nº 16.997

Bogotá, D.C., veintitrés de octubre de dos mil.

Vistos

Por medio de auto interlocutorio fechado el 15 de diciembre de 1999, el Tribunal Superior de Cali concedió la detención domiciliaria al ex fiscal P..., acusado de un concurso de hechos punibles de concusión, cohecho y prevaricato.

Inconforme con la decisión, el fiscal delegado ante la mencionada corporación interpuso la apelación, recurso del cual se ocupa ahora la Corte.

Antecedentes

1. La Unidad de Fiscalía ante el Tribunal Superior de Cali inició investigación penal y vinculó legalmente al P..., quien posteriormente fue afectado con medida de aseguramiento de detención preventiva —sin excarcelación—, como presunto autor de los hechos punibles antes indicados, según resolución datada el 14 de mayo de 1999 (fls. 199).

2. El 2 de septiembre del mismo año, el fiscal instructor calificó el mérito del sumario, providencia por medio de la cual acusa al ex funcionario como autor de los delitos de prevaricato por omisión, prevaricato por acción, concusión y dos (2) cohechos propios, conforme con los artículos 150, 149, 140 y 141 del Código Penal, respectivamente (fls. 438).

Se explica en la resolución acusatoria que, con ocasión de diferentes actuaciones penales en las que el P... fungía como fiscal ..., primero dictó una medida de aseguramiento de detención en contra de los sindicados H... y V... (10 de agosto de 1998), pero omitió en dicho proveído de situación jurídica la imputación manifiesta por el delito de hurto para liberar arbitrariamente a los procesados, conducta por la cual infiere la fiscalía que el funcionario recibió dinero; posteriormente, el 3 de septiembre del mismo año, el fiscal recuperó una mercancía hurtada y pocas horas después, sin una mínima acreditación sumaria, se la entregó a la señora J...; se determinó que en conocimiento de la investigación por el delito de homicidio, entre los meses de mayo y junio de 1998, adelantada en relación con B... y cuya víctima fue el señor L..., el funcionario constriñó a la señora C..., madre del occiso, para que le entregara la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000), bajo la amenaza de darle libertad al sindicado; y el 5 de agosto de la misma anualidad, el fiscal practicó una diligencia de allanamiento y registro en el inmueble situado en ..., lugar en el cual incautó 147 papeletas de bazuca y retuvo a ..., a quienes liberó inmediatamente después de la indagatoria, pero con posterioridad se estableció que el señor S..., dueño del establecimiento ubicado en la dirección indicada, había entregado la suma de $ 470.000 al funcionario.

3. Llegado el proceso al Tribunal Superior de Cali, el procesado solicitó la sustitución de la medida cautelar de detención preventiva por detención domiciliaria, con fundamento en que tiene una familia conformada por su esposa y un pequeño hijo, aún íntegra a pesar de las adversidades de su privación de la libertad, y además siempre estuvo presto a comparecer al proceso, prueba de lo cual son los datos precisos que suministró en la diligencia de indagatoria y merced a los cuales fue capturado posteriormente (fls. 530).

4. El Tribunal accedió a la sustitución por medio de la providencia ahora impugnada en apelación, decisión en la cual advierte que ninguno de los delitos atribuidos al procesado prevé pena mínima superior a cinco (5) años de prisión; que el peticionario tiene un ambiente familiar favorable; y, en cuanto al eventual peligro a la comunidad, se resalta que los hechos punibles deducidos afectan directamente la administración de justicia y, como quiera que el acusado se halla suspendido en el cargo, no tendría oportunidad de cometer otros actos que afecten la sociedad, máxime que la detención domiciliaria también comporta restricciones.

Después de traer a colación algunos apartes de la resolución en la cual el fiscal instructor había negado anteriormente la detención domiciliaria, el Tribunal expone que dicho funcionario hace juicios de valor sobre la personalidad del acusado, respetables si se tratara de resolver en relación con la libertad provisional o condicional, mas no para hacer la mutación de la detención preventiva por la domiciliaria.

5. El fiscal delegado ante el Tribunal, convertido en sujeto procesal, impugna el proveído, solicita su revocatoria y exterioriza los siguientes argumentos de apoyo:

5.1. La providencia objeto de ataque no alude en su análisis a la gravedad de los hechos y la personalidad del sujeto activo, componentes que no podían soslayarse porque sólo a partir de ellos sería posible determinar si el procesado pone en peligro la comunidad o no lo hace, y además prever si comparecerá al proceso.

5.2. Los reprochables y graves comportamientos desplegados por un servidor público, involucrado en la delicada y noble tarea de administrar justicia, no sólo afectaron la administración pública y la administración de justicia, sino que pusieron en evidencia de que es “una persona capaz de cualquier cosa” y, por ende, pondría en peligro la comunidad y no tendría escrúpulo para eludir la justicia que él mismo mancilló. Es obvio que una persona que comete delitos como los atribuidos al doctor P..., no merece ninguna confianza.

5.3. Ahora bien, no se trata de solamente de ceñirse a los exegéticos parámetros de la ley, sino de interpretar la disposición en concordancia con el contexto social, sin dejar de lado la personalidad del sindicado, la naturaleza y modalidades de los hechos punibles que se le atribuyen. En efecto, la referencia a las circunstancias personales, familiares y comunitarias no excluye el examen del entorno fáctico en el cual se cometieron los delitos y el contenido de lesividad de los mismos, pues sólo a partir de ellos puede inferirse la comparecencia del procesado y la no generación de peligro para la comunidad.

Consideraciones de la Corte

1. De acuerdo con el artículo 396 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 53 de la Ley 81 de 1993, habrá lugar a la sustitución de la detención preventiva por detención domiciliaria, una vez determinado que el delito por el que se procede prevé una pena cuyo mínimo no excede de cinco (5) años de prisión, cuando además se establece que el sindicado por sus características familiares, laborales y vínculos con la sociedad, comparecerá al proceso y no coloca en peligro a la comunidad.

2. Es necesario aclarar que el examen de las características familiares, laborales y los vínculos comunitarios del acusado no es un procedimiento ciego, sino que tiende a una finalidad legalmente identificada: optar entre la detención preventiva y la domiciliaria. Por ello, el mencionado análisis no puede desconocer la naturaleza del fin propuesto.

3. Por otra parte, la detención, preventiva o domiciliaria, tiene como fines marcados el aseguramiento de la comparecencia del acusado al proceso y, eventualmente, la ejecución del fallo, según lo disponen el artículo 9.3 de la Ley 74 de 1968, aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada por la Ley 16 de 1972, cuyo rango constitucional resulta indiscutible a la luz del artículo 93 de la Carta Política.

De modo que las condiciones objetivas y subjetivas exigidas para conceder la detención domiciliaria deben relacionarse con los fines de la eventual ejecución de la pena, entre otras cosas porque se trata de hacer un pronóstico razonable (no de condenar anticipadamente) y cualquier concesión graciosa o ligera podría frustrar el cumplimiento de la sentencia (C.P., art. 12). Es en razón de tal teleología que el precepto del artículo 396 exige el examen de las “características familiares, laborales y vínculos con la comunidad”, con el ánimo de establecer si ellas constituyen un ambiente propicio o favorable para la resocialización o mejora del procesado y como tal también garantiza la comparecencia de éste al proceso; pero igualmente alude la norma a que, por la vía de esa misma previsión racional, sea posible concluir que el acusado “no coloca en peligro a la comunidad”, lo cual significa tener como norte la prevención general como mecanismo de protección a la sociedad de la comisión de nuevos delitos.

4. A partir de los cargos que se han consolidado en la resolución acusatoria, cuyo mérito o demérito probatorio y jurídico no podrá anticiparse ahora, la Corte advierte el siguiente cuadro:

4.1. La sucesión de cinco (5) comportamientos delictivos graves, descubiertos en el lapso de pocos meses del año de 1998, en cabeza de un administrador de justicia, cuya dinámica no sólo afectó bienes institucionales sino que involucró la corrupción del funcionario y la de algunos asociados y también se proyectó en el sojuzgamiento y la lesión patrimonial a otra persona que fue su víctima, denota una proclividad cierta y hasta ahora demostrada hacia el delito, de tal manera que no existe la tranquilidad suficiente para predecir que el procesado no cometerá nuevos hechos punibles al regresar al seno comunitario (aunque en el ámbito situacional restringido del domicilio familiar), así no puedan ser ya funcionales, pues sólo desasosiego genera su marcada audacia e incontinencia para feriar la dignidad del cargo y la seguridad individual y colectiva que se le había confiado a través de tan importante investidura en un Estado social y democrático de derecho.

4.2. El mérito de la prevención general, al lado de los demás fines de la pena, radica en su vocación por la paz jurídica de la comunidad, cuya garantía incumbe fundamentalmente al derecho penal, la cual puede verse quebrantada o seriamente afectada cuando los asociados ven regresar inopinadamente a casa (así sea en detención domiciliaria) a quien, inicialmente visto y aceptado por ellos como guardián de la legalidad, después la ha vulnerado abierta y persistentemente, sin escrúpulos para acrecentar significativamente en la sociedad los males que él tenía como misión atacar. En realidad, se deja en la comunidad afectada un sabor amargo de desequilibrio en la aplicación del derecho, una sensación de apertura a la impunidad, que de pronto estimularía a otros, en medio del desconcierto, a seguir el mal ejemplo.

4.3. Es verdad que la familia del acusado está bien conformada, una esposa profesional que oficia de juez de la República y un pequeño hijo que reclama asistencia, pero, acorde con la acusación cuyo mérito no se cuestiona ahora, ni la sacralidad de su función ni la compañía de dos seres con dotes tan especiales (prudencia, rectitud y autenticidad) sirvieron en su momento para contener su ambición trasunta en una cascada delicuencial realizada por quien, paradójicamente, puso a funcionar el derecho, no como un sistema de seguridad, como debe ser, sino como un perverso instrumento de intranquilidad comunitaria.

Bastan estas consideraciones para conceder la razón al fiscal apelante y, en consecuencia, se revocará la providencia examinada. Como consecuencia, el procesado será trasladado de su residencia en el municipio de ..., a un centro de reclusión no ordinario.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Revocar el auto por medio del cual el Tribunal Superior de Cali concedió la detención domiciliaria al procesado P... En consecuencia, el acusado regresará a la detención preventiva, efecto para el cual se oficiará al director del Inpec, con el fin de que le asigne un establecimiento especial distinto a los centros de reclusión ordinarios. Se entenderá cancelado el compromiso adquirido por el procesado mediante caución juratoria.

Cópiese, comuníquese y devuélvase.

Édgar Lombana Trujillo—Fernando Arboleda Ripoll—Jorge Enrique Córdoba Poveda—Carlos A. Gálvez Argote—Jorge Aníbal Gómez Gallego—Mario Mantilla Nougués—Carlos E. Mejía Escobar—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Nilson Pinilla Pinilla. 

Teresa Ruiz Nuñez, Secretaria

__________________________________