Auto 17023 de abril 30 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 44001-23-31-000-2006-00088-01

Ref.: número interno 17023

Consejera Ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa

Auto

Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En primer término se advierte que el presente proceso llega a esta corporación en virtud de dos recursos de apelación. Uno, interpuesto por el señor Martín Nicolás Barros Choles contra el auto de 31 de octubre del 2007 mediante el cual se le negó su intervención como tercero y el de apelación presentado contra la sentencia de 26 de septiembre del 2007 del Tribunal Administrativo de La Guajira. El otro recurso fue interpuesto por la parte demandante contra la providencia de noviembre 28 del 2007 que concedió al señor Barros Choles la apelación contra el auto antes citado.

La Sala observa que el recurso de apelación interpuesto por el señor Barros Choles contra el auto de 31 de octubre del 2007 resulta procedente por cuanto la decisión en él contenida referida a la negativa del a quo de reconocerlo como tercero interviniente en el proceso, corresponde a lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 181 del CCA. No obstante, el recurso de apelación presentado por la parte demandante no es procedente por cuanto el auto de 28 de noviembre del 2007 no decide sobre ninguna de las situaciones previstas en la mencionada norma.

Así las cosas, entra la Sala a conocer del recurso de apelación contra el auto de 31 de octubre del 2007.

En el artículo 146 del CCA se prevé la intervención de terceros en los procesos contencioso administrativos y en lo pertinente al caso, es decir en relación con el de nulidad y restablecimiento del derecho establece:

“ART. 146.—En los procesos de simple nulidad cualquier persona podrá pedir que se la tenga como parte coadyuvante o impugnadora, hasta el vencimiento del término de traslado para alegar en primera o en única instancia.

En los proceso de nulidad y restablecimiento, el derecho a intervenir como parte coadyuvante o impugnadora se le reconocerá a quien en la oportunidad prevista en el inciso anterior demuestre interés directo en las resultas del proceso”.

De la norma antes transcrita se advierte que para la procedencia de la intervención de terceros en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho deben concurrir dos elementos, uno de oportunidad y otro subjetivo. En cuanto al primero se advierte que el señor Barros Choles solicitó ser tenido como parte coadyuvante o tercero interviniente con la interposición del recurso de apelación contra la sentencia de 26 de noviembre del 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira.

De lo anterior resulta evidente que su solicitud es extemporánea toda vez que la norma en cuestión expresamente señala que tal petición debe realizarse “hasta antes del vencimiento del término de traslado para alegar de conclusión en primera o en única instancia” y en el caso el señor Barros Choles se hizo presente cuando había sido proferida sentencia definitiva, por cuanto la parte a la cual le fue desfavorable la decisión no apeló.

Así las cosas, como lo señaló el a quo, el incumplimiento del requisito de oportunidad es suficiente para denegar la intervención del recurrente como tercero interviniente.

No obstante, aun cuando resulta irrelevante para el caso, por lo antes expuesto, analizar el elemento subjetivo del artículo 146 del CCA, esto es el interés directo del señor Barros Choles en las resultas del proceso, para la Sala conviene precisar que esta corporación (1) frente al mencionado elemento ha señalado lo siguiente:

“El interés jurídico que requiere la ley es el resultado del negocio mismo, no el que pueda tener el interviniente por derechos que no son materia de la controversia, como lo son, por ejemplo, los derechos que se invocan por honorarios como árbitro, ya que en el procedimiento administrativo la relación jurídico procesal se establece entre la administración, autora del acto acusado, y el demandante, que reclama de ella subordinación de su funcionamiento a las normas jurídicas, es decir, la legalidad de la administración que considera infringida con el acto impugnado”.

La jurisprudencia citada cobra especial importancia frente a los argumentos del recurrente, toda vez que el interés que aduce no hace parte del asunto litigioso que fue objeto de análisis ante el tribunal, es decir la legalidad de los actos administrativos expedidos por la tesorería del departamento de La Guajira dentro de un proceso de cobro coactivo. En efecto, resulta ajeno a la relación jurídico procesal entre el ente demandado y la sociedad demandante, los honorarios pactados por el ente territorial y el señor Barros Choles en virtud de un contrato de asesoría y consultoría, pues ellos no son ni objeto de la controversia ni se derivan de ella.

De otra parte, como lo expuso el tribunal, en el evento en que al ahora recurrente le hubiera sido reconocida su calidad de tercero interviniente, no tenía legitimación para apelar la sentencia proferida por el a quo de conformidad con el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, pues tal posibilidad está restringida por el artículo 52 ibídem, que prevé que el coadyuvante no puede efectuar actos que estén en oposición con los de la parte que ayuda. En el caso el señor Barros Choles pretende apoyar a la parte demanda —departamento de La Guajira— quien no apeló la sentencia de primera instancia y por tanto el recurso del coadyuvante constituiría un acto en oposición a los actos procesales del ente demandado.

En consecuencia, esta corporación confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de La Guajira mediante la cual denegó la solicitud de intervención en este proceso a título de impugnador, del señor Martín Nicolás Barros Choles.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso,

Resuelve

Confírmase la providencia de 31 de octubre del 2007.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) Sentencia de 20 de agosto de 1947 citada en el auto de 27 de septiembre de 1996, Expediente 7853, C.P. Delio Gómez Leyva.

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