Auto 17078 de febrero 5 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CUANTÍA EN LOS PROCESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA

Se tienen en cuenta los intereses causados con anterioridad a la presentación de la demanda.

EXTRACTOS: «Se decide sobre la legalidad del auto de 18 de abril de 2008, por el cual la honorable consejera sustanciadora rechazó por improcedente la apelación interpuesta por la actora contra la sentencia de 30 de agosto de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Concretamente, el auto suplicado consideró, de conformidad con la Ley 446 de 1998, que al no tener el presente proceso cuantía superior a los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el asunto no tenía segunda instancia ante esta corporación.

El recurrente señala, que el proceso sí tiene cuantía para ser de segunda instancia ante esta corporación, pues, los intereses causados antes de la presentación de la demanda hacen parte del valor jurídico reclamable para determinar su cuantía. Además solicita, de no ser procedente lo anterior, que se declare la nulidad del proceso, toda vez que este era de competencia de los jueces administrativos en primera instancia.

La accionante determinó la cuantía del proceso en $ 149.848.542. Lo anterior, como resultado de la sumatoria de los valores correspondientes a mayor impuesto, $ 31.900.000; sanción por inexactitud, $ 57.925.000; e intereses de mora liquidados desde el 25 de noviembre de 1998 hasta el 22 de agosto de 2005, con una tasa del 24.58% anual sobre el mayor impuesto, $ 60.023.542.

Se observa que la discusión del sub lite versa sobre si los intereses discriminados por la actora para fijar la cuantía del proceso deben ser tenidos en cuenta o no para tales efectos.

Si bien ha sostenido esta sección, como lo dispone el auto recurrido, que para tener en cuenta los intereses corrientes o moratorios como valor para fijar la cuantía en los procesos de naturaleza tributaria, estos deben estar expresamente señalados en la parte resolutiva de los actos demandados, se advierte lo siguiente:

El artículo 134E del Código Contencioso Administrativo establece, tratándose de la competencia para conocer de los procesos tributarios en razón a la cuantía: “la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones (...)”; sin embargo, la misma disposición dispone que, “Para los efectos aquí contemplados, se aplicarán las reglas de los numerales 1º y 2º del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil”; con lo cual, lo consagrado en dichos numerales debe tenerse en cuenta al momento de determinar finalmente la cuantía de un proceso judicial.

Los numerales mencionados preceptúan:

“ART. 20.—La cuantía se determinará así:

1. Por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

2. Por el valor de la pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones” (negrillas fuera de texto).

En ese orden, se infiere que no es solo con el valor de la suma discutida por concepto de mayor impuesto, tasa, contribución o sanción, que se establece la competencia por razón de la cuantía en los procesos de naturaleza tributaria, sino que está determinada además, cuando así lo señale el actor, por el valor de los frutos, intereses, sean estos moratorios o corrientes, multas o perjuicios que se hayan causado con anterioridad a la presentación de la demanda.

En efecto, al estimarse por el actor en el acápite de la cuantía, junto a la suma discutida por concepto de mayor impuesto y de la sanción por inexactitud, el valor de los intereses moratorios causados hasta la presentación de su demanda, la cuantía del proceso se encuentra determinada por la suma total de dichos conceptos. Por tanto, al fijarse la cuantía del proceso en $ 149.848.542, el presente asunto supera los 300 salarios mínimos exigidos por la ley, con lo cual, queda radicada la segunda instancia en esta corporación.

Por lo demás, respecto a la posición adoptada por la sección, según la cual los intereses solo constituyen valor para determinar la cuantía en un proceso tributario, cuando así el acto demandado en la parte resolutiva los haya establecido expresamente, cabe hacer las siguientes precisiones:

1. Que tal posición opera para aquellos eventos en que el actor no haya tenido en cuenta los intereses al momento de fijar la cuantía del proceso cuando estos fueron liquidados expresamente en el acto acusado, es decir, cuando el actor solo fijó la cuantía del proceso tomando como referencia el valor de la suma discutida por concepto de mayor impuesto, tasa, contribución o sanción, existiendo en ese mismo acto demandado la liquidación expresa de los intereses, pues, en tal caso la liquidación de intereses deberá sumarse con los conceptos anteriores para fijar la cuantía del proceso. Lo anterior, sin perjuicio de un mayor valor que resultare de la aplicación de otros conceptos, conforme al artículo 20 del Código de Procedimiento Civil.

2. Que no es necesario que la liquidación oficial de revisión y la resolución que la confirma, efectúen de manera expresa en su parte resolutiva la liquidación de los intereses, pues, basta que se ordene su reconocimiento y pago para que estos integren la cuantía del proceso.

Así las cosas, se revocará el auto de 18 de abril de 2008 proferido por la consejera sustanciadora de este proceso; y, en su lugar, se ordenará que se continúe el trámite de la apelación interpuesta por la demandante contra la sentencia de 30 de agosto de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia».

(Auto de 5 de febrero de 2009. Radicación 17078. Consejero Ponente: Dr. Héctor J. Romero Díaz).

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