Auto 17089 de abril 13 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

OTORGAMIENTO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

SE PUEDE CONCEDER PLAZO PARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS

EXTRACTOS: «Por exigencia del numeral 3º del artículo 65 del Código Penal, la libertad condicional comporta para el beneficiario la obligación de “reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se demuestre que está en incapacidad económica de hacerlo”.

La jurisprudencia vigente de la Sala de Casación Penal ha reiterado que la indemnización de perjuicios es un factor condicionante del otorgamiento de la libertad condicional; y que, no obstante, si el sentenciado no cuenta con disponibilidad inmediata de los recursos, puede ser beneficiado con la libertad condicional, pero debe cumplir esa obligación dentro del período de prueba, a riesgo de que al vencimiento del plazo establecido sin que se hubiese cancelado la indemnización, se haga efectivo el resto de pena que falta por ejecutar, como lo ordena el artículo 484 del Código de Procedimiento Penal.

Al respecto la Sala indicó:

“Es claro entonces que el legislador como último instrumento para obtener el pago de los perjuicios, condicionó la extinción de la condena y la libertad definitiva del liberado condicionalmente al cumplimiento de dicha obligación.

De suerte que si en prisión el condenado, como resultado del tratamiento penitenciario a que ha sido sometido, alcanzó su readaptación social y está apto para regresar al seno de la sociedad con la seguridad de que respetará el ordenamiento jurídico penal, al descontar las tres quintas partes de ella y al concluir el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que no necesita terminar de purgarla ante su bien comportamiento carcelario, deberá otorgarle la libertad condicional por concurrir las exigencias previstas en el artículo 64 del Código Penal.

Si no ha pagado los daños e indemnizado los perjuicios y su situación económica se lo permite se le exigirá su cancelación inmediata, pero si carece de recursos o los que posee son insuficientes, le fijará un término judicial de conformidad con lo normado por el artículo 483 del Código de Procedimiento Penal, cuyo tope máximo será el que le resta para cumplir la totalidad de la pena; de no cumplir se le revocará el beneficio, se hará efectiva la caución y se ejecutará la pena en lo que fue suspendida.

Si cumple las obligaciones en el período de prueba la libertad se tornará en definitiva.

De esta manera la Sala recoge su postura de exigir como presupuesto para conceder la libertad condicional el pago de los perjuicios ocasionados con la conducta punible” (Auto veinticinco (25) de marzo de dos mil tres (2003). Rad. 15.826 M.P. Édgar Lombana Trujillo).

Por interpretación sistemática y teleológica de la normatividad que regula la libertad condicional (CPP, arts. 480 a 482) en armonía con los preceptos que se refieren a la suspensión condicional de la ejecución de la pena (arts. 483 a 485 del ibíd.), se infiere que entratándose de libertad condicional también es factible fijar “el término dentro del cual el beneficiario debe reparar los daños ocasionados con la conducta punible”, como debe hacerse, por mandato del artículo 483, al conceder el subrogado consistente en la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

En la sentencia condenatoria se verificó que el señor Darío Saravia Gómez tiene capacidad económica para indemnizar los perjuicios causados a la Cámara de Representantes; pese a ello, en consideración que la privación de la libertad por casi tres años le impiden disponer del dinero en forma inmediata, se le concedió un plazo de 12 meses para que efectuara el pago.

No obstante, Saravia Gómez, llegó a un acuerdo de pago con la División de fondos especiales y cobro coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como lo demuestra con la certificación correspondiente, por lo cual deberá continuar efectuando los pagos parciales periódicos, en los términos de dicho pacto.

De ese modo cumplirá la obligación adquirida en virtud del numeral 3º del artículo 65 del Código Penal, pues, de lo contrario, si no continúa efectuando la cancelación de los perjuicios, se revocará el beneficio, de manera que tendría que pagar la totalidad de la pena.

Para su información, se remitirá copia de este auto a la División de fondos especiales y cobro coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial».

(Auto de 13 de abril de 2005. Radicación 17.089. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Lombana Trujillo).

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