Sentencia 17111 de julio 18 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos E. Mejía Escobar

Aprobado Acta nº 122

Santafé de Bogotá, D.C., dieciocho de julio de dos mil.

EXTRACTOS: «EI artículo 257-1 de la Constitución Nacional le atribuye al Consejo Superior de la Judicatura fijar la división del territorio para afectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales. En desarrollo de dicha disposición la ley estatutaria de la administración de justicia (270/96) estableció en el numeral 6º del artículo 89 la posibilidad de variar, por razones del servicio, la comprensión territorial de los distritos judiciales, incorporando a un distrito municipios que hacían parte de otro, e igualmente de variar la distribución territorial en el distrito, creando, suprimiendo o fusionando circuitos, o cambiando la distribución de los municipios entre éstos.

Dicha facultad constitucional, atribuida a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (L. 270/96, art. 85-6), es ejercida a través de actos administrativos de carácter general, los cuales afectan sin ninguna duda el factor territorial de la competencia. Fue lo que sucedió en el presente caso, donde a través del Acuerdo 619 de 1999 el Circuito Judicial de Palmira fue sustraido del Distrito Judicial de Cali e incorporado al Distrito Judicial de Buga.

Si cualquier variación en el territorio asignado a un distrito o circuito produce efectos sobre la competencia, el Consejo Superior de la Judicatura en desarrollo de su función administrativa está autorizado para incluir normas de tránsito que impidan los traumatismos asociados a una decisión de esa naturaleza. Dichas normas, sin embargo, deben ser entendidas como condiciones de vigencia del acto administrativo y no como disposiciones asimilables a leyes sobre competencia.

Así las cosas, cuando el Consejo de la Judicatura expidió el Acuerdo 87 del 9 de mayo de 1996, mediante el cual se fijó la división del territorio nacional para efectos Judiciales, lo que hizo en el artículo 5º fue precisamente introducir un límite a la vigencia del nuevo mapa judicial, al disponer que los asuntos de segunda instancia debían continuar a cargo de los despachos judiciales donde estuvieran, hasta la terminación de la correspondiente actuación procesal que estuviera verificándose.

Dicha disposición, como parte del Acuerdo 87, produjo todos los efectos frente al mismo y resulta equivocado, como lo propone el Tribunal Superior de Buga, que pueda aplicarse a la situación creada por el Acuerdo 619 de 1999. Obviamente que el artículo 5º anotado conserva su vigencia, sólo que la misma se encuentra circunscrita a los términos del acuerdo de que hace parte y —se reitera— es impropio pretender que se siga aplicando sin límite en el tiempo.

Ahora bien, aunque el consejo superior podía haber adoptado en el Acuerdo 619 una norma similar a la invocada por el Tribunal Superior de Buga para negar la competencia, lo cierto es que no lo hizo así y simplemente definió su vigencia; partir del 13 de enero del presente año, sin condicionamiento de ninguna naturaleza. Resulta claro para la Sala, entonces, que el acto administrativo empezó a regir ese día y que desde tal momento, en consecuencia, en virtud del principia general de que las disposiciones sobre competencia son de cumplimiento inmediato, la segunda instancia de los procesos del circuito de Palmira dejó de corresponder al Tribunal de Cali y quedó atribuida al Tribunal de Buga.

En el orden de ideas señalado, se dirimirá la colisión de competencias propuesta atribuyéndole el conocimiento del asunto a la Sala Penal del Tribunal Superior Buga.

En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. ASIGNAR la competencia para conocer de este asunto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.

2. Remítase la actuación a dicho despacho judicial y comuníquese lo aquí resuelto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.

Cúmplase».

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