Auto 17456 de mayo 24 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

OBLIGACIONES DINERARIAS DERIVADAS DEL CONTRATO ESTATAL

INTERESES MORATORIOS Y CORRECCIÓN MONETARIA

EXTRACTOS: «El artículo 4º de la Ley 80 de 1993 en su numeral 8º establece como uno de los deberes de las entidades estatales:

“Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios.

Sin perjuicios de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado” (subrayas fuera de texto).

Por su parte el artículo 1º del Decreto 679 de 1994 estableció:

“ART. 1º—De la determinación de los intereses moratorios. Para determinar el valor histórico actualizado a que se refiere el artículo 4º, numeral 8º de la Ley 80 de 1993, se aplicará a la suma debida por cada año de mora el incremento de índice de precios al consumidor entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año anterior. En el evento de que no haya transcurrido un año completo o se trate de fracciones de año, la actualización se hará en proporción a los días transcurridos”.

El Código Civil señala:

“ART. 1617.—Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:

1. Se seguirán debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos.

El interés legal se fija en seis por ciento anual (…)” (subrayas fuera de texto).

Se infiere de la normatividad citada que en las obligaciones dinerarias derivadas de la contratación estatal, las partes tienen libertad de pactar la tasa correspondiente al interés moratorio, siempre y cuando se ajuste a las previsiones comerciales y penales, esto es, sin incurrir en el interés de usura y ante la ausencia de ese pacto, se aplica la tasa prevista por la Ley 80 de 1993, es decir, el 12% anual sobre el valor histórico actualizado.

En el contrato de obra pública Nº 286 celebrado entre el municipio de Bucaramanga y Beltrán Pinzón y Cía. S.A. Construcciones, se pactaron los intereses moratorios de la siguiente forma:

“(…) Después de radicada el acta el municipio contará con treinta (30) días calendario para realizar el pago. Vencido el anterior plazo, el municipio reconocerá a favor del contratista un interés moratorio equivalente al seis por ciento (6%) anual sobre las sumas adeudadas”.

Esto significa que, sobre las sumas de dinero que debe pagar el municipio a favor del contratista ejecutante se debe liquidar el interés moratorio a la tasa del 6% anual, teniendo en cuenta que esto fue lo que convinieron las partes en el respectivo contrato. Y no hay lugar a deducir que la intención de ellas era ajustarse a lo previsto por la Ley 80 de 1993, toda vez que la tasa a que se refiere la ley es el doble del interés legal (12%) y a esa no remitieron las partes.

La actualización o indexación de las sumas de dinero por las cuales se libró el mandamiento de pago merece otro razonamiento. Pese a que en el contrato no se pactó que el interés moratorio se aplicaría “sobre el valor histórico actualizado”, existen otras disposiciones legales que dan cabida a que el pago de tal suma se ordene sobre un valor actualizado.

El artículo 178 del CCA dispone:

Ajuste del valor. La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos lo casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor”.

La jurisprudencia de esta sección también ha fijado su posición sobre el pago de sumas indexadas e intereses en el siguiente sentido:

“Ha entendido la doctrina que si a un crédito reajustado en función de la depreciación sufrida entre la fecha en que se causó la obligación y el pago, se le suman intereses corrientes bancarios, se originaría un enriquecimiento sin causa, porque, esta clase de interés incluye un “plus” destinado a recomponer el capital.

No se excluyen entre sí los rubros de devaluación e intereses puros puesto que tienen causas diferentes: Los intereses buscan compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital (lucro cesante), en tanto que la compensación por depreciación monetaria se dirige a mantener indemne el patrimonio del acreedor que sufriría menoscabo si recibiese como reparación el monto del daño originado en signo monetario envilecido (daño emergente). Se habla de intereses puros porque los bancarios corrientes llevan en su seno una parte que busca compensar la incidencia del fenómeno inflacionario. Por eso no sería equitativo revaluar y cobrar esta clase de intereses.

De allí que comparta la Sala que si se realizan reajustes del crédito, el interés debe ser un interés puro exclusivamente retributivo del precio del uso del capital que es lo que ha dejado de ganar el acreedor por la falta de inversión de sus fondos excluyendo el plus del interés que tiene otra función.

Toda indemnización debe ser íntegra y completa, de modo que compense para su acreedor el daño que se le produce con el no pago oportuno de la obligación. Así, debe comprender no sólo el rendimiento que dejó de percibir, traducido ordinariamente en intereses, sino también la pérdida del valor adquisitivo de la moneda con la que se pretende pagar. En este orden de ideas el equilibrio o la justeza en la indemnización debe mostrar ésta o similar ecuación: indemnización debida igual a deuda en la fecha del perjuicio, más intereses hasta que el pago se efectúe, más devaluación” (1) .

(1) Sentencia de 7 de marzo de 1980. Exp. 5322.

Precisa la Sala frente al aparte de la sentencia que se transcribe, aplicable al caso concreto, que cuando ésta se refiere a intereses puros, éstos no son otros que los intereses legales a que se refiere el Código Civil, o sea el 6% que establece el artículo 1617 y que sólo cuando se ha pactado esta tasa es procedente la indexación de la suma originalmente debida, ya que cuando las partes pactan las tasas establecidas por el Código de Comercio (interés corriente bancario, arts. 883 y 884 subrogados por la L. 45/90) no hay lugar a actualizar o traer a valor presente las sumas debidas, pues dichas tasas tienen un componente inflacionario.

De acuerdo con lo anterior es claro que cuando el a quo libró el mandamiento de pago sobre las sumas reclamadas por el demandante y ordenó que éstas deberían “actualizarse en su debida oportunidad conforme al artículo 1º del Decreto 679 de 1994, más intereses de mora al seis por ciento (6%) anual”, reconoció la tasa que pactaron las partes, pero aplicada sobre el valor histórico actualizado, con base en los parámetros del artículo 1º del Decreto 679 de 1994 que es equitativo para que la indemnización del perjuicio sea íntegra y completa tal como lo ha entendido la jurisprudencia de esta Sala.

Por todo lo expuesto se confirmará el auto apelado».

(Auto de mayo 24 de 2000. Expediente 17.456. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

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