Auto 17793 de mayo 7 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

INHABILIDAD PARA EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS

CUÁNDO PROCEDE ESTA SANCIÓN DISCIPLINARIA

EXTRACTOS: «Procede la Sala a decidir el recurso de reposición interpuesto por el Procurador Tercero Delegado en lo Contencioso ante el Consejo de Estado y por el apoderado especial de la Procuraduría General de la Nación contra el auto de 12 de febrero de 1998(*), por el cual esta subsección decretó la suspensión provisional del numeral segundo de la providencia de 20 de octubre de 1997, proferida por la Procuraduría General de la Nación.

(*) Véase el extracto publicado en J. y D., Nº 317, pág. 583 (N. del D.).

Expresa el agente fiscal que tiene una percepción distinta a la vertida por esta Sala en el auto de suspensión provisional, según la cual no es posible imponer la pena accesoria de inhabilidad para ejercer funciones públicas al no especificar el artículo 30 de la Ley 200 de 1995, cuáles de las sanciones la comportan, ya que conforme al inciso primero del parágrafo del artículo 30, es incuestionable que la sanción accesoria de inhabilidad para ejercer funciones públicas procede como consecuencia de faltas graves o gravísimas.

Dice que el artículo 32, al regular el Iímite de las sanciones, reprime las faltas graves con multa entre once (11) y noventa (90) días, suspensión en el cargo hasta por el mismo término, suspensión del contrato de trabajo hasta por tres (3) meses, todas sanciones principales a términos del artículo 29; que a su vez el inciso 2º del parágrafo artículo 30 dispone: “en los casos en que la sanción principal comporte inhabilidad”.

Manifiesta que la interpretación sistemática permite concluir que si la inhabilidad se impone como consecuencia de la comisión de faltas graves o gravísimas, y si éstas están penadas con sanciones principales, el legislador al emplear la locución “en los casos en que la sanción principal comporte inhabilidad”, lo que estatuyó fue la pena accesoria como secuela de la aplicación de esta sanción; que por ende, corresponde al funcionario investigador, en el mismo fallo que contiene la sanción principal, determinar el tiempo durante el cual el servidor público sancionado queda inhabilitado para ejercer cargos públicos, en la forma y en los términos de la Ley 190 de 1995 y del artículo 18 de la Ley 200 del mismo año.

Concluye la agencia fiscal que la sanción accesoria se puede imponer cuando la sanción principal comporte inhabilidad, esto es, a su juicio, en los casos de sanciones principales para las faltas graves o gravísimas.

(...).

Para resolver se considera

En el caso sub lite, como se anotó en la decisión recurrida, existe notoria contradicción entre el numeral 2 de la providencia de segunda instancia, de 20 de octubre de 1997, proferida por la Procuraduría General de la Nación y el artículo 17 de la Ley 13 de 1984, citado por el demandante como violado y que la Sala estima aplicable al caso sub judice, toda vez que la Procuraduría impuso como sanción accesoria a la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 90 días, la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de dos años, cuando dicha norma consagra expresamente que la sanción accesoria de inhabilidad la acarrea la sanción principal de destitución.

Sabido es que para que proceda la medida cautelar basta que el juez encuentre manifiesta infracción de alguna de las disposiciones invocadas en la demanda por confrontación directa y sencilla entre el acto acusado y la norma superior, sin necesidad de efectuar profundos razonamientos, como sucede en el caso sub examine.

No puede aceptarse la interpretación que hace el Ministerio Público en el sentido de que no hay lugar a la aplicación del artículo 17 de la Ley 13 de 1984 porque el artículo 30 de la Ley 200 de 1995 dispone que la sanción de inhabilidad procede como consecuencia de faltas graves o gravísimas, ya que el propio artículo 30 liga la procedencia de la sanción accesoria a la principal, y no solamente a la naturaleza de la falta, al disponer: “En los casos en que la sanción principal comporte inhabilidad...” lo que indica que debe existir precepto legal que señale qué sanción principal comporta la inhabilidad como pena accesoria.

Ello no implica como lo estima el recurrente que no pueda imponerse para las faltas graves la sanción accesoria de inhabilidad, pues una falta grave bien puede sancionarse con destitución si se dan circunstancia de agravación que debe determinar el funcionario competente de conformidad con los criterios señalados en el estatuto disciplinario. Lo que no resulta jurídico es que una sanción de suspensión de funciones por noventa días se convierta en la realidad en una destitución al imponer como accesoria inhabilidad por el término de dos años, toda vez que la sanción accesoria impediría al funcionario continuar en el cargo luego de cumplida la suspensión, pues la inhabilidad como lo prescribe el artículo 30 de la ley 200 de 1995, es para ejercer todo cargo público, no sólo para ejercer otros diferentes al que ya desempeña.

(...).

En consecuencia, estima la Sala que no hay lugar a reponer la decisión impugnada».

(Auto de mayo 7 de 1998. Expediente 17793. Consejero Ponente: Dra. Dolly Pedraza de Arenas).

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