Auto 1782-08 de agosto 14 de 2008 

• CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Radicación: 11001 03 25 000 2008 00063 00 (1782-08)

Acción de Nulidad

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Ramiro Rodríguez López

Bogotá, D.C., catorce de agosto de dos mi ocho.

En ejercicio de la acción de nulidad, consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, el actor solicitó la nulidad del artículo 3º de la Resolución 3577 del 12 de octubre de 2005, expedida por el Ministerio de la Protección Social, con fundamento en la Ley 828 del 2003 y en los decretos 205 de 2003, 3667 de 2004, y 187 y 1465 de 2005.

En escrito separado a la demanda y con fundamento en el artículo 152 del CCA, solicitó la suspensión provisional, “de los actos demandados...”, (sic) (fls. 5 y 6). Como sustento de la medida precautelativa, narró lo siguiente:

El artículo 3º, demandado, “aclara” que las universidades, que al tenor de la Ley 647 de 2001, “hubieren optado por crear un sistema propio de seguridad social en salud”, deben aplicar en su integridad el artículo 14 del Decreto 1703 de 2002.

En primer lugar dice, que de conformidad con los artículos 25 y 30-2 del Código Civil, las aclaraciones de las normas jurídicas, solo les compete a los autores de las mismas o a la Corte Constitucional, cuando estudia su constitucionalidad (Sent. C-820/2006)

La Resolución 003577 de 2005, al hacer extensivo el artículo 14 del Decreto 1703 de 2002, a las universidades, invadió las facultades conferidas al Presidente de la República en los artículos 189 y 200 de la Constitución Política, teniendo en cuenta además, que el artículo 11 de la Ley 489 de 1998, prohíbe delegar funciones atinentes a la expedición de reglamentos de carácter general.

Con la expedición del citado artículo 3º, se incluyó a las universidades dentro del régimen de excepción previsto por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, cuando no se tenía competencia legal, ni constitucional para ello, vulnerando abiertamente las garantías de la autonomía universitaria y generando confusión al no aclarar si la disposición acusada, cobijaba a las universidades públicas o a las privadas.

Para resolver la solicitud de suspensión provisional de la disposición acusada, se considera:

De conformidad con el artículo 152 del CCA, para que proceda la suspensión provisional, tratándose de la acción de simple nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

La parte actora en el escrito de suspensión provisional que acompaña a la demanda solicita la suspensión provisional del artículo 3º de la Resolución 3577 del 12 de octubre de 2005, expedida únicamente por el Ministro de la Protección Social, por medio de la cual “se precisan algunos aspectos del procedimiento de pago integrado realizado a través de la planilla integrada de liquidación de aportes”.

El tenor literal del artículo 3º, acusado, es el siguiente: “Aclarar que a las universidades que, en virtud de lo previsto en la Ley 647 de 2001, hubieran optado por crear un sistema propio de seguridad social en salud se aplica en su integridad lo previsto en el artículo 14 del Decreto 1703 de 2002, respecto del pago de las cotizaciones al sistema general de seguridad social de salud”.

Como se observa, el ministro, ordenó la aplicación del artículo 14 del Decreto 1703 de 2002, a las Universidades que crearon un sistema propio de seguridad social en salud, bajo los términos de la Ley 647 de 2001, modificatoria del inciso 3º del artículo 57 de la Ley 30 de 1992.

El Decreto 1703 de 2002, expedido por el Presidente de la República, según su artículo 2º se aplica “a las entidades promotoras de salud, EPS, y demás entidades obligadas a compensar, EOC, a los aportantes y en general a todas las personas naturales o jurídicas que participan del proceso de afiliación y pago de cotizaciones en el régimen contributivo del sistema general de seguridad social en salud y a los regímenes excepcionados y especiales, cuando haya lugar”. Sin embargo, el artículo 14 ibídem, que se estudia, solo aplica para los regímenes de excepción: “Artículo 14. Régimen de excepción. Para efecto de evitar el pago…”.

De lo anterior, se hace necesario establecer si el régimen establecido para las universidades por la Ley 647 de 2001, modificatoria del inciso 3º del artículo 57 de la Ley 30 de 1992, pertenece a un régimen de excepción, caso en el cual el ministerio simplemente estaría refirmando lo dispuesto por el artículo 14 ibídem.

Es el mismo artículo 14 ibídem, que indica que los regímenes de excepción son los establecidos en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, es decir, los regímenes anteriores a la Ley 100, que fueron excepcionados por la misma ley, como por ejemplo, el que se le venia aplicando a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, o a los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos. Es de aclarar, que estos regímenes exceptuados no hacen parte del sistema de seguridad social integral, por disposición de la misma ley.

En cambio, el régimen opcional para las universidades fue estatuido, posterior a la Ley 100 de 1993, finalmente, mediante la Ley 647 de 2001, que complementó el inciso 3º del artículo 57 de la Ley 30 de 1992, precisamente a la atención prestada por el órgano legislativo a la inexequibilidad de las objeciones del ejecutivo, destacadas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1435 del 25 de octubre de 2000, en donde se resaltó el carácter especial del régimen de salud de las universidades, que el legislador quería edificar.

Si bien, dentro de las funciones del Ministerio de la Protección Social se encuentra la de reglamentar, en el marco de sus competencias, las normas que regulan la seguridad social integral en el sector público y privado (D. 205/2005, art. 2º, num. 15), de manera alguna esta facultado para integrar a los regímenes del mismo sistema o a regímenes especiales, normas reglamentarias de regímenes excluidos del sistema integral de seguridad social, y mucho menos ejercer la potestad reglamentaria para la aplicación de la Ley 647 de 2001, cuando no esta autorizado ni constitucional, ni legalmente para ello, invadiendo las facultades conferidas al Presidente de la República en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, funciones indelegables, según el artículo 11 de la Ley 489 de 1998.

De conformidad con todo lo anterior, la Sala evidencia una infracción manifiesta o directa de las disposiciones invocadas como fundamento de la suspensión provisional, entre ellas, el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley 489 de 1998.

Por lo expuesto, la Sala

RESUELVE:

1. ADMÍTESE LA DEMANDA presentada en ejercicio de la acción pública de nulidad, instaurada por Ramiro Rodríguez León, contra el Ministerio de la Protección Social.

2. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al Ministro de la Protección Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 (sic) del Código Contencioso Administrativo.

3. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al agente del Ministerio Público.

4. Fíjese el negocio en lista por el término de diez (10) días para los efectos previstos en el numeral 5º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 58 de la Ley 446 de 1998.

5. SE DECRETA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL del artículo 3º de la Resolución 3577 del 12 de octubre de 2005, expedida por el Ministro de la Protección Social.

6. Solicítese a la demandada el envío de los antecedentes administrativos del acto acusado. Adviértesele que el desacato constituye falta disciplinaria. Término diez (10) días.

7. Con el fin de llevar a cabo las notificaciones personales de rigor, debe la parte demandante suministrar la suma de $ 10.000, dentro del término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

Magistrados: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren—Alfonso Vargas Rincón.

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