Auto 17871 de mayo 4 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO

PARA SU DECLARATORIA NO SE REQUIERE PROCEDIMIENTO PREVIO

EXTRACTOS: «Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto, por la parte demandante, contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el día 14 de septiembre de 1999, en cuanto negó la solicitud de suspensión provisional.

(...).

b) Actos demandados

Lo son las resoluciones números 196 y 297, proferidas en 1998.

Por medio de la primera de las resoluciones nombradas, proferida en 18 de junio de 1998 se declara “el incumplimiento y se ordena hacer efectiva la garantía única de cumplimiento del contrato de consultoría suscrito entre el departamento del Valle del Cauca y la señora Patricia Marín Pineda”.

Esa resolución se fundó entre otros hechos en que el plazo señalado para la ejecución de la consultoría fue de 90 días contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento, es decir desde la suscripción del documento por las partes intervinientes; que el término de duración del contrato de Consultoría se encuentra vencido desde el 21 de febrero de 1998; que la contratista no solicitó prórroga del plazo del contrato y que a la fecha de proferirse el acto sólo se había ejecutado el 30% del programa contratado (fl. 2).

Por medio de la resolución 297, proferida el día 4 de septiembre de 1998 se resolvió, “el recurso de reposición interpuesto por la Compañía de Seguros Alfa S.A., contra la resolución 196 del 18 de junio de 1998”.

Se motivó en varias situaciones. En que:

• la ley prevé, dentro de los derechos y deberes de las entidades estatales, la de exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado y de adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías correspondientes;

• la Administración no ha violado norma alguna con la expedición de la resolución recurrida porque no es cierto que la contratista hubiese solicitado el día 3 de enero de 1998 prórroga del plazo del contrato y por lo mismo no se configuró el silencio administrativo positivo (fl. 7, c. 1).

c) Caso concreto

1. Posición de la demandante.

Así mismo afirma la actora que sí hay lugar a la prosperidad de la medida de suspensión provisional; para tal efecto reitera apartes de providencia de esta Sala, auto proferido el día 24 de septiembre de 1998 (4) .

(4) M.P. Ricardo Hoyos Duque, expediente 14821, Actor: Mariana González.

Mediante dicha providencia se suspendieron los efectos del acto por el cual la administración contratante declaró la caducidad del contrato, ordenó hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, la garantía única de cumplimiento; liquidó el contrato e inhabilitó al contratista para contratar por un período de 5 años.

En esa oportunidad la Sala fundamentó esas decisiones en que el acto de caducidad fue manifiestamente violatorio de las normas constitucionales y legales que imponen el deber de adelantar un procedimiento administrativo previo a la expedición del acto y que garantizan el derecho del administrado al debido proceso administrativo.

En esa oportunidad la Sala encontró abierta la vulneración de tal derecho constitucional, porque el acto administrativo se fundó en hechos ocurridos el mismo día en que se profirió, lo cual condujo á que la contratista no pudiese conocerlos para controvertirlos, y fuese sorprendida con la decisión de la administración.

2. Posición de la Sala:

Como quedó referido, la demandante fundó su pretensión de suspensión provisional de las resoluciones acusadas en el auto 14.821 proferido por esta Sala el día 24 de septiembre de 1998(*).

(*) Auto publicado en J. y D., Nº 325, pág. 28. (N. del D.).

La Sala precisa que esa providencia no contiene una condición general por virtud de la cual todos los actos contractuales deban expedirse siempre que estén precedidos de un procedimiento administrativo sometido a los principios de la actuación administrativa.

En la providencia que se comenta la Sala se refirió a la necesidad de que el contratista no sea sorprendido por actos administrativos contractuales sancionatorios, fundados en hechos o actos desconocidos por ellos, que no tuvieron la oportunidad de conocer y controvertir.

Entonces se afirmó:

“Distinto sería el caso cuando el contratista incumplido al menos está advertido de las consecuencias de su proceder en cuanto la administración le haya dado a conocer los diferentes factores que constituyen incumplimiento (requerimientos, apremios por retardo, órdenes previas, avisos por faltantes, etc.), con lo cual la declaratoria de caducidad no siempre será intempestiva y permitirá un análisis particular de los antecedentes en cada caso”.

Esa providencia tuvo en cuenta que es distinto cuando el contratista está advertido de las consecuencias de sus comportamientos contractuales.

En el caso concreto, la Sala encuentra que el acto demandado se fundó en el incumplimiento contractual por vencimiento del plazo; hecho futuro y cierto conocido por la contratista, porque se pactó de manera clara y expresa en el contrato.

Si en el contrato se pactó como plazo del mismo el de 90 días contados a partir de la fecha de perfeccionamiento; y se dispuso que el contrato quedaba perfeccionado al ser suscrito por las partes contratantes, era fácilmente deducible para la contratista que el plazo vencía el día 21 de febrero de 1998 en consideración a que el mismo fue firmado el día 21 de noviembre de 1998.

Resulta por tanto que en el presente caso, no aparecen de manera manifiesta circunstancias de hecho que hiciesen necesario que la contratista fuese advertida previamente por la Administración, de la fecha exacta del vencimiento del plazo contractual y de las consecuencias derivadas del no cumplimiento de las prestaciones a su cargo dentro del mismo.

(...).

Con fundamento en todo lo anterior la Sala concluye que no se dan los supuestos legales para que proceda la suspensión provisional de los actos acusados».

(Auto de mayo 4 de 2000. Expediente 17.871. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez).

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