Auto 18081 de septiembre 27 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CONSORCIOS

COMPARECENCIA A UN PROCESO

Consejero Ponente:

Dr. Ricardo Hoyos Duque

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil uno (2001).

Radicación 18081. Actor: Sociedad Bustamante Cárdenas Ltda. Demandada: IDU.

La apoderada judicial de la parte actora dentro del término para presentar alegatos de conclusión solicita se declare la nulidad de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 28 de octubre de 1999, se envíe el expediente a dicho tribunal para que vincule al proceso a la firma Ingenieros, Arquitectos y Técnicos Asociados Inart Ltda y así integre el litisconsorcio necesario y una vez surtida la actuación se profiera sentencia.

Antecedentes procesales

1. El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, y el consorcio “Bustamante Cárdenas Ltda Ingenieros Civiles —Ingenieros, Arquitectos y Técnicos Asociados Ltda— Inart Asociados Ltda” celebraron el 18 de octubre de 1989 el contrato de obra pública 113 con el fin de construir el complejo educativo Ciudad Bolívar.

2. El IDU mediante Resolución 603 del 3 de diciembre de 1991 le impuso al consorcio Bustamante Cárdenas Ltda Ingenieros Civiles —Ingenieros, Arquitectos y Técnicos Asociados Ltda— Inart Asociados Ltda multa equivalente al 0.5% del valor del contrato antes mencionado. Inconforme con lo anterior, el consorcio interpuso recurso de reposición, decidido mediante la Resolución 317 del 16 de julio de 1992, la cual confirmó en todas sus partes la anterior.

3. El ingeniero Óscar Alfonso Bustamante Peña, representante legal de la sociedad Bustamante Cárdenas Ltda Ingenieros Civiles, presentó demanda contractual ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 26 de agosto de 1993 en la que solicita se declare la nulidad de las resoluciones 603 del 3 de diciembre de 1991 y 317 del 16 de julio de 1992, 70 del 30 de marzo de 1993, el incumplimiento del contrato de obra pública 113 del 18 de octubre de 1989 por parte del IDU y que se le indemnicen los perjuicios causados con dicho incumplimiento.

4. La anterior demanda fue resuelta mediante sentencia del 28 de octubre de 1999, en la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

5. Inconformes con lo decidido las partes presentaron recurso de apelación contra dicha providencia.

6. Dentro del término otorgado por este despacho para que las partes presentaran alegatos de conclusión, la parte actora solicita se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia proferida en primera instancia, se vincule al proceso a la firma Ingenieros, Arquitectos y Técnicos Asociados Inart Ltda y se dicte nuevamente sentencia.

Para resolver se considera

La Sala considera que le asiste razón a la sociedad accionante. Por tanto, se accederá a lo solicitado, con fundamento en las razones que se exponen a continuación.

I. El señor Óscar Alfonso Bustamante Peña representante legal de la sociedad Bustamante Cárdenas Ltda Ingenieros Civiles confirió poder con el fin de que se iniciara una demanda contractual contra el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, (fls. 1 y 2, c. 1).

Pretende el actor que por medio de esta acción se acceda a las siguientes pretensiones:

“1. Que se declare la nulidad de la Resolución 603 del 3 de diciembre de 1991 proferida por el director ejecutivo del Instituto de Desarrollo, IDU, acto administrativo mediante el cual se impuso al consorcio Bustamante Cárdenas Limitada Ingenieros Civiles – Ingenieros, Arquitectos y Técnicos Asociados Ltda “Inart” Asociados Ltda, una multa equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato 113 de 1989.

2. Que, así mismo se declare la nulidad de la Resolución 317 del 16 de julio de 1992, proferida por el director ejecutivo del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, por medio de la cual se confirmó en todas y cada una de sus partes la decisión de que trata la pretensión anterior.

3. Que se declare la nulidad de la Resolución 70 del 30 de marzo de 1993 acto administrativo proferido por el director ejecutivo del IDU, por medio de la cual se liquidó de oficio el contrato 113 de 1989.

4. Que se declare que el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, incumplió el contrato de obra pública 113 del 18 de octubre de 1989, cuyo objeto fue la ejecución por el sistema de precios unitarios, de las obras necesarias para la construcción del complejo educativo Ciudad Bolívar, localizado en el programa de lotes con servicios de la Caja de Vivienda Popular de la Sierra Morena, de conformidad con los requisitos y especificaciones indicados en los pliegos de condiciones de la licitación, planos y/o especificaciones de construcción y bajo las condiciones estipuladas en dicho contrato.

5. Que como consecuencia de la declaración anterior se condene al Instituto de Desarrollo Urbano a pagar al consorcio “Bustamante Cárdenas Limitada Ingenieros Civiles” – “Ingenieros, Arquitectos y Técnicos Asociados Ltda, Inart Asociados Ltda” los perjuicios de todo orden que les ha causado con su incumplimiento contractual.

6. Que a modo de restablecimiento del derecho, el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, debe indemnizar al consorcio “Bustamante Cárdenas Limitada Ingenieros Civiles” – “Ingenieros, Arquitectos y Técnicos Asociados Ltda, Inart Asociados Ltda” los perjuicios causados con razón o con ocasión de la expedición de los actos acusados, constituidos, entre otros, por los daños directos e indirectos, en sus aspectos de daño emergente y lucro cesante; los perjuicios materiales y los sufridos en el “good will” o buen nombre empresarial de mi poderdante (...).

7. Que se liquide judicialmente el contrato 113 de 1989, y en dicha liquidación se incluyan las indemnizaciones que resulten a favor del consorcio “Bustamante Cárdenas Limitada Ingenieros Civiles” – “Ingenieros, Arquitectos y Técnicos Asociados Ltda, Inart Asociados Ltda”.

Mediante el convenio suscrito el 10 de agosto de 1989 entre la sociedad Bustamante Cárdenas Ltda – Ingenieros Civiles y la sociedad Ingenieros, Arquitectos y Técnicos Asociados Ltda “Inart Asociados” constituyeron un consorcio con el objeto de concursar en la licitación pública CB-IDU-SED-LI-05A-89 y si salían favorecidos ejecutar el contrato 113 de 1989.

II. El Artículo 7º de la Ley 80 de 1993 define el consorcio así:

“Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman (...).

Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad”.

En ejercicio de lo preceptuado en la norma transcrita la sociedad Bustamante Cárdenas Ltda – Ingenieros Civiles y la sociedad Ingenieros, Arquitectos y Técnicos Asociados Ltda suscribieron el convenio de consorcio de fecha 10 de agosto de 1989, visible a folios 90 a 91 vto, en el cual la cláusula segunda establece que:

“La duración del consorcio constituido mediante este documento, será el de todo el tiempo que sea necesario para llevar a cabo la ejecución y liquidación definitiva del contrato procedente de la adjudicación de la licitación pública internacional CB-IDU-SED-LI-05A-89 para la construcción del complejo educativo Ciudad Bolívar, ...”.

Y la cláusula sexta del mismo señala:

“... la representación legal de la sociedad Bustamante Cárdenas Limitada – Ingenieros Civiles, será también el representante legal del consorcio establecido en este documento ante el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, y está autorizado para actuar, suscribir, perfeccionar, ejecutar en nombre y representación del consorcio de la licitación pública internacional CB-IDU-SED-LI-05A-89, para la construcción del complejo educativo Ciudad Bolívar...” (se resalta).

III. El consorcio Bustamante Cárdenas Ltda Ingenieros Civiles – Ingenieros, Arquitectos y Técnicos Asociados Ltda, fue creado únicamente para participar en la licitación pública internacional CB-IDU-SED-LI-05A-89 y en el evento de ser favorecidos con la adjudicación del contrato ejecutarlo. El representante legal de dicho consorcio sería el representante legal de la sociedad Bustamante Cárdenas Ltda – Ingenieros Civiles y el consorcio estaba condicionado a que la licitación le fuera adjudicada y una vez fuera favorecido debía ejecutar el contrato y llevarlo hasta la liquidación definitiva.

Revisado el expediente se encuentra que el contrato fue liquidado en forma unilateral por la administración mediante la Resolución 70 del 30 de marzo de 1993 (fls. 96 a 107).

Como el contrato se encuentra liquidado definitivamente, la representación del consorcio que le había sido otorgada al representante legal de Bustamante Cárdenas Ltda Ingenieros Civiles se extinguió y por lo tanto, el poder para iniciar el presente proceso debió ser otorgado por cada uno de los representantes legales de las empresas que conformaron el consorcio, ya que cualquier decisión tomada por el juez las afectaría de manera uniforme.

Es necesario dejar en claro que si un consorcio se ve obligado a comparecer a un proceso como demandante o demandado, cada uno de los integrantes del mismo debe comparecer en forma individual al proceso ya que carece de personería jurídica, a menos que dentro de las previsiones que se hubiesen acordado al momento de constituir el consorcio se hubiere facultado a su representante para iniciar las acciones judiciales pertinentes.

En la demanda se observa que el señor Óscar Alfonso Bustamante Peña otorgó poder como representante únicamente de la sociedad Bustamante Cárdenas Ltda Ingenieros Civiles, su apoderado ejerció la acción a nombre del consorcio sin tener facultad para ello; además, la sociedad Ingenieros, Arquitectos y Técnicos Asociados Inart Ltda, integrante del consorcio, nunca se ha presentado ni ha intervenido durante el proceso.

A pesar de que el señor Bustamante Peña no estaba facultado para iniciar la acción a nombre del consorcio y esta falencia se advirtió en la demanda, el juez de instancia no vinculó al proceso a la sociedad Ingenieros, Arquitectos y Técnicos Asociados Ltda desconociendo así lo preceptuado en los artículos 83 del Código de Procedimiento Civil y 207 numeral 3º del Código Contencioso Administrativo, puesto que entre ambos existía una relación sustancial, respecto de la cual no era posible proferir sentencia de fondo sin la comparecencia de los sujetos de tal relación.

Como el consorcio no tiene personería jurídica propia, la Sala considera que en este caso se está frente a un litis consorcio necesario activo; por lo tanto, los efectos jurídicos de la sentencia proferida no se extenderían a la sociedad Ingenieros, Arquitectos y Técnicos Asociados Ltda.

Así las cosas, es necesario decretar la nulidad de todo lo actuado, inclusive de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 28 de octubre de 1999, ya que las sociedades que integraban el consorcio debieron comparecer al proceso para integrar un litisconsorcio necesario por activa.

Por lo tanto, el presente asunto será devuelto al tribunal de origen para que aplique lo preceptuado en el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, esto es, dispondrá la citación de la sociedad Ingenieros, Arquitectos y Técnicos Asociados Ltda, le concederá el mismo término de traslado de la demanda para que comparezca y durante dicho término se suspenderá el proceso, se decretarán las pruebas que pida el citado y una vez surtida esta actuación se volverá a dictar sentencia.

Por lo anteriormente expuesto se decretará la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 28 de octubre de 1999, se ordenará devolver el expediente al tribunal de origen para que se cite al proceso a la sociedad Ingenieros, Arquitectos y Técnicos Asociados Ltda y se realizará la actuación a que haya lugar.

Por lo expuesto se

RESUELVE :

1. Decrétase la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 28 de octubre de 1999, inclusive.

2. Ordénase devolver el expediente al tribunal de origen para que se cite al proceso a la sociedad Ingenieros, Arquitectos y Técnicos Asociados Ltda y se surta la actuación requerida.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Alier E. Hernández E., Presidente de Sala—Jesús María Carrillo B.—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez Villamizar.

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