Auto 18503 de febrero 22 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Proceso Nº 18503

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Actor: Areneras El Dagua

Bogotá, D.C., veintidós de febrero de dos mil uno.

EXTRACTOS: «2. Embargabilidad de los bienes públicos de las entidades territoriales

Los bienes de propiedad de las entidades territoriales están clasificados, conforme quedó explicado, en bienes de uso público y bienes fiscales. Los primeros, también se precisó, son bienes inenajenables, inembargables e imprescriptibles porque así lo dispuso la Constitución Política en su artículo 63.

En cambio, los bienes fiscales de propiedad de las entidades públicas son bienes que generalmente pueden ser afectados con las medidas cautelares de embargo y secuestro, en desarrollo de los principios orientados a la efectividad de las decisiones judiciales.

La Sala considera que el principio legal de inembargabilidad que prevé el estatuto orgánico de presupuesto (D. 111/96, art. 19) para ciertos bienes, derechos y recursos de propiedad de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, no se extiende a las entidades territoriales y sus organismos descentralizados.

Por consiguiente, tales bienes son en principio embargables, tan sólo serán inembargables en los términos indicados en el artículo 684 del Código de Procedimiento Civil, que establece al respecto lo siguiente:

“Además de los bienes inembargables de conformidad con leyes especiales, no podrán embargarse:

(...).

2. Los destinados a un servicio público cuando éste se preste directamente por un departamento, una intendencia, una comisaría, un distrito especial, un municipio o un establecimiento público, o por medio de concesionarios de éstos; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje.

Cuando el servicio lo presten particulares, podrán embargarse los bienes destinados a él, así como la renta líquida que produzca y el secuestro se practicará como el de empresas industriales.

3. Las dos terceras partes de la renta bruta de los departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos especiales y los municipios.

(...)”.

De la anterior disposición se desprende que es inembargable el bien fiscal que tenga las siguientes características:

a) Que sea de propiedad de una entidad territorial;

b) Que esté destinado a un servicio público, y

c) Que el servicio público sea prestado por el ente territorial de manera directa o por medio de su concesionario.

3. Caso concreto.

La prosperidad de los pretendido por el apelante - ejecutado, pende del cumplimiento de los supuestos de hecho que prevé la ley para que los bienes de propiedad de una entidad territorial sean inembargables:

a) El apelante afirmó que el bien inmueble embargado dentro de este proceso ejecutivo, era un bien de uso público.

La Sala, por el contrario, encuentra que el bien inmueble afectado con esa medida cautelar, es el edificio ubicado en la calle 1ª con carrera 8ª sector del Pueblo Nuevo de la ciudad de Buenaventura, distinguido con el número de matrícula inmobiliaria 372 0015749 de propiedad de la ejecutada, cuyo uso y disfrute no corresponde a toda la comunidad.

Ese bien inmueble no presenta las características propias de los bienes de uso público ya referidas, puesto que no se trata de uno de aquellos que puede ser utilizado por todas las personas y porque no es un bien respecto del cual el Estado ejerce únicamente la función policiva de administrador o vigilante.

Por lo tanto la Sala no acogerá el planteamiento que en este sentido formuló el apelante, quien entendió que la sola circunstancia de un bien sea de propiedad de un sujeto de derecho público lo incorpora en la categoría de bienes de uso público.

b) El ejecutado también adujo que el bien embargado y secuestrado estaba destinado a la prestación de un servicio público y que por tanto era inembargable.

La Sala considera que el ejecutado debió acreditar las condiciones fácticas que alegó, mediante la aportación de medios de pruebas que demostrasen dos hechos: que el ejecutado presta servicios públicos y que el inmueble afectado está destinado a ese fin; como así no aconteció, habrá de negarse el desembargo solicitado.

En abundantes providencias la corporación ha explicado que corresponde al interesado probar el supuesto de hecho de la norma que establece la inembargabilidad de ese tipo de bienes (CPC, art. 674, num. 4º). Al efecto puede consultarse lo manifestado por la Sala Plena en providencia proferida el día 22 de julio de 1997, dentro del expediente S-694 en la que se precisó que la exigencia de la prueba referida a la destinación de los bienes perseguidos por el ejecutante, es una carga procesal exclusiva de la administración “ya que la entidad propietaria en el evento sub judice sería la única interesada en el levantamiento de la medida, fuera de que estaría en mejores condiciones para demostrar el destino de esos bienes” (7) .

(7) Así lo ha reiterado la Sala en varias providencias; puede consultarse el auto proferido el día 21 de enero de 1999 dentro del expediente 14915.

También en auto proferido dentro del Expediente 13956, el día 30 de octubre de 1997, la Sala sostuvo una tesis similar; entonces se explicó:

“Por otra parte, si bien es cierto que como lo señala el apelante el artículo 684 del Código de Procedimiento Civil modificado por el Decreto 2282 de 1989, consagra en su numeral 2º la inembargabilidad de los bienes destinados a un servicio público cuando éste se presta directamente por un departamento, no basta con la mera afirmación del demandado de que los bienes objeto de la medida están destinados a un servicio público, para que automáticamente se entiendan privilegiados con la prerrogativa de la inembargabilidad.

Corre por cuenta de la entidad la demostración, para efectos de lograr el desembargo de sus bienes, de que efectivamente aquellos sobre los cuales recayó la medida cautelar están destinados a un servicio público y por tanto al quedar comprendidos en el numeral 2º del artículo 684 del Código de Procedimiento Civil, son inembargables. Una vez aportada esta prueba, se procederá al desembargo, paro hasta tanto ella no se aporte, se sigue la regla general de la posibilidad de embargar tales bienes” (se resalta).

Con fundamento en lo anterior la Sala concluye lo siguiente:

a) El bien embargado no es un bien de uso público puesto que no está destinado al uso y goce de la comunidad general. Se trata de un bien inmueble destinado al funcionamiento de la administración, que está dentro del comercio y por regla general es embargable, y

b) Los supuestos de inembargabilidad que prevé la ley respecto de los bienes de propiedad de las entidades territoriales no se acreditaron en el caso concreto. La ejecutada no demostró que el bien inmueble afectado con la medida cautelar estuviese destinado a la prestación de un servicio público. Antes, por el contrario, la Sala advierte que el inmueble está dentro del patrimonio de un ente liquidador, respecto de quien se desconoce si es o no prestador de servicios públicos».

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