Sentencia 18592 de febrero 19 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta Nº 20

Magistrado Ponente

Jorge E. Córdoba Poveda

Bogotá, D.C., diecinueve de febrero de dos mil dos.

Vistos

Decide la Sala la solicitud de libertad presentada por la defensora del procesado Mario Camacho Prada.

Antecedentes

1. Mediante Resolución del 13 de diciembre de 1999, el Fiscal General de la Nación resolvió la situación jurídica del procesado en la que le impuso medida de aseguramiento consistente en caución prendaria, como presunto autor del delito de peculado por aplicación oficial diferente, la que fue otorgada, tal como consta en el título judicial obrante a folio 295 del primer cuaderno, por valor de $ 4.729.200.

2. En Resolución del 23 de marzo de 2001, el Fiscal General de la Nación decidió acusarlo como autor de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales en concurso con peculado por aplicación oficial diferente, no sin antes modificar la medida de aseguramiento impuesta, imponiéndole detención preventiva, sin derecho a excarcelación.

Los hechos por los que se le acusa atañen a las presuntas irregularidades en la adquisición por parte del departamento de Santander del Hotel “Bella Isla”, ubicado en el municipio de San Gil, autorizada y llevada a cabo en el mes de octubre de 1995, cuando se desempeñó como gobernador de ese departamento, en el período comprendido entre el 2 de enero de 1995 y el 1º de enero de 1998.

Interpuesto el recurso de reposición contra la resolución de acusación fue confirmada integralmente, mediante resolución del 22 de junio de 2001.

3. Transcurrido el término para la preparación de la audiencia pública, solicitud de nulidades y de pruebas, la defensora presenta escrito en el que solicita la anulación de la actuación, fundada, grosso modo, en la existencia de una "doble incriminación", prohibida expresamente por el artículo 8º del C.P. vigente, así como también por violación al derecho a la defensa, al haberse imputado en la resolución de acusación un hecho que no tuvo oportunidad de conocer el procesado en la investigación, pues no fue objeto de interrogatorio en la indagatoria, ni por él se le resolvió situación jurídica. En sucinto acápite, al final del libelo, solicita la libertad del procesado, pues dice que han transcurrido más de seis meses desde la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se hubiera celebrado la correspondiente audiencia pública. Sostiene que en caso de otorgársele la libertad, se tenga en cuenta la caución que se constituyó, pues ésta perdió su razón de ser, cuando en la resolución de acusación se sustituyó la medida por la de detención preventiva.

4. En el expediente se encuentra acreditado que el procesado Mario Camacho Prada se encuentra a disposición de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero por cuenta de otro proceso en el que se halla condenado y está ejecutando la pena impuesta bajo la figura de la prisión domiciliaria (Rad. 16.837, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

La Corte considera

1. Sea lo primero advertir a la libelista que de conformidad con el artículo 401 de la Ley 600 de 2000, lo referente a la solicitud de nulidades se resolverá en la correspondiente audiencia preparatoria.

2. Con relación a la libertad demandada, debe advertírsele que el aquí procesado no se encuentra detenido preventivamente por cuenta de esta actuación, sino que, como se señaló, está a disposición de esta Sala pero por cuenta de otro proceso en el que cumple la pena.

De lo anterior debe colegirse que el período transcurrido desde la ejecutoria de la resolución de acusación, no puede contabilizarse para efectos de obtener la libertad por vencimiento de términos.

Desde tiempo atrás la Sala ha sostenido que para que proceda la libertad provisional o desencarcelamiento por vencimiento de términos, es preciso que el acusado esté efectivamente privado de la libertad, que debe entenderse a disposición del proceso en el que se hace la solicitud.

Así lo señaló la Corte, al fijar el alcance del numeral 5º del artículo 415 del Código de 1991, igual al numeral 5º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, donde se dijo:

"En conclusión, en el caso del numeral 5º del artículo 415 del C. de P. P., la Sala precisa que el requisito para que proceda el desencarcelamiento es que hayan pasado seis meses desde la privación efectiva de la libertad, contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública, salvo los casos de excepción contemplados en los incisos siguientes".

Motivos suficientes para negar la pretensión liberatoria.

3. No obstante lo anterior, advierte esta Sala lo siguiente:

3.1. Mediante Sentencia C-774 de 2001, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, en los siguientes términos:

"5.6. De la revocatoria de la medida de aseguramiento:

El artículo 363 de la Ley 600 de 2000, fue demandado en razón de su conexidad con la figura de la detención preventiva, concepto por el cual, en consonancia con lo ya dicho, debe declararse su exequibilidad. Sin embargo, encuentra la Corte necesario hacer un pronunciamiento adicional, para fijar el alcance de la disposición en armonía con los condicionamientos que se harán en esta providencia.

Establece la norma que la detención preventiva se revocará cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen, postulado que debe ser armonizado con las consideraciones establecidas en esta providencia, por virtud de las cuales, la detención preventiva puede ser revocada cuando surjan nuevos elementos de juicio que permitan establecer la ausencia o carencia de eficacia para lograr sus objetivos, ya sea porque existe certeza sobre la comparecencia del sindicado al proceso, por la imposibilidad de afectación a la comunidad o al material probatorio, etc. Por lo tanto, la norma es constitucional, pero siempre que la revocatoria de la detención preventiva proceda no sólo cuando exista prueba que desvirtúe los requisitos legales para su operancia, sino igualmente cuando se superen sus objetivos constitucionales y sus fines rectores.

Por lo tanto, se declarará la exequibilidad condicionada del artículo 363 de la Ley 600 de 2000, en el sentido de que en la apreciación de las causales de revocatoria de la detención preventiva debe tenerse en cuenta también la consideración sobre la subsistencia de su necesidad en atención a los fines que llevaron a decretarla".

“...”.

"RESUELVE:"

"...".

"Décimo primero: Declárase EXEQUIBLE el artículo 363 de la Ley 600 de 2000, en relación con lo acusado y de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta providencia".

3.2. Ante esta situación, se hace necesario entrar a estudiar los efectos de esta determinación, sobre la situación concreta y particular del aquí procesado, quien se encuentra cumpliendo pena en otro proceso bajo la figura sustitutiva de la prisión domiciliaria.

Ha sido clara la Corte Constitucional, en delimitar el alcance de la consagración legal de los fines de la detención preventiva a que se refieren los artículos 3º y 355 del C. de P.P.

Quiso el garante de la supremacía de la Constitución Política que el juez, acorde con los nuevos postulados legales, no solamente verifique el cumplimiento de los factores objetivos de que trata cada uno de los tres ordinales del artículo 357 del CPP (monto de la pena, cualificación de algunos comportamientos y vigencia de sentencia condenatoria por delito doloso o preterintencional), sino que establezca, bajo un pronóstico racional, proporcional y, especialmente, motivado, si, en el caso concreto, la detención es o no eficaz, por lo que sí concluye que el procesado comparecerá en cualquier tiempo al proceso, bien sea para la instrucción, el juzgamiento o la ejecución de la pena, preservará la prueba, es decir, no ocultará, destruirá o deformará elementos relevantes para el proceso ni entorpecerá su aducción, y que no colocará en peligro a la comunidad, o sea, no incurrirá nuevamente en actividades delictivas, deberá abstenerse de imponerla o revocar la existente.

Por ello, al evaluar este nuevo orden de cosas frente a la situación del doctor Mario Camacho Prada, nos encontramos con la concurrencia de varios elementos en su favor:

3.2.1. Encontrándose el aquí procesado purgando pena en prisión domiciliaria, tal como se advirtió en precedencia, y conocidas las exigencias de ese sustituto de la pena de prisión y las connotaciones que lleva el incumplimiento de las obligaciones impuestas para acceder a ella, ninguna necesidad hay de mantener la medida de aseguramiento de detención preventiva, por virtud de este proceso.

Además, luego de que se concediera dicho sustituto, no se tiene informes de que las obligaciones se hayan incumplido o que haya tratado de eludir su acatamiento.

Y es que la sentencia condenatoria referida, a pesar de que constituye un antecedente que impone por sí sola la medida de aseguramiento por virtud del factor objetivo contenido en el ordinal tercero del artículo 357 del Código de Procedimiento Penal, no puede tomarse aisladamente, sino que, como se vio, es preciso tener en cuenta los fines buscados con la detención preventiva.

Es más, en la propia sentencia condenatoria vigente se dice "... el desempeño antecedente del acusado en los ámbitos personal familiar, laboral y social permiten inferir fundadamente que no pondrá en peligro la comunidad ni evadirá el cumplimiento de la pena, ...".

3.2.2. Se trata de una persona que ha desempeñado altos cargos a nivel departamental (secretario del concejo de Bucaramanga, diputado a la asamblea de Santander y gobernador), además de haber sido designado como embajador de Colombia en un país centroamericano abogado de profesión, con vínculos y arraigo familiar en el departamento de Santander que, en principio, llevan a la conclusión de que no eludirá sus compromisos procesales y penales.

3.3. Con estos elementos de juicio, estima la Sala que la medida de aseguramiento, por el momento, no cumpliría los fines propuestos por el legislador, lo que la torna en ineficaz e innecesaria.

Por ello, acorde con el artículo 354 del C. de P.P., el procesado deberá suscribir diligencia de compromiso en la que se obligue a comparecer ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cuando así se lo requiera por virtud del presente proceso, con la advertencia de que su incumplimiento acarreará la imposición de la detención preventiva.

Para la suscripción de la correspondiente diligencia de compromiso comisiónase al Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga.

4. Por último, como quiera que dentro del expediente se encuentra solicitud del procesado (folio 244 del cuaderno número 3), en el sentido de que se le reintegre la caución que como medida de aseguramiento otorgó, por ser procedente, al haber desaparecido los motivos de su existencia, se accederá a ello y se ordenará a la entidad bancaria correspondiente su devolución.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Negar, por improcedente, la libertad solicitada por la defensora de Mario Camacho Prada.

2. Revocar la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta al doctor Mario Camacho Prada.

Para la suscripción de la correspondiente diligencia de compromiso a la que se hizo referencia, comisiónase al Presidente de la Sala Penal del Tribunal de Bucaramanga.

3. Ordenar la devolución al procesado de la caución prestada, en los términos señalados en la parte motiva.

Notifíquese y cúmplase.

__________________________________________