Auto 18604 de octubre 12 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO ESTATAL

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

EXTRACTOS: «a) Mediante escrito presentado el día 16 de diciembre de 1999 ante el tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Distrito Capital de Santafé de Bogotá (secretaría de obras públicas) demandó en ejercicio de la acción ejecutiva el pago de la suma de $ 114.529.624.80 representados en la Resolución 76 expedida el día 12 de febrero de 1999 por la entidad demandante, mediante la cual se ordenó hacer efectiva la póliza de garantía expedida por la compañía de seguros demandada (fls. 26 a 29).

b) El tribunal, mediante auto proferido el día 27 de enero del año en curso, libró el mandamiento solicitando junto con los intereses moratorios en la suma reclamada, a partir del día 11 de mayo de 1999, a la tasa del 12 anual, por cuanto el contrato que dio origen a la garantía se celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993 (fl. 1 a 4).

c) Notificada la compañía demandada, interpuso contra ese proveído recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación (fls. 6 y 7).

(...).

III. Consideraciones:

Corresponde a la Sala en virtud de la competencia funcional y material que le atribuye la ley (CCA, 129 , CPC, art. 505, inc. 3º), pronunciarse para decidir sobre el recurso de apelación dirigido contra auto interlocutorio en asunto de dos instancias, dictado por el tribunal de Cundinamarca, mediante el cual se libró mandamiento de pago.

(...).

a) Cuestión previa.

Como el mandamiento que pago recurrido por el asegurador ejecutado tiene que ver con una “acreencia” del Distrito de Bogotá contenida en un acto administrativo que reconoció la existencia del siniestro “de estabilidad de la obra”, la Sala examinará si tiene o no jurisdicción sobre la ejecución pedida.

Recientemente el Consejo de Estado, Sección Tercera en sentencia dictada el día 24 de agosto de 2000(1) declaró la nulidad del artículo 19 Decreto Reglamentario 679 de 1994, cuyo texto es el siguiente:

(1) Proceso Nº 11.318. Actor: Hernándo Pinzón Ávila.

“De la ejecución de la garantía única. Cuando no se paguen voluntariamente las garantías únicas continuarán haciéndose efectivas a través de la jurisdicción coactiva con sujeción a las disposiciones legales”.

Dicha disposición fue anulada porque la Sala encontró que el Gobierno Nacional rebasó los límites de la potestad reglamentaria, fijados en la constitución y en la ley.

La constitución dispone que el corresponde al presidente de la República como jefe del Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa “ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes” (art. 189, num. 11).

La Ley 80 de 1993, artículo 75, prevé que “(...) el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el juez de la jurisdicción contencioso administrativa”(2).

(2) Así lo ha sostenido la jurisprudencia uniformemente, desde el día 22 de noviembre de 1994, en auto dictado dentro del expediente S-414 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

En la sentencia referida se concluyó el desbordamiento de la potestad reglamentaria por parte del artículo 19 del Decreto 679 de 1994, porque atribuyó competencias a las entidades estatales para conocer en jurisdicción coactiva y porque señaló los procedimientos para la tramitación de esas actuaciones, la sentencia indicó, de acuerdo con la constitución y la ley, que aquellas materias están reservadas exclusivamente al legislador y por lo tanto el gobierno no tenía competencia material en esos aspectos.

Ahora, entrando en materia sobre la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene jurisdicción para ejecutar acreencias en favor de la administración, representarla en el acto administrativo que reconoció la existencia del siniestro de estabilidad de obra, cabe hacer algunas anotaciones porque en este caso, de un lado el acreedor es la administración no en calidad de tomador del seguro sino de beneficiario y, de otro lado, el ejecutado es el asegurador.

1. Por regla general, el contrato de seguro que celebra el contratista de la administración con un tercero para garantizar sus obligaciones indemnizaciones por incumplimiento del contrato estatal, no es estatal.

Y en principio no lo es porque en dicho contrato son partes el contratista de la administración y el asegurador. Sólo, excepcionalmente es estatal, por las partes que lo celebren, cuando el tomador o el asegurador, o uno de estos o los dos, es o son entidad pública de alguna de las indicadas en la Ley 80 de 1993.

El seguro, enseña el Código de Comercio, es un contrato consensual, bilateral, oneroso aleatorio y de ejecución sucesiva (art. 1036, modificado L. 389/97, art 1º).

El objeto de dicho contrato es asegurar un riesgo.

El riesgo está definido legalmente como “el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgo y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento” (art. 1054 ibídem).

Como puede observarse el contrato de seguro crea obligaciones condicionales; este tipo de obligaciones se caracterizan porque penden de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no.

Las obligaciones en el contrato de seguro respecto del asegurador se originan, se repite, con la realización del riesgo asegurado, es decir cuando se da la condición del aseguramiento (art. 1054 ibídem).

2. La Ley 80 de 1993 y el Decreto Reglamentario 679 de 1994, prevén:

a) La Ley 80 que “el contratista prestará garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado” (art. 25, num.19, inc. 1º).

La misma ley y se reglamentario exigen como uno de los presupuestos para la ejecución del contrato estatal que la administración le imparta aprobación a la garantía allegada por su contratista (inc. 1º, art. 41 ibídem y arts. 17 y 18 del D.R. 679/94).

b) Igualmente el estatuto de la contratación pública prevé que “para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos o accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato” (último inc. art. 60).

Por su parte, el decreto reglamentario señala: cómo debe proceder la administración para evaluar la suficiencia de las garantías, de acuerdo con las distintas clases de obligaciones amparadas, los riesgos que se pueden incluir en el contrato de seguro para ser amparados, las reglas que se deben tener en cuenta para evaluar la suficiencia de las garantías, la vigencia de los amparos de estabilidad según el caso; la determinación por parte de la entidad sobre el término del amparo de estabilidad, según la naturaleza del contrato, la carga del contratista en reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestros y la aprobación de la garantía única (arts. 17 y 18).

3. El tomador del mencionado contrato de seguro, que desde otro punto de vista es el contratista de la administración, es quien traslada los riesgos al asegurador para indemnizar, hasta el monto asegurado, si se presentan en el futuro siniestros imputables a él, por su incumplimiento en el contrato celebrado con la administración.

El asegurador, por su parte, es la persona jurídica que asume los riesgos para lo cual debe estar debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos (C. Co, art. 1037); la obligación de aseguramiento del asegurador sólo se origina cuando acaece el riesgo asegurado (art. 10.54 ibídem).

De lo anterior se infiere, entonces, que una es la época en que nace el contrato de seguro, que crea obligaciones, y otra es la época cuando aparece o se origina la obligación de indemnización por parte del asegurador (arts. 1036 y 1054 ibídem).

Esas situaciones relativas al traslado de ciertos riesgos al asegurador, hasta el monto asegurado, que hace el tomador (contratista de la administración); la asunción de esos riesgos por el asegurador y la aprobación administrativa de esa garantía, están autorizadas y reguladas por la ley.

En efecto, la Ley 80 de 1993:

• Autoriza, para los efectos referidos, que el contratista de la administración prestará garantía única, es decir que deberá trasladar los riesgos antes indicados a un tercero (inc. 1º, num. 19, art. 25).

• Exige que la garantía única prestada por el contratista deba ser aprobada por la administración contratante (inc. 1º, art. 41 ibídem y D.R. 679/94 arts. 17 y 18).

Por tanto cuando la administración aprueba la garantía prestada por su contratista significa que cuando en el futuro acaezca el riesgo asegurado y ella reconozca en acto administrativo la existencia del siniestro podrá exigir al asegurador, quien asumió los riesgos trasladados por el contratista de la administración, la indemnización hasta el monto asegurado.

Hasta aquí se ha precisado.

• Que el contrato de seguros que crea obligaciones, nace desde la celebración del mismo.

• Que las obligaciones de aseguramiento del asegurador se originan cuando acaece el riesgo asegurado.

Otro punto a estudiar es el concerniente a cuando nace la obligación de indemnizar por aparte del asegurador. Es decir: ¿A partir de cuándo es exigible por la administración al asegurador el pago de la acreencia?

Cuando el beneficiario del contrato de seguros es la administración, la obligación de indemnizar por parte del asegurador se hará exigible sólo cuando el acto administrativo constitutivo que reconozca la exigencia del siniestro, el cual concreta una obligación clara y expresa, esté en firme.

En efecto; el Código Contencioso Administrativo enseña lo siguiente sobre el carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos:

“ART. 64.—Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados”.

Ese acto administrativo es la manifestación jurídica de reconocimiento del acaecimiento del riesgo asegurado (hecho).

Por lo tanto, cuando el Estado reconoce, en acto administrativo, la existencia del siniestro de estabilidad de obra o de otros de carácter contractual en contra del asegurador puede concluirse que el crédito a favor de la administración sí tiene fuente en el contrato estatal, pues, de una parte, el siniestro que debe indemnizar el asegurador es el reconocimiento por la administración y de otra, la causa del acaecimiento del riesgo asegurado no es nada menos que el incumplimiento del contratista estatal.

Además en apoyo de lo anterior puede recurrirse al Código de Comercio el cual califica como víctima al beneficiario del contrato de seguro de responsabilidad. Por lo tanto si la responsabilidad del asegurador proviene de que acaeció el riesgo asegurado por el tomador, es decir el incumplimiento contractual del contratista de la administración, se colige también que el reconocimiento del siniestro en acto administrativo que manifiesta una obligación clara expresa contra el asegurador, cuando esté en firme (exigibilidad), conformará con otros documentos una acreencia derivada de un contrato estatal. Esos documentos son; el contrato estatal y la garantía.

El Código de Comercio enseña:

“ART. 1.127.—Modificado L. 45/90, art. 84. El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicios de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado.

Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con restricción indicada en el artículo 1.055.

ART. 1.133—Modificado L. 45/90. art. 87. En el seguro de responsabilidad civil los damnificados tienen acción directa contra el asegurador. Para acreditar su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077 la víctima en ejercicio de la acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del asegurador”.

A continuación se examinará si la ejecución pedida corresponde a esta jurisdicción.

b) Jurisdicción para la ejecución:

Para determinar si ante esta jurisdicción puede la administración ejecutar el crédito contenido en el acto administrativo que reconoció la existencia del siniestro, es necesario que la póliza que se hizo efectiva por Bogotá garantice un contrato estatal de los asignados por la ley al conocimiento esta jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Como es este caso el siniestro de estabilidad de la obra está referido a un “contrato de prestación de servicio para la recuperación y mantenimiento de la carrera 28 (...)” y que fue celebrado por el Distrito Capital de Bogotá, es claro que sí hay jurisdicción para conocer de la ejecución que se pretende.

La Ley 80 de 1993, estatuto de la contratación administrativa prevé:

• Como entidad estatal a los distritos especiales (art 1º, lit. a), dentro de los cuales se encuentran en la Constitución al de Bogotá (art. 322) y

• Como contrato estatal el de obra pública (art. 32, num. 1º).

(Auto de octubre 12 de 2000. Expediente 18.604. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez).

SALVAMENTO DE VOTO

Respetuosamente manifestó a la Sala que me separo de la decisión mayoritaria pues, en mi opinión, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es competente para conocer el proceso de la referencia, razón por la cual debió declararse la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 27 de enero de 2000, por el cual se libró el mandamiento de pago, y ordenársele al tribunal remitir el expediente a la jurisdicción ordinaria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 143 Código Contencioso Administrativo. Lo anterior por las siguientes razones:

En la providencia de la cual me separo, se expresa que si bien el contrato de seguros “que crea obligaciones” nace desde su celebración, “las obligaciones de aseguramiento del asegurador se originan cuando acaece el riesgo asegurado”, y la obligación de indemnizar por parte del asegurador sólo se hace exigible “cuando el acto administrativo constitutivo que reconozca la existencia del siniestro... esté en firme”. De ello se deduce que:

“...Cuando el Estado reconoce, en acto administrativo la existencia del siniestro de estabilidad de obra o de otros de carácter contractual en contra del asegurador puede concluirse que el crédito a favor de la administración sí tiene fuente en el contrato estatal, pues, de una parte, el siniestro que debe indemnizar el asegurador es el reconocido por la administración y, de otra, la causa del acaecimiento del riesgo asegurado no es nada menos que el incumplimiento de contratista estatal”.

Conforme a lo anterior, se concluye que la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato de seguro que garantiza el cumplimiento de un contrato estatal por parte del contratista es competencia de esta jurisdicción.

En mi opinión, el contrato se seguro suscrito por el contratista para garantizar el cumplimiento de su obligaciones contractuales no es un contrato estatal, y por consiguiente tratándose de su ejecución, no resulta aplicable la previsión contenida en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. En efecto, del texto de dicha disposición se deduce, sin ninguna duda, que las controversias cuyo conocimiento se atribuye a la jurisdicción de lo contencioso administrativo son exclusivamente aquéllas derivadas de los contratos estatales y de los procesos relativos a la ejecución o al cumplimiento de los mismos, de manera que la norma citada será inaplicable cuando se trate de cualquier controversia derivada de un contrato de diferente naturaleza, aunque en ella intervenga o participe, directa o indirectamente, una entidad estatal.

El contrato estatal, según lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se define como el acto jurídico generador de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere ese estatuto, esto es, en principio, aquéllas que aparecen enlistadas en el artículo 2º del mismo. Así las cosas, es claro que no existen contratos estatales celebrados entre particulares, ni siquiera cuando éstos han sido habilitados legalmente para ejercer funciones públicas.

Ahora bien, en el contrato de seguro, según lo prescribe el artículo 1037 del Código de Comercio, son partes:

“1. El asegurador, o sea la persona jurídica que asume los riesgos debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos, y

2. El tomador, o sea la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos”.

Se advierte, entonces que el beneficiario no es parte en el contrato de seguro, salvo cuando se confunde con el tomador cosa que no ocurre en los casos mencionados, en los que el tomador es siempre el contratista, y el beneficiario la entidad estatal respectiva, lo que permite concluir, sin lugar a dudas, que el contrato de seguro sólo tendrá carácter estatal cuando el asegurador o el tomador sea una entidad estatal, en los demás casos, estaremos ante un contrato de derecho privado y la competencia para conocer las controversias que se surjan del mismo será de la jurisdicción ordinaria(1).

(1) Mediante sentencia del 24 de agosto de 2000, esta Sala declaró nulo el artículo 19 del Decreto Reglamentario 679 de 1994, según el cual “cuando no se paguen voluntariamente las garantías únicas, continuarán haciéndose efectivas a través de la jurisdicción coactiva, con sujeción a las disposiciones legales”, decisión de la cual me aparte igualmente con fundamento en consideraciones similares a las expuestas en este salvamento de voto.

Debo anotar que la materia era regulada de manera distinta en el Decreto 222 de 1983, cuyo artículo 70 disponía que: “Los respectivos contratos de garantía forman parte integrante de aquél que se garantiza”. Durante su vigencia, entonces, era obvio que se entendiera que el contrato de seguro era un contrato accesorio, de naturaleza idéntica a la del principal cuyo cumplimiento garantizaba; dicho de otro modo, el contrato de seguro que garantizaba el cumplimiento de un contrato administrativo tenía, él mismo carácter administrativo. Así lo sostuvo siempre la jurisprudencia de esta Sala.

A raíz de la expedición de la Ley 80, la situación cambió; el contrato de seguro no forma parte de aquél cuyo cumplimiento garantiza, aunque éste sea su fuente. Se trata de un contrato autónomo, cuya naturaleza, estatal o privada, dependerá exclusivamente de que una entidad estatal sea o no parte en el mismo.

Esta es, a mi juicio la única interpretación posible a la luz de las disposiciones legales vigentes, a las cuales debe atenerse el juzgador conforme a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

Atentamente,

Alier E. Hernández Enriquez 

Diciembre 4 de 2000.

SALVAMENTO DE VOTO

Tal como lo sostuve frente a la sentencia del 24 de agosto de 2000 proferida en el expediente 11318, actor: Hernando Pinzón Ávila, la jurisdicción ordinaria es la competente para conocer de los procesos ejecutivos derivados de los contratos de garantía exigidos por la Ley 80 de 1993.

1. El artículo 75 de la Ley 80 de 1993, que la sentencia de la cual me separo dice fue contrariado por la norma reglamentaria que se anula, establece que

“Del juez competente. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conoce de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativo” (se subraya).

La pregunta que cabe formular por lo tanto, es la siguiente; ¿cuál es la naturaleza jurídica del contrato de seguro que el contratista está obligado a suscribir, para garantizar las obligaciones surgidas del contrato estatal?

En los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos estatales los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades estatales a que se refiere dicho estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivadas del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que a título enunciativo allí se definen.

Si de acuerdo con el artículo 1037 del Código de Comercio las partes en el contrato de seguro lo son el asegurado (persona jurídica que asume los riesgos) y el tomador (persona que por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos), debe concluirse indefectiblemente que el contrato de seguro que el contratista particular suscribe para garantizar las obligaciones derivadas de un contrato estatal, nunca podría tener esta misma naturaleza.

Repárese como aún en el evento de que ese contrato de seguro se suscriba con una entidad estatal (empresa industrial y comercial del Estado o sociedad de economía mixta), por expresa disposición del parágrafo primero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no está sujeto a las disposiciones de ese estatuto, dentro de las cuales se encuentra justamente la relativa al juez competente que define el artículo 75 cuyo alcance es el punto central de la controversia en este asunto.

Dicho de otra manera, no obstante que en ese caso se trataría de un contrato estatal de seguro, éste se rige por las previsiones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades y las controversias derivadas del mismo serán del conocimiento del juez ordinario.

De ahí que no sea adecuado afirmar como se hace en la sentencia de la cual me separo, que pro ser de orden público la cláusula de garantía del contrato estatal, puesto que su finalidad es de protección del patrimonio público y la administración no puede renunciar a ella”, por una especie de transubstanciación jurídica el contrato de seguro tenga la misma naturaleza del contrato asegurado.

II. La Sala Plena de lo contencioso administrativo de esta corporación, en auto del 22 de noviembre de 1994 (Exp. S-414) al definir el alcance del artículo 75 de la Ley 80 de 1993 señaló:

“...de la norma transcrita claramente se infiere que la Ley 80 le adscribió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competencia para conocer de las controversias contractuales derivadas de todos los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento entendiéndose que se trata en este último caso de proceso de ejecución respecto de la obligaciones ya definidas por voluntad de las partes o por decisión judicial. Observa que la Ley 80 de 1993 aplica un principio según el cual el juez de la acción debe ser el mismo juez de la ejecución, recogiendo lo que ha sido la tendencia dominante en el derecho moderno, de trasladar asuntos que eran del resorte de la jurisdicción ordinaria por razón de la materia, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, buscando criterios de continuidad y unidad en el juez, posición que si bien es compartida por todos los jueces, sí es una tendencia legislativa...” (se subraya).

Con el criterio adoptado por la mayoría en la decisión que no comparto, habrá que llegar a la conclusión de que por ser contrato estatal el contrato de seguro suscrito para garantizar las obligaciones que adquiere el contratista frente a la administración en un contrato de esa naturaleza, cualquier controversia y no sólo las relativas a su ejecución, como lo sería la relativa al pago de la prima, será de conocimiento de esta jurisdicción y a ello creo que nunca se prensó llegar.

Al respecto cabe citar la exposición de motivos del proyecto de ley que luego se convirtió en la Ley 80 de 1993, presentada por el ministro de obras públicas, en relación con el alcance del artículo 75 del mencionado estatuto:

“La competencia que al respecto se le confiere a la jurisdicción de lo contencioso administrativo se encuentra de acuerdo con la consagración que el proyecto dispone de la única categoría contractual: la de los contratos estatales. Con ello además de mantener la uniformidad que lo inspira, evitará discusiones que hoy se suscitan en torno a una distinción artificiosa que la jurisprudencia y la doctrina foránea produjeron y que fue recogida y desarrollada entre nosotros, en torno a las dos categorías contractuales para defender una doble jurisdicción, pero que en realidad de verdad tal distinción no es consecuencia de posturas sustanciales que la justifiquen, sino por el contrario obedece a cuestiones de índole procesal o adjetiva” (se subraya).

III. Con las tesis mayoritarias de la Sala, se revive el artículo 70 del Decreto-Ley 222 de 1983, anterior estatuto contractual, en cuanto señalaba que “los respectivos contratos de garantías forman parte integrante de aquél que garantiza”. Sin embargo en la motivación de manera contradictoria se afirma que “esta disposición fue derogada con la entrada en vigencia de la Ley 80, por lo tanto no existe un respaldo positivo que asegure dicho carácter”.

Paradójicamente, esa disposición del Decreto-Ley 222 de 1983 fue tomada en forma literal del artículo 58, inciso 2º del Decreto-Ley 150 de 1976, que la estableció como una forma de abrirle paso al cobro por jurisdicción coactiva de las obligaciones surgidas del contrato de seguros suscrito para garantizar un contrato administrativo, en tanto los artículos 52 y 193 del último estatuto señalaban que la resolución de caducidad y el acta final de liquidación del contrato, prestaban mérito ejecutivo ante la jurisdicción coactiva contra el contratista y su garante, normas éstas que fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 11 de diciembre de 1977, por haber excedido las facultades legislativas que fueron conferidas por el congreso.

Para remediar estas incongruencias, el Código Contencioso Administrativo (D.L. 01/84) en el artículo 68 estableció:

“Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, los siguientes documentos:

4. Los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor de entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso.

5. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación”.

En síntesis, considero que la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa se limita al conocimiento de las controversias y los procesos de ejecución derivados de los contratos estatales tal como fue precisado por la Sala Plena de la corporación en la providencia que se citó antes. En la medida en que el contrato de seguro suscrito para garantizar las obligaciones surgidas de un contrato estatal no tiene esa naturaleza, los procesos de ejecución derivados del mismo deben tramitarse por jurisdicción coactiva, toda vez que el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 no tuvo la virtualidad de derogar el artículo 68 incisos 4º y 5º del Código Contencioso Administrativo.

Ricardo Hoyos Duque.

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