Auto 18837 de junio 10 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Bogotá D.C., diez de junio de dos mil quince.

En escrito presentado en la Relatoría de la Sala de Casación Penal, remitido al Presidente de la misma, LCMS solicita “quitar o borrar el link” del sistema de consulta vía internet de esta Corporación que permite, al escribir su nombre en motores de búsqueda (como Google), tener acceso al texto integral de una providencia que contiene información acerca de una condena penal de la que fue objeto y que en la actualidad ya fue cumplida.

Sustenta tal pretensión en que según la Corte Constitucional “las sanciones o informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia después de algún tiempo tales personas son titulares de un verdadero derecho al olvido”, y dado que la información concerniente al proceso en el que estuvo vinculada “perdió vigencia” como “antecedentes penales” al “haber cumplido la condena que le fue impuesta”, mientras la misma se halle disponible a través del aludido canal de divulgación su “derecho al olvido” y la prohibición superior de “sanciones de carácter perpetuo” son permanentemente vulneradas.

Agrega, por otra parte, que las garantías fundamentales de su hijo también resultan afectadas, porque en la decisión aludida se explica que la conducta penal reprochada ocurrió debido a que dos días antes se enteró que la víctima de la misma “abusó sexualmente en forma repetida de su primogénito de 8 años de edad”.

Frente a tal petición la Sala responde lo siguiente:

1. Constata que en efecto en esta Corporación cursó el trámite del recurso extraordinario de casación bajo la radicación 18837, dentro del cual el 27 de septiembre de 2002 emitió auto por cuyo medio inadmitió la respectiva demanda presentada por el defensor de la citada ciudadana contra la sentencia que en segunda instancia revocó la de primer grado, y en su lugar la condenó a un año de prisión como coautora de secuestro simple agravado, y a la vez atenuado por estado de ira e intenso dolor, según hechos acaecidos el 23 de mayo de 1997 (...)

En relación con la misma actuación, un año después, el 23 de septiembre de 2003, la Sala no accedió a reponer el pronunciamiento atrás aludido, según solicitud que en tal sentido elevó el sujeto procesal impugnante (…)

2. Ahora bien, la memorialista no se queja de que la información contenida en las providencias de marras sea inexacta o equivocada, y por tanto acepta que lo expuesto en tales decisiones, en estricto rigor, guarda absoluta fidelidad con los hechos debatidos en el respectivo proceso penal, y con la calificación jurídica que al interior del mismo se le dio a la conducta punible por la que fue sentenciada con carácter definitivo.

De acuerdo con la anterior precisión resulta indiscutible que al ejecutar la peticionaria acciones lesivas del orden jurídico penal, facultó a las respectivas autoridades para investigar y juzgar su comportamiento y, al mismo tiempo, habilitó la posibilidad de que las providencias adoptadas en desarrollo de esa actuación, entre ellas la que inadmitió la demanda de casación, en su construcción o redacción(1), hicieran uso de los datos personales necesarios, de una parte, para la ubicación espacial, modal y temporal del suceso delictivo, y de otra, para la identificación e individualización inequívoca del sujeto activo de tal conducta, de los cuales hacen parte, por supuesto, sus nombres y apellidos.

Desde esa perspectiva, como los pronunciamientos jurisdiccionales (autos y sentencia) son los actos materiales en los que por excelencia se manifiesta en forma tangible la función pública de administrar justicia confiada a la Rama Judicial, respecto de tal actividad es predicable la obligación superior expresada en el artículo 74 de la Constitución Política de Colombia, según la cual “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley” (negrillas ajeno al texto).

Sin embargo, por mandato del mismo precepto (lo resaltado), ello no quiere decir que la información necesaria para la acertada construcción del respectivo pronunciamiento, como documento público que es, se halle por encima de las disposiciones y decisiones que en la actualidad, con el fin de preservar los derechos fundamentales derivados del artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, reglamentan el acopio o tratamiento de datos personales en bancos o bases de datos.

De hecho hay que destacar que en armonía con la norma Constitucional atrás invocada el Estatuto Orgánico de la Administración de Justicia (L.270/1996, modificada por la L.1285/ 2009), en el inciso tercero de su artículo 64 consagra la obligación de comunicación y divulgación de las providencias en firme emitidas por las autoridades jurisdiccionales, en los siguientes términos:

“Las decisiones en firme podrán ser consultadas en las oficinas abiertas al público que existan en cada corporación para tal efecto o en las secretarías de los demás despachos judiciales, salvo que exista reserva legal sobre ellas. Toda persona tiene derecho a acceder a los archivos que contengan las providencias judiciales y a obtener copia, fotocopia o reproducción exacta por cualquier medio técnico adecuado, las cuales deberán expedirse, a costa del interesado.”

No obstante, originalmente el citado inciso no tenía esa redacción sino otra con una expresión que por los riesgos que la misma comportaba a otras garantías fundamentales fue declarada inexequibles por la Corte Constitucional.

El inciso era del siguiente tenor:

“Las decisiones en firme podrán ser consultadas en las oficinas abiertas al público que existan en cada corporación para tal efecto o en las secretarías de los demás despachos judiciales, salvo que exista reserva legal sobre ellas. Toda persona tiene derecho a acceder a los archivos y bases de datos que contengan las providencias judiciales y a obtener copia, fotocopia o reproducción exacta por cualquier medio técnico adecuado, las cuales deberán expedirse a costa del interesado”

El aparte tachado y en negrilla fue retirado del ordenamiento por la autoridad competente con base en las siguientes razones:

“El inciso tercero plantea la viabilidad de que el público pueda, de acuerdo con los artículos 74 y 228 de la Carta Política, consultar los archivos y bases de datos que contengan las providencias judiciales, así como obtener copia de esos documentos. Esta Corporación encuentra que dicha posibilidad, en lo que se relaciona con las bases de datos de juzgados y corporaciones judiciales, se erige en una prerrogativa desproporcionada que atenta contra la protección de la reserva a la información de que trata el artículo 74, y por ende también contra los principios mínimos de la seguridad jurídica. Adicionalmente, dicha facultad implicaría desconocer la atribución de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura —en lo que se refiere a los demás despachos judiciales—, de contemplar en sus respectivos reglamentos internos lo concerniente a los requisitos y procedimientos necesarios para que el público pueda acceder en forma ordenada y confiable a la correspondiente información judicial. De ahí que en la parte resolutiva de esta providencia, habrá de señalarse que el respectivo reglamento interno se ocupará de definir lo concerniente a la obtención y suministro de copias de las providencias y demás documentos judiciales”(2) (subrayado y negrilla ajeno al texto).

3. Lo antes señalado lleva a puntualizar que desde cuando se institucionalizó el recurso extraordinario de casación en Colombia, mediante la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896, la Corte Suprema de Justicia cuenta con una dependencia denominada “Relatoría”, a cargo del, valga la redundancia, Relator, funcionario al que desde entonces se le atribuyó la “…edición de la Gaceta Judicial, la formación del índice alfabético de ella, la formación y publicación anual de las doctrinas sentadas por la Corte en las decisiones que pronuncie en todos los asuntos de su incumbencia”(3) (negrillas ajeno al texto).

En relación con el mismo agente estatal, el Decreto 052 de 1987, reiteró que sus funciones consisten en “Clasificar, titular y extractar las providencias de la Corporación; preparar las publicaciones y los extractos de jurisprudencia y elaborar los índices de las providencias(4) (negrillas ajeno al texto).

Y ésta Corporación, en cumplimiento de lo normado en el artículo 13, numeral 4, de su Reglamento General (Acuerdo 006 de 2002), emitió el “Manual de Funciones” de los cargos adscritos a sus diferentes dependencias mediante el Acuerdo 0041 de 1 de diciembre de 2003, catálogo en el que respecto de los Relatores de sus distintas Salas de decisión señaló, entre otras, las siguientes funciones:

“De conformidad con las políticas y criterios de la Corte Suprema de Justicia son funciones del cargo de Relator Nominado:

1. Titular y extractar las providencias de la Sala.

2. Ingresar al sistema los títulos y extractos de las diferentes providencias proferidas por la Sala.

3. Analizar y clasificar las providencias de la Sala para ser publicadas.

4. Elaborar los índices temáticos de jurisprudencia trimestral.

5. Coordinar la edición, entrega y revisión final del material, tanto para la Gaceta Judicial como para los diferentes medios de divulgación de la jurisprudencia.

6. …

10. Velar por la confidencialidad y seguridad de la información que con ocasión de sus funciones conozca”(5) (negrillas ajeno al texto).

En conclusión, según la anterior reseña normativa los órganos de difusión y publicidad de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia son las Relatorías de las correspondientes Salas (Penal, Laboral, Civil/Agraria, y de Tutelas), y los funcionarios que las dirigen (relatores), como cualquier otro servidor público, están obligados a la cabal observancia del ordenamiento jurídico (Constitución Política, artículo 6).

A esta altura del discernimiento es menester aclarar dos conceptos sustancialmente ligados al desarrollo del mismo, a saber: dato personal y base de datos.

Por dato personal debe entenderse la información que permite identificar o que hace identificable a una persona (natural). Esa clase de información puede consistir, entre otras subdivisiones, en datos de identificación (nombres, apellidos, fecha de nacimiento, documento de identidad, nacionalidad, estado civil, etc.), datos laborales (ocupación, empleador, historial de empresas, nomina, etc.), datos ideológicos (creencias religiosas, filiación política, agremiación sindical, etc.), características personales (una fotografía, tipo de sangre, huella digital, color de piel, ojos, cabello, discapacidades, etc.) o vida y hábitos (origen étnico y racial, orientación sexual, deportes practicados, etc.)(6).

A su turno, en pocas palabras y de manera sencilla, una base de datos es un archivo o compendio de una gran cantidad de información organizada e interrelacionada de forma tal que permita ser encontrada y reutilizada. “Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos”. Entre otras, la principales características de los sistemas de bases de datos son: independencia lógica y física de los datos, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, acceso a través de lenguajes de programación estándar(7).

Los anteriores conceptos no son ajenos a nuestro derecho interno, ya que en la Ley Estatutaria 1581 de 2012(8), mediante la cual se desarrollan los derechos fundamentales, libertades y demás garantías inmanentes a los mandatos expresados en los artículos 15 y 20 de la Constitución Política, los mimos están expresamente definidos allí (artículo 3º, literal c):

“Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables”.

En relación con el dato personal la Corte Constitucional, al ocuparse de la revisión previa de la citada Ley Estatutaria puntualizó que:

“La jurisprudencia constitucional ha precisado que las características de los datos personales —en oposición a los impersonales(9)— son las siguientes: i) estar referido a aspectos exclusivos y propios de una persona natural, ii) permitir identificar a la persona, en mayor o menor medida, gracias a la visión de conjunto que se logre con el mismo y con otros datos; iii) su propiedad reside exclusivamente en el titular del mismo, situación que no se altera por su obtención por parte de un tercero de manera lícita o ilícita, y iv) su tratamiento está sometido a reglas especiales (principios) en lo relativo a su captación, administración y divulgación(10)(11).

Por su parte el mismo compendio normativo (Ley 1581 de 2012, artículo 3º, literal b) define el concepto de base de datos como:

“Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento”

Y en relación con esa definición, la Corte Constitucional al atender las observaciones hechas por uno de los intervinientes en el juicio previo de exequibilidad, señaló lo siguiente:

“Para la Sala, la preocupación del ciudadano es muy importante, pues ciertamente los archivos contienen datos personales susceptibles de ser tratados y, por tanto, que requieren medidas de protección; sin embargo, la Sala observa que los archivos sí hacen parte del ámbito de aplicación de la ley, por las siguientes razones:

”El artículo 3 del proyecto define las base de datos de una manera muy amplia como el ‘[c]onjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento’. El tratamiento, por su parte, es definido como ‘[c]cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión’.

”El proyecto no contiene una definición de archivo; sin embargo, éste es definido por la Real Academia de la Lengua como el ‘[c]onjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una institución, etc., producen en el ejercicio de sus funciones o actividades’ o como el ‘[l]ugar donde se custodian uno o varios archivos.’ Los archivos también son definidos por la Ley 594 de 2000 ‘por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones’, como el ‘[c]onjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia (…)’ (artículo 3). Finalmente, los archivos también han sido conceptualizados por esta Corporación así: ‘(…) un conjunto orgánico de documentos, unidos por un vínculo originario o de procedencia, que sirven para recuperar con agilidad y en tiempo oportuno toda la información almacenada por una oficina o institución en el curso de su actividad’(12).

”De acuerdo con estas definiciones, los archivos —para efectos exclusivamente del proyecto—, en tanto son (i) depósitos ordenados de datos, incluidos datos personales, y (ii) suponen, como mínimo, que los datos han sido recolectados, almacenados y, eventualmente, usados —modalidades de tratamiento—, son una especie de base de datos que contiene datos personales susceptibles de ser tratados y, en consecuencia, serán cobijados por la ley una vez entre en vigencia.

”Esta parece además haber sido la intención del legislador estatutario, toda vez que varios artículos del proyecto se refieren a los archivos (i) como sinónimos de bases de datos o modalidades del mismo género al que pertenecen las bases de datos, y (ii) como ámbitos a los que son aplicables las regulaciones del proyecto”(13).

Pues bien, la Relatoría de la Sala de Casación Penal, en el cumplimiento de sus funciones y finalidad específicas asignadas en la ley y los reglamentos, y en observancia de los mandatos previsto en los artículos 74 y 228 de la Constitución Política, y 64 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuenta, entre otras, con una base de datos que, según el “Manual de Consulta” inserto en la respectiva página electrónica (www.cortesuprema.gov.co), permite al público en general revisar los archivos de jurisprudencia mediante criterios de búsqueda tales como: año, magistrado ponente, número de radicado de la Corte, o mediante una palabra, frase o texto específico que aparezca en la providencia (delito, nombres, apellidos, direcciones, lugares, alias, etc.).

Para complementar lo anterior, en el correspondiente servidor, se carga el texto (en formato pdf y .doc) integro de cada una de las providencias publicadas (lo que constituye otra base de datos), las cuales, según la consulta realizada, puede el usuario leer, o copiar en su totalidad en cualquier dispositivo de almacenamiento electrónico.

Atendiendo lo anterior es imperioso destacar, en primer lugar, que las bases de datos o los archivos que administra la Relatoría de la Sala de Casación Penal, en armonía con las previsiones de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, artículo 4, literal b), tienen una finalidad legítima cual es la comunicación y divulgación de la jurisprudencia(14) de la respectiva Sala, y por lo tanto su objeto no es el de servir como medio de publicidad de los antecedentes penales de los sujetos activos de los distintitos delitos materia de los procesos sometidos a su conocimiento.

Sin embargo, en segundo término, también es necesario resaltar que motores de búsqueda en internet, como Google, Bing, Yahoo, y otros, pueden leer la información con la cual se alimentan las bases de datos que en la actualidad están cargadas en la página electrónica de la Corporación para efectos de divulgar la jurisprudencia de la Sala Penal, y que a través de esos canales, no siempre quien acude a los mismos, lo hace con el sano interés profesional o académico de investigar un determinado tema jurídico, y es por ello que algunas personas, como la aquí memorialista, entienden que el acceso irrestricto e indiscriminado a través del nombre, a la situación fáctica y procesal consignada en una providencia inherente a los asuntos tratados en la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, puede ocasionarles perjuicio a su intimidad, honra, honor, o habeas data, en general.

4. Frente a tal problemática, constituye entonces un referente de obligatoria consulta por su fuerza vinculante inter pares la Sentencia SU-458 de 21 de junio de 2012, proferida por la Corte Constitucional al resolver la acumulación de trece asuntos de tutela que guardan similitud con la situación planteada por la ciudadana MS.

En el referido fallo, los accionantes (a quienes la Corte Constitucional reservó su identidad), habían sido condenados a penas privativas de la libertad (entre 1994 y 2007) por incurrir en alguna de las hipótesis delictivas previstas en el Código Penal, y con posterioridad una autoridad judicial declaró la extinción de las condenas o la prescripción de la pena.

Pese a lo anterior, y aun cuando los interesados solicitaron a la autoridad entonces competente (DAS) eliminar la anotación consistente en que registraba antecedentes, la cual aparecía en el certificado judicial, el organismo en cuestión no atendió el requerimiento, situación por la que los actores vieron vulnerados, entre otros, “…sus derechos al habeas data, a la intimidad, al buen nombre, a la honra…”.

La Corte Constitucional concluyó que “…la entidad encargada de administrar bases de datos sobre antecedentes penales vulnera el derecho al habeas data de los peticionarios… por un lado, por el desconocimiento de los principios de finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida de la información personal sobre antecedentes penales contenida en bases de datos. Y por otro, por la renuencia de la entidad encargada de la administración de dicha base de datos a suprimir de forma relativa dicha información, a pesar de que mediaba una petición expresa de los demandantes…”.

Los principales fundamentos de la Sentencia SU-458/2012, pueden sintetizarse de la siguiente manera:

a) Los antecedentes penales son datos propios y exclusivos de la persona, ya que permiten identificarla, reconocerla o singularizarla en mayor o menor medida de forma individual con otros datos personales (T-41 de 1992, T-023 de 1993 y T-729 de 2002).

b) Los antecedentes penales tienen el carácter de datos negativos porque permiten asociar circunstancias no queridas, perjudiciales, socialmente reprobadas o simplemente desfavorables con una persona natural. Los antecedentes penales son, por excelencia, el dato negativo, pues mediante los mismos se vincula el nombre de una persona con la ruptura del pacto social, con la defraudación de las expectativas normativas, con la violación de los bienes jurídicos fundamentales (C-185 de 2003).

c) La administración de cualquier base de datos personales, entre ellas las de antecedentes penales, confiere poder informático a quien la controla, o a quien puede tener acceso (autorizado o no) a su contenido, y la existencia de ese poder puede acarrear consecuencias para las garantías de las personas, por lo que el habeas data es la respuesta del constitucionalismo para enfrentar las amenazas que el ejercicio inorgánico (carente de reglamentación) puede suponer para las garantías fundamentales.

d) Pese a la ausencia de una regulación específica para preservar el habeas data en materia de antecedentes penales, con sujeción a la doctrina de la Corte en materia de datos personales (C-1011/2008, C-748/2011, T-729/2002 y C-185/2003), la administración (acopio, procesamiento y divulgación) de antecedentes penales debe sujetarse a los principios de finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida.

e) Pese a que las bases de datos personales en relación con antecedentes penales cumplen diversas funciones debidamente reguladas en el ordenamiento positivo, las cuales responden a los principios atrás señalados (por ejemplo, en materia de existencia de inhabilidades para acceso a la función pública y la contratación con el Estado, la dosimetría penal y concesión de subrogados, en materia de inteligencia y contra inteligencia en la lucha contra organizaciones criminales, así como para control migratorio), tales funciones son útiles en la medida en que atienden una finalidad legítima y no indiscriminada, esto es, siempre que sean utilizadas con el propósito expresamente definido en la ley.

f) La conducta activa u omisiva de facilitar el acceso indiscriminado por parte de terceros a la información acerca de si un determinado individuo tiene antecedentes penales, no encuadra en ninguna de las funciones relacionadas con el uso legítimo, legal y constitucional de esa información personal, de suerte que la administración de la misma, no sometida en forma estricta y precisa a alguna de sus finalidades, tiene como efecto perverso favorecer el ejercicio inorgánico del poder informático al radicarlo en cabeza de cualquier persona con acceso a esta base de datos, y permite que sea empleada para cualquier finalidad, legítima o no.

Y, en cualquier caso, que se haga de una forma no orgánica, sin asidero en el ordenamiento jurídico, acarrea prácticas discriminatorias en el mercado laboral, y obstruye las posibilidades de reinserción de las personas que, cumplida o prescrita la pena, han superado sus problemas con la ley, pues la finalidad de facto que en tales términos termina cumpliendo la información sobre antecedentes penales riñe con los propósitos resocializadores de la pena, y desconoce mandatos legales concretos sobre el punto (L.65/1993, art.162).

g) La accesibilidad indiscriminada de datos personales negativos asociados a antecedentes penales de ninguna manera encuentra sustento en los derechos reconocidos en los artículos 20 y 74 de la Constitución Política, pues, por el contrario, la Corte Constitucional en precedentes que tienen fuerza regulatoria frente al caso en estudio ha concluido que tal acceso inorgánico vulnera el habeas data, como lo sostuvo en las Sentencias C-1066 de 2002 y C-185 de 2003.

En términos generales, la citada Corporación fue enfática en reiterar, con apoyo en las razones consignadas en las citadas decisiones, que “…el carácter público del soporte (providencias judiciales en materia penal) o el carácter público de la base de datos (registros sobre las vicisitudes jurídicas de los bienes inmuebles) no puede tornar la información personal en información que se pueda administrar en una base de datos sin estar sometida a los principios de finalidad, utilidad y caducidad. … Independientemente del carácter público de los soportes (sentencias judiciales ejecutoriadas) la información personal está sometida a los principios de la administración de datos. El carácter público de las sentencias no inhibe la fuerza normativa de las reglas y principios que ordenan jurídicamente el tratamiento de información personal contenida en bases de datos. Por tanto, la Corte afirma que la publicidad indiscriminada de los antecedentes penales no se puede defender bajo la idea de la publicidad de los soportes” (negrillas ajeno al texto).

h) Y concluyó que el derecho inmanente al habeas data de pedir la supresión de información personal negativa, balanceado frente a los fines legales de las bases de datos contentivas de información acerca de antecedentes penales, no es absoluto y no abarca o cobija la pretensión de desaparición total y definitiva de la información sobre antecedentes penales, derivando de tal ejercicio de ponderación una facultad de supresión relativa.

Al trasladar los reseñados discernimientos a la petición que se estudia, lo primero que debe la Sala reiterar es que las bases de datos que administra en la actualidad la Relatoría de la Sala de Casación Penal a través de la página de internet de la Corte Suprema de Justicia no tienen como finalidad o propósito legal el servir a como bases de datos de antecedentes penales, sino que están concebidas para la divulgación de su jurisprudencia; sin embargo, también es verdad que, en la práctica, por los criterios implementados para su utilización y la información con la que son alimentadas esas bases de datos, se acarrea el mismo efecto adverso de ser medio de conocimiento y difusión de los antecedentes penales en forma indiscriminada, pues el nombre de una persona vinculada con un asunto que haya sido tramitado en la Corte (procesado, denunciante, víctima o testigo)(15) puede ser hallado y relacionado con las variables del caso, sin que ello obedezca a un específico interés jurídico en un tema en particular.

Es más, repárese en que, por vía de ejemplo, si frente a cualquiera de las personas accionantes en la Sentencia SU-458 de 2012 su nombre fuese escrito en los motores de búsqueda de internet, en el evento de que su caso hubiese llegado a conocimiento de la Sala de Casación Penal, inmediatamente y de manera indiscriminada se conocerían sus antecedentes, efecto que precisamente buscó contener la reseñada decisión, al ordenar a la autoridad pública encargada de administrar las bases de datos acerca de antecedentes penales, no solamente eliminar del certificado judicial de los actores, ya sea por escrito, por la consulta electrónica o cualquier otra forma posible, la leyenda que permitía conocer la existencia de una condena previa, sino además modificar “…el sistema de consulta en línea de antecedentes judiciales, de manera que toda vez que terceros sin un interés legítimo, al ingresar el número de cédula de cualquier persona, registre o no antecedentes y siempre que no sea requerida por autoridad judicial, aparezca en la pantalla la leyenda: ‘no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales’…”.

5. Ahora bien, en el asunto analizado a instancia de la petición de la ciudadana MS, independientemente de que ella no acreditó el cumplimiento de la sanción impuesta, la prescripción de la misma o, en términos generales, su rehabilitación, y de que tales aspectos no corresponde conocerlos o controlarlos a la Sala Penal con fundamento en precepto legal alguno, la circunstancia que obliga a adoptar una medida semejante o congruente con la del fallo SU-458 de 2012, es que el tratamiento de los datos personales de aquélla (nombres y apellidos) en las bases de datos o archivos correspondientes a las decisiones que emite esta Sala como Órgano de Cierre de la Jurisdicción Penal, no está asociado, o mejor, desbordan su finalidad legítima, pues en la práctica desencadena el inaceptable resultado de “generar sospecha sobre las calidades de la persona”, y por esa vía prohíja o favorece “prácticas de exclusión social y discriminación prohibidas por la Constitución”, como igualmente lo concluyó la Corte Constitucional en los casos analizados en la rememorada sentencia de unificación.

Desde tal perspectiva entiende la Sala Penal que los mandatos de la Ley Estatutaria 1581 de 17 de octubre de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, son vinculantes frente a la actividad que por cuenta de la misma Corporación desarrolla su Relatoría, como perentoriamente lo ordena el artículo 2 del citado compendio normativo, al disponer que “[l]os principios y disposiciones de la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada”, máxime cuando las labores inherentes a la divulgación de la jurisprudencia penal no están comprendidas dentro de las excepciones taxativas consagradas en inciso tercero del precepto invocado.

Tampoco puede pasar inadvertido para la Sala Penal que el 6 de marzo de 2014 se expidió la Ley Estatutaria 1712, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”(16), cuyo objeto, según su artículo 1º, es “regular el derecho de acceso a la a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho, y las excepciones a la publicidad de la información”.

Prevé el citado compendio normativo que el ámbito de aplicación del mismo cobija, entre otras (art. 5º), a “[t]oda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital”. Y define como “Información pública clasificada” (art. 6, lit. c) cuyo acceso puede ser restringido, aquella “que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica, por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias, y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de esta ley” (negrillas ajenas al texto).

A su vez, en armonía con lo anterior, el citado artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 señala lo siguiente:

“Artículo 18. Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Es toda aquella información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un daño a los siguientes derechos:

”a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado (…);

”b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad;

”c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.

”Parágrafo. Estas excepciones tienen una duración ilimitada y no deberán aplicarse cuando la persona natural o jurídica ha consentido en la revelación de sus datos personales o privados o bien cuando es claro que la información fue entregada como parte de aquella información que debe estar bajo el régimen de publicidad aplicable” (negrilla y subrayado ajeno al texto).

Ambos preceptos (arts. 6 y 18) fueron analizados en el juicio previo de exequibilidad ante la Corte Constitucional y declarados ajustados a los mandatos superiores.

Respecto del primeramente aludido señaló la referida Corporación:

“La clasificación de la información en pública, pública clasificada y pública reservada, recoge una categorización tradicionalmente empleada para delimitar el derecho a la información pública.

”Dado el margen de configuración con que cuenta el legislador en esta materia, es compatible con la Carta la opción tomada por el legislador. Si bien pudo haber escogido otra categorización con el fin de determinar frente a qué tipo de información o documentos pueden establecerse restricciones al derecho de acceso de información pública, la terminología elegida no se opone a nuestro ordenamiento, y de hecho es compatible con el lenguaje empleado en otras leyes estatutarias sobre el derecho al habeas data.

”Así por ejemplo, cuando reguló el derecho al hábeas data y la protección de los datos personales, el legislador estatutario optó por una terminología distinta, pero armónica con la contenida en el proyecto de ley, mediante la cual se restringe la posibilidad de acceso a la información. En efecto, en el literal c) dentro de la categoría de información pública clasificada quedarían todos los datos privados, semiprivados o sensibles a los que hacen referencia las leyes estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012, cuya difusión afecta gravemente del derecho a la intimidad de las personas”(17).

Y en cuanto al artículo 18, literal a), adicional a unos errores de citación normativa del proyecto que corrigió el Juez Supremo Constitucional, en relación con la excepción a la publicidad de información vinculada con el derecho a la intimidad, puntualizó que el respectivo literal:

“hace una distinción entre el derecho a la intimidad de quienes sean funcionarios públicos y el de las demás personas. Esta excepción resulta pertinente, como quiera que cuando se trata de funcionarios públicos, el escrutinio de ciertos datos personales está permitido, de conformidad con los parámetros de constitucionalidad señalados, por lo cual no encuentra la Corte que sea incompatible con el artículo 74 de la Carta ni con otras disposiciones constitucionales”(18).

Y acerca del parágrafo de la misma norma, en el que se establecía una duración ilimitada de las excepciones a la publicidad allí erigidas, puntualizó:

“Finalmente, en relación con el parágrafo del artículo 18, se establece que ninguna de las reservas tendrá aplicación cuando la persona natural o jurídica haya consentido en su revelación. Ello resulta conforme a los parámetros constitucionales que garantizan tanto el derecho de acceso a la información, como los derechos a la intimidad, el secreto profesional, y las libertades económicas. Señala también el parágrafo, en relación con todas las excepciones consagradas en el artículo, que su duración es ilimitada.

”Dado que la validez de las excepciones al acceso a la información son restringidas, se ha exigido consagrar un plazo razonable, vencido el cual la información debe poder ser consultada por el público. En efecto, según esos parámetros, sólo podrá mantenerse la reserva mientras subsista efectivamente el riesgo cierto y objetivo de que, al revelarla, resultara afectado de manera desproporcionada uno de los bienes que se busca proteger.(19). En esa medida, frente a la afectación de intereses tales como los derechos a la vida, la salud, la seguridad personales o a la intimidad, no es posible fijar de antemano una limitación temporal, pues ésta depende de que subsistan las condiciones materiales que justifican la reserva. En ese sentido, la expresión ‘ilimitada’ no resulta contraria al derecho a acceder a la información pública.

”No ocurre lo mismo cuando se trata del secreto profesional o de los secretos industriales, respecto de los cuales sí es posible establecer una limitación temporal, generalmente consagrada en las normas que regulan cada secreto en particular.

”Por lo anterior, y en relación con el parágrafo del artículo 18, se declarará la exequibilidad condicionada de la expresión ‘duración ilimitada’, en el entendido de que tal posibilidad se sujetará al término de protección legal consagrado para la protección de los secretos profesionales, comerciales o industriales”(20).

6. En conclusión, la Sala Penal observa que para cumplir a través de la Relatoría con la función legal de divulgación de sus doctrinas, el nombre las partes o intervinientes no tiene vínculo necesario o útil con esa finalidad legítima en las bases de datos que en la actualidad están cargadas en el servidor de la página electrónica de la Corte Suprema de Justicia, y por lo tanto dispondrá que en el caso de la ciudadana MS, por conducto de la citada dependencia, los textos de las providencias en formato electrónico (pdf/doc) relacionadas con el asunto que concierne a la peticionaria, sean editadas sustituyendo en lo pertinente los nombres de aquélla, y demás sujetos procesales, con las respectivas iniciales.

Además, dispondrá que a partir de ahora la Relatoría de la Sala de Casación Penal adopte las medidas que sean pertinentes para que en las bases de datos destinadas a la divulgación de las doctrinas de esta Sala, la búsqueda pertinente se realice mediante criterios inherentes a temas jurídicos (en aspectos sustanciales, procesales o probatorios), restringiendo el uso de los nombres y apellidos, o cualquier otro dato personal sensible de los sujetos procesales o interviniente, que resulte ajeno e innecesario con el fin de publicidad de la jurisprudencia, y que por el contrario propicie la vulneración de derechos derivados del habeas data de aquellos (artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

Lo aquí resuelto le será comunicado a la peticionaria a través de la Secretaría de la Sala.

CUMPLASE

José Luis Barceló Camacho—Presidente

Magistrados, José Leonidas Bustos MartínezFernando Alberto Castro CaballeroEugenio Fernández CarlierGustavo Enrique Malo FernándezEyder Patiño CabreraPatricia Salazar CuellarLuis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García—Secretaria

1 Decreto Ley 2700 de 1991, artículos 180 y 181. Ley 600 de 2000, artículo 170 y 171. Ley 906 de 2004, artículos 149, 161, 162, 288, 337 y 446.

2 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996.

3 Ley 169 de 1896, artículo 6. Diario Oficial 10.235 de 14 de enero de 1897.

4 Decreto 052 de 1987, artículo 40. Diario Oficial 37.755 de 13 de enero de 1987.

5 Diario Oficial 45.443 de 27 de enero de 2004.

6 Consultar: http://www.habeasdat.com/faq.html.

7 Consultar: http://www.maestrosdelweb.com/que-son-las-bases-de-datos/.

8 Diario Oficial 48.587 de 18 de octubre de 2012.

9 Ver Sentencia T-729 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

10 Cfr. Sentencia T-414 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.

11 Corte Constitucional, Sentencia C-748 de 6 de octubre de 2011.

12 Cfr. Sentencia T-443 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

13 Corte Constitucional, Sentencia C-748 de 6 de octubre de 2011.

14 Se entiende por tal: “…2. Conjunto de las sentencias de los tribunales, y doctrina que contienen. /3. Criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes.” Diccionario de la Lengua Española. Vigesimotercera Edición 2014. Tomo II, pág. 1296. “Conjunto de sentencias que determinan un criterio acerca de un problema jurídico omitido u oscuro en los textos positivos o en otras fuentes del Derecho. / La interpretación reiterada que el Tribunal Supremo de una nación establece en los asuntos de que conoce”. Diccionario Jurídico Cabanellas.

15 En el asunto estudiado, si se hace el ejercicio de digitar a través de un motor de búsqueda en internet (como Google, por ejemplo) el nombre del entonces menor de edad víctima del secuestro simple, se obtienen los mismos resultados no queridos que destaca la peticionaria.

16 Diario Oficial 49.084 de 6 de marzo de 2014. Según el artículo 33 de la enunciada Ley, la misma entró en vigor, para los sujetos obligados del orden Nacional, 6 meses después de la fecha de su promulgación, y para los entes territoriales, al año siguiente a su promulgación.

17 Corte Constitucional, Sentencia C-274 de 9 de mayo de 2013, consideración “3.2.6”, y numeral “Sexto” de la parte resolutiva.

18 Ídem, consideración “3.2.18”, y numeral “Octavo” de la parte resolutiva.

19 Artículo 13.2 de la Convención Americana.

20 Corte Constitucional, Sentencia C-274 de 9 de mayo de 2013, consideración “3.2.18”, y numeral “Octavo” de la parte resolutiva.