Auto 18974 de diciembre 12 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta Nº 195

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Anibal Gómez Gallego

Bogotá D.C., doce de diciembre del año dos mil uno.

VISTOS

Dirime la Sala la colisión negativa de competencia trabada entre el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de Manizales, Caldas, y el juzgado quinto penal del circuito de Pereira, Risaralda, en virtud de la cual ambos despachos judiciales rehúsan conocer de la ejecución de la pena impuesta a Francisco José Borrero Carvajal como responsable de violar la Ley 422 de 1998, hoy artículo 257 del Código Penal (L. 500/2000)(sic).

Antecedentes

1. Conforme a las constancias procesales que obran en estas diligencias, se tiene que contra Francisco José Borrero Carvajal el juez 5º penal del circuito de Pereira, Risaralda, en fallo del 6 de septiembre del año pasado profirió condena de 52 meses de prisión por hallarlo responsable de infringir el artículo 6º de la Ley 422 de 1998 —acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones—, en concurso homogéneo. Entre otras determinaciones, le negó al acusado el subrogado de la condena de ejecución condicional, razón por la cual ordenó su captura; la sentencia fue declarada legalmente ejecutoriada el 12 de octubre siguiente —fl. 247—.

Al tenerse noticia de que el condenado se hallaba privado de la libertad por cuenta de una fiscalía de Dosquebradas, el fallador remitió copia del proceso con destino a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de Pereira, correspondiéndole su conocimiento al segundo, empero como a dicho despacho se le informó del traslado del sentenciado para la cárcel del circuito judicial de Palestina, Caldas, el expediente fue regresado al juzgado 5º penal del circuito de Pereira para lo de su cargo.

2. En virtud al principio de favorabilidad y como quiera que la punibilidad contemplada para la ilicitud por la cual se le juzgó resulta más benigna en el Código Penal actualmente vigente que la establecida en el estatuto anterior, el defensor del condenado solicitó su aplicación. El juez de instancia con fundamento en lo previsto en los artículos 79 y 81 del nuevo Código de Procedimiento Penal, nuevamente envió las diligencias al juez 2º de ejecución de penas y medidas de seguridad de Risaralda, quien a su vez las remitió al funcionario de la misma especialidad y categoría con sede en Manizales, en el entendido de que dicho juez ejerce jurisdicción en lugar perteneciente al distrito judicial donde el reo purga la sanción impuesta.

3. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Manizales difiere de aquel criterio en cuanto que, conforme a la atribución que la ley estatutaria de la administración de justicia le discernió al Consejo Superior de la Judicatura —aduce—, dicha corporación produjo el Acuerdo 472 de abril 6 de 1999 por cuyo medio se crearon y organizaron los circuitos penitenciarios y carcelarios en los distritos judiciales del país. Allí se estableció que Manizales tendría uno de esos despachos, cuya cabecera se fijó en dicha ciudad, pero únicamente con “competencia sobre los municipios de Anserma Manizales Neira y Riosucio”, disposición que resulta prevalente frente a las previsiones de los artículos 79 y 81 del actual estatuto procesal penal, por haber sido expedida con fundamento en las facultades que para tal efecto le asignó la Constitución Política y la propia Ley 270 de 1996, “de mayor entidad jerárquica y poder que la Ley 600 de 2000 por medio de la cual se creó un nuevo Código de Procedimiento Penal, pues es ordinaria, y como tal debe obedecer vasallaje a la primera”.

Es que, además, en el acápite pertinente de la codificación actual se delimitó lo atinente a la jurisdicción y competencia, agrega, lo cual se hizo para los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en los precisos términos estipulados en el artículo 79, cuyo parágrafo transitorio estableció que sus funciones en los distritos judiciales donde no se hubiesen creado aquellas plazas, las cumplirían, mientras tanto, “los jueces de instancia respectivos”.

Luego, la competencia que el inciso final del artículo 81 atribuyó a los mentados jueces de ejecución de penas en relación con el respectivo distrito, pudo obedecer a “error legislativo o error de imprenta”, concluyó el funcionario judicial de Manizales, quien fincado en un pronunciamiento reciente de la Sala sobre tema similar propuso colisión negativa de competencia de no ser compartidos sus argumentos, y devolvió el proceso al juez 5º penal del circuito de Pereira en su calidad de fallador.

4. Este último funcionario rehusó la competencia para conocer del asunto de la referencia y aceptó el conflicto propuesto, pues, en su entender, los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad “conocen de todas las actuaciones relacionadas con la ejecución punitiva de los condenados que se encuentran en las cárceles de su respectivo distrito, sin consideración al lugar donde se hubiese dictado sentencia”. Como Borrero Carvajal, purga su sanción en Palestina, Caldas, municipio que pertenece al distrito judicial de Manizales, es al juez de ejecución de penas de esta ciudad al que le compete conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de la pena del condenado. Dicha inferencia surge nítida de las preceptivas contenidas en los artículos 79 y 81 del actual estatuto procesal penal, deja entrever, de cuya vigencia no hay por qué dudar habida consideración que no han sido derogados y menos declarada su inexequibilidad.

Consideraciones de la Corte

En reciente pronunciamiento —proveído del 11 de diciembre del año en curso, radicado 18.929—, con ponencia de quien aquí cumple similar cometido, la Sala hizo la precisión pertinente sobre el punto debatido y definió la controversia de la siguiente manera.

“Ninguna contradicción cabe advertir es menester precisar entre la regulación que en materia de competencia para la ejecución de la sentencia o cumplimiento de la respectiva pena establecen los artículos 79 en su parágrafo transitorio y 81 de la Ley 600 de 2000, y la atribución constitucional que "con sujeción a la ley" le asiste al Consejo Superior de la Judicatura para "fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales", conforme a lo normado en los artículos 257-1 de la Carta Política y 85-6 de la ley estatutaria de la administración de justicia.

“En efecto de conformidad con aquella facultad el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo 548 del 22 de julio de 1999 por cayo medio creó y organizó los circuitos penitenciarios y carcelarios en los distritos judiciales del país, como bien lo acotan los funcionarios trabados en el conflicto del que aquí se ocupa la Sala, división territorial que como tema concerniente a la administración de justicia trató la Ley 270 de 1996, según lo estatuido en el artículo 152, literal b) de la Carta Política.

Por su parte la nueva codificación procesal penal en su artículo 79 señaló taxativamente las actuaciones de las que deben conocer los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, empero en su parágrafo transitorio introdujo como excepción la atinente a que de dichos asuntos deben ocuparse los jueces de instancia respectivos cuando, existan distritos judiciales en los cuales no se hayan creado plazas para aquellas categorías de jueces, a quienes seguidamente en el artículo 81 les delimitó la jurisdicción donde han de ejercer su competencia, que no es otra que la del "respectivo distrito".

Entiende la Corte que con la regulación contenida en el último inciso del mentado artículo 81 lo que el legislador pretendió fue, además de propender por una mejor racionalización del recurso humano y logístico en aspectos de reparto de trabajo de dichos funcionarios, evitar que con la facultad que tiene el Consejo Superior de la Judicatura de establecer la división territorial del país para efectos judiciales, pueda crear y organizar circuitos penitenciarios y carcelarios que abarquen municipios de diferentes distritos.

De una tal manera no sólo se fijó con mayor precisión la competencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad delimitándola a su respectivo distrito, impidiendo así que en razón de sus funciones dirima asuntos que por regla general debería resolver funcionario judicial perteneciente a otro distrito, sino que también, con sujeción a la ley, la citada corporación podrá ejercer aquella atribución constitucional en relación con la referida división territorial (...)".

Ninguna antinomia pues cabe avizorar, se reitera, entre las disposiciones cuyas preceptivas aquí se debaten y, en tal sentido, devienen razonables los argumentos del señor juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Manizales en cuanto declinó su competencia para conocer del asunto origen del presente conflicto, no respecto de que la regulación del inciso final del artículo 81 obedezca a error legislativo o de imprenta, sino en relación con la vigencia del Acuerdo 548 del 22 de julio de 1999, normatividad que en el artículo 13-2 circunscribió su competencia al circuito penitenciario y carcelario de Manizales, con jurisdicción en los municipios de Anserma, Manizales, Neira y Riosucio, en tanto que Palestina, en cuyo centro carcelario se encuentra recluido purgando su pena Borrero Carvajal, pertenece al circuito judicial de Chinchiná, lugar en donde el Consejo Superior de la Judicatura no creó u organizó circuito penitenciario y carcelario alguno.

Vistas así las cosas, en este asunto se impone la aplicación de la excepción contenida en el parágrafo transitorio del artículo 79 del nuevo Código de Procedimiento Penal —Ley 600 de 2000—, en armonía con el artículo 1º del Acuerdo 54 de 1994 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, puesto que no habiéndose dispuesto plaza de juez de ejecución de penas y medidas de seguridad para el circuito judicial de Chinchiná, obviamente, por no haberse creado allí circuito penitenciario y carcelario, los aspectos que atañen con la ejecución de la pena impuesta al sentenciado son del conocimiento del respectivo juez de instancia, que en este caso no es otro que el juez quinto penal del circuito de Pereira, Risaralda.

Como lo viene sosteniendo la Sala y ahora lo reitera, conforme con lo dispuesto en el artículo 500 del anterior Código de Procedimiento Penal, hoy artículo 469, ejecutoriada la sentencia condenatoria el control de su ejecución lo asume el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. De manera que, la vigilancia sobre el cumplimiento del fallo corresponde a estos funcionarios, cuya competencia cuando el condenado está privado de la libertad, no depende de la naturaleza del hecho, o del lugar donde el mismo se cometió, o de la dependencia judicial que profirió el respectivo fallo, sino de un factor personal atinente al lugar donde aquél redime la sanción.

Consecuentemente con lo dicho, se le remitirán las diligencias para lo de su cargo al juez quinto penal del circuito de Pereira, en tanto que al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Manizales, Caldas, se le informará por la secretaría de la Sala lo aquí resuelto.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Asignar la competencia para conocer de la ejecución de la pena impuesta al condenado Francisco José Borrero Carvajal, al juez quinto penal del circuito de Pereira, Risaralda, a quien se le remitirán las diligencias para lo de su cargo. Por la secretaría de la Sala, infórmesele al juez de ejecución de penas y medias de seguridad de Manizales, lo aquí decidido.

Cúmplase.

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