Auto 1919 de noviembre 30 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

ENTIDADES LLAMADAS A CONTRIBUIR AL BONO PENSIONAL

INTEGRACIÓN DE LITISCONSORCIO FACULTATIVO

Consejero Ponente:

Dr. Tarsicio Cáceres Toro

Bogotá, D.C., noviembre treinta del año dos mil

Ref: Exp. Nº 1919 -99. Apelación interlocutorio. Actor: Hernando Durán Laverde Demandado: Instituto municipal de salud de Pereira

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra el auto de 21 de mayo de 1999, proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que resolvió no integrar el litisconsorcio facultativo.

Antecedentes

La demanda. La parte actora en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho reclama la nulidad del oficio 223 del 21 de agosto de 1998, mediante el cual se niega el pago de la pensión de jubilación. Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho solicita se le reconozca y pague el derecho pensional a partir del 10 de septiembre de 1995.

Auto que negó la integración del litisconsorcio facultativo. El tribunal negó la integración del litisconsorcio facultativo en razón a la naturaleza del asunto y porque en el escrito de solicitud no se citó norma legal alguna que lo exija.

Fundamentos de la apelación. La entidad manifiesta que al contestar la demanda, solicitó la participación de las entidades tanto de previsión social a la cual el actor efectúa su cotización, como a las llamadas al pago del bono pensional, en razón a que ninguna de las entidades ha asumido su responsabilidad frente a las reclamaciones del demandante, además de no encontrarse en condiciones presupuestales que permitan asumir los pagos respectivos.

Insiste en la integración del litisconsorcio facultativo, con el fin de que se le pague el bono pensional al señor Hernando Durán Laverde, en proporción al tiempo laborado, la respectiva institución, y para la que estuvo aportando, con el objeto de acceder a su pensión de jubilación, ellas son:

— Hospital Universitario San Jorge de Pereira,

— Servicio seccional de salud de Risaralda;

— Secretaría de Salud del valle; e

—Instituto de Seguros Sociales.

Consideraciones:

La controversia se centra en establecer si se da o no el litisconsorcio facultativo.

El Instituto Municipal de Salud de Pereira, en el escrito de contestación de la demanda, eleva la solicitud de integración de un litisconsorcio facultativo, con todas las entidades llamadas a responder de una u otra forma, con el reconocimiento y pago del bono pensional a favor del demandante, ello en los términos del artículo 50 del Código de Procedimiento Civil (fls. 46 a 55 exp.).

Por auto de mayo 21 de 1999, el tribunal niega la integración del litisconsorcio facultativo, al considerar que dada la naturaleza de la acción incoada, no se citó en el escrito petitorio de este litisconsorte, norma legal alguna que así lo exija (fl. 60 a 61).

Sobre el particular, el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 50 reglamenta lo concerniente a los litisconsorte facultativos, al precisar lo siguiente.

“ART. 50.—Salvo disposición en contrario, los litisconsortes facultativos serán considerados en su relaciones con la contratante, con litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso”.

Sabido es que el litisconsorcio no es otra cosa que la situación en que se hallan distintas personas que, de manera conjunta actúan en un proceso como actores contra un solo demandado, o como demandadas por un solo demandante, u ocupando ambas posturas a manera de un litisconsocio mixto.

Así las cosas, la situación descrita constituye, una de las formas que puede presentar cualquier proceso civil acumulativo por razones subjetivas, y que desde el punto de vista de su origen, es decir, de las circunstancias que determinan su ocurrencia, se les puede clasificar en litisconsocio voluntario.

De manera tal, que el litisconsorcio definido por el artículo 50 ya citado, es lo que la ley da en denominar el litisconsorcio facultativo, pues la sentencia que decida el litigio, no tiene que ser uniforme para todos los consortes, por el contrario, puede ser condenatoria para unos y absolutoria para otros.

De los argumentos expuestos en la demanda de nulidad, al igual que de los señalados en la contestación de la acción, se puede colegir con facilidad que el demandante laboró para varias entidades de salud a nivel territorial, tales como la secretaría departamental de salud del Valle, desde el 16 de diciembre de 1968 hasta el 31 de enero de 1971; el servicio seccional de salud de Risalralda, de febrero 7 de 1971 a diciembre 31 de 1977, el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, de enero 1º de 1978 a diciembre 31 de 1994; y el Instituto Municipal de Salud, desde el 1º de enero de 1995 hasta la actualidad, tal como se relata en el hecho 1 de la demanda, además que cada una de las anteriores entidades está llamada a responder de una u otra forma, con el reconocimiento y pago de la pensión del señor Hernando Durán Laverde, en proporción al tiempo laborado en las mismas instituciones (fls. 27 y 52 exp.).

En orden a precisar si a la entidad demandada le asiste derecho para reclamar la integración del litisconsorcio facultativo procede la Sala a verificar tal posibilidad, a la luz de los preceptos que en la Ley 100 de 1993, definen y reglamentan la materia.

La Ley 100, creó el sistema de seguridad social integral, y como tal, definió, implementó y reglamentó algunas instituciones que de manera novedosa se refieren a los regímenes del sistema general de pensiones, en sus dos grandes modalidades, la del régimen de prestación definida y la del régimen de ahorro individual con solidaridad.

Así pues, la ley marco trae la modalidad de los bonos pensionales, con los cuales las entidades encargadas de manejar el sistema general de pensiones, podrán concertar los derechos pensionales con los afiliados en cada uno de los sistemas, por lo que se hace necesario caracterizar para el efecto, la naturaleza jurídica. Conforme al artículo 115 de la Ley 100 de 1993, los bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario, con miras a financiar las pensiones de los afiliados al sistema general de pensiones, previo el cumplimiento de los requisitos que la misma norma señala, y con las cotizaciones que para tal fin hayan hecho los aportantes.

Estos bonos pensionales deben llevar ciertas características que le otorguen validez y efectividad, tales como: su expresión en pesos, su naturaleza nominativa, la endosabilidad a favor de las entidades administradoras o aseguradoras, con destino al pago de pensiones, el interés que tales bonos han de devengar sobre los saldos capitalizados, amén de las demás características que el Gobierno Nacional determine (L.100/93, art. 116).

En el caso sub examine, el artículo 119 de la Ley 100 de 1993, que preceptúa.

“ART. 119.—Emisor y contribuyentes. Los bonos pensionales serán expedidos por la última entidad pagadora de pensiones a la cual haya pertenecido el afiliado antes de entrar al régimen de ahorro individual con solidaridad, siempre y cuando el tiempo de cotización o de servicios, continuo o discontinuo, haya sido igual o mayor a cinco (5) años.

Cuando el tiempo de cotización o de servicios, en la última entidad pagadora de pensiones, sea inferior a cinco (5) años, el bono pensional será expedido por la entidad pagadora de pensiones, en la cual el afiliado haya efectuado el mayor número de aportes o haya cumplido el mayor tiempo de servicio.

En los casos señalados en el artículo 121 de la presente ley, la Nación expedirá los bonos de tales entidades”.

La norma prescrita, de manera evidente traza las pautas obligacionales de las entidades pagadoras de pensiones a las que haya perteneciendo el afiliado con anterioridad al nuevo sistema establecido en la Ley 100, sin que los afiliados vayan a estar desprotegidos con el tránsito de la legislación, en materia de seguridad social.

Es más, a las voces del artículo 120 siguiente de dicho estatuto, se clarifica mejor la obligación contribucional o los bonos pensionales, definidos en la ley. En efecto, dice así la norma:

“ART. 120.—Contribuciones a los bonos pensionales. Las entidades pagadoras de pensiones a las cuales hubiere estado afiliado o empleado el beneficiario del bono pensional, tendrán la obligación de contribuir a la entidad emisora del bono pensional, con la cuota parte correspondiente.

El factor de la cuota parte será igual al tiempo aportado o servicio en cada entidad, dividido por el tiempo total de cotizaciones y servicios reconocidos por el cálculo del bono”.

La anterior norma transcrita es determinante para la decisión que esta corporación ha de tomar en cuanto al recurso interpuesto, pues ella establece una obligatoriedad y solidaridad comunes, en orden a la expedición de los bonos pensionales con destino al reconocimiento y pago de la prestación que el demandante pretende, de conformidad con la cuota parte correspondiente, según el tiempo de servicio prestado a cada entidad, y en la medida de sus aportes correspondientes.

Finalmente, valga precisar que cuando la responsabilidad corresponda al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja de previsión social o fondo de pensiones públicas del nivel nacional, que no es el caso desde luego del demandante, la Nación tiene de manera perentoria su responsabilidad correspondiente. Pero lo que se quiere significar, es el hecho de que las entidades tienen una obligación precisada en a ley, para cumplir con el pago de cuotas partes y de bonos pensionales de las empresas que tienen a su cargo dichas obligaciones.

En este orden de ideas, la Sala dirá que dada la responsabilidad solidaria de las entidades de salud para las que el demandante trabajó, en la forma antes descrita, es innegable que todas ellas deban concurrir al proceso, para que respondan por sus obligaciones, teniendo en cuanta la vocación del derecho sustancial y objetivo que la nueva Carta Política consagra, en desarrollo o alusión a los derechos fundamentales consagrados en la misma Constitución.

Como en el caso en estudio, la entidad demandada reclama la integración del litisconsorcio facultativo, llamamiento que la ley dispone en su artículo 50 del Código de Procedimiento Civil a la luz de las normas invocadas, es evidente a demás de equitativo, que esta corporación autorice la integración de dicho litisconsorcio, y por ende se revoque la providencia dictada por el a quo, objeto de la apelación interpuesta.

En mérito de lo expuesto,

SE RESUELVE

Revócase al auto de mayo 21 de 1999, proferido por el Tribunal Administrativo de Risalralda, que resolvió no integra el litisconsorcio facultativo.

En su defecto, se dispone.

a) Ordenáse la integración del litisconsorcio facultativo en el caso sub examine, con las entidades con vocación a integrarlo, las mismas a que alude la demanda presentada por el actor y que señala de igual manera, la entidad accionada en su escrito de contestación de la demanda.

b) En consecuencia, notifíquese esta decisión, y déseles traslado de la demanda instaurada, para todos los efectos legales.

c) Los gastos que conlleve el traslado de la demanda a las entidades objeto de la integración del litisconsorcio, serán de cuenta del demandante.

Cópiese, notifíquese y cúmplase y devuélvase a tribunal de origen.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en la sesión celebrada en la fecha precitada.

Tarsicio Cáceres Toro—Jesús María Lemos Bustamante—Alejandro Ordoñez Maldonado 

Eneida Wadnipar Ramos, Secretaria

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