Auto 19258 de abril 9 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll

Aprobado acta Nº 39

Bogotá, D.C., abril nueve de dos mil dos.

Asunto

Resuelve la Corte la colisión negativa de competencias presentada entre los juzgados Penal del Circuito Especializado de Neiva y 1º Penal del Circuito de Pitalito (Huila) para conocer del proceso que por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado agravado, porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas y para defensa personal, y utilización ilegal de uniformes e insignias, se adelanta contra Darío Gómez Solano y William Rivera Vela.

Antecedentes

1. Los sujetos Darío Gómez Solano, William Rivera Vela, José Lisardo Vela Salazar y el menor Jhon Javier Aranda Gómez fueron capturados el día 17 de abril de la pasada anualidad a raíz de un operativo llevado a cabo en la finca “Villa Hermosa” ubicada en la vereda “Camberos” del municipio de Pitalito (Huila) por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, tendiente a la desarticulación de una banda delincuencial que vistiendo prendas militares venían cometiendo varios ilícitos en la región.

2. Declarada la apertura de instrucción por la fiscalía 19 delegada ante los juzgados penales del Circuito de Pitalito, fueron escuchados en indagatoria (fls. 27 a 37), e inmediatamente se puso a disposición del juzgado promiscuo de familia al menor Aranda Gómez, para lo cual se compulsaron copias de lo pertinente (fl. 38).

3. Al momento de definir la situación jurídica de los indagados, la fiscalía 5ª delegada ante los juzgados penales del circuito especializados de Neiva, a quien fueron remitidas por competencia en un principio las diligencias, les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación por los delitos atrás señalados.

3. (Sic) Como Darío Gómez Solano y William Rivera Vela expresaron su deseo de acogerse a sentencia anticipada, la fiscalía les formuló cargos el 25 de septiembre y 4 de octubre de 2001 como coautores de dichas ilicitudes, los cuales fueron aceptados por los procesados (fls. 129 y ss.).

4. Rota la unidad procesal, las diligencias fueron enviadas entonces al Juzgado Penal del Especializado de Neiva, y posteriormente remitidas al 1º Penal del Circuito de Pitalito, quien al entrar en vigencia la Ley 733 de 2002 las devolvió al especializado; empero, éste se negó a asumir nuevamente su conocimiento aduciendo que la nueva normatividad resultaba desfavorable para los procesados, y en consecuencia, en virtud del principio de irretroactividad de la ley, el competente seguía siendo el juzgado penal del circuito, a quien ordenó devolver la actuación y propuso conflicto de competencias en caso de no aceptar sus planteamientos.

5. Por su parte, el Juzgado 1º Penal del Circuito de Pitalito aceptó el conflicto, y dispuso la remisión del expediente a esta corporación para que lo dirimiera.

Expresó el remitente que el proponente de la colisión desconocía palmariamente el mandato del artículo 147 de la Ley 153 de 1887, en cuanto señala que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir, y que como de los artículos 14 y 15 de la Ley 733 de 2002 atribuyeron la competencia en los especializados, derogando las disposiciones que sean contrarias, el conocimiento del proceso corresponde a partir de la vigencia de la ley a aquel juzgado.

Consideraciones de la Corte

1. De conformidad con el inciso 2º del artículo 18 transitorio del Código de Procedimiento Penal, corresponde a esta Sala dirimir el conflicto de competencias que se suscite entre los jueces penales del circuito especializados y comunes.

2. Asiste la razón al Juzgado 1º Penal del Circuito de Pitalito (Huila), pues a partir de la vigencia de la Ley 733 de 2002 el conocimiento del delito de concierto para delinquir, y conexos, corresponde a los juzgados especializados, como así tuvo la oportunidad de señalarlo esta Sala en pasada oportunidad respecto de todos los delitos allí previstos (cfr. auto de abr. 2/2002, rad. 19202, M.P. Arboleda Ripoll).

La citada ley, vigente a partir del 31 de enero de la presente anualidad (fecha de publicación), por medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión, expresamente señala en su artículo 14 que “el conocimiento de los delitos señalados en esta ley le (sic) corresponde a los jueces penales del circuito especializados”.

Entre los delitos allí contemplados se encuentra el de concierto para delinquir (art. 8º), respecto del cual se señalan penas mayores cuando concurre con los ilícitos señalados en el inciso 2º, con lo cual queda modificado en lo pertinente el artículo 340 de la Ley 599 de 2000.

En materia procesal, como se establece del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir.

Significa lo anterior que en este caso, el conocimiento del delito de concierto para delinquir y conexos, y de los demás señalados en la Ley 733 de 2002, corresponde a partir del 31 de enero de la presente anualidad a los juzgados penales del circuito especializados, pues su vigencia se predica a partir de su publicación, como lo dispone el artículo 15 ejusdem, y se trata de una norma de contenido simplemente procesal, en tanto no afecta en forma positiva o negativa a los sujetos procesal, contrario a lo que sostiene el juez proponente de la colisión.

Otras razones sobre la adscripción de la competencia a los juzgados penales del circuito especializados fueron consignadas en el pronunciamiento de la Sala que se cita, a las cuales nos remitimos.

Empero, en tanto resulta importante fijar el pensamiento de la Corte sobre la promulgación de la nueva ley, conviene recordar lo que dijo en aquella oportunidad sobre el particular:

“No obstante la definición del asunto que aquí se resuelve, la Corte no puede dejar de destacar el improvisado tratamiento legislativo que se sigue dando en estas materias, pues no habiéndose siquiera consolidado la reforma de los códigos Penal y de Procedimiento Penal, se acude a una nueva, incurriéndose de esta forma en los vicios del pasado.

Recuérdese que en la exposición de motivos que guió la adopción de las leyes 599 y 600 de 2000 se advirtió de la necesidad de introducir reformas estructurales al sistema penal colombiano “dejando de lado la costumbre de legislar en forma coyuntural para combatir los fenómenos delincuenciales del momento”.

El sistema legislativo colombiano —se dijo en aquella oportunidad— ha tenido como elemento preponderante en su estructuración, la carencia de análisis científico. Se legisla para el momento, para solucionar de forma temporal una crisis presentada en la sociedad, en fin, para calmar las expectativas de la presencia del poder punitivo del Estado, lo que ha llevado a una desproporción de penas entre los diversos bienes jurídicos, cuando aquellos de mayor valor deben implicar, por su transgresión, una sanción superior” (cfr. Gaceta del Congreso Nº 189, agosto 6 de 1998).

“Sin embargo, no habiendo transcurrido un año de la vigencia de aquellos estatutos, cuando todavía su aplicación se encuentra en ciernes, y no existen siquiera mediciones empíricas de los resultados de la reforma, el legislador, a instancias del ejecutivo, atendiendo a circunstancias de coyuntura, decide expedir una nueva normatividad que, rompiendo el esquema de conjunto establecido en las leyes 599 y 600 de 2000, aumenta las penas para cierto tipo de delitos y traslada su competencia a los juzgados penales del circuito especializados, entre otras medidas.

A simple vista, sin profundizar en los efectos negativos que podría traer su aplicación, la Corte encuentra algunos aspectos que confirman su aserto, en el sentido que la nueva ley es más fruto de la improvisación que del diseño racional de una política criminal.

En efecto; para empezar, la reforma no fue el resultado de un proceso colectivo de definición, o de participación de las diferentes ramas u organismos del poder público. Si bien es cierto que el espacio natural para debatir los proyectos de ley es el Congreso de la República, en la determinación de los elementos de política criminal, su orientación e instrumentos, no pueden estar ausentes otras entidades que participan de la política estatal en materia criminal, y menos se puede desconocer la sana contribución que en esta materia pueden aportar la academia y otros sectores de la sociedad dentro de un proceso público de debate y aprendizaje en la elaboración más democrática de la ley penal.

Además de no ser fruto de un consenso colectivo, sino un recurso contingente que el poder político utiliza discrecionalmente para hacer frente a las dificultades del momento, no se conocen estudios empíricos que indiquen la necesidad de reformar los nuevos códigos Penal y de Procedimiento Penal en esta materia, pues ni siquiera han alcanzado aplicación suficiente para que puedan conocerse sus resultados.

Por lo demás, la realidad política, social y económica que imperaba en el país al entrar en vigencia los códigos, no es diferente a la de hoy, por lo que no puede tenerse como excusa para su promulgación la necesidad de poner a tono la legislación penal con la situación del momento.

Las desproporciones que la nueva ley ofrece, de otro lado, no dan espera a la necesidad de que sean sucintamente advertidas por la Corte; así, por ejemplo, en cuanto tiene que ver con el quantum punitivo fijado para el delito de secuestro, éste no guarda correspondencia con el bien jurídico que se pretende tutelar frente a otros de igual o mayor trascendencia, como la vida e integridad personal; dígase al respecto que por razón de la nueva ley el homicidio (C.P., art. 103) termina con una sanción menor al delito de secuestro extorsivo (L. 733/02, art. 2º) y similar al secuestro simple (art. 1º).

Esta advertencia, desde luego, no indica que la Corte desconozca la gravedad de este tipo de conductas ni la respuesta enérgica que el Estado debe dar a las mismas, precisamente en estos momentos en que la delincuencia organizada ha arreciado su práctica; se trata tan solo de hacer notar que si con el nuevo Código Penal se pretendía reordenar los delitos y las penas para ellos previstos, al incorporarse de modo asistemático reformas parciales se termina produciendo el efecto contrario con vulneración del principio de proporcionalidad imperante en materia penal.

Aparte que la respuesta penal contenida en la ley en comento no se ofrece proporcional con el esquema general del código, resulta claro que la nueva normatividad produce multiplicidad de conflictos de tipo operativo, ya advertidos por la Corte cuando se ocupó de señalar los riesgos y consecuencias que podrían derivarse del abrupto desmonte de la justicia regional por parte del Congreso de la República.

Necesario resulta pues recalcar, de un lado, que la concentración de competencias en la justicia especializada termina por congestionarla, en contravía con la finalidad de imprimir celeridad y eficiencia en la respuesta penal a conductas que por su gravedad y alta incidencia causan alarma social.

Y, de otro, que asignar de manera reiterada a dichos juzgados la competencia para el conocimiento de este tipo de conductas es contrariar el propósito normativamente previsto de desmontar paulatinamente su funcionamiento.

Se trata tan solo de significar que con la expedición de la nueva normativa, el legislador colombiano no logra otra cosa que generar la impresión contraria al pensamiento que en su momento enarboló como bandera para el desmantelamiento de la justicia regional.

Desde luego que estas críticas no impiden el efectivo cumplimiento de la ley por parte de los juzgadores, mientras se encuentre vigente; pero su obedecimiento no obsta para que la Corte advierta que la política criminal tendiente a garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y los derechos de las personas residentes en el país a través de la expedición de nuevas leyes, no puede continuar siendo el fruto de situaciones coyunturales, ni de criterios subjetivos de quienes representan la autoridad del Estado, sino de estudios empíricos y juiciosas reflexiones sobre las manifestaciones de criminalidad, sus causas, significados y la forma de combatirlas, donde participen de manera articulada el Congreso de la República, la opinión pública y demás actores con autoridad para intervenir”.

La competencia para conocer del delito de concierto para delinquir, y conexos, por virtud de la nueva ley que empezó a regir el 31 de enero de la presente anualidad, entonces, corresponde por expresa disposición legal al juzgado proponente del conflicto, a quien se remitirá la actuación.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Asignar la competencia para conocer del proceso seguido contra Darío Gómez Solano y otro al juzgado penal del circuito especializado de Neiva.

2. Comunicar esta decisión al Juzgado 1º Penal del Circuito de Pitalito, y a los sujetos procesales.

Cúmplase.

________________________