Sentencia 19278 de abril 4 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Herman Galán Castellanos

Aprobado Acta Nº 038

Bogotá, D.C., cuatro de abril de dos mil dos.

Dirime la Sala el conflicto de competencia, suscitado entre el Juzgado Octavo Penal del Circuito y el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga.

I. Antecedentes

1. Hechos.

1.1. El 17 de septiembre de 2001, Martín Gamboa, comerciante de la ciudad de Bucaramanga, recibió una llamada telefónica que presuntamente provenía de un comandante de las autodefensas que le exigió la suma de $ 30.000.000, so pena de atentar contra su familia o sus bienes. Amenaza que fue puesta en conocimiento de las autoridades de policía y por los cuales fueron capturados los hermanos Elkin Jairo y Ever Palencia Peña (menor de edad).

1.2. La investigación fue adelantada por la Fiscalía 12 Seccional de Bucaramanga, despacho que el 27 de septiembre profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Elkin Jairo Palencia Peña por el delito de extorsión en la modalidad de tentativa, calificación que se mantuvo al momento de calificarse el proceso con resolución de acusación el 14 de noviembre de 2001.

1.4.(sic) Las diligencias correspondieron por reparto al Juzgado 8º Penal del Circuito que dispone el traslado a las partes y cita para audiencia preparatoria el 6 de febrero del año que avanza.

2. Del conflicto.

2.1. En auto del 20 de febrero, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga señaló que en virtud a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 733 de 2002 la competencia para conocer de asuntos como el presente era de los jueces penales del circuito especializados, por lo tanto le remitió las diligencias al juzgado de reparto.

2.2. El conflicto negativo de competencia fue planteado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, en providencia del siguiente 25, argumentando que el artículo 14 de la Ley 733 de 2002 no modificó lo señalado por el artículo 5º transitorio del Código de Procedimiento Penal, que establece como cuantía la de 150 salarios mínimos legales al no haber hecho alusión alguna a dicho factor. En consecuencia, al no superar el monto referido, luego, el asunto no es de su competencia, por lo que dispone devolver la actuación, proponiéndole colisión negativa de competencia en el evento de no compartir su criterio.

2.3. El Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga, en providencia del 1º de marzo, aceptó el conflicto provocado indicando que no comparte el criterio del colisionante porque de manera clara el artículo 15 de la Ley 733 de 2002 señala que se derogan todas las disposiciones que le sean contrarias, incluso el artículo 5º numeral 7º, pues al no mencionar el factor de la cuantía lo que pretendió el legislador es que todos los punibles de extorsión sin consideración a su cuantía fueran de conocimiento de los juzgados penales del circuito especializados.

2.4. Remitido el proceso al Tribunal Superior de Bucaramanga, esta corporación en auto del 14 de marzo dispuso su envío a la Corte para que resuelva el conflicto suscitado entre los dos despachos judiciales.

II. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

La Corte es competente para dirimir el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Octavo Penal del Circuito y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, despachos que tienen competencia en el mismo distrito judicial, en virtud de lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 18 transitorio del Código de Procedimiento Penal al atribuirle a la Sala el conocimiento de los conflictos de competencia que se presenten entre un juez penal del circuito especializado y un juez penal del circuito.

2. Del conflicto de competencia.

2.1. El conflicto de competencia entre los Juzgados Octavo Penal del Circuito y el Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga está debidamente trabado, pues uno y otro despacho han expresado las razones por las cuales consideran que no son competentes para conocer de las diligencias que se adelantan contra Elkin Jairo Palencia Peña, por el delito de tentativa de extorsión, cumpliéndose así las exigencias del artículo 93 del Código de Procedimiento Penal.

2.2. Respecto a su definición debe tenerse en cuenta el criterio expresado por la Corte en decisiones recientes al precisar que la Ley 733 de 2002, por medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar delitos de secuestro, terrorismo y extorsión, tuvo origen gubernamental y entre los motivos de su expedición se señaló la necesidad de contar con una normatividad más severa que la prevista en la Ley 599 de 2000, que permita prevenir y sancionar con mayor severidad conductas como el secuestro, la extorsión y el terrorismo se han incrementado y afectan de manera sensible a la sociedad.

La citada ley fue publicada en el Diario Oficial Nº 44.693 del 31 de enero del año en curso establece variaciones en el ámbito de competencia de los jueces penales del circuito y de los especializados.

2.3. Reitérase, entonces, lo que en asunto similar la Corte sostuvo:

“En efecto, la Ley 733 de 2002 introdujo modificaciones a los delitos de secuestro, extorsión, concierto para delinquir, omisión de denuncia, fuga de presos en la modalidad culposa y testaferrato, en aspectos tales como: el aumento del cuantum punitivo, adicionar nuevas modalidades comportamentales, previsión de circunstancias de agravación y exclusión de beneficios y subrogados. Concluyendo finalmente en el artículo 14, sin que prevea excepción alguna que “el conocimiento de los delitos señalados en esta ley le corresponde a los jueces penales del circuito especializados” (1) .

(1) Radicación 19228, 19 de marzo de 2002, ponente doctor Herman Galán Castellanos.

En la misma providencia se concluyó, igualmente, sobre la competencia que les atribuye a los jueces penales del circuito especializados la Ley 733 de 2002 que:

“Del contenido del artículo 14 de la citada disposición ha de colegirse de manera inequívoca que el legislador modificó las normas que atribuían competencia a los jueces penales del circuito especializados, eso es la señalada en el artículo 5º transitorio del Código de Procedimiento Penal, por cuanto, aplicado el artículo 14 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 733 de 2002 al prever este último que lo dispuesto entrará a regir a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, ello implica que todo cuanto se oponga a la nueva disposición, incluido para el caso, lo relativo a competencia debe entenderse derogado por la presente ley” (2) .

(2) Ibídem.

Es decir, que la nueva ley atribuyó competencia a los jueces penales del circuito especializados en relación con todos los delitos que ella señala, independientemente, de que las conductas sean agravadas o no por todas las circunstancias allí precisadas, es decir, el secuestro simple, el secuestro extorsivo, el simple agravado y el extorsivo agravado, la extorsión simple, la extorsión agravada, el testaferrato cuando se realice en los eventos referidos por el inciso 2º del artículo 326 del Código Penal, el concierto para delinquir, en su modalidad básica y en cualquiera de los eventos a que se refiere el inciso 2º del artículo 8º de la ley en cuestión, la omisión de denuncia en los casos señalados por el inciso 2º del artículo 441, la fuga de presos en la modalidad culposa simple, inciso 1º, y la referida a los eventos planteados en el inciso 2º del artículo 450 del Código Penal.

Del mismo modo, se concluye que los citados despachos conservan la competencia atribuida por la Ley 600 de 2000 en su artículo 5º transitorio en cuanto no se oponga al contenido de la Ley 733 del 2002, que dada su especificidad y carácter posterior le da prevalencia sobre las anteriores disposiciones, máxime cuando el aspecto que se discute tiene que ver con la atribución de competencia, de lo que se deriva su aplicación inmediata (3) .

(3) Artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

Luego, los juzgados penales del circuito especializados conservan la competencia señalada en los numerales 1º, 2º, 3º, 5º (en los términos precisados en la providencia del 28 de septiembre de 2001, ponente doctor Jorge Córdoba Poveda, radicación 18711), 6º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13 y 14, ya que siguen conociendo del lavado de activos (C.P., arts. 323 y 324) y enriquecimiento ilícito de particulares (C.P., art. 327) cuando la cuantía sea o exceda de 50 salarios mínimos legales mensuales, límite no previsto para los eventos del inciso 2º del artículo 326 del Código Penal, al no oponerse en modo alguno estas disposiciones al contenido normativo de la Ley 733 de 2002.

2. Caso concreto.

En este evento se juzga a Elkin Jairo Palencia Peña por el delito de extorsión en la modalidad de tentativa, por una exigencia de 30.000.000 de pesos, cuantía que en criterio del juez penal del circuito especializado no es suficiente para atribuirle competencia al no superar el equivalente a 150 salarios mínimos mensuales.

Sobre el particular debe indicarse que la deducción del funcionario colisionante no es acertada, por cuanto, al no expresar el legislador monto alguno en la cuantía para asignarles competencia a los juzgados penales del circuito especializados, no obstante, tratarse de un delito que atenta contra el patrimonio económico, esta circunstancia se traduce, por el contrario, en que sin importar el monto de la posible afectación tales conductas son de la exclusiva competencia de esos despachos, aplícase en tal caso el principio relativo a que “donde el legislador no ha hecho distinción alguna no le es dable al juez hacerla”.

No de otra manera se atiende la pretensión del legislador de darle un especial trato a esta modalidad delictiva, así como a las demás conductas que señala la ley al aumentar la sanción punitiva, reducir los términos de investigación y juzgamiento e indicar que serán de conocimiento de los juzgados penales del circuito especializados, y finalmente, señalar que todas las disposiciones que la contraríen quedan derogadas.

Por consiguiente, al resultar contraria a su mandato la parte final del numeral 7º del artículo 5º transitorio del Código de Procedimiento Penal por señalar un límite a la competencia que le atribuye el artículo 14 de la Ley 733 de 2002, necesariamente debe concluirse que la previsión relativa a que sólo conocían de la extorsión en cuantía superior a 150 salarios mínimos legales mensuales perdió vigencia y modifica parcialmente el numeral 1º del artículo 78 del Código de Procedimiento Penal que le atribuye competencia a los jueces penales municipales para conocer de delitos contra el patrimonio económico cuando la cuantía sea inferior a 50 salarios mínimos legales mensuales en cuanto se refiere a la extorsión, que pasa a ser de la exclusiva competencia de los despachos especializados.

III. Decisión

Conclúyese, entonces, que como el delito objeto de juzgamiento en el presente asunto es el de extorsión, conducta que corresponde a una de las señaladas por la Ley 733 de 2002, su conocimiento debe asignársele al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Asignar el conocimiento del presente asunto al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, remítasele la actuación.

2. Envíese copia de esta decisión, contra la que no procede recurso alguno, al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga.

Cúmplase y remítase al competente.

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