Auto 19512 de mayo 19 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR

EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR INDEMNIZACIÓN INTEGRAL

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Radicación 19.512. Única instancia.

Bogotá, D.C., diecinueve de mayo del dos mil cuatro.

Vistos

Se pronuncia la Sala sobre el desistimiento de las acciones civil y penal por reparación integral, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 38 y 42 del Código de Procedimiento Penal, que presentó el apoderado de la parte civil.

Antecedentes

1. El señor Moisés Martínez Serrano, aduciendo su calidad de heredero de Luis Enrique Martínez Argote, formuló denuncia contra el doctor M..., quien actualmente se desempeña como Senador de la República, por los delitos de violación a los derechos morales de autor y defraudación a los derechos patrimoniales de autor, previstos en los artículos 270 y 271 del Código Penal, porque, sin previa autorización de los sucesores de Martínez Argote, mutiló, transformó, reprodujo y utilizó su composición musical “La Tijera” como propaganda política en su propósito de ser elegido Senador de la República.

2. La Sala, por auto de sustanciación del 26 de noviembre del 2002, ordenó la apertura de investigación previa. Posteriormente, por auto del 3 de diciembre del 2003, admitió la demanda de parte civil que presentó la señora Rosa Serrano de Martínez, en su condición de cónyuge supérstite del señor Martínez Argote.

3. Practicadas algunas pruebas, el apoderado de la parte civil, quien además había recibido mandato del señor Moisés Martínez Serrano para instaurar la denuncia, manifestó en escrito que también suscribió el imputado que desistía “de la acción penal y civil por reparación integral mediante acuerdo entre las partes sobre la indemnización, de conformidad con los artículos 38 y 42, CPP”, en virtud de lo cual solicitó se terminara la actuación y se ordenara el desglose de los documentos originales aportados.

Consideraciones

El artículo 42 del Código de Procedimiento Penal dispone:

“ART. 42.—Indemnización integral. En los delitos que admiten desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado.

Se exceptúan los delitos de hurto calificado, extorsión, violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección.

La lectura inicial del texto sugiere de inmediato una consagración absurda —es decir, contraria y opuesta a la razón, repelente al buen sentido— y contrapuesta a la técnica que debe guiar la tarea de elaboración de las leyes, pues al tiempo que en el primer inciso se dispone que “... en los delitos contra los derechos de autor... la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado”, en el segundo se establece la regla contraria al señalar que “Se exceptúan los delitos de... violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección”, que son precisamente los que bajo la denominación de “De los delitos contra los derechos de autor”, tipifica el capítulo único del título VIII del Código Penal.

Nótese:

El título VIII del libro segundo del Código Penal, identificado con un capítulo único, se denomina “De los delitos contra los derechos de autor”.

El primero de sus artículos, el 270, tiene el nombre de “Violación a los derechos morales de autor”; el segundo, artículo 271, se rotula bajo “Defraudación a los derechos patrimoniales de autor”; y el tercero, artículo 272, está marcado como “Violación a los mecanismos de protección de los derechos patrimoniales de autor y otras defraudaciones”.

Es claro, entonces, que por el mismo respecto el primer inciso admite un fenómeno —extinción por indemnización integral— y el segundo lo niega —extinción por indemnización integral—.

Si nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias, es obvio que viola el principio de no contradicción un dispositivo legal que permite y prohíbe algo, teniendo como premisas idénticos supuestos fácticos —repítese, indemnización integral y extinción de la acción penal—.

Semejante incoherencia sitúa al intérprete ante esta disyuntiva: o se abstiene de aplicar la norma porque veta todo lo que admite, o, guiado por los principios hermenéuticos de conservación del derecho y del efecto útil, soluciona la antilogía acudiendo, por ejemplo, a la historia fidedigna reciente del surgimiento de la ley, mecanismo interpretativo clásico —originalismo— pero en los últimos años cada vez más potenciado, pues hoy ya nadie discute la preeminencia de la subjetividad interpretativa sobre la mera objetividad.

Para estos propósitos, poco contribuye el examen de exequibilidad realizado por la Corte Constitucional en la sentencia C-899 del 7 de octubre del 2003, con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, pues también señaló contradictoriamente —de paso— que del favorecimiento estaban excluidas las conductas que afectaban los derechos patrimoniales de autor, como lo expresa el inciso segundo, pero a renglón seguido anotaba que la extinción de la acción penal por indemnización la limitaba el legislador a los delitos contra los derechos patrimoniales de autor, lo que ciertamente no se lee en el texto legal. Amén, claro está, que en esta decisión de constitucionalidad, la Corte declaró exequible el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal “por los cargos propuestos en la demanda”, mientras el actor perseguía la inconstitucionalidad porque la norma violaba el principio de igualdad debido a que sancionaba penalmente a quienes no podían pagar, pero a quienes sí podían hacerlo les daba la oportunidad de evitar la pena. Dicho de otra forma, la Corte no se ocupó de fondo del tema ahora analizado y el demandante tampoco objetaba este punto.

Así lo expuso la Corte Constitucional:

“Para deducir la proporcionalidad de la medida, repárese en que la indemnización de perjuicios no extingue la acción penal en cualquier clase de delitos. El artículo 42 del Código de Procedimiento Penal establece, que dicha indemnización solo extingue la acción penal en “los delitos que admiten desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico cuando la cuantía no exceda de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes(1) .

La indemnización integral no es causal de extinción de la acción penal en los delitos “de hurto calificado, extorsión, violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección” (CPP, art. 42, inc. 2º).

La enumeración de los delitos respecto de los cuales procede la extinción de la acción penal por indemnización de perjuicios ilustra el interés del legislador por limitarla a casos especiales en los que la afección del orden social y de los intereses públicos es menor. La circunstancia de que el mecanismo de exculpación se restrinja a ciertos delitos —por razón del interés protegido o el grado de culpabilidad de su autor— demuestra que el legislador no ofreció dicha posibilidad de manera indiscriminada, sino que lo hizo proporcionalmente, acorde además con los objetivos implícitos de su política criminal.

Por ello, son solo algunos delitos culposos —los delitos que admiten desistimiento, las lesiones personales transitorias y los delitos contra el patrimonio y los derechos patrimoniales de autor— las conductas elegidas para tal favorecimiento...”.

Mayor claridad puede ofrecer, sin duda, el examen de la historia fehaciente de la consagración normativa, desde el momento en que se introdujo el precepto en el proyecto de ley que habría de convertirse en el Código de Procedimiento Penal adoptado por la Ley 600 del 2000.

Recuérdese previamente que el artículo 7º de la Ley 81 de 1993, al modificar el 39 del Decreto 2700 de 1991, dispuso:

Preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento por indemnización integral. En los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas, cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva, consagradas en los artículos 330 y 341 del Código Penal, y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico cuando la cuantía no exceda de doscientos salarios mínimos legales mensuales, excepto el hurto calificado y la extorsión, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado”.

En el proyecto de código presentado por la Fiscalía General de la Nación, se amplió la previsión anterior incluyendo, entre otros eventos, los relacionados con los derechos de autor. Así se consignó:

“ART. 41.—Indemnización integral. En los delitos que admiten desistimiento, los de homicidio culposo y lesiones personales culposas, cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico cuando la cuantía no exceda de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes, excepto el hurto calificado y la extorsión, los de violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado”.

Sin embargo, como el texto podía resultar equívoco por incluir esta especie de delitos a continuación de aquellos en que no se aplicaba —hurto calificado y extorsión—, excepción obviamente hecha a la procedencia general relacionada con los delitos contra el patrimonio económico, en la ponencia para primer debate en el Senado de la República se presentó con la siguiente redacción:

“6º. El artículo 41 sobre “indemnización integral”, quedará así:

“ART. 41.—Indemnización integral. En los delitos que admiten desistimiento, los de homicidio culposo y lesiones personales culposas, cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva, en los de violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección, en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico cuando la cuantía no exceda de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes, excepto el hurto calificado y la extorsión, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado” (2) .

Como justificación, anotaron los ponentes:

“Al incluir nuevas conductas punibles en las que sea procedente la terminación del proceso por “indemnización integral” tales como la violación a los derechos morales de autor, la defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección, se le da una mejor ubicación dentro del texto del artículo dejando para el final la procedencia en los delitos contra el patrimonio económico con sus excepciones, evitando se preste a confusas interpretaciones” (3) .

Aprobado en esos términos en el primer debate del Senado (4) , la redacción se conservó en la ponencia para segundo debate (5) . A este propósito, explicó el senador Germán Vargas Lleras, uno de los ponentes:

“En cuanto al tema de la indemnización integral, viene también una modificación; hoy la indemnización integral; o sea la indemnización pecuniaria, tanto en los aspectos morales como materiales opera, hoy existe para los delitos, por supuesto, contra el patrimonio económico con excepción del hurto calificado y aquellos que están tasados en 200 salarios mínimos; igualmente en lo que tiene que ver con delitos culposos. En el futuro se amplía para los delitos de violación de derechos de autor, la violación de mecanismos de protección de los derechos, también, materiales de autor(6) .

Así fue aprobado en la plenaria del Senado el 2 de diciembre de 1998 (7) .

La distorsión que generó la contradicción advertida empezó a presentarse en virtud de la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, pues entonces los encargados de esa tarea presentaron el siguiente texto:

“6. El artículo 41 quedará así:

“ART. 41.—Indemnización integral. En los delitos que admiten desistimiento, los de homicidio culposo y lesiones personales culposas, cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva, contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico cuando la cuantía no exceda de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes, excepto el hurto calificado y la extorsión, los de violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado” (8) .

Y a título de justificación, con lo que no cabe duda que jamás se pensó siquiera en excepcionar la institución como finalmente quedó, anotaron:

“Se agrega al listado de delitos que admiten indemnización integral y por tanto terminación anticipada del proceso los ubicados dentro del llamado bien jurídico de los delitos contra los derechos de autor(9) .

La Comisión Primera de la Cámara, sin embargo, aprobó en sesión del 30 de octubre de 1999 el texto que venía de la plenaria del Senado (10) , pero en la ponencia para segundo debate se volvió a una redacción similar a la que se había presentado para primer debate:

“13. El artículo 41 quedará así:

“ART. 41.—Indemnización integral. En los delitos que admiten desistimiento, los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 330 y 341 del Código Penal, los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico, excepto el hurto calificado o agravado y la extorsión; los de violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado” (11) .

Y se expuso como justificación:

“Dado el carácter extintivo de esta medida, se excluyen algunos comportamientos que de dejarlos contribuirían a la impunidad de sus autores” (12) .

La plenaria de la Cámara, en su sesión del 6 de junio del 2000, aprobó el siguiente texto:

“ART. 40.—Indemnización integral. En los delitos que admiten desistimiento, los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico cuando la cuantía no exceda de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se exceptúan los delitos de hurto calificado y la extorsión; los de violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección.

La acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado” (13) .

En el acta de la conciliación efectuada el 8 de junio por la comisión accidental conformada para el efecto, aprobada por la plenaria del Senado en sesión del 13 de junio del 2000, la disposición, ahora numerada artículo 42, quedó así:

“ART. 42.—Indemnización integral. En los delitos que admiten desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico cuando la cuantía no exceda de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado.

Se exceptúan los delitos de hurto calificado, extorsión, violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección(14) .

La revisión que acaba de hacerse del trámite del proyecto, permite formular dos conclusiones esenciales en las que la Corte apoyará su decisión final:

1. Que la incongruencia se produjo porque frente al claro texto aprobado por el Senado en comisión y plenaria, y por la Cámara de Representantes en el primer debate, se volvió al proyecto inicial pero con un agregado que distorsionó el sentido.

Adviértase que en el proyecto de la Fiscalía General de la Nación se podía leer sin dificultad que la extinción de la acción penal procedía:

Uno. En los delitos que admiten desistimiento.

Dos. Los de homicidio culposo y lesiones personales culposas.

Tres. Los delitos contra el patrimonio económico, excepto el hurto calificado y la extorsión.

Y cuatro. Los de violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección.

Pero en la ponencia para primer debate en la Cámara, que luego se repitió en la plenaria, haber consignado doblemente la previsión —“contra los derechos de autor” en la primera parte y “los de violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección” a continuación de las excepciones a los delitos que afectaban el patrimonio económico— dio lugar al absurdo. Y con más veras en el texto definitivo, porque impensadamente, solo tal vez por un pretendido mejoramiento gramatical del texto, la separación en un nuevo inciso de la parte final del primero dio a entender, como literalmente aparece expresado, que las excepciones iniciales a los delitos contra el patrimonio económico se habían extendido a los delitos contra los derechos de autor.

2. Que el legislador jamás pretendió establecer alguna exclusión respecto de los delitos contra los derechos de autor. Por el contrario, expresamente se afirmó en el curso de los debates que una de las innovaciones introducidas en el proyecto era justamente que se extendía la posibilidad de terminación del proceso por indemnización integral a esa especie de conductas punibles.

Por lo tanto —aparte de la fundamentación hermenéutica hecha atrás—, una interpretación que consulte la inequívoca voluntad legislativa manifestada en la historia cierta del surgimiento de la ley, como lo enseña el artículo 27 del Código Civil (15) , y permita la real aplicación del precepto, debe tener por no escrita la última parte del inciso segundo del artículo 42 del Código de Procedimiento Penal, con lo que se preserva, además, la debida correspondencia y armonía que debe existir entre todas las partes de la ley, según lo preceptúa el artículo 30 del Código Civil.

Aceptada, en consecuencia, la viabilidad de declarar extinguida la acción penal en los delitos contra los derechos de autor cuando el imputado repare integralmente el daño ocasionado, así proveerá la Corte atendiendo la petición que en ese sentido —debidamente facultado por sus clientes— presentó el apoderado de la parte civil y del denunciante. Se ordenará así mismo el desglose de los documentos aportados, tal como lo solicita el peticionario.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

RESUELVE:

Declarar extinguida la acción penal que se impulsaba contra el doctor M... por los delitos de violación a los derechos morales de autor y defraudación a los derechos patrimoniales de autor, por haber indemnizado integralmente los daños ocasionados.

En consecuencia, ordenar el archivo de las diligencias, previo desglose de los documentos originales aportados por el apoderado de la parte civil.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Aníbal Gómez Gallego—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro O. Pérez Pinzón—Marina Pulido de Barón—Jorge L. Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas, aclaró el voto—Mauro Solarte Portilla, aclaró el voto.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

(1) La expresión resaltada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-760 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa.

(2) Gaceta del Congreso, número 247, viernes 30 de octubre de 1998, p. 3.

(3) Ibídem.

(4) Sesión del 18 de noviembre de 1998, Gaceta del Congreso número 372, miércoles 23 de diciembre de 1998, pp. 16 y 18.

(5) Gaceta del Congreso, número 300, jueves 26 de noviembre de 1998, p. 5.

(6) Gaceta del Congreso, número 327, jueves 10 de diciembre de 1998, p. 7.

(7) Gaceta del Congreso, número 331, jueves 10 de diciembre de 1998, p. 3.

(8) Gaceta del Congreso, número 175, miércoles 23 de junio de 1999, p. 2.

(9) Ibídem.

(10) Gacetas del Congreso, números 521, martes 7 de diciembre de 1999, p. 4 y 104, jueves 6 de abril de 2000, p. 20.

(11) Gaceta del Congreso, número 540, lunes 13 de diciembre de 1999, p. 4.

(12) Ibídem.

(13) Gaceta del Congreso, número 206, martes 13 de junio de 2000, p. 4.

(14) Gaceta del Congreso, número 236, viernes 23 de junio de 2000, p. 29.

(15) “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”.

“Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento”.

ACLARACIÓN DE VOTO

1. Queremos advertir que compartimos el sentido de la decisión mayoritaria en cuanto decide que la acción penal referida a las conductas punibles —todas— del título VIII, capítulo único, del libro segundo, del Código Penal que trata “de los delitos contra los derechos de autor”, es susceptible de extinción por indemnización integral. No obstante, encontramos abiertamente incompatible la argumentación con la conclusión, pues aquella no justifica esta —como es su propósito—, ni siquiera la explica, es apenas una excusa para terminar realizando una elección que aunque correcta —a nuestro juicio— es equivocada por falta de correspondencia objetiva entre la premisa y la conclusión.

2. El mayor compromiso de los jueces de la República en un Estado social y democrático de derecho, es el de procurar, promover y realizar los fines esenciales del Estado, especialmente los de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Pero así mismo y de acuerdo al origen de los jueces como poder definidor de derechos en una democracia participativa, no escapa que en esa labor misional el único instrumento de autocontrol y de control democrático de la racionalidad de las decisiones judiciales son los argumentos que las fundamentan jurídica y fácticamente, único elemento desde donde el ciudadano puede diferenciar la razonabilidad o su contraste.

3. Y es por esas precisas razones que nos marginamos de la fundamentación de la providencia en cuestión. Es evidente la abierta contradicción que existe entre los incisos 1º y 2º del artículo 42 del Código de Procedimiento Penal en lo referido a la viabilidad de extinguir la acción penal “en los delitos contra los derechos de autor” que se considera en el primer inciso, pero al tiempo se prohíbe en el segundo, al incluirse dentro de las conductas punibles exceptuadas, entre otras, las referidas a la “violación a los derechos morales de autor, a la defraudación a los derechos patrimoniales de autor y a la violación a sus mecanismos de protección”, precisamente las únicas que contiene el código en el específico capítulo dedicado a esas conductas, pero no es acertada la decisión de “elegir” la aplicación del primer apartado del enunciado y, consecuencialmente, excluir el segundo, al amparo de razones que ciertamente no justifican semejante procedimiento.

4. El problema que enfrentó la Sala es formidable pues la lectura simple del enunciado normativo lleva a concluir que se está frente a un precepto absurdo, porque de una parte se autoriza expresamente lo que de otra se niega, también expresamente, construyéndose de esa manera una especie de contradicción interna de la norma. Y, el problema es aún de mayor calado si se tiene en cuenta que se actúa dentro de un sistema, de fuentes que otorga preferencia a la ley como elemento clave de su caracterizado positivismo, aunque matizado por la consagración constitucional de otras fuentes que aun definidas hoy como auxiliares, terminan siendo por su fuerza vinculante reconocidas legalmente al mismo nivel de aquella, como ocurre con la aplicación de la jurisprudencia favorable de la Corte Suprema a través de la causal 6ª de revisión (CPP, art. 220) o del error de casación de violación directa de la ley por interpretación errónea.

En este orden de ideas, la primera pregunta que debió abordar la Sala fue: ¿En un sistema legal de marcada tendencia positivista, la interpretación de la ley —como fuente preferente— permite la modificación física de su literalidad por parte del intérprete?, o, formulado el mismo interrogante desde un punto de vista estrictamente racional, ¿al sujeto cognoscente le está permitido modificar el objeto de su conocimiento, o suprimirlo parcialmente? La respuesta de la Sala fue positiva, aunque de manera implícita, pues no entregó ningún argumento al respecto y el problema, ni siquiera se lo planteó por lo menos, no expresamente.

5. Para justificar su “elección” por el primer inciso del artículo 42 del Código de Procedimiento Penal que reza así:

“Indemnización integral: en los delitos que admiten desistimiento, (...), en los delitos contra los derechos de autor y (...), la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado”.

y decidir la exclusión del inciso segundo, cuyo enunciado es del siguiente tenor:

“Se exceptúan los delitos de hurto calificado, extorsión, violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección”.

la decisión de mayoría afirma que opta por “los principios hermenéuticos de conservación del derecho y del efecto útil”, para cuya aplicación decide acudir a la “historia fidedigna reciente del surgimiento de la ley”, definiendo ese como “mecanismo interpretativo clásico —originalismo— pero en los últimos años cada vez más potenciado, pues hoy ya nadie discute la preeminencia de la subjetividad interpretativa sobre la mera objetividad”.

6. Independientemente de la corrección del enunciado sobre el que la mayoría de la Sala advierte que fundará su decisión, es claro que resulta incompatible con lo a la postre decidido, porque finalmente el problema no se soluciona con fundamento en los criterios hermenéuticos referidos, sino que se “elige” sin razón el inciso 1º, aunque asegurándose que se hace con asiento en el método de interpretación histórico sistematizado desde tiempos de Savigny y ciertamente autorizado en el inciso segundo del artículo 27 del Código Civil “para interpretar una expresión oscura de la ley”, caso en el cual puede averiguarse “por su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento”.

7. Y la ausencia de razones para esa “decisión” surge evidente al no identificarse ninguna en las entregadas, por la falta de correspondencia objetiva entre el fundamento y la conclusión, tal como aquí ocurre. En efecto, a pesar de señalarse el uso del método histórico para averiguarse en la historia del establecimiento del precepto cuál fue la intención perseguida con esa norma, lo único claro que surge del seguimiento que el proyecto hace y transcribe del proceso, legislativo es la imposibilidad de concluir inequívocamente la intención legislativa, de modo que la “decisión” no puede afincarse allí.

8. Desde la página 8 de la ponencia se inicia el relato del tránsito legislativo de la finalmente promulgada Ley 600 de 2000, cuerpo normativo donde se ubica el artículo 42, destacándose que el proyecto de ley presentado por el Fiscal General de la Nación contenía el precepto referido a la indemnización, allí identificado como artículo 41, exceptuándose de tal forma de extinción de la acción a las conductas punibles de “violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección”.

Aunque la ponencia de la mayoría concluye que esa inclusión fue un error de técnica legislativa, por situarse a continuación de los delitos de hurto calificado y de extorsión que sí debían estar exceptuados porque el enunciado general está referido a los ilícitos contra el patrimonio económico, es lo cierto que objetivamente quedó insertada la excepción para las conductas relacionadas con los derechos de autor en el proyecto de ley que inició el trámite.

La providencia mayoritaria enseña a continuación la modificación introducida para primer debate en el Senado de la República, donde se incluyó expresamente la posibilidad de extinguir la acción por indemnización integral para esa clase de conductas punibles, optándose por enunciar 3 conductas concretas: “violación a los derechos morales de autor”, “defraudación a los derechos patrimoniales de autor” y “violación a sus mecanismos de protección”. En esos términos fue aprobado y así se mantuvo en la ponencia para segundo debate, donde también se adoptó, de modo que la primera conclusión que hasta aquí puede obtenerse es que en el trámite legislativo, el Senado de la República incluyó la extinción de la acción por indemnización integral para los delitos contra los derechos de autor.

9. Sin embargo, esa autorización de extinción no corrió la misma suerte en la Cámara de Representantes, donde en la ponencia para el primer debate se incluyó la excepción para cuando se tratare de conductas punibles de “violación a los derechos morales de autor”, “defraudación a los derechos patrimoniales de autor” y “violación a sus mecanismos de protección”, aunque presentándose bajo una justificación contradictoria; y, posteriormente, la plenaria de esa corporación aprobó un texto que en lo pertinente es de igual redacción al que actualmente se consagra, esto es, con un primer inciso que incluye a los delitos contra los derechos de autor como de posible extinción por indemnización y un segundo enunciado que exceptúa de ese mecanismo a los de “violación a los derechos morales de autor”, “defraudación a los derechos patrimoniales de autor” y violación a sus mecanismos de protección”, exactamente los únicos que contempla el capítulo único que el Código Penal dedica a la sanción de los atentados contra los derechos de autor.

Surge aquí la segunda conclusión del trámite legislativo: la Cámara de Representantes incluyó expresamente la excepción.

10. La ponencia señala que el 8 de junio se aprobó el texto conciliado por las cámaras, dejándose el texto tal y como ahora figura en el código, es decir, con la contradicción manifiesta entre sus incisos 1º y 2º, constituyendo esta la tercera conclusión: el texto conciliado incluyó la excepción.

11. De ese trámite así relatado por la providencia mayoritaria se coligió la siguiente conclusión, como argumento central:

“2. Que el legislador jamás pretendió establecer alguna exclusión respecto de los delitos contra los derechos de autor. Por el contrario, expresamente se afirmó en el curso de los debates que una de las innovaciones introducidas en el proyecto era justamente que se extendía la posibilidad de terminación del proceso por indemnización integral a esa especie de conductas punibles.

Por lo tanto —aparte de la fundamentación hermenéutica hecha atrás—, una interpretación que consulte la inequívoca voluntad legislativa manifestada en la historia cierta del surgimiento de la ley, como lo enseña el artículo 27 del Código Civil, y permita la real aplicación del precepto, debe tener por no escrita la última parte del inciso segundo del artículo 42 del Código de Procedimiento Penal, con lo que se preserva, además, la debida correspondencia y armonía que debe existir entre todas las partes de la ley, según lo preceptúa el artículo 30 del Código Civil” (1) .

12. Esa conclusión, que está fundada en las dos aserciones que me he permitido subrayar, es equivocada por dos razones:

12.1. No es cierto que el legislador jamás haya pretendido establecer la exclusión: Tal como se ha anotado en párrafos precedentes, siguiendo estrictamente la historia legislativa que trae la ponencia de la mayoría, esa conclusión solo sería cierta si se aceptara que “Legislador” es únicamente el Senado de la República, que en verdad nunca tuvo la intención de introducirla. En contrario, si conforme a la Constitución. se considera todo el proceso de formación de las leyes, debe reconocerse que desde el proyecto de ley —atribuido por la ponencia de mayoría a la Fiscalía General de la Nación— se introdujo la exclusión y se hizo lo propio por la Cámara de Representantes.

Sin embargo de tal evidencia, la Sala mayoritaria atribuye la conducta del autor del proyecto de ley y de la Cámara de Representantes a una especie de error inconsciente y especula que pudo ser “tal vez por un pretendido mejoramiento gramatical del texto”, y de esa manera reniega del propio método interpretativo por el que optó, pues ya no solo se limita a constatar respecto de la norma “la historia fidedigna de su establecimiento (2) ”, sino que estableciéndola opta por modificarla.

Pero esa conclusión pasa por alto lo más importante: que la contradicción entre los incisos 1º y 2º del artículo 42 del Código de Procedimiento Penal se mantuvo en el texto conciliado incluido en el acta levantada el 8 de junio y aprobada por la plenaria del Senado el 13 siguiente (3) .

Al efecto es importante recordar que las comisiones de conciliación son de carácter accidental, pero de creación constitucional con el propósito específico de superar las discrepancias que respecto de un proyecto hayan surgido entre las cámaras, como lo consagran los artículos 161 de la Carta y 186 a 189 de la Ley 5ª de 1992, de modo que conciliado un texto, ese acuerdo así logrado y expresado en el acta correspondiente, tiene carácter definitivo, o, mejor dicho, en términos del método originalista aquí usado, es el que condensaría la voluntad última del legislador, pues la finalidad de esas normas es el facilitamiento del trámite legislativo, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-055 del 16 febrero de 1995 (4) . Y,

12.2. Entonces tampoco es cierto que pueda hacerse “una interpretación que consulte la inequívoca voluntad legislativa manifestada en la historia cierta del surgimiento de la ley”, pues lo único que demuestra esa historia es que no hubo una voluntad legislativa inequívoca, sino precisamente todo lo contrario, tan equívoca, que no hay forma de probar cuál fue la intención o espíritu en la formulación del enunciado normativo finalmente adoptado.

Precisamente lo que la ponencia muestra es la tragedia del, como se denomina en la providencia mayoritaria, “mecanismo interpretativo clásico: originalismo”, destacada por autores tan reconocidos como Rónald Dworkin (5) y Roberto Gargarella (6) , que al ser aplicado en un escenario plural, divergente y de intereses múltiples como son los parlamentos de las repúblicas democráticas actuales, nada aclara por no poderse precisar en la mayor de las veces cuál fue en verdad el espíritu que animó la producción de la norma, pues, entre otras cosas, no siempre se advierte de manera única y expresa, sino, casi siempre, de forma plural y algunas veces ni siquiera figura en las actas, como ocurre con los grupos de presión o de poder o los que hacen lobby, cuya influencia en la producción legislativa de los Estados modernos es inocultable.

Tal situación queda patente en la ponencia mayoritaria donde es imposible determinar cuál fue “la inequívoca voluntad legislativa”, aunque el método resultó útil para determinar que no hubo una voluntad legislativa inequívoca, sino equívoca, conclusión que sirvió para propugnar en el debate de la Sala por una fundamentación diferente, la misma que ahora se expone brevemente.

13. Enfrentado el intérprete a una antinomia interna como la aquí suficientemente expuesta, no solo es legítimo elegir de entre los dos enunciados, sino obligatorio, para buscar el sentido razonable de la disposición dentro del ordenamiento jurídico como sistema, de modo que con criterio apagógico(sic) se le niegue significado al apartado normativo que produzca la consecuencia absurda.

Así las cosas, la definición ad absurdum resulta de la previa identificación de la antinomia que como en este caso es de las denominadas por Norberto Bobbio total-total porque “en ningún caso las dos normas (7) pueden ser aplicadas sin generar conflicto” y de su contraste con el sistema global, para determinar cuál de los enunciados es el conflictivo.

La conclusión aquí es obvia y en ello radica nuestra coincidencia con la Sala mayoritaria: es el apartado del inciso 2º que dispone excluir los delitos de “violación a los derechos morales de autor”, “defraudación a los derechos patrimoniales de autor” y “violación a sus mecanismos de protección” de la posibilidad de extinguir la acción por indemnización integral, pues al ser la totalidad de los contemplados en el título VIII, capítulo único, del libro segundo, del Código Penal que trata “de los delitos contra los derechos de autor”, hace inaplicable el primer inciso que contempla esa eventualidad precisamente para esos ilícitos.

De lo visto surge la pregunta más natural: ¿Frente al ordenamiento jurídico nacional qué es más sistemático con él, un precepto que prohíba la extinción de la acción por indemnización integral o uno que la permita respecto de los atentados contra los derechos de autor? Todas las respuestas conducen a lo mismo: uno que la permita. Pero la fundamentación de un tal criterio no es originalista como la de la mayoría de la Sala, sino que se debe elaborar desde la finalidad del ordenamiento como sistema, pues:

13.1. El derecho penal como derecho sancionador es última ratio; y debe serlo, pues las decisiones de los jueces penales no componen el derecho, lo restauran después de haber comprobado su ruptura, normalmente con consecuencias asocializantes —aunque lo políticamente correcto sea sostener lo contrario— pues no solo imponen una pena a un sujeto, sino que en los casos de prisión sin libertad, lo excluye de la sociedad y lo somete a “tratamiento penitenciario” para posteriormente reintegrarlo una vez ha sido “resocializado”, esto último con discutibles resultados empíricos.

13.2. La solución alternativa de conflictos es la mejor forma de hacerlo, es la única que minimiza el daño a las relaciones de relación (sic) necesarias para la vida en sociedad, al surgir las formas de solución de los propios involucrados en el conflicto, o, por lo menos, ser libremente aceptadas por ellos, de esa manera el derecho sí se restaura con prescindencia de las cargas traumáticas que la imposición de un tercero puede generar.

13.3. En esta misma línea, la descongestión de los despachos judiciales es siempre una razón teleológica importante expresada por el Estado a través de diferentes cuerpos normativos —verbi gratia, las leyes 23 de 1991 y 446 de 1998— conforme a la cual debe, en este caso concreto, preferirse el precepto que consagra la alternativa que permite finiquitar la acción, negándole atribución de significado al que, por contraste, la impide, repito, en el preciso contexto que aquí se ha descrito.

13.4. Frente a los compromisos internacionales de la República sobre protección de derechos de autor, no hemos hallado ninguno que le imponga la obligación exclusiva y excluyente de hacerlo por la vía penal y dentro de esta de llegar necesariamente hasta la imposición de una sanción. En contrario, y dos botones sirven de muestra, las leyes 565 de 2000 (8) y 673 de 2001 (9) consagran cláusulas (arts. 14 y VII, respectivamente) de protección general y con una clara tendencia hacia reparaciones indemnizatorias en casos de usos no autorizados, tal como parece ocurrió en el caso que ocupó la atención de la Corte.

Todas esas razones, nos parecen más preferentes que las utilizadas en la ponencia de la mayoría y, por ello más justificativas, pues ese es finalmente el compromiso de los jueces de la República como poder de control del poder —público o privado— y, sobre todo, como autocontrol de su propio poder, que puede ser discrecional, pero nunca arbitrario.

Yesid Ramírez Bastidas—Mauro Solarte Portilla. 

(1) Páginas 16 y 17 de la ponencia de la Sala, subrayas ajenas al texto original.

(2) Código Civil, artículo 27.

(3) Página 14 de la ponencia.

(4) M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(5) El imperio de la justicia. Editorial Gedisa, Barcelona, 1992.

(6) La justicia frente al gobierno. Editorial Ariel. Barcelona, 1996.

(7) En este caso cada inciso del artículo 42 puede considerarse una norma, aunque sea discutible que cada uno contenga un enunciado autónomo.

(8) Por medio de la cual se aprueba el Tratado de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derechos de Autor (WCT), adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.

(9) Por medio de la cual se aprueba el acuerdo sobre cooperación económica y técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Indonesia.

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