Auto 19517 de abril 19 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

REVOCACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL CUANDO RECONOCE SU FALTA

EXTRACTOS: «Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto, por el demandante contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Meta el día 26 de septiembre de 2000, mediante el cual inadmitió la demanda, por acción indebida.

II. Antecedentes procesales

A) Demanda. La presentó la Fundación Centro Cultural Deportivo y Social del Meta el día 25 de julio de 2000; la dirigió contra el departamento del Meta (secretaría de educación) con el objeto de que se declare la responsabilidad extracontractual como consecuencia de la revocatoria de una resolución administrativa, que fue apelada en vía gubernativa, mediante la cual se le indicaron a la demandante, como propietaria de un establecimiento de educación, unas tarifas menores a las que le corresponden con su categoría, para el cobro de las matrículas.

(...).

III. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el auto por medio del cual “inadmitió” la demanda debido al ejercicio equivocado de la acción.

A) Problema jurídico:

Atañe con la calificación de ilícita que el propio demandado dio, en una resolución, a diversas conductas suyas, contenidas en otras resoluciones anteriores, éstas mediante las cuales fijó equivocadamente las tarifas de matrículas y pensiones para un colegio; explicó pormenorizadamente que en la fijación de las tarifas —para los años de 1996, 1997 y 1998— no tuvo en cuenta “la caracterización, puntaje obtenido y calidad del servicio” del prestador educativo —colegio de propiedad de demandante—.

B) Análisis:

1. La Sala advierte a primera vista que las razones aducidas por el tribunal podrían ser válidas, pues es cierto que el decaimiento de actos administrativos, como consecuencia de la revocatoria de la administración no puede calificarse como un hecho, pues precisamente la revocatoria está manifestada en un acto jurídico.

2. Sin embargo, también la Sala encuentra que entre los hechos de la demanda no sólo se describen situaciones de decaimiento administrativo; se presentan situaciones particularísimas distintas al mero decaimiento, que no son nuevas en el análisis jurisprudencial y que tienen que ver cuando la propia administración ha calificado de “ilegales” actuaciones suyas manifestadas en acto administrativo, mediante una resolución revocatoria.

La jurisprudencia ha estimado que si hechos como esos se plantean en una demanda en ejercicio de la acción de reparación directa deberá el juez examinar, al momento de decidir el litigio, si verdaderamente lo calificado por ilegal por la administración sí lo fue y, en consecuencia, verificar si la falla afirmada por la administración —en el acto revocatorio— y los demás elementos de responsabilidad extracontractual, daño antijurídico y nexo de causalidad, sí se presentan realmente.

Sobre el particular esta corporación, en sentencia proferida el día 24 de agosto de 1998, expediente 13.685, se ha pronunció en los siguientes términos:

“La acción de reparación directa es procedente para obtener la indemnización de perjuicios causados por un acto administrativo ilegal revocado en sede administrativa, cuando la parte afectada ha solicitado su desaparecimiento por la vía gubernativa o mediante la revocatoria directa como mecanismo de control de la actuación administrativa”.

3. No significa que tal posición jurisprudencial obligue al reconocimiento de lo pedido por el demandante. El planteamiento de los hechos procesales debe someterse a probanza, pues no existe claridad sobre la totalidad de su ocurrencia. Por lo tanto, debe averiguarse, en el proceso, si hay lugar o no a lo que pide la demanda y verificar también, desde otro punto de vista, si era necesario que en estos diferentes hechos el demandante, con relación a los actos administrativos de fijación de tarifas —por el demandado— para los años de 1996 y 1997, debieron ser objeto o:

• de acción de impugnación ante esta jurisdicción, después de que quedó agotada la vía gubernativa y antes de que ocurriera la caducidad; o

• si la sola declaración de la administración, con posterioridad a ese agotamiento, de reconocer la ilegalidad de esas decisiones puede originar responsabilidad extracontractual, a pesar de que el afectado por aquellas no haya demandado su legalidad.

Igualmente tendrá que esperarse el desarrollo probatorio procesal para concluir si también en el año de 1998 y como consecuencia del análisis del recurso gubernativo de apelación como la administración concluyó que desde 1996 incurrió en error en la fijación de las tarifas para el colegio en mención, tal error incidió en el daño que el demandante afirma sufrir, pues si la administración se equivocó en la fijación de las tarifas desde el citado año de 1996, correspondería averiguar si se dio un efecto de hecho o material sobre las tarifas a que realmente hubiera tenido derecho el colegio del demandado, a partir de los años lectivos a que alude la demanda o si se circunscribe sólo a uno de ellos.

Todos esos interrogantes y dudas, sobre los antecedentes fácticos, no permiten concluir, como lo hizo el tribunal, la evidencia cierta del ejercicio indebido de la acción.

Se recuerda que la responsabilidad extracontractual no sólo puede provenir de hechos, omisiones, operaciones administrativas materiales, ocupación permanente o temporal por trabajos públicos, también puede provenir de la declaración administrativa o judicial de la ilegalidad de los actos, revocatoria o nulidad, respectivamente; pues esas declaratorias reconocen la anomalía administrativa.

Debe tenerse en cuenta que la revocatoria administrativa como expresión del control de legalidad de los actos propios de la administración se manifiesta en un acto jurídico administrativo, el cual se presume legal; este acto puede ser examinado judicialmente a) o como consecuencia de la demanda de su nulidad (acción impugnatoria) b) o como consecuencia de la solicitud de responsabilidad extracontractual (acción reparatoria) fundada en el reconocimiento administrativo de su propia falta; este reconocimiento administrativo, se repite, como acto jurídico que es se presume legal y veraz.

Esas situaciones tan complejas, planteadas en la demanda, pero no incomprensibles no pueden conducir al rechazo de la misma, por lo siguiente:

• Recuérdese que la Resolución 115 expedida el 29 de marzo de 1996 señaló que se aplicaría en sus efectos aún antes de su expedición: desde el 1º del mismo mes; así está transcrito en la parte de antecedentes de esta providencia.

• Recuérdese también que con ocasión de la decisión del recurso gubernativo de apelación frente a la Resolución 298 de 18 de marzo de 1998 —fijación de tarifas para el año lectivo de 1998— la administración mediante la Resolución 1800 proferida el 9 de diciembre de 1998 no sólo decidió la apelación sino que también decidió revocar directamente numerales de otras resoluciones que ya estaban en firme, por cuanto consideró que se había equivocado en la fijación de las tarifas para el colegio, de propiedad del demandante, al desconocer la realidad en la “caracterización, puntaje obtenido y calidad del servicio “del prestador del servicio educativo. Los numerales que revocó esa resolución son: artículo segundo de la Resolución 759 del 21 (sic) de 1996 y el artículo segundo de la Resolución 298 del 18 de mayo de 1998, mediante las cuales se autorizaron las tarifas de matrículas y pensiones para los años de 1996, 1997 y 1998 respectivamente.

Como el asunto demandado planteó la responsabilidad extracontractual del demandado bajo la base jurídica del propio reconocimiento administrativo —en acto administrativo— de la “falencia o anomalía suyo”, no puede rechazarse la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE

REVÓCASE el auto apelado proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, el día 26 de septiembre de 2000. En consecuencia:

Primero. ADMÍTESE la demanda presentada. En consecuencia:

1. Notifíquese personalmente al señor gobernador del departamento del Meta, o su delegado, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo.

2. Notifíquese personalmente al Ministerio Público (CCA, 207).

3. Fíjese como gastos del proceso la suma de $ 20.000.

4. Fíjese en lista por el término de diez (10) días.

Segundo. Las órdenes contenidas en el numeral anterior se cumplirán por el tribunal.

Cópiese, notifíquese y devuélvase».

(Auto de abril 19 de 2001. Expediente 19.517. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez).

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