Auto 19823 de octubre 8 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Aprobado Acta Nº 120

Bogotá, D.C., ocho de octubre de dos mil dos.

Vistos

Resuelve la Sala el conflicto negativo de competencia surgido entre los Juzgados Primero Penal de Circuito Especializado y Tercero Penal Municipal de Bucaramanga.

Antecedentes

Un fiscal delegado ante los jueces penales municipales de Bucaramanga, mediante providencia del 19 de febrero de 1996, acusó a Pablo Antonio Crofort Hernández como autor de un delito de extorsión en cuantía de un millón de pesos. Repartido el proceso al juzgado tercero penal municipal, el 18 de febrero de 2001 —que debe entenderse 2002— lo remitió al juzgado primero penal del circuito especializado de la misma ciudad, por estimarlo competente de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 733 de 2002. Consideró este despacho, sin embargo, que como la mencionada ley no modificó el numeral 7º, del artículo 5º, transitorio del Código de Procedimiento Penal en cuanto distribuye la competencia para conocer del delito de extorsión de acuerdo con la cuantía de la ilicitud, el conocimiento del asunto le correspondía al juzgado remitente al que, de una vez, le propuso colisión el evento de no aceptar sus planteamientos. Trabado el conflicto porque efectivamente el juzgado municipal se ratificó en su posición por entender que la disposición transitoria fue derogada tácitamente por el artículo 14 de la citada ley, el expediente fue remitido a esta corporación para que zanjara la discusión planteada.

Consideraciones

1. Admisible la existencia de conflictos de competencia entre jueces penales del circuito especializados y jueces penales municipales porque no hay entre ellos relación de subordinación funcional que los impida en términos del artículo 94 del Código de Procedimiento Penal, la interpretación analógica del inciso 2º del artículo 18 transitorio del mismo estatuto permite concluir que si a la Corte le corresponde dirimir las colisiones que se presenten entre las dos especies de jueces penales de circuito, con mayor razón debe solucionar las que se susciten entre penales del circuito especializados y penales municipales.

2. Aunque ciertamente en plena vigencia de la Ley 733 de 2002 la Sala tuvo oportunidad de pronunciarse sobre las discusiones de competencia que se trabaron entre aquellas clases de jueces porque rehusaban conocer procesos de extorsión en cuantía inferior a 150 salarios mínimos mensuales, asignando la competencia en todos los casos a los penales del circuito especializados, la solución ha variado radicalmente en virtud de la expedición del Decreto 2001 del 9 de septiembre de 2002, publicado en la misma fecha en el Diario Oficial Nº 44.930 en virtud del cual “se suspenden los artículos 5º transitorio de la Ley 600 de 2000 y 14 de la Ley 733 de 2002” (art. 3º)— en el que se dispone:

“ART. 1º—Competencia de los jueces penales del circuito especializados.

“Los jueces penales del circuito especializados conocen, en primera instancia, de los siguientes delitos:

(...).

“13. Extorsión en cuantía superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Así mismo, el artículo 2º, del citado decreto ordenó:

“ART. 2º—Traslado de competencia.

“Los jueces penales del circuito y los fiscales delegados ante éstos conocerán de inmediato y en el estado en que se encuentren los procesos que conocían los jueces penales del circuito especializados conforme a las normas de competencia que aquí se establecen.

“Los términos que se encuentren en trámite al entrar en vigencia el presente decreto, se cumplirán conforme a las normas con las cuales se iniciaron”.

3. debe precisarse, entonces, que si el artículo 14 de la Ley 733 de 2002 le atribuyó la competencia a los jueces penales del circuito especializados para conocer del delito de extorsión sin consideración a la cuantía de la ilicitud y el artículo 15 derogó todas las disposiciones que fueron contrarias a esa ley, el numeral 1º, del artículo 78 del Código de Procedimiento Penal ha quedado sin vigencia en cuanto se refiere a esta clase de delitos contra el patrimonio económico.

4. En consecuencia, mientras subsista el Decreto 2001 de 2002 —atendiendo las previsiones contenidas en sus artículos 1º, numeral 13 y 2º—, el conocimiento de los procesos por extorsión se distribuirá así: para los jueces penales del circuito, cuando la cuantía de la ilicitud no supere los 500 salarios mínimos legales mensuales; y para los jueces penales del circuito especializados, cuando exceda ese valor.

En todo caso, aun si recobraran vigencia los artículos suspendidos de la Ley 733 de 2002, los jueces penales municipales carecen de competencia para conocer procesos por extorsión.

5. Síguese de lo dicho que este proceso, en el que la suma exigida no supera los 500 salarios mínimos legales mensuales, corresponde adelantarlo a un juez penal del circuito. Sin embargo, como en el conflicto no está involucrado ningún funcionario de esa categoría, la Sala se abstendrá de dirimirlo; lo cual no obsta para que disponga de una vez, en atención al principio de economía procesal, remitir el expediente al reparto de aquellos jueces, con sede en la ciudad de Bucaramanga.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

RESUELVE:

ABSTENERSE de dirimir el conflicto surgido entre los Jueces, Primero Penal del Circuito Especializado y Tercero Penal Municipal de Bucaramanga.

En su lugar, ordenar que el expediente se envíe al reparto de los jueces penales del circuito de Bucaramanga, por competencia.

Infórmesele esta decisión a los jueces involucrados en la colisión.

Cópiese y cúmplase.

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