Auto 1992-07216 de marzo 28 de 2007

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación número: 08001-23-31-000-1992-07216-01(23960)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Corporación Club Anglo Americano de Barranquilla

Demandado: Municipio de Barranquilla

Referencia: Conciliación judicial

Bogotá, D.C., marzo veintiocho de dos mil siete.

Decide la Sala si hay lugar, o no, a aprobar el arreglo conciliatorio judicial celebrado entre las partes el día 26 de octubre de 2006 ante esta corporación, en el cual acordaron:

“Que el Distrito de Barranquilla pagará de conformidad con la decisión del Comité de Conciliación del Distrito, un valor único de quinientos cincuenta millones de pesos ($ 550’000.000) m.cte. que corresponde al 84.6% de la condena impuesta en primera instancia, debidamente actualizada. En los siguientes términos: dos (2) cuotas. La primera por valor de trescientos millones de pesos ($ 300’000.000) m.cte., pagadera dentro de los ocho (8) días siguientes a la ejecutoria del auto aprobatorio de la conciliación y la segunda por valor de doscientos cincuenta millones (250’000.000) m.cte., pagaderos el día 15 de marzo de 2007.

Las partes expresamente dejan constancia que el presente acuerdo se constituyó en título traslaticio de dominio a favor del Distrito de Barranquilla, del inmueble objeto de la demanda. (fl. 259, cdno. ppal.).

1. Antecedentes.

1.1. La demanda y su trámite.

En ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la corporación actora demandó al municipio de Barranquilla para que se le declare administrativamente responsable de los daños ocasionados como consecuencia de la ocupación de una franja de terreno de su propiedad, situada en dicha ciudad, en la carrera 38 con la calle 81, hecho que tuvo ocurrencia el 29 de diciembre de 1990, como consecuencia de la ejecución de trabajos públicos, concretamente de la reconstrucción y ampliación de la primera de tales avenidas.

De acuerdo con el capítulo de pretensiones, los perjuicios materiales ocasionados, para la época de presentación de la demanda, esto es, el 14 de diciembre de 1992, se estimaron en la suma de $ 149’630.000 (fl. 64, cdno 1).

2. Admitida la demanda y surtido el trámite de primera instancia, el tribunal a quo encontró fundada la imputación de responsabilidad formulada contra el municipio de Barranquilla y, en consecuencia, mediante sentencia de 18 de octubre de 2000 condenó a dicho ente territorial a pagar a favor de la corporación demandante, por concepto de perjuicios materiales, la suma de $ 412’503.319 (fls.182 a 193, cdno. ppal.).

De otro lado, el tribunal de instancia eximió de responsabilidad al llamado en garantía, razón por la cual, sólo la parte demandada apeló la decisión de instancia, impugnación que fue admitida mediante auto de 16 de diciembre de 2002 (fl. 208, cdno. ppal); cumplido el trámite previo a dictar sentencia de segunda instancia, en atención a la petición formulada por la parte demandante, se citó a audiencia de conciliación judicial, cuyo análisis constituye el objeto de la presente providencia (fl. 251, cdno. ppal.).

2. Consideraciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 de la Ley 446 de 1998 y 43 de la Ley 640 de 2001, para resolver sobre la procedencia del acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes en esta instancia, la Sala observa que se trata de la reclamación de perjuicios materiales ocasionados por la ocupación permanente que hizo el municipio de Barranquilla de un área equivalente a 1.565 m2, en el lote de terreno de propiedad de la parte demandante, cuya ubicación ya quedó anotada.

Antes de realizar cualquier examen sobre el asunto de fondo, es preciso reiterar que la procedencia de la figura de la conciliación, ejercida prejudicial o judicialmente, exige un mínimo de requisitos. Por ello, en materia contencioso administrativa, donde está involucrado el patrimonio estatal y el interés público, el Juez, en aras de establecer la viabilidad del acuerdo, debe extremar esfuerzos para constatar que los elementos probatorios con que pretende demostrarse la existencia del derecho reclamado resultan idóneos y suficientes para ese fin, sin que tal ejercicio constituya una indebida intromisión frente a la voluntad expresada por las partes.

La importancia de referir a estos aspectos particulares de dicha forma de terminación de procesos radica en que, como el acuerdo conciliatorio acogió en el porcentaje indicado la condena impuesta en primera instancia, la Sala, acatando ese medio de composición, en el entendido que tiene un universo único y que es tarea del Juez circunscribirse a la voluntad expresada por las partes, verificará si todos los derechos conciliados encuentran respaldo probatorio en el expediente.

Con esa finalidad, es preciso destacar que la responsabilidad patrimonial del municipio de Barranquilla por la ocupación permanente que hizo de un lote de terreno de propiedad de la corporación demandante, se configura probando que la parte del bien inmueble fue ocupado permanentemente por la administración o por particulares que hayan actuado bajo su autorización(1).

De esta previsión legislativa se desprenden algunos supuestos o elementos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, tales como el daño antijurídico, que consiste en la lesión que se causa al derecho real de propiedad de que es titular el demandante, quien no tiene el deber jurídico de soportarla y, la imputación del daño al ente demandado, por la ocupación permanente, total o parcial, del respectivo bien.

El Estado, por su parte, sólo podrá librarse de responsabilidad si desvirtúa la relación causal mediante la prueba de una causa extraña, como sería el caso de la existencia de un evento de fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o, el hecho exclusivo del afectado.

De conformidad con estos parámetros, para determinar la viabilidad del acuerdo conciliatorio que las partes someten a consideración de la Sala, se observa que de las pruebas aportadas al expediente, relacionadas con el derecho de dominio que la demandante ostenta sobre el referido inmueble, obra copia auténtica de la escritura pública 293 otorgada ante la Notaría Tercera del Círculo de Barranquilla el 15 de febrero de 1965, así como copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria 040-0006554, documentos que dan cuenta de la tradición que de dicho inmueble se hizo a la parte demandante (fls. 2 a 12 y 57 respectivamente cdno. 1).

Por otra parte, también se encuentra demostrado que la administración declaró de urgencia evidente la construcción de la carrera 38, en el tramo comprendido entre la calle 81 y la carretera Circunvalar, de acuerdo con la copia auténtica del Acuerdo 34 de 21 de diciembre de 1989, expedido por el Concejo Municipal de Barranquilla (fls. 147 y 148, cdno. 1).

De la misma manera, las actas de recibo parcial de obras que obran en copia auténtica a folios 80, 84, 86 del cuaderno 2 y de las cuentas de cobro de folios 81, 83 y 85 que aparecen también en copias auténticas y que refieren a la ejecución de las obras de reconstrucción de la carrera 38 entre la calle 81 y la vía Circunvalar, dan cuenta de la ejecución de trabajos públicos en los predios de la parte actora.

Adicionalmente, en el curso del proceso se practicó una prueba pericial en la cual se estableció el área del inmueble que resultó afectada con la ejecución de las obras viales y los perjuicios que se causaron a sus propietarios por los conceptos de daño emergente y lucro cesante (fls. 160 a 163, cdno. 1).

Del análisis conjunto de los aspectos fácticos y jurídicos que quedan expuestos, se concluye que el municipio de Barranquilla ocupó en forma permanente una franja de terreno del inmueble de propiedad del club demandante privándole, en consecuencia, del derecho de dominio y de las prerrogativas que de él se derivan, hecho del que se desprende la causación de un daño para el propietario del bien y, en consecuencia, el deber correlativo de la administración de concurrir a su resarcimiento; en consecuencia, se impartirá aprobación al acuerdo conciliatorio celebrado por las partes el día 26 de octubre de 2006.

Finalmente, considera la Sala que no es procedente continuar con el trámite del proceso respecto del llamado en garantía, toda vez que éste fue absuelto de responsabilidad por parte del a quo y, por tanto, tal decisión quedó en firme respecto de ese tercero interviniente, quien, además, no apeló tal decisión.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. APROBAR el acuerdo conciliatorio logrado entre el municipio de Barranquilla y la Corporación Club Anglo Americano de Barranquilla el 26 de octubre de 2006.

2. DECLÁRASE terminado el proceso.

3. EXPÍDANSE copias, con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a los demandantes serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

4. En firme esta providencia, EXPÍDASE copia del acta y de esta decisión, de conformidad con el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Magistrados: Mauricio Fajardo GomezRuth Stella Correa PalacioEnrique Gil BoteroAlier E. Hernández Enríquez

Ramiro Saavedra Becerra. 

(1) En este sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 28 de junio de 1994, expediente 6806, señaló: “Esta acción denominada de ocupación de hecho por trabajos públicos, como ya lo ha dicho la Sala, puede utilizarse en el caso en que, no obstante no ser la entidad de derecho público la que materialmente ocupa el predio, los efectos de su conducta irregular o las consecuencias de su falla son similares por cuanto el particular resulta, por dicha falla, privado del derecho de dominio que ejerce sobre su bien.”