Auto 1993-01373 de abril 8 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad. 05001-23-31-000-1993-01373-02 (49.414)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Ref.: Medio de control de acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Ramonerre y Cia. Ltda.

Demandado: Empresas Varias de Medellín

Bogotá, D.C., ocho de abril de dos mil catorce.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto proferido el 10 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el que se ordenó el archivo del proceso, por desistimiento tácito.

I. Antecedentes

1. Ramonerre y Compañía Ltda., por intermedio de su representante legal y a través de apoderado judicial, instauró acción contractual contra las Empresas Varias de Medellín.

Una vez proferida la sentencia de primera instancia, y surtiéndose el recurso de apelación, el Consejo de Estado en providencia del 16 de enero de 2012, declaró la nulidad de todo lo actuado, desde el auto admisorio de la demanda, y dispuso la vinculación, en calidad de litisconsorte necesario por pasiva, de la compañía Hilco Ltda., en razón de ser el adjudicatario del contrato objeto de controversia en el proceso.

2. Mediante auto del 31 de julio de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó a la parte demandante que, conforme a los artículos 315 a 320 del Código de Procedimiento Civil, adelantara las gestiones necesarias para la notificación del litisconsorte, según lo dispuesto por el superior.

3. En providencia del 20 de agosto de 2013 se requirió a la parte demandante, para que adelantara las diligencias necesarias, referente a los gastos del proceso de la sociedad vinculada en los términos del artículo 65 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el numeral 4º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo.

4. Mediante auto del 10 de octubre del año 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó el desistimiento de la demanda y ordenó archivar el proceso, en aplicación del artículo citado, por vencimiento del término para sufragar los gastos del proceso.

II. Consideraciones

1. La Sala tiene competencia funcional para conocer del asunto porque se trata de un auto interlocutorio, proferido en primera instancia por un tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa (L. 1395/2010, art. 61; CCA, arts. 129 y 146A).

2. El artículo 65 de la ley 1395 de 2010 modificó el numeral 4º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, que se refiere a las disposiciones que debe adoptar el ponente en el auto admisorio de la demanda, y cuyo contenido es el siguiente:

Que el demandante deposite, en el término que al efecto se le señale, la suma que prudencialmente se considere necesaria para pagar los gastos ordinarios del proceso, cuando hubiere lugar a ellos. El remanente, si existiere, se devolverá al interesado, cuando el proceso finalice.

Si dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo previsto en el inciso anterior no se acredita el pago de los gastos procesales, se entenderá que el demandante ha desistido de la demanda y se procederá en forma inmediata al archivo del expediente. (se destaca).

En efecto, la citada disposición establece el depósito de los gastos ordinarios del proceso, cuyo término y cuantía quedan supeditados a lo dispuesto por el juez o magistrado director del proceso en el auto admisorio de la demanda. La norma radica una sanción en cabeza del demandante que no acredite el pago dentro del mes siguiente al vencimiento del término fijado en el auto admisorio.

La sanción impuesta en el precepto indicado, es drástica, en la medida que castiga al actor que no ha sufragado los gastos ordinarios del proceso, al presumir que ha desistido de la demanda, y, por lo tanto, ordena proceder de inmediato al archivo del proceso.

3. En el caso sub judice, la providencia que fijó el depósito para gastos del proceso se notificó a la parte actora por estado del 23 de agosto de 2013 (fl. 543, cdno. 12), y el término de 10 días venció el 6 de septiembre siguiente. Así pues, el, plazo del inciso segundo del artículo 65 ibídem se cumplió el 21 de octubre de esa anualidad. En ese orden el a quo decretó el archivo del proceso, toda vez que no se acreditó la consignación ordenada.

Sin embargo, en el trámite del recurso de apelación propuesto por el apoderado del demandante, este anexó constancia expedida por el Banco Agrario en la que certifica que el 17 de octubre de 2013 se realizó la consignación ordenada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el auto admisorio de la demanda(1). Así las cosas, el actor cumplió con su carga procesal dentro del término concedido por el a quo, en consideración a que el auto en el que se decretó el desistimiento de la demanda, se notificó el día 18 de octubre siguiente, habilitando al demandante para hacer efectivo el pago de los gastos del proceso.

Si bien, es cierto que la norma le impone al demandante la carga de acreditar el pago por medio de la copia de la consignación, también lo es que el juez de lo contencioso debe tener certeza sobre el incumplimiento de la carga procesal por tanto, antes de decretar el desistimiento de la demanda el juzgador debe estar seguro de que no existe prueba de la consignación en los libros de registro de los valores consignados a favor del juzgado o tribunal, o en su defecto, oficiar, por medio de la secretaría, al banco respectivo, para que certifique sobre lo pertinente.

En esta línea de argumentación, en análisis de la figura de la perención de la que se advierte que es diferente al desistimiento tácito, la jurisprudencia del Consejo de Estado señaló:

“Si bien todo actor tiene la carga de acreditar el pago de los gastos ordinarios del proceso, allegando a secretaría copia de la respectiva consignación, la cual se allegó por fuera del término previsto en el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, lo cierto es que también es una carga para el tribunal verificar la referida omisión, antes de decretar la perención del proceso para lo cual previamente la secretaría debe revisar los libros donde se lleve el registro de los valores consignados o en su defecto oficiar al banco para el efectivo control de tales recaudas, de tal forma que se precise en el informe secretarial lo pertinente para efectos de que el juez tenga certeza sobre el cumplimiento o incumplimiento de la obligación señalada en el auto admisorio de la demanda. La perención del proceso es una medida sancionatoria para el litigante que incumple su deber de impulsar la litis, medida de tal gravedad que en todo caso, exige del tribunal certeza sobre el incumplimiento de la carga procesal. Para la Sala el actor cumplió con la obligación prevista en el numeral 4º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo dentro del término legalmente establecido. Las providencias mediante las cuales el a qua declaró terminado anticipadamente el proceso por considerar que operó la perención no alcanzaron su ejecutoria, toda vez que esta se interrumpió con ocasión del recurso de apelación interpuesto, conforme al inciso final del artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, por lo tanto desaparece el fundamento del a qua para decretar la terminación del proceso por la anotada causal”(2).

Por las razones expuestas, y para efectos de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, en los términos del artículo 228 de la Constitución Política, la Sala revocará la providencia impugnada, y en su lugar, ordenará continuar con el trámite del proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. Revócase el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, del 10 de octubre de 2013, que decretó el archivo del proceso, por desistimiento tácito.

2. Por secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Enrique Gil Botero, presidente—Olga Melida Valle De La Hoz—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

1 Folio 553, cuaderno principal. 

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto del 9 de febrero de 2006, Consejera Ponente: Ligia López Díaz.