•Auto 1993 de mayo 15 de 1992

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

PROPIEDAD INDUSTRIAL

SUSPENDIDA RESOLUCIÓN QUE FIJÓ TASAS

Consejero Ponente:

Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz

Ref.: Exp. 1993

Santafé de Bogotá, D.C., quince de mayo de mil novecientos noventa y dos.

El ciudadano y abogado Luis Carlos Sáchica Aponte, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública que consagra el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, ha presentado demanda ante esta corporación a fin de que se decrete la nulidad, previa suspensión provisional, de la Resolución 334 de 10 de abril de 1992 “Por la cual se fijan las tasas para la tramitación de los procedimientos a que hace alusión la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. La admisión de la demanda

Como la demanda y sus anexos se ajustan a las nulidades previstas en los artículos 137 a 142 Código Contencioso Administrativo, es del caso decretar su admisión y así se hará en la parte resolutiva de este proveído.

II. La solicitud de suspensión provisional

II. 1. Fue sustentada en el mismo libelo de demanda, arguyendo el actor, lo siguiente:

Hay manifiesta violación del artículo 150, numeral 12, de la Constitución Política y de los artículos 6º y 8º del Decreto-Ley 149 de 1976, por cuanto la facultad de establecer contribuciones corresponde de manera exclusiva al Congreso y a las corporaciones públicas de elección popular expresamente señaladas en el artículo 338 de la Constitución Nacional, y la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene tal carácter.

También hay manifiesta violación del artículo 338 de la Constitución Política y de los artículos 6º, literal r), y 8º, literal l), del Decreto-Ley 149 de 1976, por cuanto no se ha expedido ley alguna en la cual se autorice a la Superintendencia de Industria y Comercio para fijar tasas por los servicios que presta relacionados con propiedad industrial, así como tampoco se han dictado las normas legales que fijen el sistema y método para definir tales tarifas.

No es necesario hacer un análisis profundo para concluir que la regulación colombiana del artículo 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contenida en la Resolución 334 de 1992, para ser válida ha debido tener origen en el Congreso y no en una autoridad administrativa, pues dicha regulación es de naturaleza legislativa, tanto en el ordenamiento jurídico comunitario como en el de los países miembros.

II. 2. En orden a decidir la precedente solicitud, la Sala se permite hacer las siguientes

Consideraciones

El artículo 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es del siguiente tenor:

“Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente decisión”.

De acuerdo con la norma comunitaria transcrita corresponde a cada país miembro determinar, en ejercicio de su soberanía, cuál es la oficina nacional competente para fijar las tasas a que ella alude. Será, por consiguiente, el derecho interno de dichos países el que hará tal fijación. Para el caso particular de Colombia habrá que atender las prescripciones de la Constitución sobre la materia.

La resolución acusada, aduciendo estar facultada por la norma comunitaria antes enunciada dispuso fijar las tasas para la tramitación de los procedimientos a que hace alusión la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que es sustitutiva de la Decisión 311 de la misma, y que señala el régimen común sobre propiedad industrial.

A juicio de la Sala, y como bien lo puntualiza el actor, en Colombia por mandato expreso de los artículos 150, numeral 12, y 338 de la Constitución Nacional compete en forma privativa a las corporaciones de elección popular. como son el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales, imponer contribuciones, vocablo genérico que se ha entendido como comprensivo de impuestos, tasas y contribuciones. Tal atribución, deben ejercitarla dichas corporaciones, a través de la ley, las ordenanzas y los acuerdos, normas en las cuales deben fijar directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos.

Según el último precepto constitucional, si bien es cierto que las normas enunciadas pueden permitir que las autoridades —se entienden las administrativas, puntualiza la Sala— fijen las tarifas de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación de los beneficios que les proporcionen, también lo es que el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por dichas normas.

En el caso sub examine, la Superintendencia de Industria y Comercio desatendió claramente la preceptiva de los artículos 150 numeral 12 y 338 de la Carta, pues resolvió fijar las tasas para la tramitación de los procedimientos a que alude la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, arrogándose así una atribución que es privativa del Congreso de la República, desconocimiento que amerita que se decrete su suspensión provisional como en efecto se hará en la parte resolutiva de este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

I. Por ajustarse a las formalidades legales admitirse la demanda presentada por el ciudadano y abogado Luis Carlos Sáchica Aponte, quien actúa en su propio nombre. En consecuencia, se dispone:

a) Notifíquese personalmente a la señora Agente del Ministerio Público;

b) Notifíquese personalmente al señor Superintendente de Industria y Comercio. Entréguesele copia de la demanda y sus anexos;.

c) Fíjese en lista por el término de cinco (5) días para que la parte demandada o los intervinientes puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar la práctica de pruebas.

d) Solicítese al señor Superintendente de Industria y Comercio que en el término de ocho (8) días envíe los antecedentes administrativos correspondientes al acto acusado. Hágasele saber al citado funcionario que el desacato a esta solicitud o la inobservancia del plazo constituye falta disciplinaria, y

e) De conformidad con lo ordenado en el numeral 4º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el Decreto Reglamentario 2867 de 1989, y con el objeto de atender los gastos ordinarios del proceso, deposite el demandante la suma de dos mil pesos ($ 2000) moneda corriente dentro de los diez (10) días siguientes al de regreso del expediente a la secretaría.

II. Tiénese como demandante al ciudadano abogado Luis Carlos Sáchica Aponte y como demandada a la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio.

lIl. Decrétase la suspensión provisional de la Resolución 334 de 10 de abril de 1992 “por la cual se fijan las tasas para la tramitación de los procedimientos a que hace alusión la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión del día 14 de mayo de 1992.

Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Presidente—Miguel González Rodríguez—Yesid Rojas Serrano. 

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