Auto 1994-08502 de mayo 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Exp. 30788

Rad. 0800-1233-1000-1994-08502-01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandantes: María Teresa de Jesús Morales Palacio y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y otro

Naturaleza: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., nueve de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Revisado el expediente en su integridad, la Sala encuentra que se reúnen los requisitos para acceder a la prelación de fallo solicitada por la parte demandante.

De conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 “es obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal”. Esta preceptiva introduce la regla general de lo que hoy es conocido por nuestra jurisprudencia como el derecho al turno, el cual se despliega dentro del conjunto de derechos de rango constitucional, en tanto los principios constitucionales que informan dicho fenómeno jurídico propenden por la materialización del orden justo, y los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso en forma oportuna a la administración de justicia. Es en esta regla donde adquiere mayor relevancia la máxima jurídica según la cual “el primero en el tiempo es primero en el derecho”, logrando la dimensión cronológica suma importancia al momento que el operador judicial administra justicia.

En este orden de ideas, el mismo artículo 18 de la Ley 446 de 1998 consagra el régimen de excepciones del derecho al turno. Allí se estipulan claramente, como ya se anotó arriba, la sentencia anticipada y la prelación legal como los dos primeros casos en los que no es obligatorio atender el mandato general. No obstante, el aludido artículo menciona otros dos eventos en los que se exime al juez de la aplicación de la regla general toda vez que establece que podrá alterarse el orden de decisión en los procesos de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa en atención a la naturaleza del asunto y/o de conformidad a solicitud del agente del Ministerio Público en tanto sea el caso de suma importancia jurídica y trascendencia social.

La extensión del mandato excepcional que permite modificar el derecho al turno bajo las anteriores denominaciones, no se ha limitado al agotamiento de las mismas, si no que, por el contrario, ha sido ampliamente desarrollada por la Sección Tercera de esta corporación, de suerte que a estas disposiciones generales deben sumarse otras asumidas como consecuencia del examen de sucesos particulares dentro de la individualidad de cada proceso, instadas en la mayoría de los casos por solicitudes expresas de prelación realizadas por las partes, cuestión que se ha presentado no pocas veces, en tanto se advierte que el demandante se encuentra en estado de indefensión, de extrema pobreza o de riesgo ostensible en la salud.

De otra parte, encontramos en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, otra fuente normativa en la cual se introdujeron nuevas excepciones a las ya establecidas en la Ley 446 de 1998. Lo innovador de la misma estuvo en las siguientes premisas normativas excepcionales, relacionadas con el orden y prelación de turnos: i) razones de seguridad nacional, (ii) prevención de la afectación del patrimonio nacional, (iii) graves violaciones de los derechos humanos, y (iv) presencia de crímenes de lesa humanidad.

De la lectura articulada del anterior enunciado normativo, es de suyo, según indican los criterios hermenéuticos, que se dé la integración de las denominaciones (iii) graves violaciones de los derechos humanos y (iv) presencia de crímenes de lesa humanidad, en un solo enunciado normativo, toda vez que los últimos están comprendidos en los primeros, según se colige del análisis de la norma pertinente consignada en el Estatuto de Roma, incorporado al ordenamiento interno por medio de Acto Legislativo 2 de 2001, el cual adicionó el artículo 93 de la Carta Política. Por lo que consecuencialmente la correcta denominación de esta excepción del derecho al turno ha de ser “en los casos en que se presenten graves violaciones de los derechos humanos, en especial los crímenes de lesa humanidad”.

Teniendo en cuenta lo anterior, son consideradas como graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, debido al carácter inderogable de los derechos vulnerados: la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales o asesinatos selectivos, entre otros(1).

Sobre las llamadas ejecuciones extrajudiciales o asesinatos selectivos, es preciso indicar que dichas denominaciones no han sido objeto de definición en los instrumentos internacionales, sin embargo, la doctrina ha definido este fenómeno criminal como aquella privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, o tolerancia de estos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga y con ocasión de una política estatal de objetivos precisos y definidos.

En el caso sub judice se observa que la solicitud de prelación incoada por la parte demandante se adecua a uno los supuestos previstos en el mandato legal contemplado en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, específicamente a la excepción encaminada a materializar el carácter preferente de un proceso judicial en particular cuando se presenten graves violaciones de los derechos humanos, en especial, por el acaecimiento de crímenes de lesa humanidad.

Así las cosas, del análisis del caso se desprende que los hechos del mismo tienen un carácter especial que ameritan la anticipación del fallo, en tanto que, los derechos presuntamente vulnerados y que sirven de sustento a la demanda de la referencia son de carácter fundamental, máxime si se tiene en cuenta la especial protección que le brinda el derecho internacional humanitario en los eventos en que son flagelados mediante actuaciones que se configuran como crímenes de lesa humanidad.

Por lo expuesto, se

RESUELVE:

CONCEDER la solicitud de prelación de fallo formulada por la parte demandante.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Estatuto de Roma, artículo 7º.