Auto 1996-00779 de febrero 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Expediente: 25471

Radicado: 180012331000199600779 01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandante: José Hernando Duarte Cabezas

Demandado: Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación.

Naturaleza: Acción de reparación directa.

Resuelve la Sala la solicitud de prelación de fallo presentada por la parte actora, la cual se denegará conforme a los siguientes:

Antecedentes

1. Mediante escrito presentado ante el Tribunal Administrativo del Caquetá el 21 de mayo de 1996, el señor José Hernando Duarte Cabezas, a través de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios sufridos con ocasión de la pérdida total del inmueble denominado “Finca Canadá”, ubicada en el municipio de San Vicente del Caguán - Caquetá, producto de la omisión de parte de la Fiscalía Dieciséis de la Unidad de Puerto Rico - Caquetá, consistente en el incumplimiento de la obligación legal de emitir orden perentoria para impedir la negociación del bien sujeto a registro, de propiedad de Diosely Motta, y por la posterior orden dictada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Vicente del Caguán, en el sentido de cancelar los registros de las escrituras 4053 del 19 de octubre de 1993 y 1617 del 2 de noviembre del mismo año, otorgadas en la Notaría Primera y Segunda de Florencia, respectivamente, según providencia del 26 de mayo de 1994 proferida por el mencionado despacho judicial (fls. 18-33, cdno. 1).

2. En sentencia del 13 de junio de 2003 el a quo declaró no probadas las excepciones propuestas por las entidades demandas, por lo que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, declarando únicamente la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación - Rama Judicial y de la Nación - Fiscalía General de la Nación (fls. 328-348, cdno. ppal.). El proceso fue recibido por esta corporación y una vez surtido el trámite de la segunda instancia, entró a despacho para elaborar proyecto de sentencia el 29 de marzo de 2004 (fl. 392, cdno. ppal.).

3. En memorial allegado el 28 de noviembre de 2013, el demandante solicitó prelación de fallo en el asunto de la referencia en consideración a que, según afirmó, se cumplen los requisitos exigidos por la ley para dar aplicación a este fenómeno jurídico excepcional, toda vez que su salud se ha visto gravemente afectada con el pasar de los años, en tanto padece de una arritmia cerebral que podría llevarlo a la muerte, máxime su estado de vejez en la medida que su edad asciende en la actualidad a 72 años (fls. 421-422, cdno. ppal.).

Consideraciones

Revisado el expediente, la Sala encuentra que no se reúnen los requisitos para acceder a la prelación de fallo solicitada.

Como consecuencia natural del principio de igualdad, la ley previene que la resolución de los casos debatidos en sede jurisdiccional atiendan a un criterio cronológico, sustentado en el turno de llegada correspondiente.

De conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 “es obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal” (resaltado del despacho). Esta preceptiva introduce la regla general denominada hoy por la jurisprudencia nacional como el derecho al turno, el cual se despliega dentro del conjunto de derechos de rango constitucional, en tanto los principios constitucionales que informan dicho fenómeno jurídico propenden por la realización del orden justo, y los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la administración de justicia. Es en este aforismo de linaje y ascendencia jurisprudencial, donde consigue mayor relevancia la máxima jurídica según la cual “el primero en el tiempo es primero en el derecho”, logrando la dimensión cronológica antes dicha asumir importancia preponderante al momento que el operador judicial administra justicia.

Es así como, del análisis integral del conjunto de normas de tipo constitucional y legal que reglan el turno para dictar fallo y sus excepciones hallamos el régimen de prelación de procesos, en cuanto se refiere a la adopción de la decisión judicial que los concluya.

En este orden de ideas, el mismo artículo 18 de la Ley 446 de 1998 consagra el régimen de excepciones del derecho al turno. Allí se estipulan de manera clara, como ya se anotó arriba, la sentencia anticipada y la prelación legal como los dos primeros casos en los que no es obligatorio atender el mandato general.

Por otra parte, el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 preceptúa que “Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación” o cuando “Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe solo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos”.

Además de lo anterior, la extensión del mandato excepcional que permite modificar el derecho al turno bajo las anteriores denominaciones, no se ha limitado al agotamiento de las mismas, sino que, por el contrario, ha sido ampliamente desarrollada por la Sección Tercera de esta corporación en aras de efectivizar, principalmente, los derechos fundamentales de igualdad, en su espectro negativo, y de acceso a la administración de Justicia, de suerte que a estas disposiciones generales deben sumarse otras asumidas como consecuencia del examen de sucesos particulares dentro de la individualidad de cada proceso, instadas en la mayoría de los casos por solicitudes expresas de prelación realizadas por las partes, cuestión que se ha presentado no pocas veces, en tanto se advierte que el demandante se encuentre en estado de indefensión, de extrema pobreza o de riesgo ostensible en la salud.

De otra parte, en relación con las solicitudes de prelación sustentadas en la avanzada edad y grave estado de salud de quien la presenta, la Corte Constitucional(1) ha sostenido que cuando se encuentren demostradas estas circunstancias, eventualmente puede accederse a la prelación solicitada, esto debido a que en estos casos específicos la parte que solicita la prelación goza de especial protección constitucional y, en caso de mantenerse el turno asignado, es probable que la persona fallezca antes de que se decida el asunto en el que tiene interés, lo cual derivaría en la vulneración del derecho fundamental al acceso efectivo a la administración de justicia del titular de protección reforzada. Sobre el particular la Corte Constitucional sostuvo:

Analizadas todas las circunstancias del caso, esta Sala llega a la conclusión de que la protección solicitada por las tutelantes debe concederse.

En efecto, tal como exige la jurisprudencia constitucional, en el caso concreto la tutela involucra derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, ya que en dos de los casos se trata de persones de la tercera edad y en los tres casos, de personas que atraviesan por una situación delicada de salud, tal como se prueba en los documentos recaudados por la Sala. Además, aunque Roquelina del Carmen Mendoza solo cuenta 58 años, su esposo, demandante también en el proceso contencioso, murió durante su trámite, dejándola con la responsabilidad de criar a sus hijos menores de edad, lo que hace suponer que dicha demandante es madre cabeza de familia, pues vela exclusivamente por la manutención y cuidado del hogar.

(…).

Finalmente, es claro que las condiciones económicas y de salud de las tutelantes están en íntima relación de dependencia respecto de las pretensiones del fallo, pues la decisión que debe adoptar el Consejo de Estado gira en torno a la indemnización reconocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Córdoba. Ello hace suponer que la decisión que adopte el Consejo de Estado repercutiría eventualmente en la mejoría de las condiciones de salud y vida de las peticionarias, quienes de conformidad con las pruebas viven en condiciones de miseria, en casas de materiales baratos de construcción y en estado de desnutrición y anemia.

En conclusión, la Sala considera que las circunstancias que confluyen en el caso concreto ameritan aplicar la regla excepcionalísima de la prelación del fallo, habida cuenta el peligro inminente al que se enfrentan las tutelantes.

No obstante, la Sala se permite hacer estas siguientes precisiones con el fin de delimitar el alcance de esta decisión.

En primer lugar, la Sala reitera la posición de la Corte en el sentido de que la procedencia de la tutela para adelantar los turnos de fallo ordinario es de carácter excepcionalísimo. Ello significa que la decisión que aquí se adopta procede por gracia de la confluencia de factores extremos que demuestran un peligro inminente para la supervivencia de los derechos fundamentales y de la vida de las peticionarias. Es la conjunción de estos elementos fácticos lo que permite que el orden regular de fallo, hecho para garantizar el derecho a la igualdad de los usuarios de la administración de justicia, ceda a la necesidad apremiante de proteger otros derechos fundamentales. Por ello, ni la sola condición de sujetos de especial protección, ni la edad, ni su situación física constituyen, per se, criterios que tengan la virtualidad de hacer triunfar la pretensión para que el turno de fallo se adelante.

No obstante lo anterior, vale poner de presente que la misma Corte Constitucional limitó los alcances de su pronunciamiento al indicar que no basta con alegar la condición de sujeto de especial protección, el estado de avanzada edad, o las circunstancias de afectación física padecidas para que se tenga que acceder a las solicitudes de prelación fundadas en ellas, ya que además de tener que estar demostradas por el solicitante las circunstancias alegadas en la solicitud de prelación, la decisión de conceder o no dicho trato preferente debe ser adoptada considerando todos los factores derivados de cada caso particular, lo que significa que será competencia de cada operador judicial determinar si la solicitud de prelación presentada merece de un trato preferencial y la alteración del turno previamente asignado.

En este orden de ideas, comoquiera que en el caso sub judice el demandante solicitó que se diera prelación al proceso de la referencia por dos situaciones, a saber, i) por el delicado estado de salud del demandante, y ii) por su evidente estado de vejez, corresponde a la Sala determinar si es viable acceder a la solicitud de prelación presentada el 28 de noviembre de 2013 con base en estos argumentos.

Si bien es cierto que la jurisprudencia constitucional aceptó la procedencia de la prelación sustentada en la avanzada edad o en el delicado estado de salud del solicitante, para que sea viable estudiar su procedencia o viabilidad es indispensable que la parte interesada en la prelación demuestre siquiera sumariamente las circunstancias especiales que la llevan a pedir este trato preferencial, pues la simple manifestación de encontrarse en una presunta situación especial no es suficiente para verificar o constatar la necesidad de un trato preferente con respecto a los demás usuarios de la administración de justicia, carga procesal que encuentra su respaldo en el artículo 177(2) del Código de Procedimiento Civil y que es apenas razonable si se tiene en cuenta que la decisión adoptada podría involucrar la afectación de los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de quienes no se encuentran en situación de tratamiento especial.

Luego de revisar el expediente y la solicitud de prelación presentada por la parte demandante el 28 de noviembre de 2013 (fls. 421-422, cdno. ppal.), encuentra la Sala que el solicitante se limitó a manifestar que se encontraba en grave estado de salud y que se encontraba en un estado de vejez avanzado, pero no demostró siquiera sumariamente estas circunstancias para realizar la valoración respectiva, motivo que da lugar a negar la solicitud de prelación presentada porque no es posible constatar las condiciones alegadas y que derivarían en un trato preferencial.

No obstante lo anterior, se informa al interesado que actualmente la Sección Tercera de esta corporación se encuentra fallando los procesos que ingresaron para dictar sentencia el segundo semestre del año 2004, lo que significa que el proceso se encuentra en turno para ser objeto de análisis, registro de proyecto y fallo.

Por otro lado, advierte el despacho que a folio 429 del cuaderno principal obra poder conferido por quien actúa en condición de directora seccional de administración judicial Neiva-Florencia (E), a favor del profesional del derecho Juan Carlos Reyes Murcia.

En mérito de lo expuesto, la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta corporación,

RESUELVE:

1. NO CONCEDER la solicitud de prelación de fallo formulada por la parte demandante, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, SE RECONOCE personería al abogado Juan Carlos Reyes Murcia, identificado con la cédula de ciudadanía 16.188.383 de Florencia y portador de la tarjeta profesional 174.935 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte demandada, Nación - Rama Judicial, en los términos y para los efectos del poder a él conferido.

3. Una vez surtido el trámite de notificación de la presente providencia, por secretaría de la Sección, DEVUÉLVASE al despacho a fin de elaborar proyecto de sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Danilo Rojas Betancourth, Presidente de la Sala—Ramiro Pazos Guerrero—Stella Conto Díaz del Castillo.

(1) Corte Constitucional, Sentencia T-945 A de 2 de octubre de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(2) Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.