Auto 1996-02313/23359 de septiembre 16 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-1996-02313-01(23359)

Consejero ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol

Demandado: Compañía de Seguros Comerciales Bolívar S.A

Ref.: Acción de Controversias Contractuales

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil trece

Procede la Sala a resolver la solicitud presentada por la parte demandada en el sentido de aclarar y adicionar la sentencia proferida el 17 de abril de 2013 dentro del proceso de la referencia(1).

I. Antecedentes:

1. El día diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013), la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia dentro del presente proceso, en los siguientes términos:

“1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, por lo que, en consecuencia, queda separado del conocimiento del presente asunto.

2. Modificase la sentencia proferida el 13 de junio de 2002 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia y, en su lugar, se dispone:

Declarase el incumplimiento del contrato de seguros que respaldó el contrato DIJ-A-259-90 y sus adiciones.

Como consecuencia de la declaración anterior Condenase a Seguros Bolívar S.A., a pagar a Ecopetrol por concepto de cláusula penal pecuniaria la suma de quinientos sesenta y cuatro millones setecientos dieciocho mil ochocientos setenta y siete pesos, moneda corriente ($564.718.877.84); por concepto de anticipo no amortizado la suma de trecientos tres millones setecientos sesenta mil doscientos cincuenta y cinco pesos con setenta y tres centavos ($303.760.255.73); por concepto de intereses moratorios la suma de seiscientos cincuenta y nueve millones ciento cincuenta y siete mil setecientos noventa y tres pesos, moneda corriente ($659.157.793).

3. Sin condena en costas.

4. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen”.

2. La sentencia se notificó por edicto, el cual se fijó en la Secretaría de la Sección Tercera durante el término de tres (3) días comprendidos entre el 9 y el 14 de mayo de 2013, según constancia secretarial obrante a folio 353 del expediente.

3. Mediante escrito presentado el día 10 de mayo de 2013 ante la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, la parte demandada solicitó aclaración y adición de la sentencia.

La petición de aclaración y de adición del fallo se formuló con sustento en las siguientes razones:

“1. El demandante solicitó en sus pretensiones, primero, que se declarara que por efectos de la fusión aprobada por la Superintendencia Bancaria mediante resolución 3068 de 31 de julio de 1992, Seguros Comerciales Bolívar debería responder por las pólizas 179703, 19704 y 179706 expedidas por Aseguradora del Valle.

La segunda pretensión y pretensión principal pide que se declare que Seguros Comerciales Bolívar S.A. ‘es civil y administrativamente responsable del incumplimiento de los contratos DIJ-A 259-90 DIJ-A 116-AC-91 y DIJ-A-223-AD-91 suscritos entre la Empresa Colombiana de Petróleos —Ecopetrol— y el Consorcio Latiff Ingeniería - Sepinta Ltda., por estar amparados por las pólizas de seguros de cumplimiento 179703, 179704 y 179706…’.

La tercera pretensión dice: ‘que como consecuencia de las pretensiones anteriores se declare que Seguros Comerciales bolívar S.A., por el no pago de las indemnizaciones como consecuencia de los siniestros incumplió sus obligaciones contractuales con Ecopetrol…’.

Siendo la pretensión principal, ‘declarar que Seguros Comerciales Bolívar S.A., es civil y administrativamente responsable del incumplimiento de los contratos administrativos suscritos entre Ecopetrol y el Consorcio Latiff y Sepinta y las demás pretensiones consecuenciales de ésta, para declarar el incumplimiento de Seguros Comerciales Bolívar, —que el Consejo declara en el numeral segundo de la parte resolutiva—, necesariamente tendría que haber declarado la pretensión principal…

Ruego entonces a los señores Magistrados aclarar la incoherencia entre la parte resolutiva de la sentencia y las pretensiones de la demanda, que es clara evidencia.

2… Le solicito a los Honorables Magistrados, aclarar cuál era el término para que Ecopetrol liquidara los contratos [de obra pública], toda vez que entre el 30 de junio de 1992 con la Resolución 030 que confirmó la 004 de 28 de enero del mismo año y la Resolución 016 del 31 de marzo de 1995, que liquidó el contrato pasaron, dos años y nueve meses.

(…)

Le ruego a los honorables magistrados, aclarar si la resolución que liquidó el contrato es nula por falta de competencia o si Ecopetrol todavía tenía competencia para liquidar el contrato.

3. Aluden los honorables magistrados en su sentencia a jurisprudencias del Consejo de Estado de Sala Plena que enseñan que la administración tiene dos años para configurar el título y agotar la vía gubernativa so pena de que la obligación del asegurador no surja y el derecho de la Entidad asegurada tampoco.

Si las resoluciones de Ecopetrol que declaran el incumplimiento del contrato son de enero y junio de 1992 y la liquidación del contrato es de marzo de 1995 evidentemente pasaron más de dos años de los que tratan las jurisprudencias del 31 de Octubre de 1994 de Guillermo Chaín Lizcano….

Es necesario solicitar aclaración o complementación respecto a éste aspecto, pues parodiando a los honorables magistrados en la página 43 de la sentencia “…se concluye entonces que en este evento no se configuró adecuadamente el siniestro, luego, no podría considerarse el incumplimiento de la obligación…”.

4… La solicitud de aclaración para los honorables magistrados, se refiere a si se aplicaron las normas y la jurisprudencia de la época o si no, y si estando declarado el siniestro y cuantificado el perjuicio en las mismas resoluciones 004 y 0030 de 1992, qué sentido tiene iniciar un proceso declarativo para que se declaren incumplimientos imposibles o incumplimientos ya declarados y con presunción de legalidad?.

5. Frente a la liquidación de los perjuicios, la liquidación que hace el Honorable Consejo debe aclararse por las siguientes razones:

(…)

… frente al caso que nos ocupa, es preciso advertir que una correcta liquidación, de conformidad con los parámetros establecidos por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, en reiterada jurisprudencia incluiría: i) una actualización monetaria, a partir del momento en el cual se hicieron exigibles las supuestas —inexistentes obligaciones dinerarias—; y, ii) intereses moratorios desde el 1º de julio de 2005, fecha desde la cual los mismos fueron solicitados, y en los cuales no puede incluir un factor de actualización. Es decir, los intereses tendrán que ser calculados como un ‘interés simple’....

A diferencia de lo realizado por el Consejo de Estado, en la jurisprudencia objeto de la presente solicitud, el cálculo de intereses no deberá hacerse tomando por base valores actualizados…” (Resalta la Sala).

II. Consideraciones

Para analizar si resulta procedente la aclaración y la adición de la sentencia, es necesario referirse a las normas procedimentales que regulan las actuaciones judiciales en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, en tal virtud, comoquiera que el Código Contencioso Administrativo no regula el tema, debe tomarse como punto de partida la previsión contenida en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo(2), precepto éste que indica que en los aspectos no regulados por dicho Estatuto se debe aplicar el Código de Procedimiento Civil en todo aquello que resulte compatible con la naturaleza de los procesos y de las actuaciones que correspondan a esta Jurisdicción.

De la norma en cita se desprende que en materia de aclaración, corrección de errores aritméticos y adición de la sentencia, resultan aplicables los artículos 309 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto a la aclaración se refiere, el artículo 309 de la mencionada norma señala que, a pesar de que la sentencia no es reformable ni revocable por el juez que la pronunció, es posible, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, a través de auto aclarar los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que tales conceptos o frases se encuentren contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.

Ahora bien, en cuanto tiene que ver con la adición de la sentencia, se tiene que resulta procedente en los eventos en los cuales el juez dejó de resolver parte de las pretensiones que fueron sometidas a su consideración o, en otros términos, cuando “la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento”, tal como lo prevé el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil.

Una vez revisado el expediente, encuentra la Sala que la solicitud de aclaración y adición de la sentencia se presentó de manera oportuna, toda vez que, según consta a folio 353 del expediente, el término de ejecutoria de la providencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, corrió entre el 15 y el 17 de mayo de 2013, mientras que la solicitud de aclaración y de adición se allegó el día 10 de las mismas calendas(3).

Ahora bien, se solicita la aclaración y adición de la sentencia proferida el 17 de abril de 2013 dentro del proceso de la referencia, pedimento que eleva con sustento en los aspectos que ya se indicaron y que, a continuación, pasan a ser analizados:

2.1. En cuanto al primer argumento de la petición, se observa que, en efecto, en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia se dispuso: “Declarase el incumplimiento del contrato de seguros que respaldó el contrato DIJ-A-259-90 y sus adicionales”, expresión que coincide plenamente con los pedimentos formulados en la demanda, al punto que, luego de revisar de manera sistemática las pretensiones, encontró la Sala que las sumas reclamadas corresponden a las prestaciones amparadas por las pólizas, las cuales, al materializarse los siniestros que cubrían, la entidad demandada tenían la obligación de pagar y que, por ausencia de pago, la parte actora fundamentó el incumplimiento del contrato.

Nótese que la pretensión tercera es clara en señalar que el pedimento se contrae a que se declare el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de seguro “establecidas en las Pólizas de Seguro de Cumplimiento… números 179703, 179704 y 179706”, en los siguientes términos:

“3. Que como consecuencia de las pretensiones anteriores, se declare que Seguros Comerciales Bolívar S.A., por el no pago de las indemnizaciones como consecuencia de los siniestros, incumplió sus obligaciones contractuales con la Empresa Colombiana de Petróleos —Ecopetrol— establecidas en las Pólizas de Seguro de Cumplimiento en favor de entidades oficiales 179703, 179704 y 179706 con sus respectivos Certificados de Modificación…”.

De ahí que en el escrito de apelación se reitere que el pedimento formulado en la demanda se encuentra encaminado a que “se declare responsable a Seguros Comerciales Bolívar S.A.,” y, en consecuencia, se le condene “por el no pago de las indemnizaciones originadas en los siniestros amparados por las pólizas”.

Así las cosas, lo resuelto en la providencia de 17 de abril de 2013, guarda estrecha relación con las pretensiones de la demanda, por lo cual la petición de aclaración en este aspecto no cumple con los requisitos previstos para su procedencia y deberá ser negada.

2.2. En cuanto al segundo argumento de la petición se ha de decir que, una vez revisada la solicitud presentada, encuentra la Sala que no cumple con los requisitos de que trata el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil para su procedencia, en tanto que la aclaración pedida no se encuentra encaminada a aclarar conceptos o frases que ofrezcan motivo de duda y sí a obtener que la decisión que se adoptó en esta instancia extienda sus efectos a otro tipo de reclamos.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que según lo definido expresamente por el legislador en la parte inicial del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, “La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció”, la petición de aclaración elevada en la forma que se dejó vista, debe rechazarse por ser abiertamente improcedente.

2.3. Solicitó la parte demandada que se adicione el fallo proferido el 17 de abril de 2013 dentro del proceso de la referencia, por considerar que para que la obligación de la Compañía Aseguradora surja “la Administración tiene dos años para configurar el título”, de donde, concluyó que “si las resoluciones de Ecopetrol que declaran el incumplimiento del contrato (o la ocurrencia de los siniestros) son de enero y junio de 1992 y la liquidación del contrato es de marzo de 1995 evidentemente pasaron más de dos años”.

Sobre este particular, resulta del caso reiterar que, según lo dispuesto en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, la adición de las sentencias procede en aquellos eventos en los que se “… omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento…”, pero en el presente evento, en tanto que, del texto de la providencia se desprende que la Sala examinó en cada uno de los siniestros respecto de los cuales se alegó el incumplimiento por falta de pago de la Compañía Aseguradora la i) existencia y exigibilidad de la obligación y, ii) el cumplimiento de la misma por la parte demandada, para luego concluir que sólo respecto del siniestro amparado en la Póliza 179706 que respaldaba el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal empleado, la entidad demandada efectuó la declaratoria de manera extemporánea, en tanto que lo hizo por fuera de los dos años con los cuales contaba, después de haber tenido conocimiento de la ocurrencia de los hechos constitutivos del mismo, circunstancia que no aconteció respecto de los otros siniestros.

Sobre la base de lo antes dicho, resulta claro que la Sala no dejó de decidir lo relativo a este aspecto, razón por la cual la petición formulada por la entidad demandada no cumple con los requisitos previstos para su procedencia, por lo cual deberá ser negada.

2.4. En lo que concierne al cuarto argumento de la petición debe señalar la Sala que una vez revisada la solicitud de aclaración presentada en ese sentido, encuentra que no cumple con los requisitos de que trata el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil para su procedencia, pues la aclaración pedida no se encuentra encaminada a esclarecer conceptos o frases que ofrezcan motivo de duda y si se encamina a reabrir la discusión respecto de la procedencia de la acción ejercitada por la parte actora, aspecto que fue examinado en la sentencia.

2.5. Finalmente, solicitó la parte demandada que se aclare el fallo proferido, por considerar que de manera errada se liquidaron los intereses, en tanto que no era válido “incluir un factor de actualización”.

Sobre este particular, resulta del caso mencionar que tal como se señaló al inicio de la providencia, según lo dispuesto en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, la aclaración de sentencias procede en aquellos eventos en que sea necesario “aclarar los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que tales conceptos o frases se encuentren contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella”.

Al respecto se observa que en la solicitud formulada, la parte demandada no indicó los conceptos o frases que generaban duda y, por consiguiente, que merecían aclararse, pero si se hace evidente la intención de abrir un debate jurídico en relación con los intereses que se debían generar con ocasión de la condena impuesta en contra de Seguros Comerciales Bolívar S.A., aspecto que resulta ajeno al objetivo del instituto procesal utilizado.

Así las cosas, dado que la petición de aclaración en este aspecto no cumple con los requisitos previstos para su procedencia debe ser resuelta negativamente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.

Resuelve

Negar la solicitud de aclaración y adición presentada por Seguros Comerciales Bolívar S.A., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez.

(1) Folios 303 a 352 del cuaderno principal.

(2) Decreto 01 de 1984.

(3) Folio 354 del expediente.