Auto 1996-03328 de enero 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente:

Dr. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Rad.: 25000232600019960332801 (22760)

Actor: Sociedad Seguridad Dincolvip Ltda.

Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

Ref.: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., enero treinta de dos mil trece 2013.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Esta Sala es competente para pronunciarse respecto de la presente petición en virtud de haber proferido la sentencia del 22 de octubre de 2012, respecto de la cual se debe efectuar la corrección.

En cuanto a la solicitud de adición para que en la sentencia se ordene le entrega de sus honorarios profesionales, se abstendrá la Sala de efectuar pronunciamiento alguno, ya que este asunto pertenece al ámbito de las relaciones establecidas entre las partes en ejecución del contrato de mandato judicial, respecto del cual cuentan con los mecanismos legales para hacer garantizar sus derechos acudiendo a la autoridad competente.

Acerca de la solicitud de adición, para pronunciarse sobre los intereses solicitados por el demandante, se tiene que de acuerdo con el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término.

Solicita el peticionario que se pronuncie sentencia respecto de los intereses pedidos en la demanda, esto es, el dejado de percibir sobre el 13% de la ganancia esperada, el cual debe ser liquidado mes a mes, correspondiente al corriente bancario, certificado por la Superintendencia Bancaria.

Comoquiera que en la providencia objeto de aclaración no se efectuó pronunciamiento expreso acerca de los intereses solicitados por el actor, procede la Sala a adicionar la sentencia, con el fin de analizar la procedencia de los intereses deprecados en el libelo petitorio.

En primer lugar, debe señalarse que en la legislación colombiana no existe definición expresa del concepto de intereses, pero el artículo 717 Código Civil se refiere a ellos como “frutos civiles” y están constituidos por las sumas recibidas por el acreedor de su deudor “sin contraprestación distinta al crédito otorgado” cualquiera sea su justificación.

Al respecto ha manifestado la Corte Suprema de Justicia que el interés puede definirse como el precio del dinero(1), la contraprestación por el uso o disfrute, retribución o ganancia e indemnización por el incumplimiento moratorio”(2), es decir que equivalen al precio, rendimiento o utilidad de dinero mientras dure su restitución, se pague el capital o retorne la inversión o, la pena, resarcimiento e indemnización por la mora y entre su características principales encontramos que se trata de una prestación accesoria de origen legal, convencional o por daño y que está necesariamente atada a la obligación principal de pagar un capital(3).

Respecto de su reconocimiento y de su compatibilidad con la actualización de las condenas, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que si se trata de intereses civiles, previstos por la ley en cuantía del 6% anual, ellos son compatibles con la actualización, pero dicha posición varía cuando se trata de intereses comerciales, ya que dicha tasa contiene el componente inflacionario, y por tanto el capital queda puesto a valor presente, Por otra parte, en el caso de los intereses de Ley 80, es la misma ley la que dispone que son compatibles con el pago del capital actualizado, aplicándoles el mismo tratamiento que el de la mora del Código Civil(4).

De acuerdo a lo anterior y aplicándolo al caso concreto, la Sala considera que, no es posible reconocer los intereses solicitados, teniendo en cuenta que el pago de la suma dispuesto en la sentencia, que como allí claramente se expresó, se reconoce por la pérdida de oportunidad de ser favorecido con la adjudicación del contrato, no constituye una obligación dineraria preexistente que hubiera estado en mora de pagarse, sino que la misma era una expectativa del actor, discutida a lo largo de proceso y que solo se consolidó a partir de lo establecido en el fallo, de forma que la manera de mantener el valor de la suma allí concedida es con la actualización como allí se hizo.

En lo relacionado con la corrección del nombre del declarante que fuera solicitada, se señala que el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil dispone que:

“La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella”.

Por otra parte, el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil permite la corrección de errores aritméticos o los relativos a la omisión, cambio o alteración de palabras contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella, lo cual puede efectuarse en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte mediante auto susceptible de los mismos recursos que procedían centra ella, salvo los de casación y revisión.

“Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético, es corregible por el juez que la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto susceptible de los mismos recursos que procedían contra ella, salvo los de casación y revisión”.

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará en la forma indicada en los numerales 1 y 2 del artículo 320.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella”.

Estas normas facultan al juez, para enmendar los errores, aclarar términos u omisiones en que se pueda haber incurrido al proferir una determinada decisión judicial, sin que pueda por esa vía reabrir el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que se corrige, aclara o adiciona.

La corrección solicitada se refiere a que al citar los declarantes se incluyó el nombre del apoderado Carlos Soto y no el del declarante Silva, y aunque el error fue cometido en la parte considerativa de la providencia, puede prestarse a equívocos al momento de su ejecución o puede generar confusión a la entidad condenada por cuanto la equivocación involucra el nombre de quien obró como mandatario judicial de la parte actora, razón por la cual se accederá a lo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Negar el reconocimiento de los intereses solicitados por el demandante, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones.

2. Corregir la página 15 numeral 8 y página 22 párrafo primero de la sentencia proferida el 22 de octubre de 2012 para indicar que el declarante fue Jaime Humberto Silva Cabrales y no Carlos Soto Rivero como allí se consignó.

3. Reconocer personería a la doctora Gloria Marcela Corté Jaramillo, con tarjeta profesional 46.960 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada judicial del SENA, en los términos en que fue conferido el poder.

4. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sala Plena, sentencia de 25 de febrero de 1937, XLIV, 615: “El interés no es otra cosa que el precio el precio que se paga por la disponibilidad del capital, dentro de los factores de la oferta y la demanda del capital disponible, se halla determinado por el tiempo que se preste y por una prima de compensación a los riesgos inherentes al préstamo.

(2) Cas. Civil. Sentencia de 27 de agosto de 2008 (SC-084-2008), exp. 11001-3103-022-1997-14171-01: “Por interés, se entiende, la contraprestación por el uso o disfrute de cosa de género y la retribución, rédito, ganancia, rendimiento, provecho o porción equivalente prorrata temporis en dinero del valor del bien cuya restitución o pago se debe a futuro (intereses remuneratorios) y la indemnización o sanción impuesta en virtud del incumplimiento de la prestación (intereses moratorios), esto es, “la utilidad o beneficio renovable que rinde un capital “provecho, utilidad o ganancia” valor que en sí ‘tiene una cosa” (Diccionario de la Real Academia Española), “precio por el uso del dinero” (T.P. Fitch, Dictionary of Banking Terms, Barron’s, New York, 1990, pág. 317), “la renta, utilidad o beneficio que rinde algún dinero, en virtud del contrato o por disposición legal”, “el beneficio o la cantidad que el acreedor percibe del deudor además del importe de la deuda” (J. Escriche, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, Librería de la Ciudad de Ch. Bouret, París, 1931), los frutos civiles (C.C. art. 717), la sanción, pena reparación o indemnización por la mora (C.C. art. 1608). En las obligaciones dinerarias, cuyo objeto in obligatione e in solutione, es el pago de una cantidad de dinero interés, es el precio por el uso del dinero durante todo el término de su disfrute o, la pena por la mora, expresado siempre en una parte de su valor, ya por disposición legal, ora negocial hasta el límite normativo tarifado...”.

(3) Namen Vargas, William; El régimen de intereses en la Jurisprudencia Civil, intervención VIII Congreso de Derecho Financiero, Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, octubre 22 de 2009. Cartagena, Colombia.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de junio 23 de 2010, rad. 18395, C.P. Enrique Gil Botero.