Auto 1996-03577 de junio 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Radicación número: 76001-23-31-000-1996-03577-01(20524)A

Actor: Jairo Antonio Ossa Lopez

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro.

Referencia: Contratos

Bogotá, D.C., veintisiete de junio de dos mil trece.

Resuelve la Sala la solicitud formulada por la parte demandante, atinente a que se profiera sentencia complementaria en el proceso de la referencia.

Antecedentes

1. Mediante fallo proferido el 14 de marzo de 2013, esta Sala dispuso:

“Primero. REVÓCASE el fallo proferido por el Tribunal Administrativo –Sala de Descongestión Sede Cali, el 28 de febrero de 2001.

“Segundo. DECLÁRASE PROBADA la objeción que, por error grave, formuló la Superintendencia de Notariado y Registro, contra el dictamen pericial rendido el 20 de agosto de 1998, por los ingenieros civiles Oswaldo Burgos Carrión y Julián Osorio González.

“Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNASE a los ingenieros civiles Oswaldo Burgos Carrión y Julián Osorio González devolver los honorarios que les hayan sido pagados por la elaboración del dictamen pericial.

“Cuarto.DECLÁRASE la nulidad absoluta de la cláusula décima y del parágrafo segundo del contrato de obra 013, del 24 de marzo de 1994, y de la cláusula segunda del contrato adicional 01, del 28 de diciembre del mismo año, por lo expuesto en la parte motiva.

“Quinto. DECLÁRASE que la Superintendencia de Notario y Registro incumplió el contrato de obra 013 del 24 de marzo de 1994, conforme a las razones expuestas en la parte motiva.

“Sexto.Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE a la Superintendencia de Notariado y Registro a pagar, a Jairo Antonio Ossa López, la suma de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($184’558.146.75) M/cte, por los mayores costos administrativos en los que incurrió en la ejecución del contrato de obra 013 del 24 de marzo de 1994, por culpa imputable a la demandada. La suma indicada cobija capital e intereses.

“Noveno. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda …” (fls. 280 a 282, C. Consejo).

2. Mediante escrito radicado en la Secretaría de la Sección Tercera, el 18 de abril de 2013, esto es, dentro del término de ejecutoria del fallo que puso fin a la controversia en segunda instancia, el apoderado de la parte demandante solicita dictar sentencia complementaria, para que se ordene a la entidad demandada indemnizar integralmente los perjuicios ocasionados a la demandante con el incumplimiento del contrato de obra 013 del 24 de marzo de 1994.

En opinión del demandante, el hecho de que el dictamen pericial rendido en el presente proceso no haya sido idóneo para acreditar los perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato y, por ende, haya sido desestimado por la Sala en la sentencia que resolvió el debate sustancial en segunda instancia, no puede traer como consecuencia la negación de las pretensiones orientadas a obtener la reparación integral de los perjuicios ocasionados por tal hecho jurídico. Dice el demandante:

“si el peritazgo (sic) no resultó conforme con la realidad fáctica y, por consiguiente, no fue tenido en cuenta por el juzgador, ninguna responsabilidad puede endilgarse al solicitante del mismo, esto es, ningún perjuicio debe producirle. Las personas son responsables de sus propias actuaciones, más (sic) no por (sic) las de terceros con los cuales no tiene relación ninguna … (fl. 285, C. 1)

“Habiéndose reconocido en la sentencia el incumplimiento del contrato por parte de la Superintendencia, se impone la necesidad de condenar a ésta al pago de la integridad de los perjuicios causados En defecto de prueba idónea y, existiendo serios indicios de perjuicios en cuantía semejante a la estimada por los peritos, es del caso, para que haya cumplida justicia, conocer el verdadero valor de los tantas veces mencionados perjuicios …” (fl. 289, C. Consejo).

Consideraciones

A pesar de que el escrito presentado por la parte demandante no ofrece mayor claridad acerca de lo que realmente pretende conseguir, la Sala entiende que lo que intenta el memorialista es obtener un pronunciamiento complementario a través del cual se decrete la práctica de una prueba de oficio, tendiente a establecer la totalidad de los perjuicios que se generaron como consecuencia del incumplimiento del contrato de obra 013 del 24 de marzo de 1994, al amparo de lo dispuesto por el artículo 307 del C. de P.C.

Sin embargo, olvida el demandante que la sentencia complementaria es procedente sólo cuando en el fallo no se liquida la condena en concreto (artículo 308 del C. de P.C.) o cuando la sentencia omite resolver algunos de los extremos del litigio o de cualquier punto que, de conformidad con la ley, debe ser materia de pronunciamiento (artículo 311 ibídem).

En este caso no se presenta ninguna de las anteriores hipótesis, pues el fallo del 14 de marzo de 2013 declaró que la entidad demandada incumplió algunas de las obligaciones contractuales a su cargo y ordenó indemnizar los perjuicios que se hallaran probados en el proceso y que tuvieran origen en los hechos constitutivos de incumplimiento.

No obstante, el demandante no probó de manera satisfactoria algunos de los daños que, según afirmó en la demanda, le fueron ocasionados con el incumplimiento del contrato, como los derivados de los mayores costos en la ejecución del mismo (algunos costos administrativos, costos de material y costo de equipos) y debe recordarse que, para que surja la responsabilidad contractual, no es suficiente acreditar simplemente el hecho constitutivo del incumplimiento de las obligaciones, sino que se hace necesario acreditar, de manera concurrente, el daño y la relación de causalidad entre éste y aquél, como se dijo en la sentencia. En este caso, el demandante incumplió la carga probatoria que le correspondía (onus probandi, incumbit actori) y dejó huérfanos de prueba los daños alegados (no su cuantificación) y, por esa razón, las pretensiones de condena formuladas a este respecto fueron negadas.

Se dijo en la parte motiva de la sentencia:

“… la simple aducción del índice de costos de construcción no constituye prueba suficiente para acreditar la causación de los perjuicios alegados por los mayores costos en los materiales y equipos en los que, presuntamente, incurrió el contratista por el retraso en el inicio de las obras, porque el perjuicio indemnizable debe ser cierto, real y personal.

“En efecto, pese a que en el asunto sub exámine se encuentran demostrados los hechos constitutivos de incumplimiento del contrato por parte de la entidad …, éstos por sí mismos no resultan suficientes para proceder al reconocimiento de los perjuicios cuya indemnización se depreca, pues, además, se requiere que el demandante haya demostrado, de una parte, que efectivamente los sufrió, es decir, que incurrió en las erogaciones a las que alude en los hechos y en las pretensiones de su demanda y, de otra, que determine el quantum de los mismos …” (fl. 280, C. Consejo).

Ahora, la negación de las pretensiones de condena no obedeció, exclusivamente, a la falta de idoneidad de la prueba pericial. A este respecto, la sentencia dijo:

“… aún cuando la objeción formulada contra el dictamen pericial no hubiera prosperado, la pretensión no habría tenido éxito, pues el demandante sólo adujo que los precios de los materiales sufrieron alza, con base en lo que indicaban los índices de costos de construcción, pero olvidó acreditar con los soportes contables o las facturas que así lo demostraran que, realmente, incurrió en esos mayores costos. En ese orden de ideas, el perjuicio alegado se torna incierto y, por consiguiente, no es indemnizable …” (ibídem).

Por lo anterior, no existe ningún aspecto de la sentencia que se deba complementar. La controversia fue juzgada y se decidieron las pretensiones de la demanda en su totalidad, con sujeción a lo que arrojaba la prueba válidamente recaudada; además, esta no es la oportunidad para tratar de remediar las falencias que se pudieron cometer en materia probatoria en el curso del proceso.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

NIÉGASE la solicitud de complementación de la sentencia.

Notifíquese y cúmplase.

Mauricio Fajardo Gómez—Hernán Andrade Rincón—Carlos Alberto Zambrano Barrera.