AUTO 1996-04835/55847 DE OCTUBRE 30 DE 2017

 

Auto 1996-04835/55847 de octubre 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Exp.: 55847

Rad.: 470012331000199604835 02

Actor: Sociedad Dangón Russo y Cía. Ltda.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y otro

Naturaleza: Medio de control de reparación directa e incidente de liquidación de condena

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Bogotá D.C., treinta de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia.

17. Esta corporación es competente para conocer del presente recurso comoquiera que el mismo fue impetrado en contra de un auto proferido por un tribunal administrativo(1) en el marco de un incidente de liquidación de perjuicios ordenado a través de una condena en abstracto dictada por el Consejo de Estado en sede de segunda instancia.

17.1. De igual forma, se advierte que el despacho es competente para decidir el asunto de acuerdo con lo señalado por el artículo 146A del C.C.A., introducido al ordenamiento a través de la Ley 1395 de 2010, por tratarse de un auto a través del cual el Tribunal Administrativo del Magdalena de Descongestión rechazó una cesión de créditos, providencia que objetivamente no comprende una decisión sobre la terminación del proceso, no resuelve sobre la suspensión provisional ni rechaza la demanda.

17.2. Asimismo, dicho auto es apelable de conformidad con el numeral 2 del artículo 351 del C.P.C., modificado por su homólogo 14 de la Ley 1395 de 2010, el cual es aplicable en virtud de la remisión expuesta en la disposición 167 del estatuto adjetivo contencioso administrativo.

17.3. Debe destacarse que esta corporación admitió el recurso de apelación interpuesto por la señora Yaneth Marina Parejo, a través de proveído de 11 de octubre de 2017, en razón a que en la sustentación de la alzada —acápite de procedencia— sostuvo que esta se presentaba en virtud de la negativa de reconocimiento de la referida ciudadana como tercera. Por este motivo, se estimó necesario efectuar un análisis de fondo relacionado con los negocios jurídicos puestos de presente a esta especialidad de la jurisdicción, para determinar los derechos procesales que de estos se desprendían.

17.4. Lo anterior, en virtud de la prevalencia del derecho fundamental de acceso a la administración de la jurisdicción y de los principios pro actione y pro homine previstos en los artículos 205 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos(2), respectivamente.

II. Problema jurídico.

18. Corresponde al despacho determinar si en el sub examine era procedente admitir la calidad de tercera interviniente en el proceso de laseñora Yaneth Marina Parejo Bovea en virtud de las cesiones que a esta le efectuaron los ciudadanos Édgar Manuel Barros Pavajeau y Armando Baca Mena en el marco del presente incidente de liquidación de condena.

19. Para ello, será necesario establecer si los negocios jurídicos condicionales estipulados entre tales sujetos de derecho configuraron una cesión de derechos litigiosos o una cesión de créditos, para poder así concluir cuáles son las prerrogativas procesales que de estos se originaban.

III. Análisis del despacho.

20. En primera medida esta corporación pone de presente que los estatutos adjetivos que regulan la presente controversia son el Código Contencioso Administrativo y el de Procedimiento Civil, no así la Ley 1437 de 2011 o su similar 1564 de 2012. Lo anterior, en razón a que el régimen de transición del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo plasmado en el artículo 308 ibídem(3), expresamente ordenó que los litigios que estuvieran en curso para el 2 de julio de 2012, como es el sub judice, se regirían y terminarían bajo los dictámenes de las normas procedimentales anteriores a la expedición de la referida compilación adjetiva.

21. Sea lo segundo destacar que los negocios jurídicos presentados a esta corporación por parte de la señora Yaneth Marina Parejo Bovea, en razón a los complejos términos en que se encuentran redactados, requieren un análisis detallado para establecer su verdadera naturaleza. Para ello, este cuerpo colegiado deberá resaltar los elementos esenciales de las figuras sustanciales de la cesión de derechos litigiosos en contraposición a la Cesión de créditos personales, con el fin de dilucidar qué tipo de negocio jurídico fue el realizado por las partes en conflicto en la presente alzada.

22. La institución de derecho civil denominada cesión de derechos litigiosos es una de las formas de transmisión singular de activos y se encuentra regulada a partir del artículo 1969 del Código Civil Colombiano(4). Al respecto, la referida norma enseña que se transfiere esta tipología de derecho cuando el objeto directo del negocio es el eventoincierto de la litis, del que no se hace responsable el cedente. Con atino la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto(5):

(...) para que un derecho tenga la calidad de litigioso basta que sea controvertido en todo o en parte, aun sin que sobre él se hubiere promovido jurisdiccionalmente un pleito mediante el ejercicio de la acción respectiva; y por consiguiente, el titular de este derecho puede cederlo por venta o permutación [o a cualquier otro título, incluso gratuito, agrégase ahora] a otra persona, entendiéndose como tal operación el traspaso del evento incierto de la litis, conforme a las propias expresiones del Código. Una cesión en tales condiciones obliga plenamente —a juicio de la Corte— a las personas que en ella intervienen, o sea al cedente y al cesionario (énfasis fuera del texto).

23. Así entonces, el negocio jurídico objeto de estudio es de aquellos tipificados como “aleatorios”, pues las resultas del mismo se dejan al azar, al evento incierto del producto final que emane, generalmente, de una providencia que la judicatura expida para dirimir, de manera definitiva, cierta controversia relacionada con la titularidad de un derecho. En un pacto como el referido, de manera mayoritaria, una de las partes de un proceso judicial(6) —cedente— transmite a un tercero —cesionario—, en virtud de una estipulación, a título oneroso o gratuito(7), el derecho incierto y discutido sobre el cual recae el interés de los sujetos procesales en un determinado litigio presente o futuro.

24. Por su parte, el Consejo de Estado se ha pronunciado en los siguientes términos en cuanto a la relación procesal entre cedente, cesionario y el extremo cedido(8):

(...) para que se perfeccione (validez) y sea eficaz (oponible) la cesión de derechos litigiosos, no es necesario que el cedido manifieste su aceptación expresa; lo anterior, por cuanto es potestativo de la parte cedida el aceptar o no la cesión de derechos litigiosos que le formula su contraparte procesal.

En efecto, tal como se precisó anteriormente, si la cesión no es aceptada por el cedido, el negocio jurídico produce efectos, sólo que el cesionario entrará al proceso con la calidad de litisconsorte del cedente. Por el contrario, si el cedido acepta expresamente el negocio jurídico de cesión de derechos litigiosos, esa circunstancia genera el acaecimiento del fenómeno de la sustitución procesal, motivo por el cual, el cesionario tomará la posición que ostentaba el cedente —lo sustituye integralmente— y, por lo tanto, este último resulta excluido por completo de la relación procesal.

25. De lo expuesto es pertinente resaltar entonces que de una cesión de derechos litigiosos pueden originarse dos efectos procesales diametralmente distintos respecto a la disputa en el marco de la cual esta se produce. Por un lado, en el evento que el extremo cesionario intervenga en la litis en la cual se debate el derecho objeto del contrato y la contraparte del mismo acepte dicha cesión, este nuevo sujeto reemplazará totalmente al cedente —tomará su lugar en el proceso— a través de la institución de la sucesión procesal regulada en el inciso tercero del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil(9).

26. Por otro lado, ante una negativa de la contraparte cedida de admitir la sustitución del cedente en el conflicto, el producto de ello es que el cesionario asume la calidad de litisconsorte del extremo cedente, con lo cual, puede participar en el proceso de acuerdo a las normas adjetivas relacionadas.

27. Ahora bien, en lo que atañe a la Cesión de créditos personales, esta corporación destaca que la misma se encuentra reglada por las disposiciones contenidas en los artículos 1959 a 1966 del Código Civil, las cuales no la definen expresamente sino que establecen, principalmente, los requisitos para su oponibilidad, notificación, aceptación y transmisión. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia(10) ha denominado la Cesión de créditos como un verdadero “acto jurídico” por el cual un acreedor —cedente— transfiere voluntariamente el crédito o derecho personal que tiene contra su deudor a un tercero que acepta y se denomina —cesionario—. Textualmente dicho cuerpo colegiado ha definido esta institución como:

(...) una convención que sustituye un nuevo acreedor al antiguo sin extinguir la relación obligatoria primitiva, y en que solo un elemento subjetivo es variado, pero dejando intacta la primera obligación con todas sus condiciones, modalidades y garantías (C.C., art. 1964), convención en la que no es esencial el consentimiento ni la intervención del deudor porque para sus relaciones con el nuevo acreedor basta la notificación de la cesión (art. 1960, ibídem) (énfasis fuera del texto).

28. En igual sentido, de manera reciente la Sala de Casación Civil adujo:

La Cesión de créditos, de que tratan los artículos 1959 al 1966 del Código Civil, es un negocio jurídico en el que un acreedor transfiere “a cualquier título” a otro, que pasa a sucederlo, los derechos sobre una deuda cuya satisfacción está a cargo de un tercero ajeno a esa transacción, pero que asume las consecuencias luego de ser sabedor de ello, no antes (énfasis fuera del texto)(11).

Interesa resaltar que la “cesión” debe recaer o tener por objeto elementos del activo patrimonial del “cedente”, concretamente de “créditos nominativos”(12), respecto de los cuales no haya prohibición legal para esa especie de enajenación, o que su negociabilidad se formalice mediante otra clase de “acto jurídico”, verbi gratia, por endoso(13).

29. En relación con la normativa sustancial objeto de análisis y el papel del deudor principal cuyo crédito es cedido, la doctrina reconocida ha argumentado(14):

Al deudor le es indiferente la persona del acreedor, pues su interés se centra en liberarse de la obligación cumpliendo la prestación y en hacerlo respecto de quien sea el titular del crédito, sea quien fuere. La cesión no perjudica al deudor, teniendo en cuenta que el vínculo y su situación jurídica particular continúa siendo la misma de antes y después que aquella ocurra; lo único que se requiere es que le dé noticia del cambio de acreedor para que pueda pagar correctamente (énfasis fuera del texto).

30. Por último, en cuanto a los derechos y deberes de los extremos de este tipo de vínculo jurídico, la prescripción 1965 del C.C.(15) establece que el título traslaticio de dominio, de carácter oneroso, crea para al cedente la obligación de hacer tradición del crédito, es decir, este debe garantizar la existencia y titularidad del mismo y para el cesionario la de pagar la contraprestación —si la hubiere—, mientras que si esta se efectúa a título gratuito, la única obligación que surge es la de que el cedente entregue el título contentivo del derecho personal al cesionario.

31. De acuerdo con todo lo expuesto, queda claro que aunque la cesión de derechos litigiosos y la Cesión de créditos personales comparten la característica de que no necesitan el consentimiento del cedido para su perfeccionamiento, estas difierensustancialmente en el objeto de vínculo jurídico, pues en la primera se transfiere simplemente un derecho incierto y discutible, mientras que en el segundo se transmite un crédito personal, una deuda cierta.

32. Descendiendo al caso concreto, denota del despacho que los negocios allegados por la señora Yaneth Parejo Bovea el 14 de abril de 2014, suscritos el 28 de agosto de 2009, al tratarse de cesiones de créditos, no deben ser reconocidos por el Consejo de Estado y por ende, a la citada ciudadana no se le puede otorgar ninguna capacidad procesal, ya que los mismos son ajenos a la relación sustancial debatida en el marco del expediente de incidente de liquidación de condena puesto de presente a esta especialidad de la jurisdicción. Lo anterior se sustenta en los siguientes argumentos:

33. En el sub examine nos encontramos ante una cesión de créditos y no frente a una cesión de derechos litigiosos, toda vez que, a pesar de la aparente confusión de instituciones, el vínculo obligacional contraído y la voluntad expresada por las partes plasmada en los documentos allegados no dejan duda respecto al querer de los intervinientes, pues ambos se titularon como “Cesión de créditos” y en el primer párrafo común se expresó:

El suscrito Édgar Manuel Barros Pavajeau, varón, mayor de edad, con cédula de ciudadanía Noº19.212.961 de Bogotá, elabora el presente instrumento de cesión de crédito, de manera clara, voluntaria, libre, consciente y espontánea (...).

34. En igual sentido, en los acápites de consideraciones se arguyó:

2. La presente “Cesión de crédito” soportada por el artículo 1602 del Código Civil, es gobernada por los artículos 1959 y siguientes del mismo Código Civil; por ende forman parte de sus designios, amén de las cláusulas que en la parte del resuelve se plasman (...).

(...).

3. A su vez es de advertir que el objeto de la presente cesión de crédito, lo constituye (...).

(...).

Desde ya es de poner en claro que la presente negociación dista de comprender cesión de derechos litigiosos, puesto que, solo emergen de darse eficazmente la condición suspensiva consistente en que el fallo del juicio en trajín, debidamente ejecutoriado, acceda a estimar las pretensiones incoadas (...) (énfasis fuera del texto).

35. De manera concordante, en el aparte de los “resuelve” se pactó(16):

CLÁUSULA PRIMERA: Atendidas a plenitud las obligatorias “consideraciones” precedentes adosadas, las que con esta resolución forman un solo cuerpo normativo negocial, el señor Édgar Manuel Barros Pavajeau cede el tres por ciento (3%) de los derechos que detenta, al señor Armando Antonio Baca Mena de estimarse las pretensiones plasmadas en la demanda, en el plenario identificado en las predichas consideraciones y tomando en cuenta igualmente la distribución elaborada por el Consejo de Estado en el proceso en mención a virtud de auto de 6 de agosto de 2009. CLÁUSULA SEGUNDA: En la advertencia que esta resolución carece de valor jurídico si se le desmiembra la parte considerativa (...) (énfasis fuera del texto).

36. Finalmente, en el poder especial por intermedio del cual la señora Yaneth Parejo otorgó poder al abogado Ricardo Silva Mercado, se expuso (fl. 1327, c. 1 incidente):

(...) a fin de que represente y defienda los derechos que me corresponden con fundamento en los derechos recibidos en virtud de los contratos de cesión de créditos celebrados el 28 de agosto de 2009 (...)

37. A partir de los apartes citados, el despacho concluye que en los documentos incorporados al plenario las partes fueron claras en sostener que el acuerdo solemnizado constituía una cesión de créditos y no una cesión de derechos litigiosos, pues así fue denominado de manera expresa y reiterada, y además, citaron las normas sustanciales pertinentes a la primera de las instituciones.

38. De igual forma, debe resaltarse que a pesar que el vínculo jurídico fue celebrado en el año 2009, cuando aún estaban en litigio los derechos, tal situación se previó explícitamente por las partes, toda vez que en el aparte resolutivo de los documentos contentivos del negocio quedó claro que las estipulaciones se sometían a dos condiciones suspensivas —artículo 1536 del C.C.—. La primera de ellas relacionada con la necesidad que se expidiera, por parte del Consejo de Estado en sede de segunda instancia, una sentencia estimatoria ejecutoriada —lo cual volvía el derecho cierto— y la segunda, atinente a un “certificado de lealtad” que debía expedir el cedente previo a la exigibilidad de la cesión.

39. Así las cosas, al verificar esta corporación que el negocio jurídico existente entre las partes en conflicto constituyó una cesión de créditos y no una cesión de derechos litigiosos, debe forzosamente concluirse que la señora Yaneth Marina Parejo Bovea no cuenta con legitimación ni interés para intervenir como tercera en el presente litigio resarcitorio, en razón a que su relación y condición sustancial de nueva acreedora es ajena a este.

40. Vale recordar que la Corte Suprema de Justicia se ha referido al vínculo entre el deudor y el cesionario del crédito para sostener que este último es ajeno al negocio de cesión de créditos existente entre cedente y cesionario. Al respecto señaló dicho cuerpo colegiado(17):

Para que la cesión produzca efectos respecto de éste [deudor] y de terceros, requiérese, según el artículo 1960 ibídem, que el deudor la conozca o la acepte, pero nada más. Su voluntad no desempeña papel alguno en el contrato que originó la cesión, el cual se ajusta únicamente entre cedente y cesionario; para él dicho contrato es res inter alios, pues tanto le da satisfacer la prestación o las prestaciones a su cargo a su antiguo deudor o al cesionario, con el fin entendido de que cuando la cesión se le haya notificado o la haya aceptado, el pago válido sólo podrá hacerlo a este último (artículo 1634) si fuere capaz para recibirlo (artículo 1636). (...). ‘La cesión de un crédito conlleva dos etapas definidas: la que fija las relaciones entre el cedente y el cesionario, y la que las determina entre el cesionario y el deudor cedido. Por lo que toca a la primera, su realización debe acordarse a lo preceptuado en el artículo 33 de la Ley 57 de 1887. Respecto a la segunda, ella surge mediante la aceptación o notificación de la cesión’ (LX, pág. 611).

41. De manera similar la Sección Tercera del Consejo de Estado ha afirmado en forma reciente(18):

Así las cosas, para el despacho es evidente que la calidad que los recurrentes pretenden alegar es la de ser cesionarios de un crédito derivado de la ejecución de un contrato estatal, en consecuencia, los mismos solo están facultados para reclamar al deudor el pago de la obligación y no para hacerse parte como litisconsortes necesarios en esta controversia contractual, pues es claro que no son indispensables para resolver el fondo del asunto.

(...) no es posible admitir que en el desarrollo de la misma incluya el debate de la existencia o cumplimiento de un crédito que es autónomo e independiente al contrato estatal debatido. En consecuencia, no puede argüirse que los cesionarios se encuentran habilitados para constituirse como parte o como litisconsortes necesarios en el presente proceso de controversias contractuales.

42. Amén de lo anterior, es importante destacar que la institución de la cesión de créditos en los términos en que la misma se encuentra regulada en los artículos 1959 y siguientes del Código Civil, a diferencia de lo que ocurre con la cesión de derechos litigiosos —artículo 1969 del mismo estatuto—, no contempla ninguna regla referente a que el objeto central de la misma sea la participación del cesionario en el marco de una controversia judicial para reclamar el derecho, lo cual, como se sostuvo, sí ocurre en su similar de derechos litigiosos, donde precisamente el centro del negocio jurídico es el derecho “incierto de la litis”.

43. Reflejo y prueba de lo anterior se constata en las normas procedimentales que rigen las intervenciones de los sujetos negociales en el marco de los procesos judiciales cuando hay alteración de estos, tal como es el Código de Procedimiento Civil, el cual, en su artículo 60, prescribe que solo se producirá el fenómeno de la sucesión procesal o la intervención litisconsorcial del cesionario —dependiendo de la posición que adopte el cedido— en lo relativo a la cesión de derechos litigiosos y no respecto de la cesión de créditos. Al respecto señala la norma citada:

“ART. 60.—Sucesión procesal. Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos, o el correspondiente curador.

(...).

El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente (énfasis fuera del texto).

44. Por otro lado, en lo que atañe a la Cesión de créditos, el compendio adjetivo civil de 1970 reglaba las actuaciones del cesionario del crédito en su artículo 489(19) —atinente a las diligencias previas—, en el cual se disponía que antes de que se dictara mandamiento de pago se debía acudir al juez, a través de la demanda ejecutiva, para que por intermedio de este se notificara la cesión al deudor y así se le pudiera exigir que efectuara el pago de la prestación al cesionario y no a su antiguo acreedor —cedente—.

45. Como puede evidenciarse, el papel del cesionario de un crédito dista de estar concebido para su intervención de un proceso declarativo —como es el de reparación directa o en el incidente de liquidación de los perjuicios derivados de este— toda vez que el negocio jurídico sustancial del cual emana presupone la existencia de un derecho cierto e indiscutible que cuenta con los atributos para ser exigido judicialmente a través del trámite ejecutivo y no de uno de cognición, como es el presente.

46. Tal concepción dogmática implica entonces que los mecanismos de la intervención de terceros —litisconsorcial— o el de sucesión procesal estén diseñados para permitir que un sujeto intervenga en una disputa jurisdiccional con la teleología de defender intereses que se encuentran en disputa —alea de la litis—, que le hayan sido transmitidos a través de una cesión de derechos litigiosos y no para el cesionario un crédito, quien para nada debe inmiscuirse en una improcedente confrontación declarativa en virtud de la claridad, certeza y exigibilidad de su derecho crediticio del cual ahora es titular.

47. Finalmente, se resalta que la etapa procesal en que se encuentra el plenario es el de decisión final del incidente de liquidación de condena que en abstracto impusiera esta corporación el 28 de febrero de 2013 (supra párr. 2). De acuerdo con ello, resulta aún más plausible sostener que el interés de los intervinientes se deriva de manera directa y exclusiva de la sentencia que puso fin al trámite de las dos instancias, motivo por el cual el presente no resulta ser el escenario para debatir cuestiones ajenas a la concreción de la tasación del daño emergente infringido a la sociedad actora.

48. Así las cosas, al verificar este despacho que la transferencia de derechos efectuada a la señora Yaneth Marina Parejo Bovea se efectuó a título de cesión de derechos crediticios, el cual es un negocio privado ajeno a la actual disputa, más allá de las aparentes vicisitudes de tales vínculos jurídicos, no queda más que desconocer su posible y pretendida intervención procesal por carecer de legitimación e interés en la causa objeto de liquidación.

49. Entonces, esta corporación procederá a confirmar el proveído de 21 de abril de 2014, emanado del Tribunal Administrativo del Magdalena de Descongestión, pero por las razones expuestas a lo largo de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión adoptada el 21 de abril de 2014, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena de Descongestión rechazó por improcedente la solicitud de reconocimiento como cesionaria formulada, a través de apoderado judicial, por la señora Yaneth Marina Parejo Bovea, bajo los términos de la parte considerativa de la presente providencia.

2. En firme este proveído, CONTINÚESE el trámite del expediente ante esta corporación.

Notifíquese y cúmplase».

1 Artículo 129 del Código Contencioso Administrativo.

2 Incorporada al ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 16 de 1992.

3 “Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

4 “Se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis, del que no se hace responsable el cedente. II Se entiende litigioso un derecho, para los efectos de los siguientes artículos, desde que se notifica judicialmente la demanda”.

5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de 23 de octubre de 2003, Exp. 7467, demandantes: Fundición Corona Mejía y Cía. S. en C., Raúl Mejía Saldarriaga y Cía. S. en C., Cardona Cadavid y Cía. S. en C. e Industrias e Inversiones El Cid “C.I.” Ltda. M.P. Silvio Trejos Bueno.

6 Lo que implica que necesariamente deba estar trabada la litis —fase de la litis contestatio—.

7 Artículo 1970 del Código Civil: “Es indiferente que la cesión haya sido a título de venta o de permutación, y que sea el cedente o cesionario el que persigue el derecho”.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 7 de febrero de 2007, Exp. 22043, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

9 “El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente”.

10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia de 5 de mayo de 1941, M.P. Fulgencio Lequerica Vélez.

11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de octubre de 2015, Exp. 11001310303920100049001, M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez.

12 [Se caracterizan porque los sujetos del vínculo obligacional se hallan identificados por sus nombres].

13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 1º de diciembre de 2011, Exp. 11001310303520040042801, M.P. Ruth Marina Díaz Rueda.

14 Castro de Cifuentes, Marcela. Derecho de las Obligaciones. Tomo II, Volumen 2. Universidad de los Andes y Editorial Temis. Bogotá, 2010. p. 75.

15 “El que cede un crédito a título oneroso, se hace responsable de su existencia al tiempo de la cesión, esto es, de que verdaderamente le pertenecía en ese tiempo; pero no se hace responsable de la solvencia del deudor, si no se compromete expresamente a ello; ni en tal caso se entenderá que se hace responsable de la solvencia futura, sino sólo de la presente, salvo que se comprenda expresamente la primera; ni se extenderá la responsabilidad sino hasta concurrencia del precio o emolumento que hubiere reportado de la cesión, a menos que expresamente se haya estipulado otra cosa” (énfasis fuera del texto).

16 Se destaca que la transcripción corresponde a uno de los documentos de cesión de créditos allegados el 14 de marzo de 2014 (fls. 1318-1325, c. 1 incidente). El segundo escrito conserva un contenido exactamente igual al resumido, las únicas modificaciones son la sustitución del nombre del cesionario de Armando Baca Mena a Yaneth Marina Parejo Bovea y el cambio de porcentaje de la cesión del 3% al 10%, respectivamente.

17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 1º de diciembre de 2011, Exp. 11001310303520040042801, M.P. Ruth Marina Díaz Rueda citando a: sentencia de 24 de febrero de 1975, G.J. Nº 2392 pág. 49.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, auto de 10 de julio de 2017, Exp. 52761, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

19 “Diligencias previas. En la demanda ejecutiva se podrá pedir que previamente se ordene el reconocimiento del documento presentado, el requerimiento para constituir en mora al deudor, o la notificación de la cesión del crédito o de los títulos ejecutivos a los herederos”.