Auto 1997-00734 de septiembre 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 05001-23-31-000-1997-00734-01 (29600)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Héctor de Jesús Sanmartín y otro.

Demandado: Departamento de Antioquia

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Procedencia y oportunidad del recurso.

A efectos de resolver el presente asunto, se debe precisar la procedencia y oportunidad del recurso de súplica contemplado en el artículo 183 del Código Contencioso Administrativo el cual manifiesta lo siguiente: “El recurso ordinario de súplica procederá en todas las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente”. Con base en ello, es de tener en cuenta que el recurso ordinario de súplica, únicamente procede frente a los autos interlocutorios dictados por el ponente; y en lo que concierne a la oportunidad para su interposición dicha regla prescribe que “este recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, en escrito dirigido a la Sala que forma parte el ponente, con expresión de las razones en que se funda”.

De esta manera, vale decir que el de súplica se instituye como un recurso judicial tendiente a controvertir la decisión interlocutoria dictada por el ponente, siendo esta la razón por la cual, la Sala Dual, con exclusión de quien dictó la decisión, es la competente para conocer del mismo. Por tanto, no es procedente que por conducto del mismo se pretenda que la Sala Dual (en el caso de las Subsecciones) socave la competencia del ponente para dictar las decisiones de trámite e instructoras del proceso judicial, ya que no se instituye como una instancia u oportunidad alternativa a la del ponente para decidir las cuestiones procesales que sobrevengan al proceso; recuérdese, por último, que el recurso ordinario de súplica persigue como finalidades el obtener que la decisión impugnada sea modificada o revocada por la Sala Dual.

En el sub lite, la parte demandada recurre en súplica el auto de 17 de julio de 2014, por el cual se aprobó la liquidación de las costas a que fue condenado en esta instancia el departamento de Antioquia, con el objeto de que se revoque la tasación de las agencias en derecho efectuada por el consejero ponente doctor Enrique Gil Botero en proveído de 23 de mayo de 2014, y en su lugar, se fije un monto menor.

De conformidad con el numeral 4º del artículo 366 del Código General del Proceso, la decisión que resuelva fijar el monto de las agencias en derecho solo podrá ser impugnada recurriendo la providencia que disponga aprobar la liquidación que el secretario efectúe de las costas impuestas en la sentencia. Para el efecto, el interesado podrá instaurar recurso de reposición y/o apelación contra el auto que así lo disponga; lo que no ocurría en vigencia del derogado Código de Procedimiento Civil, que en su artículo 393, numeral 3º, dispuso que “sólo podrá reclamarse la fijación de agencias en derecho mediante objeción a la liquidación de costas”, sin que la providencia que resolviera fijar su monto fuere susceptible de recurso alguno, comoquiera que el artículo 44 de la Ley 1395 había derogado dicha posibilidad desde su entrada en vigencia el 12 de julio de 2010.

Así las cosas se observa que, estando vigente el Código General del Proceso a partir del 1º de enero de la presente anualidad, el monto de las agencias en derecho es nuevamente susceptible de ser controvertido mediante la interposición del recurso de apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas, por manera que la providencia proferida por el consejero ponente doctor Enrique Gil Botero el 17 de julio de 2014 cuya revocación hoy se solicita ante esta Sala Dual, resulta así mismo susceptible de ser recurrid en súplica en esta instancia de conformidad con el artículo 246 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y por tal motivo, se estima procedente su impugnación.

De otro lado, se encuentra que dicho auto fue notificado por anotación de estado el día 29 de julio de 2014, razón por la cual el término con que contaba el demandante para impugnarlo corrió entre los días 30 de julio y 1º de agosto de la misma anualidad; y siendo deprecada la súplica mediante escrito de 31 de julio de 2014, el recurso se estima interpuesto en tiempo.

Siendo procedente la súplica del auto censurado, e interpuesto en oportunidad el recurso, se procederá a su estudio de fondo.

2. De las agencias en derecho.

Se entiende por agencias en derecho aquella parte de los gastos o costas procesales a cuyo pago se condena a la parte que ha sido vencida en juicio, o que le ha resultado desfavorable el incidente, trámite o recurso promovido a instancias suyas, como el de apelación, casación, revisión o anulación que se resuelve adverso a los intereses que defiende o por virtud de los cuales litiga personalmente, así como a la parte que, en los casos expresamente señalados en las normas adjetivas, le imponga el juzgador la obligación de asumirlas.

El artículo 366 del Código General del Proceso enseña que para determinar la cuantía de las agencias en derecho el juez deberá aplicar las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, y que si tales tarifas establecen los topes mínimo y máximo, o solo el mínimo, para concretar la liquidación se tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó en causa propia, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales que a bien tenga el funcionario judicial que las imponga.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 modificado por el Acuerdo 2222 de 10 de diciembre de 2003, estableció las tarifas y los factores que debían tenerse en cuenta al momento de fijar las agencias en derecho, tales como la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado, la cuantía de la pretensión, la idoneidad de la actuación, la capacidad económica del interesado, la importancia de la gestión encomendada “y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables”(1).

En los procesos tramitados en segunda instancia ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Consejo Superior de la Judicatura fijó la tarifa de la siguiente manera:

“3.1.3. Segunda instancia. (...).

Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.

Ahora bien, los anteriores no son los únicos parámetros a los cuales se debe sujetar el juez para la imposición de las agencias en derecho, dado que estos sólo atañen a valoraciones precisas de la actuación adelantada por las partes en el proceso, pues, no debe perderse de vista que en cualquier clase de decisiones jurídicas debe considerarse la razonabilidad de las mismas, que no sólo se agota con la simple aplicación lógico-formal de la norma, sino que supone velar porque la decisión en el caso concreto consulte criterios de justicia material y no devenga irrazonable, desproporcionada o, en suma, contraria a la Constitución; se trata, entonces, de adoptar una decisión que satisfaga el criterio de aceptabilidad(2); y para lograr ello en buena medida contribuye la valoración de los principios constitucionales.

En tratándose de la condena en costas, la propia jurisprudencia constitucional ha reconocido la aplicación de criterios de razonabilidad a efectos de determinar si es procedente su imposición:

“[L]a Corte acoge los criterios sentados por esa corporación, según los cuales el concepto jurídico indeterminado utilizado por el legislador en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo no concede al juez una facultad absolutamente potestativa de decidir cuándo procede o no la condena en costas, sino que otorga una facultad discrecional que le permite hacer una evaluación razonable de la conducta procesal de la parte vencida, dentro de cierto margen de apreciación personal. Esta aplicación razonable de la norma implica que solamente resulta posible condenar en costas a dicha parte cuando ha procedido con notorio abuso del derecho de acceso a la justicia, por el ejercicio del derecho de acción o de defensa, de la facultad de solicitar o presentar pruebas, de interponer recursos o de promover incidentes, en forma claramente irrazonable, temeraria, infundada, dilatoria o desleal.

Ahora bien, en cuanto a la interposición de recursos, la Corte observa que esta facultad forma parte del derecho que tienen las partes de defender sus derechos por medio de sus apoderados. Desde luego, en la interposición de recursos se debe actuar dentro de las normas que impiden actos temerarios o de mala fe. (...)”(3) (resaltado propio).

3. El caso en concreto.

En el caso en cuestión, se observa que la Sección Tercera de esta corporación, en sentencia de 26 de febrero de 2014, resolvió condenar en costas a la parte demandada, en consideración a que su actuación procesal se dirigió a contradecir la información suministrada por sus propias dependencias, sin aportar respaldo contundente que soportara la férrea oposición a las acusaciones hechas en su contra por la parte actora, circunstancia que además de mostrar la improvisación de su defensa, devela la temeridad y mala fe con que actuó en el curso del procedimiento.

En el auto que fijó las agencias en derecho, el consejero ponente tuvo en cuenta no solo la extensa duración del proceso, sino también la efectividad del desempeño del mandato que recibió el apoderado de la parte actora, así como los gastos por honorarios en que incurrieron sus representados en el curso del proceso y la cuantía de las pretensiones reconocidas en la sentencia del juez ad quem, razón por la cual resolvió fijar las agencias en el máximo legal permitido por el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, esto es, en el 5% del reconocimiento patrimonial hecho en el fallo.

Contra el auto que aprobó las costas así liquidadas por la secretaría de esta Sección, se interpuso recurso de súplica por el departamento de Antioquia, afirmando que no se había tenido en cuenta la totalidad de los criterios establecidos en el acuerdo como para fijar las agencias en derecho en el máximo legal.

Pues bien, del escrito de súplica logra vislumbrarse que la apoderada estima exacerbada la tasación de las agencias en derecho efectuada por esta Sección, sin alzar ningún cargo en concreto contra el razonamiento hecho por el fallador de segunda instancia, que permita a esta Sala Dual adoptar elementos de juicio para calificar de inequitativo o irrazonable el discurrir del consejero ponente. Por el contrario, se limita a señalar que el juzgador no tuvo en cuenta todos los factores relacionados en el acuerdo, sin indicar cuáles debieron ser valorados, o no debieron ser omitidos en forma tal que otro hubiere sido el sentido del pronunciamiento censurado.

Tampoco da cuenta la recurrente del porqué de la irracionabilidad de la condena impuesta ni del monto fijado, siendo que de la lectura del fallo del juez ad quem puede advertirse sin mayor complejidad la temeridad y mala fe de la actuación procesal del departamento de Antioquia, que con base en los errores mecanográficos en que se incurrió en los certificados expedidos por sus direcciones, pretendía distorsionar la ocurrencia de los hechos probados a sabiendas de la torpeza de sus dependientes, y que no obstante, aspiraba alegar en su favor.

Dicha situación, aunada a las contradicciones que puso de presente el fallador en su sentencia en cuanto a las alegaciones del apoderado del ente territorial demandado en el curso de las instancias, evidencian una clara violación a los principios de lealtad procesal, probidad y buena fe que deben conducir las actuaciones de las partes, y que no puede estimarse sino como afectaciones gravísimas a la administración de justicia, no sólo por el hecho de implicar conductas dilatorias y obstaculizadoras del normal desarrollo del proceso y sus diligencias, sino por representar una doble victimización de quienes reclaman en sede de reparación directa la indemnización a cargo del Estado, pues además de haber resultado perjudicados por el hecho de la administración por cuya ocurrencia devino el daño antijurídico sufrido, deben soportar las dilaciones injustificadas del proceso a instancias de la contraparte y que acrecientan los efectos nocivos de una congestionada administración de justicia.

No se observan en consecuencia, razones que permitan tachar la motivación del consejero ponente de arbitraria, insensata o ilegal; por el contrario, se halla justificada en demasía la fijación de las agencias en derecho al monto máximo legal permitido, tanto por las razones expuestas en el auto recurrido, que como se dijo consistieron en la extensa duración del proceso, la efectividad del desempeño del mandato que recibió el apoderado de la parte actora, los gastos por honorarios en que incurrieron sus representados en el curso del proceso y la cuantía de las pretensiones reconocidas en la sentencia del juez ad quem; como en las que aquí se traen a colación y que fueron recogidas en el fallo que resolvió la apelación contra la sentencia de primera instancia.

Ahora, en este punto, cabe resaltar la prohibición que cobija la actuación de los funcionarios judiciales al administrar justicia, consistente en la imposibilidad de violar la autonomía de que gozan los jueces de la República en su actividad jurisdiccional, de modo que no le resulta dable al superior que haya de conocer del recurso contra una providencia judicial, revocarla o reformarla para imponer su propio criterio o para darle una “mejor” solución al caso controvertido, cuando existan varias interpretaciones jurídicamente posibles e igualmente razonables en cuanto a un mismo punto de derecho y que se ajusten en la misma medida al caso concreto. Así las cosas, aun cuando la presente providencia no hubiere traído ninguna consideración adicional respecto de la imposición de costas al máximo legal permitido, a esta Sala Dual le queda vedada la posibilidad de imponer su criterio por estimar su solución más justa que la traída en la providencia recurrida, sin que existan criterios objetivos que le permitan calificarla de errada o ilegal en forma tal que se encuentre en la imperiosa necesidad de desechar el razonamiento del juzgador y darle otro sentido al pronunciamiento.

Por último es de advertir que, a juicio de esta Sala, los elementos incluidos en el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 no constituyen una camisa de fuerza para el juez llamado a tasar las agencias en derecho, pues la indicación normativa de tales elementos es meramente enunciativa, tal y como se desprende del tenor literal de las normas relacionadas en precedencia, al ejemplificar los criterios que pueden ser tenidos en cuenta para efectuar la liquidación, expresando que, conjuntamente, podrán valorarse “las demás circunstancias relevantes” que resulte equitativas y razonables.

En mérito de lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección C,

RESUELVE:

1. CONFÍRMESE el auto de 17 de julio de 2014 proferido por el consejero ponente, doctor Enrique Gil Botero, por el cual se resolvió aprobar la liquidación de costas efectuada por la secretaría de la Sección Tercera de esta corporación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

2. Ejecutoriada esta providencia, por secretaría REMÍTASE el expediente al despacho del consejero doctor Enrique Gil Botero para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase.»

(1) “ART. TERCERO.—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones”.

(2) “3. Una decisión jurídica es razonable en sentido estricto si y sólo si: 1) Se toma en situaciones en que no sería aceptable, o no se podría, aceptar una decisión estrictamente racional; 2) logra un equilibrio entre exigencias contrapuestas, pero que necesariamente hay que considerar en la decisión; y 3) es aceptable por la comunidad”, pág. 193. Atienza, Manuel. Para una razonable definición de “razonable”. DOXA 4. 1987. Consultado en: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10909/1/Doxa4 13.pdf el 20 de septiembre de 2012.

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.