Auto 1997-04601 de mayo 3 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad: 250002326000199704601

Exp.: 19.425

Consejero Ponente (e):

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Sociedad de Servicios Generales de Salud Ltda.

Demandado: Instituto de Seguros Sociales

Naturaleza: Reparación directa (apelación sentencia)

Bogotá, D. C., tres de mayo de dos mil trece.

Procede la Sala a resolver la solicitud de adición de la sentencia de 3 de diciembre de 2012 proferida dentro del proceso de la referencia, por medio de la cual se revocó la decisión de primera instancia.

Antecedentes

1. Mediante escrito presentado el 9 de julio de 1997 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 4-43 c. ppal.), la Sociedad de Servicios Generales de Salud Ltda. —en adelante también Sergesalud Ltda.—, formuló demanda en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo contra el Instituto de Seguros Sociales —en adelante también ISS—, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

Primera. Declarar que la empresa industrial y comercial del Estado denominada Instituto de Seguros Sociales, es responsable de los perjuicios causados a la ‘Sociedad Servicios Generales Ltda.’, ‘Sergesalud Ltda.’, por haberse negado a formalizar el contrato de prestación de servicios de atención integral ambulatoria, médica y/o de salud oral de primer nivel que habían convenido celebrar para el lapso comprendido entre febrero y el 31 de diciembre de 1996 por el monto de $577.500,000, según las cláusulas estipuladas por las partes contratantes.

Segunda. Declarar que, en consecuencia, la mencionada entidad, ‘Instituto de Seguros Sociales’, también es responsable por no haberse perfeccionado ni ejecutado el referido contrato.

Tercera. Condenar a la empresa industrial y comercial del Estado denominada ‘Instituto de Seguros Sociales’ a pagarle a la sociedad demandante ‘Servicios Generales Salud Ltda.’ ‘Sergesalud’, dentro del término que al efecto la sentencia señale, el valor de los perjuicios que le produjo por el daño emergente y lucro cesante a causa de no haber formalizado el contrato que habían convenido celebrar y de haber impedido, en consecuencia, su ejecución.

Cuarta. Que se disponga que el monto del valor de los perjuicios que se reclaman sea actualizado, tomando como base el índice del aumento de precios al consumidor, desde la fecha en que el contrato debió perfeccionarse hasta cuando quede ejecutoriada la sentencia.

Quinta. Que, de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, se condene a la empresa demandada a pagarle a la sociedad demandante intereses corrientes o moratorios, según el caso, por el monto del valor de los perjuicios, desde la ejecutoria de la sentencia hasta su solución o pago.

Sexta. Que se condene en costas a la parte demandada.

2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 25 de julio de 2000 (fls. 119-132, c. ppal.), negó las súplicas de la demanda.

3. El 3 de diciembre de 2012, al desatar el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra de la anterior decisión, esta Sala revocó la sentencia de primera instancia (fls. 173-203 c. ppal.) y, en su lugar, además de no condenar en costas por no parecer causadas según lo expuesto en el párrafo 78, en la parte resolutiva dispuso:

PRIMERO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable al Instituto de Seguros Sociales, ISS, por los perjuicios causados a la Sociedad de Servicios Generales de Salud Ltda., Sergesalud Ltda., al haberse negado a celebrar y perfeccionar con esta un contrato de prestación de servicios de atención integral ambulatoria, médica y/o de salud oral de primer nivel, de conformidad con los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: CONDÉNASE al Instituto de Seguros Sociales, ISS, a pagar por concepto de perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) a la Sociedad de Servicios Generales de Salud Ltda., Sergesalud Ltda., la suma de cuatrocientos cincuenta y ocho millones quinientos sesenta y tres mil doscientos ochenta y ocho pesos m/cte. ($ 458 563 288).

(…)

CUARTO: CÚMPLASE lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

QUINTO: EXPÍDANSE, para el cumplimiento de esta sentencia, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

SEXTO: DEVUÉLVASE, una vez ejecutoriada esta providencia, el expediente al tribunal de origen.

3. En el término de ejecutoria de la providencia, notificada mediante edicto fijado el 17 de enero de 2013 y desfijado el día 21 siguiente (fl. 258 c. ppal.), la parte demandante mediante memorial solicitó adicionar la sentencia y resolver la petición de que se condene a la parte demandada a pagarle indemnización de perjuicios, por cuanto considera que “está demostrado en el proceso con prueba pericial practicada dentro del mismo, sin que el dictamen pericial hubiera sido objetado ni contradicho por la demandada” (fl. 205 c. ppal.).

4. En informe secretarial de 31 de enero de 2013, se advierte al despacho que en la parte resolutiva de la sentencia hace falta el numeral tercero de la misma (fl. 206 c. ppal.).

Consideraciones de la Sala

6. Recuerda la Sala que en razón de la salvaguarda del principio de seguridad jurídica, las sentencias son inmutables por el juez que las profirió (CPC, art. 309). No obstante, el mismo ordenamiento jurídico prevé, de manera excepcional, para casos expresamente determinados, la posibilidad de que el juez que profirió una sentencia la aclare, corrija o adicione, de acuerdo con los artículos 309, 310 y 311 del Código de Procedimiento Civil.

7. El artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, en relación con la adición de sentencias, señala:

“ART. 311.—(Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 141). Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término”.

8. A términos de la norma transcrita la adición está consagrada para complementar la sentencia cuando en ella se omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, omisión que debe ser suplida mediante la ampliación o complementación del fallo. Es decir, procede cuando el juez deja de proveer en ella algún aspecto sobre el que debía pronunciarse, acerca de las pretensiones de la demanda y su reforma, las excepciones presentadas por el demandado, o cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual versa el proceso que se encuentre probado y siempre que se alegue o que la ley permita su pronunciamiento de oficio; de lo contrario, se incurrirá en una situación citra o infra petita, la cual debe ser enmendada a través de la adición de la sentencia con el punto involuntariamente olvidado.

9. En suma, la adición o complementación de la sentencia sólo tiene la finalidad de que la cuestión sometida a decisión sea completamente definida, en desarrollo del principio de congruencia (arts. 305 CPC y 170 CCA), y es procedente siempre que se satisfagan los siguientes requisitos: (i) que la solicitud se presente dentro del término de ejecutoria de la providencia; y (ii) que la sentencia omita la resolución de alguno de los extremos de la litis.

10. En el caso concreto, el demandante solicitó dentro de la oportunidad debida la adición de la sentencia proferida en el sentido de resolver la petición de condena por perjuicios materiales bajo la modalidad de lucro cesante. Sin embargo, para la Sala no hay lugar a acceder a tal petición, por cuanto revisado el texto de la sentencia de 3 de diciembre de 2012 encuentra que dicha pretensión fue resuelta y en la misma se consignaron las consideraciones y motivos que la fundamentan.

11. En efecto, en el numeral 2º de la parte resolutiva de la sentencia se condenó por concepto de perjuicios materiales por la suma de $458 563 288, monto como allí se indicó que comprende o es el resultado de un reconocimiento por daño emergente de $81 165 718 y de lucro cesante de $377 397 570, tal y como se concluyó en el párrafo 77 de la parte motiva de la misma.

12. A este respecto, en la parte motiva también se señaló que por tratarse de una responsabilidad por culpa in contrahendo, esto es, aquella derivada de la interrupción o ruptura intempestiva e injustificada de un negocio jurídico por una de las partes, en defraudación de los deberes de corrección y probidad (información, veracidad y lealtad) y del principio buena fe, como ocurrió en el caso concreto analizado por la Sala, los perjuicios materiales no son equivalentes al denominado interés positivo, esto es, el interés en el cumplimiento de un contrato perfeccionado, y que abarca el valor de lo que se pretendía percibir o la utilidad que se hubiese podido reportar sino se hubiese este incumplido, sino que lo que se reconoce en estos casos es el denominado interés negativo, esto es, aquel que surge de la no realización del contrato y que son consecuencia de la quiebra de las negociaciones o tratativas; así se señaló, entre otros apartes, en la providencia que se solicita adicionar:

65. ¿Cuál es la modalidad y medida del resarcimiento que corresponde al que se ha portado de buena fe en el desenvolvimiento de las tratativas y en la formación del contrato y ha resultado dañado por vínculos frustrados por culpa in contrahendo atribuible a su contraparte? En estos eventos el daño resarcible, para un sector de la doctrina, como atrás ya se mencionó (párr. 47), corresponde al interés negativo, esto es, aquel que surge de la no realización del contrato y que son consecuencia causal de la quiebra de las negociaciones o tratativas, por oposición al interés positivo, es decir el interés en el cumplimiento de un contrato perfeccionado(1).

66. De ahí que, como ilustra Monateri(2) al hacer un recorrido por la doctrina y la jurisprudencia foránea:

(i) “El interés negativo comprende los daños representados por los gastos (inútilmente realizados), por las oportunidades perdidas de celebrar otro contrato, por la actividad desperdiciada en las tratativas y la desviada de aplicaciones útiles distintas”.

(ii) No comprende “el daño derivado de la falta de cumplimiento, cuya posible configuración presupondría la existencia de un contrato eficaz”, esto es, la ventaja que la parte habría obtenido si el contrato se hubiese celebrado y que debe ser resarcido en el caso de que la contraparte no cumpla la prestación derivada del contrato.

(iii) En lo tocante al daño emergente, la parte responsable por culpa in contrahendo está obligada al resarcimiento al damnificado de los gastos o costos incurridos por este para el desarrollo de las tratativas (viajes, redacción de proyectos, etc.), o los costos asumidos para ejecutar o recibir la prestación (adquisición de mobiliario, alquiler de locales, etc.)(3); es decir, debe reembolsar los gastos ocasionados con motivo de tales negociaciones.

(iv) En lo que atañe al lucro cesante, la opinión común es el límite de resarcibilidad de los daños derivados por la pérdida de oportunidad de celebrar otros contratos o de ocasiones favorables de contratar, lo que requiere de la prueba efectiva de otros contratos que la parte hubiese podido celebrar si no se hubiera comprometido en las tratativas frustradas; también comprende la realización de ciertos aumentos patrimoniales o lo económicamente dejado de percibir por la actividad desviada de aplicaciones útiles distintas a las frustradas y desperdiciadas en las tratativas.

(v) Nada obsta para que también en materia de responsabilidad precontractual por culpa in contrahendo se pueda limitar la demanda a la condena genérica (en abstracto) y dejar en un trámite separado la determinación del monto exacto y cuantificación de los daños.

13. En síntesis, tal y como se explicó ampliamente en la parte motiva de la sentencia que se solicita adicionar, cuando se configura una responsabilidad precontractual por culpa in contrahendo, derivada de un daño ocasionado por la ruptura abrupta y sin justificación de una de las partes durante la etapa de la formación de un negocio jurídico y que determina su frustración, se indemniza el daño emergente equivalente a los gastos realizados durante el periodo de las tratativas, y el lucro cesante representado en las pérdidas de oportunidad de celebrar otros contratos o de ocasiones favorables de contratar y en general de ciertos aumentos patrimoniales dejados de obtener por la actividad desviada de aplicaciones útiles distintas a las frustradas y desperdiciadas en las tratativas, pero no el lucro cesante derivado de las utilidades proyectadas dejadas de percibir.

14. De otra parte, en la providencia bien se concluyó, contrario a lo pretendido por el demandante, y con independencia de que no hubiese sido objetado, que el dictamen pericial aportado no era idóneo para demostrar los perjuicios en el que se soportaron las pretensiones de condena en la demanda, por cuanto adolecía de falencias que no permitían apreciarlo con exactitud, analizar su fuente, entender su consistencia y en fin conocer de dónde el origen del resultado de la experiencia y, por lo mismo, sin la firmeza y calidad exigida para esta prueba en el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil (cfr. párrafos 69 y ss.); así discurrió la Sala:

[L]a Sala considera que el dictamen pericial no resulta idóneo para demostrar los perjuicios en el que se soportaron las pretensiones de condena en la demanda. En efecto, para su mérito, el dictamen del perito debe ser claro, preciso y detallado y en él se deben explicar los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones, de conformidad con lo previsto en el numeral 6º del artículo 237 del Código de Procedimiento Civil, y en el que obra en este proceso se observa, por un lado, que, en relación con el daño emergente, si bien se incluyeron los gastos acreditados en que incurrió la sociedad actora (valor de adaptaciones y divisiones para oficinas, vigilancia y seguridad a las instalaciones, los cánones de arrendamiento y las instalaciones eléctricas), a la suma total por ese concepto se le aplicó la tasa de interés bancario corriente, sin explicar a qué título se hacía esa operación (si de actualización o por concepto de lucro cesante). Si los peritos querían solo actualizar el valor histórico de esos gastos bajo el título de daño emergente, con el fin de evitar el fenómeno de la desvalorización de la moneda, simplemente debieron hacerlo de acuerdo con los índices de precios al consumidor —IPC— calculados por el Departamento Nacional de Estadística, DANE. Por otro lado, se advierte que al cuantificar el lucro cesante, los peritos calcularon la utilidad que habría percibido Sergesalud Ltda. a propósito del contrato frustrado, con base en los gastos que hubiese realizado en su ejecución (gastos de administración, medicamentos, recursos técnicos y materiales, recursos humanos, exámenes de laboratorio clínico, estudio de imagenología), pero, pese a que anuncian los valores y porcentajes a tener en cuenta, no consignaron las operaciones matemáticas que justifiquen los resultados, ni tampoco incluyeron copia completa y oficial del manual de tarifas del ISS que soportan las cifras, aspectos sin los cuales no puede el juzgador determinar con la certeza que se requiere la calidad, exactitud y precisión de las conclusiones y valores a que llegaron en este rubro. Además, respecto de la actualización de la suma de lucro cesante, por la utilidad dejada de percibir, el dictamen también adolece del mismo defecto anotado para el daño emergente, en el sentido de que utilizan una fórmula disímil a la acogida en forma pacífica por la jurisprudencia del Consejo de Estado, basada exclusivamente en el índice de precios del consumidor, porque le agregan el interés técnico legal puro. Por lo tanto, las deficiencias anotadas no permiten apreciar la precisión y exactitud del dictamen rendido en el proceso, analizar su fuente, entender su consistencia y razonabilidad y, en fin, conocer de dónde el origen del resultado de la experticia, razón por la cual es medio de prueba pierde la firmeza y calidad exigidas para su idoneidad y mérito (CPC, art. 241).

15. En congruencia con lo anterior, en la providencia se estudió, reconoció y despachó la pretensión que estima omitida el demandante, relacionada con el lucro cesante en los siguientes términos:

Lucro cesante

74. Teniendo en cuenta que no está probado ni es viable reconocer el interés positivo (esto es la utilidad que se pretendía percibir por el negocio no realizado), según lo arriba explicado, como también que no se probaron daños derivados de pérdidas de oportunidad de celebrar otros contratos o de ocasiones favorables de contratar, se reconocerá por concepto de lucro cesante, los intereses bancarios corrientes, o sea intereses remuneratorios comerciales (C. Co., art. 884), porque la frustración del contrato de prestación de servicios de salud por parte del Instituto de Seguros Sociales causó a la actora el perjuicio de no poder lucrarse con las ganancias o rendimientos que en condiciones normales los dineros invertidos para sufragar los gastos en que incurrió en las negociaciones le hubiera podido reportar si hubiese contado con ellos para otras actividades o aplicaciones útiles distintas a las frustradas y desperdiciadas en las tratativas, durante el tiempo en el cual no los tuvo a disposición. Se aplica la tasa del interés corriente comercial (C. Co., art. 884) y no la del interés legal civil (C.C., art. 1617 Nº 1), en consideración a que ambas partes son comerciantes y la actividad precontractual juzgada, tendiente a la celebración de un contrato que finalmente se frustró, tiene naturaleza mercantil (C. Co., arts. 21 y 22) y sobre la base de que tiene una doble función: de una parte, sirve de reconocimiento de los rendimientos de esa suma de dinero de la que se vio privada la sociedad actora, y de otra, para mantener el poder adquisitivo de la misma, es decir que operará a modo de indexación.

75. En consecuencia, al capital constituido por los gastos realizados por la actora por $81 165 718, se le reconocerá la tasa del interés corriente comercial desde el 13 de septiembre de 1996, fecha en la cual el director jurídico seccional de Cundinamarca y Distrito Capital del ISS le envió a dicha sociedad actora copia del proyecto anulado de minuta de contrato de prestación de servicios de salud y, por ende, en el que se frustró el contrato, hasta el mes de noviembre de 2012, así:

AñoMontoTasa de interésMonto interésSaldo
 $81.165.718,00  $81.165.718,00
1996$81.165.718,0010,569%$8.578.720,82$89.744.438,82
1997$81.165.718,0034,824%$28.265.149,64$118.009.588,46
1998$81.165.718,0041,143%$33.394.011,36$151.403.599,81
1999$81.165.718,0029,583%$24.011.254,36$175.414.854,17
2000$81.165.718,0020,643%$16.755.039,17$192.169.893,33
2001$81.165.718,0024,301%$19.724.081,13$211.893.974,47
2002$81.165.718,0020,502%$16.640.595,50$228.534.569,97
2003$81.165.718,0019,748%$16.028.605,99$244.563.175,96
2004$81.165.718,0019,563%$15.878.449,41$260.441.625,37
2005$81.165.718,0018,604%$15.100.070,18$275.541.695,55
2006$81.165.718,0016,076%$13.048.200,83$288.589.896,38
2007$81.165.718,0018,306%$14.858.196,34$303.448.092,71
2008$81.165.718,0021,570%$17.507.445,37$320.955.538,09
2009$81.165.718,0019,170%$15.559.468,14$336.515.006,23
2010$81.165.718,0015,150%$12.296.606,28$348.811.612,50
2011$81.165.718,0017,830%$14.471.847,52$363.283.460,02
2012 17,389%$14.114.110,21$377.397.570,24
     
 Total a pagar $377.397.570,24 


16. En suma, la Sala no omitió la resolución de la pretensión de pagar la indemnización de perjuicios por concepto del lucro cesante conducente en casos de responsabilidad por culpa in contrahendo, según lo demostrado y previsto en la ley (intereses bancarios corrientes o comerciales sobre el monto del daño emergente probado), pues, está claro que condenó por este concepto en la suma de $377 397 570, razón por la cual negará la solicitud de adición del auto, elevada en este sentido por la parte demandante.

17. De otro lado, como en la impresión del texto de la providencia no aparece el numeral tercero de la misma, que corresponde a la decisión adoptada en el párrafo 78 de la providencia, según el cual “no se condenará en costas por aparecer causadas”, de oficio se adicionará la parte resolutiva con este aspecto.

18. Finalmente, advierte la Sala que comoquiera que con la mencionada providencia se dio fin al proceso, se ordenará que por secretaría se notifique a las partes del presente auto, de acuerdo con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. NIÉGASE la solicitud de adición a la sentencia de 3 de diciembre de 2012, presentada por la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la presente providencia.

2. De oficio ADICIÓNASE la sentencia de 3 de diciembre de 2012, con un numeral 3º relacionado con la no condena en costas, la cual quedará así:

REVÓCASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 25 de julio de 2000 y, en su lugar, se dispone:

1.- DECLÁRASE patrimonialmente responsable al Instituto de Seguros Sociales, ISS, por los perjuicios causados a la Sociedad de Servicios Generales de Salud Ltda., Sergesalud Ltda., al haberse negado a celebrar y perfeccionar con esta un contrato de prestación de servicios de atención integral ambulatoria, médica y/o de salud oral de primer nivel, de conformidad con los motivos expuestos en esta providencia.

2.- CONDÉNASE al Instituto de Seguros Sociales, ISS, a pagar por concepto de perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) a la Sociedad de Servicios Generales de Salud Ltda., Sergesalud Ltda., la suma de cuatrocientos cincuenta y ocho millones quinientos sesenta y tres mil doscientos ochenta y ocho pesos m/cte. ($458 563 288).

3.- Sin condena en costas.

4.- CÚMPLASE lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5.- EXPÍDANSE, para el cumplimiento de esta sentencia, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6.- DEVUÉLVASE, una vez ejecutoriada esta providencia, el expediente al tribunal de origen.

3. EXPÍDANSE junto con las copias auténticas ordenadas en la sentencia que se adiciona de oficio, copias auténticas de la presente providencia con destino a las partes, con constancia en una y otra de su ejecutoria y con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

4. Por secretaría de la Sección, NOTIFÍQUESE personalmente a las partes de la presente providencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º y 2º del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase.

Magistrados: Danilo Rojas Betancourth, Presidente—Stella Conto Díaz Del Castillo.

(1) [36] “La doctrina, a partir de los trabajos de Ihering, sobre los daños causados por las convenciones nulas, distingue el llamado interés positivo y el interés negativo. El interés positivo es el llamado interés de cumplimiento o interés en la ejecución del contrato. El interés negativo está determinado por la falta de validez o por la frustración del contrato y es el llamado interés de confianzas. La doctrina es por lo general pacífica en el sentido de que el daño resarcible en los supuestos de responsabilidad precontractual se limita al interés negativo…”. Vid. Diez Picazo, Luis, ob. cit. Págs. 279-280.

(2) [37] Monateri, Pier Giuseppe. Ob. cit. págs. 565-566-568-569-574.

(3) [38] C.M. Bianca, Dirrito civile, 3 pág. 179, cit. por Monateri, Pier Giuseppe. Ob. cit. pág. 573.