Auto 1997-05184 de julio 5 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 76001-23-25-000-1997-05184-01 (22.571)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Lydda Ul Casamachín y otros

Demandado: Departamento del Valle del Cauca

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., cinco de julio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del asunto(1), en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y el llamado en garantía(2), en proceso de doble instancia, seguido contra el departamento del Valle del Cauca en sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 24 de agosto de 2001, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

2. Aspectos procesales previos.

La Subsección C en atención a los medios probatorios allegados al proceso, precisa que en el presente caso, tanto la parte demandante como la entidad demandada y los llamados en garantía, solicitaron como prueba trasladada copia auténtica del proceso penal que la Fiscalía 130 Unidad Seccional Candelaria del Valle del Cauca inició con ocasión de la muerte del señor Ángel María Zapata Medina, contra el señor Pablo Andrés Girón Martínez por el delito de homicidio culposo. Dicha prueba fue decretada por el tribunal mediante auto de 11 de enero de 2000 (fls. 155 a 161, c. 1).

La Sala con relación a la eficacia probatoria de la prueba trasladada ha sostenido que cabe valorarla a instancias del proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla lo exigido en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que se les puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional, en la medida en que el proceso del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia, respetando su derecho de defensa y cumpliendo con el principio de contradicción.

También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por las partes, hay lugar a tenerlas en cuenta dentro del proceso contencioso administrativo, aun cuando hubieren sido practicadas sin citación o intervención de alguna de las partes en el proceso original y no hubieren sido ratificadas en el nuevo proceso contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resultaría contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(3).

En el caso que ahora se examina, se encuentra que la copia auténtica del proceso penal fue solicitada por todas las partes, motivo por el cual encuentra esta subsección que la prueba traslada es susceptible de valorarse en esta instancia, inclusive los testimonios que reposan en el citado expediente. Lo anterior, por cuanto algunas personas que depusieron ante la fiscalía, fueron llamadas a rendir testimonio, con el similar objeto en los interrogantes formulados, a instancias del proceso contencioso administrativo, y fueron, además, objeto de valoración y análisis por la demandada y los llamados en garantía al exponer sus argumentos respecto del problema jurídico en las oportunidades procesales que tuvieron legalmente(4).

3. Problema jurídico.

¿El accidente de tránsito en el que estuvo involucrado un vehículo de la entidad demandada causó un daño antijurídico atribuible al Estado, lo que produjo como consecuencia la muerte del señor Ángel María Zapata Medina?

4. Daño antijurídico.

El daño antijurídico comprendido, desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(5) y del Estado, impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(6), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.

En cuanto al daño antijurídico, el precedente jurisprudencial constitucional señala que la,

“... antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima (...)”(7).

Así pues, el precedente jurisprudencial constitucional ha señalado,

“(...) que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración (...)”(8).

De igual manera, el precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(9).

Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado social de derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado social de derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(10). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(11), anormal(12) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(13).

Se trata de un daño que los demandantes no estaban llamados a soportar como una carga ordinaria, ni siquiera extraordinaria, en atención al respeto de sus derechos constitucionales a la vida y a la integridad personal, que es incuestionable en un Estado social de derecho(14), desde una perspectiva no solo formal, sino también material de la antijuridicidad(15).

Con base en las pruebas que obran en el expediente, se encuentra demostrada la muerte del señor Ángel María Zapata Medina en hechos acaecidos el 11 de febrero de 1996, como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en la vía que de Cali conduce a Candelaria al ser atropellado por un vehículo perteneciente a la Gobernación del Valle del Cauca —Secretaría de Educación—, mediante copia auténtica del registro civil de defunción, cuya muerte se produjo por una hemorragia subaracnoidea global generalizada (fl. 10, c. 1); el certificado de necropsia (fl. 36, c. 1) y copia auténtica de la necropsia que obra en la investigación penal adelantada y que arrojó como causas de la muerte: hemorragia subarancoidea global generalizada; fracturas craneanas múltiples y politrauma severo en accidente de tránsito (fl. 108, c. 4).

5. Imputación de la responsabilidad.

5.1. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización”(16) de la responsabilidad del Estado(17) y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados(18) y de su patrimonio(19), sin distinguir su condición, situación e interés(20). De esta forma se reivindica el sustento doctrinal según el cual la “acción administrativa se ejerce en interés de todos: si los daños que resultan de ella, para algunos, no fuesen reparados, estos serían sacrificados por la colectividad, sin que nada pueda justificar tal discriminación; la indemnización restablece el equilibrio roto en detrimento de ellos”(21). Como bien se sostiene en la doctrina,

“La responsabilidad de la administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad(22); los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público”(23).

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(24) tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(25) tanto por la acción, como por la omisión de un deber normativo(26).

En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica(27), en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio —simple, presunta y probada—; daño especial —desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal—; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene,

“La superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no solo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”(28).

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(29), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(30). Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”(31).

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(32). Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(33).

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que estos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(34). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(35). Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”(36).

Dicha tendencia es la que marcó la jurisprudencia constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad(37) es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación(38) que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”(39).

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional indica:

“... el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección(40) frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible(41). Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde solo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano”(42).

A lo que se agrega por el mismo precedente,

“En la actualidad, un sector importante de la moderna teoría de la imputación objetiva (la nueva escuela de Bonn: Jakobs, Lesch, Pawlik, Müssig, Vehling) estudia el problema desde una perspectiva distinta a la tradicional de Armin Kaufmann: el origen de las posiciones de garante se encuentra en la estructura de la sociedad(43), en la cual existen dos fundamentos de la responsabilidad, a saber:

1) En la interacción social se reconoce una libertad de configuración del mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en peligro los bienes jurídicos ajenos; el ciudadano está facultado para crear riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación, la exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor etc. Sin embargo, la contrapartida a esa libertad es el surgimiento de deberes de seguridad en el tráfico, consistentes en la adopción de medidas especiales para evitar que el peligro creado produzca daños excediendo los límites de lo permitido. v. gr. Si alguien abre una zanja frente a su casa, tiene el deber de colocar artefactos que impidan que un transeúnte caiga en ella. Ahora bien, si las medidas de seguridad fracasan y el riesgo se exterioriza amenazando con daños a terceros o el daño se produce —un peatón cae en la zanja— surgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado con su comportamiento peligroso anterior (generalmente antijurídico) un riesgo para los bienes jurídicos, debe revocar el riesgo —prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario— (pensamiento de la injerencia). Esos deberes de seguridad en el tráfico, también pueden surgir por asunción de una función de seguridad o de salvamento, como en el caso del salvavidas que se compromete a prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro.

Los anteriores deberes nacen porque el sujeto ha configurado un peligro para los bienes jurídicos y su fundamento no es la solidaridad sino la creación del riesgo. Son deberes negativos porque su contenido esencial es no perturbar o inmiscuirse en los ámbitos ajenos. Corresponde a la máxima del derecho antiguo de no ocasionar daño a los demás.

2) Pero frente a la libertad de configuración, hay deberes que proceden de instituciones básicas para la estructura social (competencia institucional) y que le son impuestas al ciudadano por su vinculación a ellas. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos y ciertas relaciones del estado frente a los ciudadanos. Estos deberes se caracterizan, porque el garante institucional tiene la obligación de configurar un mundo en común con alguien, de prestarle ayuda y protegerlo contra los peligros que lo amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de hechos de la naturaleza. V. gr. El padre debe evitar que un tercero abuse sexualmente de su hijo menor y si no lo hace, se le imputa el abuso.

Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en estos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos(44)(45).

16. En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante”(46).

Dicha formulación no debe suponer, lo que debe remarcarse por la Sala, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal(47), teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la administración, puesto que no puede considerarse ... que su actuación (de la administración pública) sea siempre fuente de riesgos especiales”(48), y que además debe obedecer a la cláusula del Estado social de derecho(49).

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos(50), que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado social y democrático de derecho.

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(51) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico). Conforme al anterior esquema se analizará el caso a resolver.

5.2. Régimen de responsabilidad aplicable en los eventos de conducción de vehículos automotores.

La jurisprudencia reiterada de la corporación ha sostenido que tratándose de la producción de daños originados en el despliegue de actividades peligrosas, lo cual ocurre cuando se conduce un vehículo automotor, estará obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen al realizarse el riesgo creado(52), con fundamento en el título del régimen objetivo, identificado como riesgo excepcional; así mismo, en cuanto al reparto de la carga de la prueba que tiene lugar en litigios en los cuales el aludido sea el asunto objeto de controversia, se ha advertido, en forma reiterada, que

“Al actor le bastará probar la existencia del daño y (la relación de causalidad) entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”(53).

Con todo, como también lo ha reiterado la Sala, en el análisis de la responsabilidad del Estado se debe comenzar por estudiar si en el caso de marras, el referido daño tiene su origen en irregularidades en la actividad de la administración —falla en la prestación del servicio— de modo que, en caso de no hallarse estructurada esta, debe acudirse a la aplicación del título de imputación objetivo(54).

6. Del caso en concreto.

Advierte la Sala que obra copia del informe de tránsito elaborado por las autoridades competentes, pero sin el gráfico o croquis del sitio donde ocurrió el accidente, ya que el vehículo fue movido y el herido fue trasladado al hospital (fls. 4 a 6, c. 4) No obstante lo anterior, se consignaron las características del lugar de la siguiente forma: se trataba de un área rural, sector comercial; la vía era recta y con bermas, de dos carriles; seca, con iluminación buena y sin ninguna demarcación. El vehículo que accidentó al señor Ángel María era un Chevrolet Trooper, color rojo, modelo 1995, de placas ONH 189, inmovilizado por el departamento de Bomberos de Villa Gorgona y a disposición de la fiscalía.

Se tiene probado que el automotor era de propiedad de la Gobernación del Valle del Cauca, Secretaría de Educación, de acuerdo con la copia auténtica de la licencia de tránsito 92-1712647 (fl. 63, c. 2).

Ahora bien, obran los siguientes medios probatorios dentro del plenario:

1. Copia auténtica del oficio suscrito por la asistente del despacho de la secretaría de educación con fecha de 8 de febrero de 1996, dirigido al señor Pablo Andrés Girón, mediante el cual le solicitaron hacerse cargo del vehículo Trooper de placas ONH 189 el fin de semana para prestar el servicio a los funcionarios de Multivisión, encargados de colocar las antenas parabólicas del canal educativo en los diferentes municipio del departamento (fl. 59, c. 2). Con dicho documento se prueba que el vehículo y el conductor asignado, para el momento de los hechos, cumplían una misión oficial.

Respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, tal como se mencionó anteriormente, no existe un informe de tránsito que determine la posición del cuerpo y del vehículo, pero obran documentos allegados al proceso, así como las declaraciones de dos testigos presenciales de los hechos. Conforme a lo anterior, obran los siguientes medios probatorios:

2. Copia auténtica de un oficio suscrito por Pablo Andrés Girón (conductor del vehículo y llamado en garantía), dirigido al jefe de división de muebles y seguros de la secretaría de servicios administrativos, mediante el cual informó sobre el accidente ocurrido el 11 de febrero de 1996, en los siguientes términos: (fls. 60 y 61, c. 2).

“(...) Con la presente comunico a usted sobre el accidente de tránsito ocurrido el día domingo 11 de febrero de 1996, a las 11:40 a.m. en el Corregimiento de El Carmelo, municipio de Candelaria (Valle), cuando me dirigía en comisión, con el fin de prestar mis servicios como motorista a los funcionarios de Multivisión, encargados de colocar las antenas parabólicas del canal educativo en los municipios del departamento (...).

En el sitio antes mencionado, una persona imprudentemente salió a mi paso por la parte trasera de un bus, traté de esquivarle, pero a la orilla contraria un grupo de personas me impidió realizar la maniobra, colisionando con la persona, que posteriormente falleció.

(...) En vista de esto y bastante nervioso, busqué apoyo en las autoridades de la localidad y a la vez llamá (sic) por radio a mi compañero Harold Guerrero, quien acudió inmediatamente en mi ayuda.

Al pasar una radiopatrulla, la llamé y les informé sobre el accidente que había tenido y me entregué a las autoridades.

Fui llevado a la inspección de policía del pueblo, donde estuve detenido por unas horas.

Posteriormente el caso pasó a manos de la Fiscalía 130, la cual me envió citación para comparecer por el delito de homicidio en accidente de tránsito (...)”.

3. Documentos que hacen parte de la investigación penal:

a. Copia del informe de tránsito anteriormente indicado (fls. 4 a 6, c. 4).

b. Copia auténtica de la Resolución Interlocutoria 47 de 12 de marzo de 1996 mediante el cual se decide la situación jurídica de Pablo Andrés Girón y se ordena la detención preventiva con beneficio de libertad provisional, previa cancelación de caución prendaria de $50.000. Lo anterior, por cuanto el fiscal del caso determinó que el conductor del vehículo actuó con culpa al manejar de forma imprudente y con excesiva confianza (fls. 46 a 51, c. 4).

c. Copia de la Resolución Interlocutoria 3-038 del 26 de abril de 1996, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación presentado por el apoderado de la defensa, revocando la decisión de imponer medida de aseguramiento, pero continuando con la investigación del caso, por cuanto no aparece probado dentro del proceso el exceso de velocidad afirmado por el fiscal 130 (fls. 87 a 100, c. 4).

d. Copia de la resolución interlocutoria No. 142 de 13 de agosto de 1997 mediante la cual se precluyó la investigación (fls. 157 a 162, c. 4). En la decisión de indicó que no existía prueba que desvirtuara las manifestaciones del indagado referentes a la imprudencia del peatón. Lo anterior, por cuanto no se observa por parte del procesado una manifestación de voluntad en la que se tradujera en acción positiva u omisiva de la que se desprenda la muerte del señor Zapata Medina, puesto que él iba conduciendo el vehículo y fue el señor Ángel María el que intempestivamente intentó atravesar la vía sin tomar las precauciones del caso, a sabiendas que venía un vehículo con exceso de velocidad, pues fue tan consciente de ello que él impidió que su señora e hijo atravesaran, no haciendo lo mismo él (fl. 160, c. 4).

4. Testimonios:

a. Herbert de Jesús Martínez Pacheco (fl. 11 a 16, c. 2), quien también testificó dentro del proceso penal el 16 de julio de 1996 (fls. 114 y 115, c. 4) por los mismos hechos y, al compararse las declaraciones, estas son similares. Se transcribe lo más importante de su declaración dentro del proceso contencioso administrativo:

“(...) Preguntado: Sírvase hacerle un relato claro y detallado de los hechos que son motivo del presente proceso: Contestó: El accidente fue un domingo a eso de las once de la mañana, del mes de febrero 11 de 1996 (...) me encontraba recostado en la esquina del Restaurante Punto Sabroso, ubicado diagonal donde fue el accidente en Cavasa al frente de una bomba, me encontraba esperando unos amigos para dirigirnos a una pesca deportiva (...) al estar pendiente de los vehículos que venían de ambos lados. (...) de pronto en uno de los buses que venía de Gorgona a Cali observé que se bajaron un señor, una señora y un niño. De pronto tomaban dirección hacia el área donde yo estaba o sea de Punto Sabroso a Punto Rico no recuerdo bien el nombre, avanzaban ellos hacia esa área cruzando la primer calzada y llegado a una parte de zona verde, al cruzar la segunda calzada que va de Cali hacia Candelaria, venía un campero de color rojo a una alta velocidad atropellando al señor antes de cruzar la calzada. (...). Preguntado: Sírvase decirnos de cuántos sentidos es la vía a la cual se había referido usted en esta declaración. Contestó: El punto donde fue el accidente es de un solo sentido Cali - Candelaria en ese entonces, ahora no se. Preguntado: Ha dicho usted en su relato anterior que el vehículo se desplazaba a una alta velocidad, sírvase decirnos si está en capacidad de manifestar a cuánto se desplazaba el mismo. Contestó: A unos cien kilómetros aproximados. Preguntado: Sírvase decirnos si en el sitio de la referencia existe alguna señal que indique que debe disminuirse la velocidad. Contestó: En ese entonces no vi ninguna señal. En ese sitio se unen dos calzadas una que va para Candelaria y otra que regresa pero no en el punto exacto del accidente, ahí tan solo hay dos calzadas. (...). Preguntado: Sírvase decirnos cuál fue la conducta asumida por el conductor del vehículo al producirse el accidente. Contestó: Para mi concepto fue pésima porque ocasionó el accidente y siguió en fuga porque no regresó a ver qué había sucedido (...) Preguntado: Sírvase decirnos si en el sitio se hizo presente alguna autoridad de tránsito. Contestó: En el tiempo que yo estuve no llegó el tránsito.

Pregunta la apoderada de la parte actora: Preguntado: Sírvase hacer una descripción del sitio donde ocurrió el accidente y de sus áreas aledañas detallando si sobre ese sitio hay cruceros, bifurcaciones(55), cuál es el sentido vial y si está en capacidad de hacerlo, sírvase realizar un croquis que nos ilustre sobre lo mismo. Contestó: Crucero y bifurcación sí hay, uno en sentido Cali - Candelaria y sobre la otra margen Candelaria - Cali sobre. (...) Uno cruza Cali - Candelaria hacia el pueblito que hay al frente a Cavasa se llama El Carmelo, el uno vira hacia izquierda y el otro viene a caer sobre la calzada que va de Cali a Candelaria en forma de una Y. (...).

Pregunta el apoderado del departamento del Valle del Cauca: (...) Preguntado: Manifieste al despacho complementando el dibujo o croquis que elaboró al despacho en qué sitio de la vía quedó la persona que fue atropellada por el vehículo de propiedad de la gobernación. Contestó: Ignoraba hasta esta fecha que el vehículo correspondía a la gobernación y como dije anteriormente no soy dibujante las calzadas se dividen la fecha está en la mitad de las dos calzadas, señal que indica cómo quedó el accidentado. Preguntado: Manifieste al despacho cuántas personas se movilizaban en el vehículo que produjo el accidente el día 11 de febrero de 1996, en el crucero de Cavasa. Contestó: No sé cuántas personas irían, iban varios con música en alto volumen. (...) Preguntado: Qué seguridad tiene usted para haber manifestado al honorable despacho que el accidente fue causado por accidente de velocidad (100 kilómetros aproximadamente) del conductor del vehículo de propiedad de la gobernación. Contestó: Como lo indican las flechas del croquis que elaboré a donde fue el accidente es doble calzada si el vehículo hubiese continuado por la calzada Cali - Candelaria hubiese de pronto evitado el accidente pero esto todo lo contrario, tomó la segunda calzada, la de la izquierda donde ocasionó el accidente. Preguntado: Manifieste al despacho qué llevaba el occiso señor Ángel María Zapata Medina, cuando trató de cruzar o atravesar la vía. Contestó: Un morralito llevaba hacia el lado de la espalda eso fue lo que le vi (...)” (resaltado por la Sala).

b. Catalina Londoño, quien para la época de los hechos trabajaba en la estación de gasolina Esso, lugar cercano a los hechos del accidente de tránsito (fls. 16 a 21, c. 2). Esta testigo también es de carácter presencial y así mismo, declaró en el proceso penal, declaración que es similar a la efectuada dentro del proceso contencioso administrativo (fl. 116, c. 4). A continuación se reproducirá lo más sobresaliente.

“(...) Yo trabajaba en la bomba al frente donde fue el accidente, eso fue un domingo en horas de la mañana, a eso de las once u once pasada de la mañana, en ese entonces venía un bus de los lados de Candelaria del bus se bajó un señor acompañado de la señora, un bebé, esperaron a que pasaran dos buses más que venían luego pasaron la calzada la carretera donde los dejó el bus, hay una pedazo de zona verde, de ahí se dirigieron a pasar el resto de la calzada para coger otro carro que debían coger. Osea (sic) una vía es que viene de Candelaria, hay una zona verde separándola de la otra que va de Cali para Candelaria, luego el señor se dispuso a pasar la vía ya que para coger el otro carro, le faltaba muy poquito para llegar a la mitad del a (sic) vía cuando lo atropelló el carro. Yo fui hasta el sitio lo ayudé a limpiarle la sangre hasta que llegó Nicanor Echeverry que era el despachador de la Montebello, llamó a la policía, pasaron unos quince minutos para que llegara la policía (...) nosotros con el señor en la mitad de la vía, Nicanor, el señor que estaba ahora acá y mucha gente (...) Llegó la policía ayudamos a alzar al señor, nos subieron al carro de la policía y se dirigieron con él para acá para Cali. Recuerdo la velocidad del carro, yo no sé cuál la velocidad porque no sé cuánto son cien ni nada, pero era una velocidad que no pude ver las personas que iban en el carro ni nada, el carro en ningún momento paró, (...) yo me di cuenta después que era un carro de la gobernación, pero mientras estuve allí no apareció el carro que lo habían cogido en Villa Gorgona (...) recuerdo la forma en que quedó el señor, quedó atravesado en la mitad de la calzada con la cabeza hacia Candelaria. (...) Preguntada: De cuántos sentidos es la vía en donde se produjo el accidente de la referencia? Contestó: Un sentido, sentido Cali - Candelaria (...)” (resaltado por la Sala).

c. Declaración de John Harold Guerrero Azcárate, quien era compañero de trabajo del señor Pablo Andrés Girón pero que no fue testigo presencial de los hechos: (fls. 2 a 5, c. 3).

“(...) Preguntado: Sírvase hacerle al despacho un relato claro y detallado de los hechos que son materia del presente proceso. CONTESTO: (...) un grupo de trabajadores íbamos a una comisión de la gobernación para instalar unas antenas, íbamos en dos vehículos, uno de ellos lo iba conduciendo yo y el otro el compañero Pablo Andrés, creo que los carros eran doscamperos (...) Ese día íbamos en la vía a Candelaria y yo iba más o menos a unas tres o cuatro cuadras delante de él, un poco más rápido, y por radio nos avisaron que parara, yo paré, me devolví y cuando vimos lo ocurrido o sea el accidente, vi a un señor cuando lo iban a subir a una camioneta de Vicepalmira creo que era o sea de la policía (...) Pablo Andrés estuvo conmigo allí, y estaba asustado porque él era muy nuevo conduciendo como yo. Yo no vi las circunstancias del accidente ni como ocurrió lo sé por versión, me dijeron que él venía o sea Pablo Andrés por su carril derecho y el señor se había bajado de un bus, creo que llevaba un bulto en el hombro y pasó detrás del bus sin mirar y así fue como lo golpeó. (...) Preguntado: Manifieste al despacho dónde encontró al señor Pablo Andrés Girón cuando lo llamaron por radio para que regresara y cuál fue la conducta tomada por este. Contestó: Estaba un poco más adelante del lugar del accidente no recuerda la distancia yo le pregunté qué había sucedido él nos contó por qué estábamos nosotros tres en el vehículo (...) que había accidentado a un señor (...)”.

5. Inspección judicial realizada al sitio de los hechos dentro del proceso contencioso, con ayuda de los peritos adscritos a la oficina del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de la Alcaldía de Candelaria Valle y personal de guarda de la Policía Nacional (fls. 105 y 106, c. 1). La apoderada de la parte actora solicitó que los peritos absolvieran unas preguntas allegadas al proceso.

Es así como en escrito de 19 de julio de 2001 los agentes de tránsito que participaron en la inspección, dieron respuesta al cuestionario presentado por el apoderado de la parte demandante en el que se dijo lo siguiente: (107 y 108, c. 2).

“(...) 1. Sirvase (sic) manifestar cual (sic) es el límite de velocidad permitida en el sitio donde ocurrieron los hechos.

R./ La velocidad máxima permitida en el sitio de los hechos es de sesenta kilómetros por hora (60 KM/H), ya que es un área urbana donde se encuentra el cruce (entrada) al Corregimiento del Carmelo jurisdicción de Candelaria y no hay instalado un semáforo.

2. Si un sitio tan transitado por personas y vehículos como el que nos ocupa, es considerado como de alta o baja velocidad.

R./ Dicho sitio es considerado como de baja velocidad por ser transitado por peatones y vehículos.

3. A que (sic) velocidad y en que (sic) circunstancias tiene que venir el conductor de un vehículo para que no vea a alguien que se esta (sic) atravesando una vía, ante una visibilidad de 300 a 400 metros en línea recta, desplazándose por una vía de doble carril en un solo sentido, occidente - oriente.

R./ Los conductores deben disminuir la velocidad en los siguientes casos:

a. En los lugares de concentración de personas.

b. Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad.

c. Cuando se transite cerca de las aceras.

d. Cuando se corra el riesgo de de (sic) salpicar a peatones o a edificaciones.

e. Cuando las señales de tránsito así lo ordenen

Nota: Artículo 138 parágrafo. En los casos anteriores las velocidad máxima permitida será de treinta (30) KM x hora.

5. Dentro de esa vía cual (sic) ha sido el paradero obligatorio, tradicional y permanente, para los bises que se desplazan de oriente a occidente (Candelaria, Pradera, Florida)

El paradero tradicional de los buses en la vía que de Candelaria conduce a Cali, es diagonal a la estación de servicio Esso de Cavasa más exactamente diagonal a la entrada al corregimiento del Carmelo.

6. Cómo es el flujo vehicular.

El flujo vehicular es permanente ya que esta es una vía que conduce a los municipios vecinos y en el cual se encuentra en este sector la plaza de mercado denominada Casava (...)”.

Con escrito de 9 de agosto de 2001 la Alcaldía Municipal de Candelaria dio contestación a las preguntas formuladas por la parte actora en la inspección judicial (fls. 112 y 113, c. 2). Así mismo, se indica que obran dos gráficos de la vía donde ocurrieron los hechos. Para tal efecto, serán tenidos en cuenta, debido a que proporcionan una mejor comprensión del sitio del accidente en el que falleció el señor Zapata Medina y por su parte, ni la entidad demandada ni los llamados en garantía se opusieron a la inspección e informes allegados dentro del plenario, siendo notificados para la práctica de la diligencia.

“(...) Existía el parador Punto Rico, el muro de Carvajal y la estación tradicional Esso. La vía era de dos carriles, la cual viniendo de Cali hacia Candelaria pasando la vía que entra al Carmelo se convertía en dos carriles con un solo sentido hacia Candelaria.

La otra vía que viene de Cavasa aun se conserva.

Existía una matera la cual siempre ha sido el paradero tradicional más no obligatorio. Igualmente una zona verde amplia la cual separaba la vía que viene de Cavasa y la que va a Candelaria. En dicho sitio siempre ha existido mucha afluencia peatonal ya que es la entrada hacia los corregimientos El Carmelo, Tiple y San Joaquín. También por estar localizado Cavasa y la Estación de servicio Esso.

En la actualidad todavía existen el Parador Punto Rico, Estación de servicio Esso, Carvajal y la entrada al Carmelo.

Existe una matera en la estación de servicio Esso la que fue reducida pero todavía es el paradero tradicional para los buses que se desplazan de oriente a occidente más no es obligatorio.

La vía fue ampliada, conserva los mismos sentidos, la vía que viene de Cavasa se conserva, se hizo una nueva que viene desde el round - point de Cavasa separada de una pequeña zona verde o separador. En la actualidad la vía está solamente ampliada y asfaltada el frente del parador Punto Rico. Se conserva la antigua vía que conduce de Cali a Candelaria que está localizada al frente de Carvajal.

En relación con el punto 5; convergen dos vías en el sitio donde ocurrieron los hechos, la vía que viene de Cavasa tiene dos carriles y tiene un solo sentido de oriente a occidente. La vía que viene de Cali a Candelaria tiene un solo carril la que pasando la entrada al Carmelo se convierte en dos carriles en un solo sentido Cali Candelaria.

Referente al punto 6; el paradero tradicional más no obligatorio para los buses que se desplazan de oriente a occidente, ha sido la matera de la estación de servicio Esso la cual fue reducida tiempo después de ocurridos los hechos (...)”.

Conforme a los gráficos allegados dentro de la inspección judicial y que tendrán pleno valor probatorio, se observa lo siguiente: se trata de una vía que es denominada Cali - Candelaria. La vía Cali tiene sentido oriente y, Candelaria, sentido occidente. En principio es una vía de doble sentido. Por el nororiente de la vía, sobresale una Y que corresponde a una vía de un solo sentido dirigiéndose hacia Cali, en dicha bifurcación, se observa una zona verde. En la parte norte de la Y se encuentra una estación de gasolina. La vía que conduce de Cali a Candelaria, al llegar al punto denominado El Carmelo (junto a la vía occidental), se convierte la vía en un solo sentido, esto es, que hacia Candelaria luego de dicho lugar, se convierte en una vía de un solo sentido.

Según los hechos de la demanda y de acuerdo con los testimonios presenciales del señor Herbert Martínez y Catalina Londoño, el señor Ángel María descendió de un bus de servicio público acompañado de la señora y uno de sus hijos menores de edad cerca al parador tradicional de la estación de gasolina. Cruzaron la vía que se encuentra en el nororiente llegando a la zona verde (bifurcación) y, posteriormente cuando iban a cruzar la vía Cali - Candelaria (en un solo sentido vial), el vehículo de la gobernación embistió al señor Zapata Medina, ocasionando posteriormente la muerte del peatón.

Ahora bien, una de las inconformidades de los apelantes consiste en que no se tuvo en cuenta la decisión proferida por el Fiscal 130 que precluyó la investigación en favor del señor Girón Martínez, ya que de acuerdo con las determinaciones del funcionario, el accidente ocurrió por imprudencia del peatón. Como consecuencia de lo anterior, los recurrentes insisten en la existencia de una causal eximente de responsabilidad, esto es, la culpa de la víctima.

Advierte la subsección(56) que la investigación penal que se adelante contra un servidor estatal y su decisión sea condenatoria o absolutoria (preclusión), no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque:

“... (i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de inocencia que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio. Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular”(57).

Si bien dentro del proceso penal iniciado por la Fiscalía 130 la investigación precluyó en favor del señor Pablo Andrés Girón, dicha decisión, no es determinante ni condiciona el análisis de la responsabilidad de la entidad demandada y del llamado en garantía en el presente proceso. Olvidan los recurrentes que la decisión del fiscal indicó lo siguiente: “(...) fue Zapata el que intempestivamente intentó atravesar la vía sin tomar las precauciones del caso, a sabiendas que venía un vehículo con exceso de velocidad, pues fue tan consciente de ello que él impidió que su señora e hijo atravesaran, no haciendo lo mismo él (...)” (fl. 160, c. 4).

De acuerdo con lo anterior y basados en las declaraciones de los testigos presenciales(58), se tiene probado que el señor Zapata Medina se encontraba en el zona verde (bifurcación) junto con su compañera sentimental y su hijo e intentó cruzar la segunda vía (Cali - Candelaria), sitio donde se convierte en un solo sentido vial, cuando fue atropellado por el vehículo perteneciente al departamento del Valle del Cauca, y además en ambos procesos, los testigos insistieron en que el automotor venía a gran velocidad y siguió su camino sin parar y ayudar al peatón. Sobre dicha conducta el compañero del llamado en garantía en su declaración, manifestó que encontró al señor Girón Martínez a una distancia más adelante del accidente.

Por su parte, la declaración del agente de tránsito Luís Eduardo Herrera Ortiz dentro del proceso penal indicó lo siguiente:

“(...) Nosotros nos encontrábamos en la Subestación Villagorgona, los agentes GIRALDO, y nos llamaron por radio informando que había sucedido un accidente por los lados de Cavasa, y que el vehículo había huido, inmediatamente el señor Giraldo y yo salimos en la Trooper de la policía en persecución del vehículo, íbamos de Villagorgona hacia Cavasa y en el callejón a la entrada de la Sierra o Granada de la Sierra, cuando había un vehículo estacionado en dicho callejón, nosotros inmediatamente vimos el vehículo y nos fuimos hacia donde se encontraba el mismo, en el cual habían tres individuos allí, entonces el conductor se nos vino y nos dijo que había accidentado a uno en Cavasa, entonces revisamos el vehículo y estaba golpiado (sic) en el cocullo (sic) de la direccional lado izquierdo me parece, entonces le preguntamos al conductor que porqué se había ido, entonces él dijo que era del susto (...)” (fl. 101, c. 4) (resaltado por la Sala).

Lo anterior desarticula completamente el escrito del llamado en garantía al narrar los hechos según su versión, consistente en que fue a pedir ayuda a las autoridades, porque contrario a lo manifestado por él, se observa una conducta completamente reprochable, esto es, seguir su camino sin parar y observar al peatón herido y atropellado por este.

Así mismo, recalca el llamado en garantía y la entidad demandada que el peatón descendió de un bus por la parte trasera y que al cruzar la vía, no tomó las precauciones para ello, lo cual obligó que el vehículo oficial no pudiera maniobrar y consecuentemente atropelló al señor Zapata Medina. Conforme a lo anterior y analizando tal postura con respecto a las declaraciones de los testigos presenciales y los gráficos allegados dentro de la inspección judicial, se observa que el peatón se bajó de un bus, cruzó la primera vía (noroccidental) por el lado de la zona verde (Y) y, posteriormente en la carretera que es de un solo sentido, (a partir de El Carmelo) trató de atravesar cuando fue atropellado, lo cual es incongruente con lo afirmado por los recurrentes, por cuanto no podría bajarse por el lado izquierdo de la vía que se convierte en solo sentido, además por tratarse de una zona urbana, conforme a lo establecido por los informes de la Alcaldía de Candelaria, el automotor de servicio público cuando no esté prohibido el estacionamiento, se podrá hacer al lado derecho de la vía lo más cercano posible al andén y a más de 15 metros de intersección. (D. 1344/70, art. 139). Aunado a lo anterior, los testigos indicaron que el peatón descendió del bus cerca a la estación de gasolina y no como lo manifestó el llamado en garantía.

Por otro lado, el punto de impacto de acuerdo con la inspección judicial practicada dentro del proceso contencioso administrativo, fue en la vía que se convierte en un solo sentido, esto es, luego de la zona verde o bifurcación de la carretera. Ni la parte demandada ni el llamado en garantía objetaron o repararon sobre dicha inspección, la cual fue notificada en debida forma, por lo que no desvirtuaron que el impacto se ocasionó en dicho sitio, que comparativamente con las declaraciones de los testigos, son coincidentes en afirmar que el accidente se produjo en el sitio donde la vía se convertía en un solo sentido quedando el peatón en la mitad de la vía y por lo tanto, no obra prueba que indique que el causante haya atravesado la vía sin las precauciones debidas.

Contrario a ello, los testimonios son consistentes en afirmar que el conductor del vehículo estaba manejando a una gran velocidad, y si bien no obra prueba directa que permita determinar la velocidad exacta, lo cierto es que del acervo probatorio tales como las declaraciones de los dos testigos presenciales, el informe técnico presentado por los guardas de la Policía Nacional que indicaron la velocidad en este tipo de vías (urbana) se concluye lo siguiente:

El artículo 109 del Decreto 1344 de 1970, modificado por el Decreto 1809 de 1990, artículo 1º, número 98 dispone que:

“(...) Toda persona que tome parte del tránsito como conductor o peatón, deberá comportarse en forma que no incomode, perjudique o afecte a las demás y deberá conocer y cumplir las normas de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que le den las autoridades de tránsito. Además observará las señales de tránsito que determine el Instituto Nacional de Vías (...)”.

A su turno, y con fundamento en el dictamen elaborado por los peritos de la Alcaldía de Candelaria, quienes determinaron que se trataba de una vía con alta afluencia peatonal y vehicular por cuanto es la entrada hacia los corregimientos El Carmelo, Tiple y San Joaquín, se presenta un incumplimiento con lo establecido en el artículo 138 modificado por el Decreto 1809 de 1990, artículo 1º, número 117 del Código Nacional de Tránsito de 1970 que a la letra dispone:

“Los conductores deberán disminuir la velocidad en los siguientes casos:

1. En los lugares de concentración de personas.

2. Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad.

3. Cuando se transite cerca de las aceras.

4. Cuando se corra el riesgo de salpicar a peatones o a edificaciones.

5. Cuando las señales de tránsito así lo ordenen.

PAR.—En los casos anteriores, la velocidad máxima permitida será de treinta (30) kilómetros por hora (...)”.

No obstante lo anterior, el artículo 148 modificado por el Decreto 1809 de 1990, artículo 1º, número 127 dispone en el inciso segundo, que la velocidad máxima de las vías urbanas será de 60 kilómetros por hora, salvo que la entidad competente indique una velocidad diferente sea inferior o superior.

Para el caso en concreto, existen normas que de una u otra forma limitan la velocidad con la que debe transitar un vehículo, razón por la cual no puede exonerarse la entidad demandada en el desconocimiento de la ley, por lo que de las pruebas ya mencionadas, se infiere que el conductor del vehículo perteneciente al departamento del Valle del Cauca, venía a una alta velocidad en un sitio donde existe un tránsito no solo de vehículos sino de peatones, razón por la cual se encuentra probada la falla del servicio por parte de la entidad demandada, esto es, por el desconocimiento e incumplimiento de las normas referentes a las velocidades máximas permitidas en las zonas urbanas. De acuerdo con lo anterior, es atribuible fáctica y jurídicamente la responsabilidad a la entidad demandada por falla en el servicio al haber sido vulnerado los deberes normativos antes mencionados(59).

7. Del llamamiento en garantía.

El llamado en garantía, señor Pablo Andrés Girón Martínez indicó en el recurso de alzada además de solicitar que se denegaran las pretensiones de la demanda, la improcedencia de lo establecido en el numeral quinto de lo ordenado en la providencia de primera instancia, esto es, declarar responsable igualmente al llamado en garantía, por cuanto se estaría condenando dos veces al señor Pablo Andrés Girón, teniendo en cuenta que se utilizó la figura del llamamiento en garantía y el tribunal ordena repetir contra el llamado en garantía, cuando realmente ya fue condenado por el tribunal (fl. 260, cdno. ppal.).

Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.

Así mismo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, los funcionarios serán responsables por los daños que causen en el ejercicio de sus funciones por culpa grave o dolo, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al Estado. En todo caso, cuando prospere la demanda contra una entidad pública, la sentencia dispondrá que esta satisfaga los perjuicios y si el funcionario ha sido llamado al proceso -artículo 57 Código de Procedimiento Civil(60), determinará la responsabilidad de aquel.

Respecto del llamamiento en garantía los hechos o actuaciones que dieron al mismo en el presente caso, fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, de manera que las normas sustanciales aplicables para dilucidar si el llamado actuó con culpa grave o dolo, serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, casos en los cuales es necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que recoge el Código Civil:

“(...) Código Civil, ART. 63.—Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. (...).

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro (...)”.

Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado(61) ha señalado que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Así mismo, es necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena y mala fe que están contenidos en la Constitución Política(62) y en la ley, a propósito de algunas instituciones como por ejemplo contratos, bienes y familia.

En consideración a lo anterior, la Sala(63) ha explicado que para establecer la responsabilidad personal de los agentes, ex agentes estatales o particulares investidos de funciones públicas, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta, necesariamente, el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas —actuación dolosa—, o si al actuar pudo prever la irregularidad en la cual incurriría y el daño que podría ocasionar y aún así no lo hizo o confió en poder evitarlo —actuación gravemente culposa—.

Conforme a las anteriores premisas y de acuerdo con las pruebas obrantes dentro del proceso, el señor Pablo Andrés Girón laboraba para la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca y tal situación se prueba con el certificado laboral expedido por la jefe de división de recurso humanos de la Secretaría de Educación Departamental (fl. 79, c. 1) en el que indicó que el señor se encontraba vinculado por contrato y que para la época de los hechos estaba conduciendo el vehículo ONH 189 perteneciente al departamento, así como la copia auténtica del oficio suscrito por el asistente del despacho de la Secretaría de Educación con fecha de 8 de febrero de 1996 (fl. 59, c. 2) mediante la cual ordenó al mencionado señor realizar las labores de transporte los días 10 y 11 de febrero de 1996 de los funcionarios de Multivisión para la colocación de antenas parabólicas. Por lo tanto, el señor estaba en ejercicio del cumplimiento de una misión oficial.

Ahora bien, si bien se insiste en que la decisión de la fiscalía concluyó en la preclusión de la investigación, porque según el ente investigador existió una culpa de la víctima y tal como se reiteró en líneas anteriores, las decisiones o providencias proferidas por la jurisdicción penal no son determinantes para esta jurisdicción. Por lo tanto, de acuerdo con la declaración de los testigos presenciales que observaron que el señor Girón Martínez conducía a una alta velocidad y la naturaleza de la vía donde ocurrió el accidente, que por tanto implica una reducción de velocidad con fundamento en las normas del Código Nacional de Tránsito aplicable para el momento de los hechos (D. 1344/1090 y normas modificatorias), se infiere que su conducta fue constitutiva de una culpa grave, en tanto que no cumplió con las normas referentes a la conducción de vehículos automotores.

8. Indemnización de perjuicios.

8.1. Perjuicios morales.

En el presente caso, la subsección confirmará la decisión de primera instancia respecto de las condena en perjuicios morales reconocidas en favor de los demandantes, esto es, para la compañera permanente, los hijos (legitimados y de crianza) y los padres del causante en cuantía de cien (100) smlmv para cada uno de ellos. Así mismo, se confirmará la decisión de otorgar cincuenta (50) smlmv para cada uno de los hermanos de la víctima.

8.2. Perjuicios materiales.

El a quo en su decisión concedió perjuicios materiales (lucro cesante consolidado y futuro) en favor de la compañera permanente, los dos hijos y al hijo de crianza. En su momento, el Ministerio Público al presentar el concepto de rigor ante esta corporación, solicitó no acceder al reconocimiento de los perjuicios materiales en favor del menor Hulmer Enríquez Ul, por cuanto en este último evento, en la demanda no se solicitaron perjuicios del orden material en favor de este (fl. 282 y 287, cdno. ppal.).

Una vez revisadas las pretensiones de la demanda, se observa que dentro del libelo no se solicitó el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante (consolidado y futuro) en favor del joven Hulmer Andrés Enríquez Ul, quien demandó en su calidad de hijo de crianza. Lo anterior se corrobora con el petitum de la siguiente manera: Se debe a Lydda Ul Casamachín (compañera permanente), Lida Vanesa y Duvier Zapata Ul (hijos) indemnización por la supresión de la ayuda económica lucro cesante que venían recibiendo de su compañero y padre, respectivamente, quienes dependían económicamente de él (...)” (fl. 41, c. 1).

El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil dispone que:

“(...) La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella (...)”.

Según las voces del artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, la sentencia además de ser motivada, debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Y como refuerzo a tal disposición, los artículos 302 y 305 del Código de Procedimiento Civil disponen que:

ART. 302.—“(...) Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el carácter de previas, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, y las que resuelven los recursos de casación y revisión (resaltado por la Sala).

ART. 305.—Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla (...).

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta. (...)”.

Conforme a lo anterior, se observa que en el presente caso efectivamente el a quo condenó en favor de una persona que no solicitó dentro de las pretensiones de la demanda, el reconocimiento del lucro cesante. Lo anterior, representa un caso de fallo extra petita esto es, que el juez otorgó en la sentencia condenas que el demandante no solicitó(64).

Es así como la Corte Constitucional ha manifestado que

“(...) el ejercicio de la función judicial en materia contencioso administrativa, la competencia del juez al momento de fallar no le permite decidir ultra petita o extra petita, porque la resolución judicial que se extienda más allá de lo pedido o que se tome fuera del petitum de la demanda, a más de resultar violatoria del derecho de defensa de la contraparte sería contraria a la estructura misma del proceso que en esta materia se guía por el principio de que la materia del litigio se define por las partes y, estas al hacerlo, delimitan la competencia del juzgado (...)”(65).

El Ministerio Público como parte del proceso y dentro de las atribuciones otorgadas en el artículo 127 del Código Contencioso Administrativo, interviniendo en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales, puso en evidencia una irregularidad en la decisión proferida por el a quo, que debe ser corregida en esta instancia aun cuando si bien el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil indica que el juez no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, así mismo se procede a una excepción en el evento en que un punto se encuentre íntimamente relacionado con el recurso de apelación, que para este evento, es la responsabilidad y la cuantía indemnizatoria en contra de la entidad demandada.

Con fundamento en lo anterior, no se puede dejar pasar por alto el error cometido por el tribunal de primera instancia al reconocer perjuicios no solicitados en el petitum, razón por la cual esta subsección procederá con fundamento en las pautas establecidas en la sentencia de primera instancia, esto es, con fundamento en la renta actualizada allí establecida, dividir la misma entre la compañera permanente y los dos hijos, excluyendo al joven Hulmer Andrés Enríquez Ul.

El tribunal de primera instancia tomó como salario base para liquidar el correspondiente al año 1996, fecha en la cual se produjo la muerte del señor Zapata Medina ($142.125,00). El 75% del anterior valor, dio como resultado $106.593,75 que al actualizarlo arrojó un valor de $211.433,76. Sobre este último valor dividió en dos, la mitad para la compañera permanente ($105.716,88) y la otra para los tres hijos ($105.716,88 / 3 = $35.238,96). Sobre este punto entonces entra la subsección a corregir, para así dividir solamente en dos (respecto de los dos hijos) la mitad de la renta actualizada para el año 2001, esto es, en la fecha en que se produjo la decisión.

8.2.1. Lucro cesante consolidado.

a. Lucro cesante consolidado para la señora Lydda Ul Casamachín.

El a quo concedió por este rubro a la compañera permanente $8.267.444,30, tomando como renta actualizada el valor de $105.716,88. Dicho valor se mantendrá por la Sala, aunque será actualizada en los siguientes términos:

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b. Lucro cesante consolidado para Lyda Vanesa Zapata Ul y para Duvier Zapata (hijos).

El a quo concedió por este rubro a cada uno de los menores la suma de $2.755.814.80 en atención a que dividió la mitad de la renta actualizada en tres y no sobre dos como anteriormente se mencionó, quedando como base de la renta $35.238,96. Así mismo, la variante n dio como resultado 66.4. Por lo tanto, realizando la operación de manera correcta en cuanto a la división de la renta actualizada en dos, se tiene lo siguiente:

El período consolidado inicia desde la fecha de la muerte del causante (11 de febrero de 1996) hasta la fecha de la sentencia de primera instancia (24 de agosto de 2001) es decir 66.4 meses.

• Ra: $105.716,88 /2 = $52.858,44.

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La actualización de la condena antes corregida es la siguiente:

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Para cada uno de los hijos del causante, se concederá $6.957.820,20.

8.2.1. Lucro cesante futuro.

a. Lucro cesante futuro para la señora Lydda Ul Casamachín.

El Tribunal de primera instancia otorgó el valor de $19.507.286,45 Dicho valor se mantendrá por la Sala, aunque será actualizada en los siguientes términos:

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b. Lucro cesante futuro para Lyda Vanesa Zapata Ul (hija).

El tribunal otorgó para este rubro el valor de $2.840.066,33, tomando como edad máxima los 18 años (102.8 meses). Con respecto a la renta actualizada, esta corresponderá a $105.716,88 dividido entre dos = $52.858,44.

• El período futuro inicia desde el día siguiente de la sentencia de primera instancia hasta el momento en que en que cumpla 18 años de edad, (la menor nació el 23 de marzo de 1992) esto es, hasta el 23 de marzo de 2010, que en meses son 102.8.

• Ra: $52.858,44.

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Actualización de la condena corregida:

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c. Lucro cesante futuro para Duvier Zapata Ul (hijo).

El a quo concedió para el menor el valor de $3.241.444,20, tomando como edad máxima los 18 años (122.26 meses). Con respecto a la renta actualizada, esta corresponderá a $105.716,88 dividido entre dos = $52.858,44.

• El período futuro inicia desde el día siguiente de la sentencia de primera instancia hasta el momento en que en que cumpla 18 años de edad, (el menor nació el 2 de noviembre de 1993) esto es, hasta el 2 de noviembre de 2011, que en meses son 122.26.

• Ra: $52.858,44.

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Actualización de la condena corregida:

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9. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección C administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. MODIFÍQUESE el numeral cuarto y quinto de la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 24 de agosto de 2001 la cual quedará así:

“(...) 1. DECLÁRASE como no probadas las excepciones propuestas tanto por el Departamento del Valle del Cauca, como por el llamado en garantía señor Pablo Andrés Girón Martínez.

2. DECLÁRASE administrativamente responsable al departamento del Valle del Cauca de la muerte del Sr. Ángel María Zapata Medina en hechos ocurridos el día 11 de febrero de 1996, en la vía que de esta ciudad, conduce al Municipio de Candelaria Valle.

3. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE al departamento del Valle del Cauca a pagar por concepto de perjuicios morales subjetivos a las siguientes personas o a quienes sus derechos representen, las cantidades a saber:

A la Sra. Lydda Ul Casamachín en su carácter de compañera permanente el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. A los menores Lyda Vanessa Zapata Ul, Duvier Zapata Ul y Hulmer Andrés Enríquez Ul, en su condición de hijos los dos primeros, y de hijo de crianza el restante, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de los mencionados. Para los señores Pedro Zapata Vargas y Elvia Medina Yunda, en su calidad de padres, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. Para los hermanos Zeneida Zapata Medina, Luís Edgar Zapata Medina, María Lucedes Zapata Medina, Zoraida Zapata Medina, Ana Silvia Medina y Rubén Medina, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los mencionados.

4. En igual forma CONDÉNASE al departamento del Valle del Cauca a pagar por concepto de lucro cesante las siguientes sumas: a la señora Lydda Ul Casamachín la suma de cuarenta y seis millones setecientos setenta y cuatro mil setecientos treinta y dos pesos ($46.774.732,00); a Lyda Vanessa Zapata Ul, la suma de catorce millones ciento cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y tres pesos con treinta y cinco ($14.144.553,35); a Duvier Zapata Ul, la suma de quince millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y un pesos con noventa y tres centavos ($15.145.581,93).

5. Una vez la entidad demandada haga efectivo el pago, el señor Pablo Andrés Girón Martínez estará obligado a reembolsarle al departamento del Valle del Cauca dicha suma en los términos consignados en la parte motiva de esta providencia.

La constancia efectiva del pago y la copia auténtica de esta sentencia servirán de título ejecutivo a la entidad demandada contra el llamado en garantía Pablo Andrés Girón Martínez.

6. Esta condena se cumplirá en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Se absuelve de todos los cargos, a las llamadas en garantía Previsora S.A. Compañía de Seguro y a la Aseguradora Colseguros S.A. (...)” (fls. 241 a 243, cdno. ppal.).

2. Sin condena en costas.

3. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

4. Devuélvase el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998.

(2) El Decreto 597 de 1988 consagró que para que un proceso de reparación directa que inició en el año 1997 tuviere vocación de doble instancia, la pretensión mayor de la demanda debía superar la suma de $13.460.000. En efecto, para la fecha de presentación de la demanda —17 de octubre de 1997— el daño moral se estimó en 1700 gramos de oro (un gramo equivale a $12,688.80; 1700 por $12,688.80 = 21.570.960,00).

(3) Sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12789; 9 de junio de 2010, Expediente 18078, 1º de febrero de 2012, Expediente 22587, entre otras.

(4) Sentencia de 22 de abril de 2004, Expediente 14877; 1º de febrero de 2012, Expediente 21480.

(5) “(...) el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la administración la que tenga que soportarlo”. Pantaleón, Fernando. “Como repensar, la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, en Afduam, Nº 4, 2000, p. 185.

(6) “(...) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. Pantaleón, Fernando. “Como repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, ob. cit., p. 186.

(7) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, en Afduam. Nº 4, 2000, p. 168.

(8) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que solo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Sin embargo, cabe advertir, apoyados en la doctrina iuscivilista que “no puede confundirse la antijuridicidad en materia de daños con lesiones de derechos subjetivos y, menos todavía, una concepción que los constriña, al modo alemán, a los derechos subjetivos absolutos, entendiendo por tales los derechos de la personalidad y la integridad física, el honor, la intimidad y la propia imagen y los derechos sobre las cosas, es decir, propiedad y derechos reales”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. 1ª ed. Navarra, Aranzadi, 2011, p. 297.

(9) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. Cabe afirmar, que en la doctrina del derecho civil se advierte que “la antijuridicidad del daño no se produce porque exista violación de deberes jurídicos”, definiéndose como “violación de una norma especial o de la más genérica alterum non laedere”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual, ob. cit., p. 298.

(10) Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana”. Sentencia de 9 de febrero de 1995, Expediente 9550.

(11) Sentencia de 19 de mayo de 2005. Rad. 2001-01541 AG.

(12) “Por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sentencia de 14 de septiembre de 2000, Expediente 12166.

(13) Sentencia de 2 de junio de 2005. Rad. 1999-02382 AG.

(14) “La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración (Sent. C-333 de 1996). Igualmente ha considerado que se ajusta a distintos principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución (Sent. C-832/2001)”. Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 2006.

(15) Cabe fundarse en la aproximación al derecho penal, de manera que “se admite que al lado de una antijuridicidad formal, definida abstractamente por contraposición con el ordenamiento jurídico, existe una antijuridicidad material que está referida a juicios de valor ... solo desde un punto de vista valorativo se puede explicar que en la antijuridicidad tengan que encontrar su fundamento y su asiento las causas de justificación. En sentido material, la antijuridicidad es un juicio valorativo o juicio de desvalor que expresa ... el carácter objetivamente indeseable para el ordenamiento jurídico, de una lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos y puede ser un juicio de desvalor acerca del resultado o un juicio de desvalor acerca de la conducta cuando esta pueda ser considerada peligrosa ex ante”. Díez-Picazo, Luís. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual, ob. cit., p. 303.

(16) En precedente jurisprudencial constitucional se indica: “El Estado de derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.

(17) La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y este sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Postura que fue seguida en la Sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2001.

(18) Derechos e intereses que constitucional o sustancialmente reconocidos “son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. 1ª reimp. México, Fontamara, 2007, p. 49. La “la responsabilidad es, desde luego, en primer lugar una garantía del ciudadano, pero, coincidiendo en esto con otros autores (sobre todo franceses: Prosper Weil, André Demichel), creo que la responsabilidad es también un principio de orden y un instrumento más de control del poder”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”, en Afduam. Nº 4, 2000, p. 308.

(19) “La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”. Sentencia C-832 de 2001.

(20) La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El Estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. Sentencia de 26 de enero de 2006, Exp. AG-2001-213. En la doctrina puede verse Starck, Boris. Essai d une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. Paris, 1947.

(21) Rivero, Jean. Derecho administrativo. 9ª ed. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1984, p. 293. Puede verse también esta construcción doctrinal en: Berlia. “Essai sur les fondements de la responsabilité en droit public francais”, en Revue de Droit Public, 1951, p. 685; Bénoit, F. “Le régimen et le fondement de la responsabilité de la puissance publique”, en JurisClasseur Publique, 1954. T. I, V. 178.

(22) “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que esta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la administración, sino de reacción, de reparación de los daños por esta producidos”. Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, p. 120.

(23) Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob. cit., pp. 120-121.

(24) “3. Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2003.

(25) Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes 0948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del (daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Sentencia de 13 de julio de 1993. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) este sea imputable a la acción u omisión de un ente público”. Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002.

(26) “Toda acción administrativa concreta, si quiere tenerse la certeza de que realmente se trata de una acción administrativa, deberá ser examinada desde el punto de vista de su relación con el orden jurídico. Sólo en la medida en que pueda ser referida a un precepto jurídico o, partiendo del precepto jurídico, se pueda derivar de él, se manifiesta esa acción como función jurídica, como aplicación del derecho y, debido a la circunstancia de que ese precepto jurídico tiene que ser aplicado por un órgano administrativo, se muestra como acción administrativa. Si una acción que pretende presentarse como acción administrativa no puede ser legitimada por un precepto jurídico que prevé semejante acción, no podrá ser comprendida como acción del Estado”. Merkl, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, pp. 212 y 213.

(27) “La imputación depende, pues, tanto de elementos subjetivos como objetivos”. Sánchez Morón, Miguel. Derecho administrativo. Parte general., ob. cit., p. 927.

(28) Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 2004.

(29) En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, solo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. Kant, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, p. 35. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

(30) El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con este, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

(31) “Tenía razón Welzel al considerar que el derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento humano mediante normas prohibitivas o preceptivas”. Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05-05-2003 (http://criminet.urg.es/recpc), pp. 6 y 7.

(32) “El derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando este fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionadas por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. Gimbernat Ordeig, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pp. 77 ss.

(33) Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit., p. 7.

(34) Larenz, K. “Hegelszurechnungslehre”, en Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit., p. 7.

(35) Jakobs, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo ... No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005, Expediente 14170.

(36) Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob. cit., p. 171.

(37) “El principio de proporcionalidad se compone de tres subprincipios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización ... En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer subprincipio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación” (subrayado fuera de texto). Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vasquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., p. 62.

(38) “La ley de la ponderación pone de manifiesto que la ponderación puede fraccionarse en tres pasos. El primero consiste en establecer el grado de insatisfacción o de detrimento del primer principio; el segundo, consiste en establecer la importancia de la satisfacción del segundo principio, que compite con el primero y, finalmente, el tercer paso consiste en determinar si, por su importancia, la satisfacción del segundo principio justifica la no satisfacción del primero”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vasquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., p. 64.

(39) Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vasquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., p. 62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “... la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación —afirma Habermas— los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. Habermas, Jürgen. Between facts and norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, p. 259. A lo que agrega: “... no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. Habermas, Jürgen. “Reply to symposium participants”, en Rosenfeld, Michel; Arato, Andrew. Habermas on law and democracy. Los Ángeles, Berkeley, 1998, p. 430.

(40) Deberes de protección que es “una consecuencia de la obligación general de garantía que deben cumplir las autoridades públicas y se colige claramente de los artículos 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regulan el derecho a disponer de un recurso efectivo en caso de violaciones a los derechos humanos”. Casal H, Jesús María. Los derechos humanos y su protección. Estudios sobre derechos humanos y derechos fundamentales. 2ª ed. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2008, p. 31.

(41) Cfr. Günther Jakobs. Regressverbot beim Erfolgsdelikt. Zugleich eine Untersuchung zum Gruñd der strafrechtlichen Haftung bei Begehung. ZStW 89 (i977), pág. 1 y ss.

(42) Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001. En la doctrina se afirma que la “posición de garantía” debe modularse: “(...) todos deben procurar que su puño no aterrice violentamente en la cara de su congénere, o que su dedo índice no apriete el gatillo de un arma de fuego cargada apuntada sobre otra persona, etc. Sin embargo, también aparecen sin dificultad algunos fundamentos de posiciones de garantía referidas a supuestos de omisión: quien asume para sí una propiedad, debe procurar que de esta no emanen riesgos para otras personas. Se trata de los deberes de aseguramiento en el tráfico, deberes que de modo indiscutido forman parte de los elementos de las posiciones de garantía y cuyo panorama abarca desde el deber de aseguramiento de un animal agresivo, pasando por el deber de asegurar las tejas de una casa frente al riesgo de que caigan al suelo hasta llegar al deber de asegurar un carro de combate frente a la posible utilización por personas no capacitadas o al deber de asegurar una central nuclear frente a situaciones críticas”. Jakobs, Günther. Injerencia y dominio del hecho. Dos estudios sobre la parte general del derecho penal. 1ª reimp. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 16.

(43) “En una sociedad de libertades, y, más aún, en una sociedad que además hace posibles contactos en alto grado anónimos, es decir, en una sociedad que pone a cargo de los ciudadanos la configuración del comportamiento a elegir, con tal de que ese comportamiento no tenga consecuencias lesivas, la libertad decentral de elección debe verse correspondida, en cuanto sinalagma, por la responsabilidad por las consecuencias de la elección”. Jakobs, Günther. Injerencia y dominio del hecho. Dos estudios sobre la parte general del derecho penal, ob. cit., p. 15.

(44) Cfr. Günther Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage. Walter de Gruyter. Berlin. New York. 1993, págs. 796 y ss.

(45) Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

(46) Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

(47) “La profesora Beladiez comparte sin reservas la preocupación por los excesos que desfiguran la institución, admite que con alguna frecuencia se producen <<resultados desproporcionados e injustos>> para la administración e insiste en advertir que la responsabilidad objetiva no es un seguro universal que cubra todos los daños que se produzcan con ocasión de las múltiples y heterogéneas actividades que la administración lleva cotidianamente a cabo para satisfacer los interese generales”. Leguina Villa, Jesús. “Prólogo”, en Beladiez Rojo, Margarita. Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos. Con particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución de un contrato administrativo. Madrid, Tecnos, 1997, p. 23.

(48) Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob. cit., p. 204.

(49) “(...) el tema de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas ha sido abordado tradicionalmente desde la óptica de las garantías individuales. Se trata de una institución que protege al individuo frente a los daños causados por las administraciones públicas como consecuencia de la amplia actividad que estas desarrollan. Pero, desde la perspectiva de la posición de la administración, la responsabilidad está en el mismo centro de su concepción constitucional como derivación de la cláusula del Estado social de derecho; derivación que, en hipótesis extrema, puede conllevar que los límites del sistema resarcitorio público estén condicionados por los propios límites del llamado Estado social de derecho”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”, ob. cit., p. 308.

(50) Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es solo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. Merkl, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, p. 211. Para Martín Rebollo: “Un sistema de responsabilidad muy amplio presupone un estándar medio alto de calidad de los servicios. Y si eso no es así en la realidad puede ocurrir que el propio sistema de responsabilidad acabe siendo irreal porque no se aplique con todas sus consecuencias o se diluya en condenas a ojo, sin reglas fijas o casi con el único criterio de que las solicitudes indemnizatorias no «parezcan» excesivamente arbitrarias o desproporcionadas. Aunque, claro está, lo que sea proporcionado o no, en ausencia de referentes externos sobre cómo debe ser y actuar la administración, acaba siendo también una decisión subjetiva. De ahí la conveniencia de la existencia de parámetros normativos que señalen cuál es el nivel, la pauta o la cota de calidad de los servicios, es decir, el elemento comparativo y de cotejo sobre cómo debe ser la administración”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”, ob. cit., p. 311.

(51) “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontratual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, en Afduam, Nº 4, 2000, p. 174. De acuerdo con Martín Rebollo “(...) es que la responsabilidad pública es un tema ambivalente que, a mi juicio, no debe ser enfocado desde el estricto prisma de la dogmática jurídico-privada. Esto es, no debe ser analizado solo desde la óptica de lo que pudiéramos llamar la justicia conmutativa, aunque tampoco creo que este sea un instrumento idóneo de justicia distributiva. La responsabilidad es, desde luego, siempre y en primer lugar, un mecanismo de garantía. Pero es también un medio al servicio de una política jurídica. Así lo señala Ch. Eisenmann: el fundamento de la responsabilidad puede ser la reparación del daño, pero su función «remite a la cuestión de los fines perseguidos por el legislador cuando impone una obligación de reparar. En este sentido —concluye— la responsabilidad es un medio al servicio de una política jurídica o legislativa»”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”, en Afduam: Nº 4, 2000, p. 307.

(52) Sentencias de 30 de noviembre de 2006, Expediente 15473; 4 de diciembre de 2007, Expediente 16.827; 9 de mayo de 2911, Expediente 17608; 7 de julio de 2011, Expediente 19470, entre otras.

(53) Sentencia de 14 de junio de 2001, Expediente 12.696; 27 de abril de 2006, Expediente 27.520.

(54) Sentencia de 25 de febrero de 2009, Expediente 15793; sentencia de 6 de junio de 2012, Expediente 23025.

(55) 2. f. Lugar donde un camino, río, etc., se divide en dos ramales o brazos. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=bifurcación.

(56) Sentencia de 10 de febrero de 2011, Expediente 19123.

(57) Sentencia de 13 de agosto de 2008, Expediente 16533.

(58) Para el presente caso tendrán pleno valor probatorio las declaraciones, por cuanto no se observa alguna de las circunstancias para ser considerados como testigos sospechosos. La entidad demandada alega que las declaraciones extraproceso traídas al plenario y rendidas por los testigos presenciales fueron preparadas de acuerdo a la conveniencia de la parte actora, sin embargo, la Sala tendrá en cuenta únicamente la recepción de los testimonios practicados tanto en el proceso penal como en esta jurisdicción y, analizados los mismos se observa consistencias y coincidencias. Por lo tanto, la entidad no pueden dentro de los alegatos argumentar la tacha, ya que debió realizarlo en la oportunidad procesal consagrada en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil.

(59) Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es solo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. Merkl, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, p. 211.

(60) Código de Procedimiento Civil, ART. 57.—Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización de los perjuicios que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que con el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.

ART. 56 ibídem.—(...) En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial que existe entre denunciante y denunciado, y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo de este.

(61) Entre otras, puede verse sentencia de agosto 31 de 1999, Expediente 10865.

(62) El artículo 83 Constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

(63) Sentencia de noviembre 27 de 2006, Expediente 23049.

(64) López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento civil general. Undécima edición. Editores Dupre. 2012, pág. 641.

(65) Sentencia Corte Constitucional T-873/2001.