Auto 1998-00057 de agosto 8 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá, D.C., ocho (08) de agosto de dos mil catorce (2014)

Radicado 080012331000199800057 01 (30116)

Demandante: Tulio Meza Muñoz

Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Naturaleza: Acción de reparación directa

Procede el despacho a pronunciarse sobre la viabilidad de continuar con el trámite del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia del 25 de agosto de 2004, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda (fls. 354 a 377, cdno. ppal.).

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado ante el Tribunal Administrativo del Atlántico el 19 de diciembre de 1997, el señor Tulio Meza Muñoz, obrando a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, con el propósito de que se le declarara administrativamente responsable por el accidente de tránsito padecido por el demandante el 22 de septiembre de 1996, cuando conducía su vehículo tipo camión de placas TAG 645, marca Dodge, modelo 1970, de servicio público, el cual resultó estrellado contra un inmueble (casa) presuntamente a causa de un hueco que omitió tapar la entidad demandada en la ciudad de Barranquilla (fls. 1 a 5, cdno. ppal.).

2. Agotado el trámite correspondiente, el 25 de agosto de 2004, el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia de primera instancia en la que condenó al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla al pago del cincuenta por ciento (50%) de los perjuicios materiales causados al demandante con motivo del accidente de tránsito ocurrido el 22 de septiembre de 1996. El valor de la condena impuesta correspondió a la suma de cuarenta y un millones doscientos treinta y ocho mil setecientos treinta y tres pesos ($ 41.238.733) moneda corriente (fls. 354 a 377, cdno. ppal.).

3. La sentencia mencionada en el numeral anterior fue notificada personalmente al agente del Ministerio Público el 21 de octubre de 2004 y a las partes a través de edicto fijado por tres (3) días desde el 9 de noviembre de 2004 hasta el 11 del mismo mes y año (fl. 277, anverso, cdno. ppal.).

4. Estando dentro del término legal, el 21 de octubre de 2004, el Ministerio Público, por intermedio del Procurador 14 Judicial 11 Administrativo de Barranquilla, presentó recurso de apelación debidamente sustentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 25 de agosto de 2004. En dicho recurso se presentaron los siguientes argumentos relevantes de inconformidad (fls. 380 a 381, cdno. ppal.):

Cuando tuve la oportunidad de alegar de conclusión en el asunto de la referencia, mediante escrito radicado el 12 de julio de 2004 (f1s. 351 a 352), consideré, como lo ratifico ahora para sustentar el recurso que se interpone mediante el presente escrito, que en el expediente no estaba comprobada la falla del servicio público a cargo de la administración distrita1, por omisión, pues no aparece constancia del conocimiento oficial de la existencia del hueco en la vía citada, lo cual, tal como lo ha establecido la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado sobre el particular, nos plantea la necesidad de aplicar lo que se conoce como el carácter relativo de la faifa del servicio por omisión (...).  

De conformidad con la anterior línea jurisprudencial, que ha sido sostenida y reiterada en diversos eventos dañosos, no basta en el presente caso con probar la relación de causa -efecto entre la existencia del hueco en la vía pública y el del accidente en el que se vio involucrado el vehículo de placas TAG 645, para deducir responsabilidad del Estado de manera automática, ni puede proclamarse que tal clase de responsabilidad es objetiva; ya que se requiere la plena demostración del conocimiento previo, por parte de la administración, del hecho generador del daño, y la comprobación que, pese a dicho conocimiento, la entidad responsable de la prestación del servicio, actuó de manera omisiva, negligente o demorada, nada de lo cual pudo comprobarse en el expediente.  

Por las anteriores circunstancias, considero equivocada la posición del tribunal y, por ello, pido al superior la revocatoria de la decisión en cuanto declaró la responsabilidad administrativa de la entidad demandada (...).  

5. De otro lado, el apoderado judicial de la entidad demandada presentó recurso de apelación de manera extemporánea contra la sentencia proferida en primera instancia el 30 de noviembre de 2004 (fls. 378 a 379, cdno. ppal.).

6. Mediante auto del 3 de diciembre de 2004, el Tribunal Administrativo del Atlántico puso de presente que el recurso de apelación presentado por la parte demandada había sido extemporáneo, sin embargo, por un error involuntario, dispuso en su parte resolutiva que concedía en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la demandante, parte que en ningún momento apeló la sentencia del 25 de agosto de 2004 (fl. 383, cdno. ppal.).

7. Remitido el expediente a esta Corporación, el magistrado sustanciador advirtió el error cometido por el a qua y a través de providencia del 9 de septiembre de 2005, aclaró que el recurso de apelación que se admitía era el interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia proferida en primera instancia (fl. 388, cdno. ppal.).

8. Toda vez que ya se agotaron todos los trámites previstos en la ley para la segunda instancia, actualmente el proceso de la referencia se encuentra pendiente de elaborar proyecto de sentencia (fls. 390 y 391, cdno. ppal.).

II. Consideraciones

El despacho considera que no es posible continuar con el trámite del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y que se debe declarar ejecutoriada la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 25 de agosto de 2004, por los motivos que se exponen a continuación:

1. La Constitución Política establece que además de las ramas clásicas del poder público —legislativa, judicial y administrativa—, también hacen parte de la estructura del Estado unos órganos autónomos e independientes que desempeñan funciones específicas (art. 113(1) de la C.P.). En desarrollo de esa disposición, la Constitución dispuso la creación de unos organismos catalogados como de control, entre los que se encuentran la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo (arts. 275 a 284 de la C.P.), los cuales conforman el denominado Ministerio Público.

2. Revisadas las funciones específicas conferidas a la Procuraduría General de la Nación, se encuentra que el numeral 7º del artículo 277(2) de la Constitución Política le asigna la facultad al Procurador General de la Nación de intervenir, por sí o por intermedio de sus delegados y agentes, en los procesos adelantados ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario para la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos o garantías fundamentales.

3. En lo que tiene que ver con esta jurisdicción, el Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 01 de 1984, aplicable por factor temporal al proceso de la referencia(3), reguló de manera general la facultad de intervención del Ministerio Público en su artículo 127, norma que prescribe lo siguiente:

ART. 127.—Modificado por el artículo 19 del Decreto Nacional 2304 de 1989, modificado por el artículo 35 de la Ley 446 de 1998. El Ministerio Público es parte y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en las conciliaciones extra judiciales ante los centros de conciliación e intervendrá en éstos en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales. Por consiguiente se le notificará personalmente el auto admisorio de la demanda, el que fije fecha para audiencia de conciliación, la sentencia proferida en primera instancia y el primer auto dictado en segunda instancia.  

En los procesos ejecutivos se notificará personalmente al Ministerio Público el mandamiento de pago, la sentencia y el primer auto en la segunda instancia.  

Además tendrá las siguientes atribuciones especiales:  

1. Solicitar la vinculación al proceso de los servidores o ex servidores públicos, que con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan dado lugar a la presentación de demandas que pretendan la reparación patrimonial a cargo de cualquier entidad pública.  

2. Solicitar que se declare la nulidad de actos administrativos.  

3. Pedir que se declare la nulidad absoluta de los contratos estatales.  

4. Alegar en los procesos e incidentes en que intervenga.  

5. Interponer los recursos contra los autos que aprueben o imprueben acuerdos logrados en conciliación judicial. (Negrillas fuera de texto)

4. No obstante, vale la pena poner de presente que las facultades antes enunciadas no son las únicas que prevé el Código Contencioso Administrativo —Decreto 01 de 1984— para que el Ministerio Público efectúe su labor de intervención en los procesos contenciosos, pues, por ejemplo, los artículos 210 y 212 del ibídem le confieren a sus agentes la facultad discrecional de emitir concepto luego de vencidos los términos conferidos a las partes para alegar de conclusión en primera y segunda instancia, respectivamente.

5. Aunque es evidente que en diferentes disposiciones de rango constitucional y legal se encuentra prevista la potestad del Ministerio Público de intervenir en los procesos adelantados ante esta jurisdicción, inicialmente la jurisprudencia de esta corporación no era del todo unánime al momento de interpretar los alcances de esa intervención en lo que tenía que ver con la interposición del recurso de apelación contra las sentencias, tal corno se verá a continuación:

5.1. En un primer momento se consideró que el ejercicio del recurso de apelación contra las sentencias debía interpretarse de manera restrictiva para los agentes del Ministerio Público, esto por cuanto se dijo que solamente era viable su procedencia en aquellos eventos en los que le asistiera interés al recurrente, aspecto que únicamente se presentaba en tres eventos, a saber: i) cuando el recurso estaba dirigido a evitar un eventual o posible detrimento al patrimonio público, ii) cuando lo pretendido con el recurso era evitar una posible vulneración de los derechos fundamentales de una de las partes o de terceros y iii) cuando el recurso estuviera orientado a evitar la transgresión del ordenamiento jurídico, es decir, la defensa de la legalidad. Esta postura se soportó, básicamente, en una interpretación literal del numeral 7º del artículo 277 de la Constitución Política, y en que se estimara que los agentes del Ministerio Público eran simplemente sujetos procesales intervinientes que no podían obrar en beneficio o coadyuvando a alguna de las partes en litigio(4).

5.2. Posteriormente, se amplió la restricción al ejercicio del recurso de apelación por parte del agente del Ministerio Público al señalarse que estos solamente estarían facultados para presentar ese recurso en aquellos procesos en los que la discusión fuera de pura legalidad —contencioso objetivo—. Para argumentar esta posición se manifestó, en síntesis, que no era admisible que un sujeto distinto a las partes apelara las decisiones adoptadas en un proceso en el que mediara un interés de carácter subjetivo o económico, pues independientemente de la calidad pública o privada de las partes, la procedencia de esa facultad supondría una trasgresión al principio de igualdad de armas, según el cual las partes deben tener las mismas oportunidades de impugnación y contradicción en el proceso. Además de lo anterior, se agregó en esta posición que la intervención del Ministerio Público se encontraba reducida o circunscrita a la presentación del concepto de que tratan los artículos 210 y 212 del Código Contencioso Administrativo.(5)

6. En virtud de la disparidad de criterios respecto de la procedencia del recurso de apelación contra sentencias por parte del agente del Ministerio Público, la Sección Tercera de esta corporación abordó el asunto en pleno(6) y profirió una decisión unificada en la que reconoció que los agentes del Ministerio Público podían actuar en los procesos contenciosos con los mismos derechos conferidos a las partes, en razón a las competencias principales y autónomas asignadas por la Constitución a ese ente público para el control de la actividad jurisdiccional y, por tal motivo, se encontraban facultados, en principio, para ejercer el recurso de apelación en todos los procesos adelantados ante esta jurisdicción, independientemente de la existencia de un interés económico o subjetivo de alguna de las partes en litigio.

6.1. No obstante lo anterior, debe ponerse de presente que la decisión unificada impuso limitaciones a esa facultad al imponer como requisitos de procedencia i) que se evidencie un interés por parte del Ministerio Público —el cual solamente se presenta cuando su actuación está encaminada a proteger el patrimonio público, los derechos fundamentales de las partes o terceros y evitar la trasgresión del ordenamiento jurídico— y ii) que se encuentre debidamente sustentado por parte del agente del Ministerio Público cuáles fueron las circunstancias, razones o motivos que lo llevaron a ejercer el medio de oposición, así como identificar el apoyo constitucional de su postura. Sobre el particular la Sala sostuvo:

En ese orden de ideas, a la luz de la cosa juzgada constitucional de que trata el artículo 243 de la Constitución Política, esta Sala precisa y puntualiza su jurisprudencia en torno a la capacidad con la que cuenta el Ministerio Público para impugnar las providencias proferidas por esta jurisdicción, para lo cual reitera —en materia de conciliación, pero extensivo a otros asuntos o tópicos— los lineamientos contenidos en el auto del 25 de septiembre de 2005, expediente 29677, oportunidad en la que esta Sección se ocupó de la materia objeto de análisis en los siguientes términos:  

“Cuando se trata del agente del Ministerio Público, este podrá recurrir, siempre y cuando tenga interés jurídico para hacerla porque la decisión del juez implique un detrimento al patrimonio público, a los derechos fundamentales o una trasgresión al ordenamiento jurídico”.  

En consecuencia, el hecho de que exista un agente que es parte del proceso contencioso, y que representa el interés general en la defensa del ordenamiento jurídico, el patrimonio público y los derechos fundamentales, no puede ser entendido como una violación a los principios de igualdad y al debido proceso, por cuanto una norma constitucional (art. 277), apoyada en tres principios constitucionales hace viable su intervención, lo que además refleja el denominado “espíritu del constituyente”, es decir, que la interpretación literal, teleológica, histórica, jurisprudencial en materia constitucional, y la lógica razonable son concordantes y convergentes en que el Ministerio Público tiene amplias facultades —las que le asisten a las partes en el proceso— para solicitar, por ejemplo, la vinculación de terceros, deprecar el decreto de pruebas, impugnar las decisiones proferidas en el proceso, etc., siempre que se acredite, se reitera, que medie un interés de protección al patrimonio público, al orden jurídico y los derechos fundamentales.  

(...)  

Así las cosas, la intervención del Ministerio Público en el proceso contencioso administrativo es principal y relevante, sin que sea posible limitar sus facultades por parte del juez de lo contencioso administrativo, en razón a que este último lo que deberá verificar es que exista el interés en la respectiva actuación desplegada por el agente o el procurador respectivo, esto es, que el derecho o instrumento procesal que se esté ejerciendo —sin importar su naturaleza— sea procedente según la ley adjetiva y, de otro lado, que le asista interés en el mismo, lo cual se verificará a partir del análisis del contenido del acto procesal, pues tendrá que estar encaminado materialmente a la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales, independientemente de la forma que lo rodee.  

Ahora bien, no obstante las anteriores consideraciones y precisiones, resulta pertinente señalar que no empece (sic) las amplias facultades del Ministerio Público, sí le está vedado desplazar a las partes o demás sujetos procesales, así como relevarlas de cualquier carga o deber procesal. Por manera que, se torna necesario que el juez verifique —al momento de definir la admisión o decidir de fondo los recursos interpuestos por los agentes o delegados del Procurador— si el fundamento de la impugnación está relacionado materialmente con alguno de los objetivos o fines constitucionales de intervención, esto es, la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos fundamentales.  

Es decir, existe una carga argumentativa en cabeza del Ministerio Público que consiste en señalar de manera expresa cuáles son las circunstancias, razones o motivos en virtud de las cuales ejerce los medios de oposición a las providencias, así como identificar el apoyo constitucional de su postura. En otros términos, es preciso que el Procurador General de la Nación o sus delegados determinen el escenario constitucional que sirve de fundamento para la impugnación (v. gr. la defensa del orden jurídico, el patrimonio público o las garantías fundamentales) y las razones expresas por las cuales el respectivo recurso se orienta a la protección de alguno de esos fines, varios de ellos o todos.  

7. Así las cosas, de conformidad con la postura asumida por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, es posible llegar a las siguientes conclusiones relevantes respecto de la capacidad del Ministerio Público de ejercer el recurso de apelación contra sentencias: i) que los agentes del Ministerio Público sí pueden ejercer el recurso de apelación contra las sentencias proferidas en todos los procesos adelantados ante esta jurisdicción, siempre que se encuentre contemplada su procedencia y así exista un interés económico de por medio, ii) que para que sea procedente el recurso de apelación es necesario que el Ministerio Público tenga un interés directo, el cual solamente se presenta cuando su propósito es defender el patrimonio público, los derechos fundamentales de las partes o de terceros y la protección del ordenamiento jurídico, y, por último, iii) que aparte de tener que evidenciarse el interés, es deber del agente del Ministerio Público apelante exponer las circunstancias, razones o motivos que lo llevaron a ejercer el medio de oposición, así como identificar el apoyo constitucional de su postura, de lo contrario no puede darse trámite o decidirse el recurso.

8. Ahora, aclarada la postura de esta corporación frente a la procedencia del recurso de apelación por parte del Ministerio Público contra las sentencias proferidas en los procesos contenciosos, y que en el presente caso quien apeló la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 25 de agosto de 2004 fue el Procurador Judicial II Administrativo de Barranquilla (fls. 380 a 381, cdno. ppal.), quien fungía como representante del Ministerio Público en el proceso de la referencia, se procederá a abordar el recurso interpuesto a fin de determinar si cumple con las exigencias establecidas para su procedencia.

9. En el caso concreto observa el despacho que el agente del Ministerio Público ejerció el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, básicamente, porque consideró que el a quo había incurrido en un error al valorar las pruebas obrantes en el proceso, pues, a su sentir, no se encontraba demostrada la falla en el servicio público por omisión a cargo de la administración municipal. Argumentó que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, para que se configure responsabilidad en circunstancias como la planteada es necesario que se demuestre el conocimiento previo de la entidad respecto del deterioro de la vía, y como en el presente caso esa situación no se probó no era posible imponer condena al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

10. Aunque el agente del Ministerio Público expone en su recurso que la condena impuesta obedeció a un presunto error en la apreciación probatoria y en el desconocimiento de la jurisprudencia de esta corporación, no considera el despacho que estos móviles evidencien un interés del recurrente de proteger el patrimonio público, los derechos fundamentales de las partes o de terceros o la protección del ordenamiento jurídico; por el contrario, lo que se observa es que la motivación principal del señor procurador delegado fue la de obtener la absolución de responsabilidad de la entidad demandada y no la de propender por la protección del patrimonio público o cualquier otro derecho, aspecto que se vislumbra aún con mayor claridad si se tiene en cuenta que en el recurso en ningún momento se hizo mención a una posible desproporción en el monto por el cual fue condenada la entidad pública ni se invocó la eventual vulneración de derechos fundamentales o la trasgresión del ordenamiento jurídico.

11. Aunado a lo anterior, a pesar de que la jurisprudencia unificada de esta corporación expresó que los agentes del Ministerio Público obraban con los mismos derechos asignados a las partes, la misma también fue clara al señalar que las actuaciones de estos no podían desconocer o suplantar los deberes procesales de las partes en litigio, y como en el presente caso la entidad pública demandada no apeló la sentencia condenatoria dictada en primera instancia dentro de la oportunidad establecida en la ley, mal haría el despacho en subsanar su negligencia aceptando la procedencia del recurso de apelación presentado por el Procurador' Judicial, el cual, como se dijo, no busca otra cosa sino que se analice de fondo nuevamente la responsabilidad de la entidad demandada para obtener su absolución.

12. Además, debe destacarse que la limitación relativa al interés del Ministerio Público se estableció precisamente por cuanto no era concebible que una facultad atribuida a un organismo especial pudiera implicar un desequilibrio entre las partes o la suplantación de los deberes de una de ellas en detrimento de la otra, es decir, se optó por limitar el derecho constitucional de intervención a fin de privilegiar el derecho fundamental a la igualdad y la prevalencia del principio procesal de igualdad de armas.

13. Por otra parte, luego de revisar el expediente se encontró que en el presente proceso sí se respetó el ejercicio del derecho constitucional de intervención del Ministerio Público, ya que el mismo procurador judicial señaló en el escrito contentivo del recurso que en la oportunidad de alegar de conclusión había intervenido presentando concepto en el que exponía su posición sobre el caso bajo análisis, posición que aunque no fue acogida por el a quo, si fue tenida en cuenta al momento de ser elaborada la sentencia impugnada, tal como se evidencia en folio 358 del cuaderno principal cuando se hace mención expresa a dicho concepto en la sentencia.

14. En este orden de ideas, como quiera que en el presente caso no se evidencia el interés o móvil del agente del Ministerio Público de proteger el patrimonio público., derechos de índole fundamental o evitar la trasgresión del ordenamiento jurídico, y tampoco se encuentran debidamente argumentadas las circunstancias que motivaron al Procurador 14 Judicial II Administrativo de Barranquilla a ejercer el recurso de apelación, el despacho se abstendrá de continuar con el trámite del mismo y declarara ejecutoriada la sentencia dictada el 25 de agosto de 2004, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico condenó al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, providencia que no apelaron oportunamente las partes.

15. Por último, vale la pena poner de presente que la sentencia proferida en primera instancia no es susceptible del grado jurisdiccional de consulta previsto en el artículo 184(7) del Código Contencioso Administrativo, por cuanto la condena impuesta a la entidad pública demandada no supera los 300 S.M.M.L.V. para la época de expedición de la sentencia(8).

En mérito de lo expuesto, el despacho

RESUELVE

1. ABSTENERSE de continuar con el trámite del recurso de apelación presentado por el agente del Ministerio Público contra la sentencia proferida el 25 de agosto de 2004, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

2. DECLARAR ejecutoriada la sentencia del 25 de agosto de 2004, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró administrativamente responsable al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y lo condenó a pagar a la parte demandante la suma equivalente a $ 41.238.733, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y daño emergente.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

(1) “ART. 113.—Son ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. // Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.

(2) “ART. 277.—El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: (...) 7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, º de los derechos y garantías fundamentales”. (...)

(3) De conformidad con lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, los procesos que hubieran iniciado antes del 2 de julio de 2012 continuarán rigiéndose y culminaran de conformidad con el régimen jurídico previsto en el Decreto 01 de 1984.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto 25 de septiembre de 2005, Exp. Nº 29677, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 22 de julio de 2011, Exp. Nº 40877, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(6) Ver: Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, auto de 27 de septiembre de 2012, Exp. Nº 44451, C.P. Enrique Gil Botero.

(7) “Artículo 184. Modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueron apeladas. // Las sentencias que impongan condena en abstracto sólo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior. // En los asuntos contenciosos e/e carácter laboral, solamente se consultarán las sentencias dictadas en primera instancia que impongan condena a cargo de la entidad pública, cuando de la respectiva actuación se deduzca que la demandada no ejerció defensa alguna de sus intereses. // La consulta se tramitará y decidirá previo traslado común por cinco (5) días para que las partes presenten sus alegatos por escrito y se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades o del representado por curador ad litem. El agente del Ministerio Público, antes del vencimiento del término aquí previsto podrá solicitar traslado especial que se concederá, sin necesidad de auto que así lo disponga, por el término de cinco (5) días, contados a partir de la entrega del expediente que se efectúe una vez concluido el traslado común. // La providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se surte el mencionado grado”.

(8) En la sentencia expedida el 25 de agosto de 2004 se impuso como condena la suma equivalente a $ 41.238.733, y para ese año 300 S.M.M.LV equivalían a $ 107.400.000, por tal razón no es procedente surtir el grado jurisdiccional de consulta.