Auto 1998-00643 de junio 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 630012331000199800643 02

Expediente: 44015

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Carlos Arturo Peláez Alzate y otros

Demandado: Municipio de Quimbaya

Referencia: Conciliación judicial. Reparación directa

Bogotá, D.C., junio veintisiete de dos mil trece.

Procede la Sala a pronunciarse en relación con la conciliación judicial celebrada entre las partes el día 6 de diciembre de 2012 ante esta corporación, en la cual se acordó lo siguiente:

“En mi calidad de apoderado sustituto del municipio de Quimbaya Quindío, entidad demandada, dentro del presente proceso, me permito manifestar que acorde con el acta de conciliación 027 del 4 de diciembre de 2012, expedida por el comité de conciliación y defensa judicial del mismo municipio, que la entidad está interesada en proponer acuerdo conciliatorio sobre el 80% de los perjuicios liquidados por el Tribunal Administrativo del Quindío, en providencia del primero de marzo de 2012, es decir, pagará a la parte demandante ciento noventa y tres millones seiscientos mil pesos (193’600.000), dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria del auto que apruebe la conciliación. Dentro del término de cinco (5) días a la celebración de la audiencia se allegará por parte de la entidad demandada, copia auténtica de la aludida acta de conciliación 027” (fls. 183 a 185, cdno. ppal.)”.

I. Antecedentes

1. La demanda.

En escrito presentado el día 24 de noviembre de 1997, el señor Carlos Peláez Alzate y Nancy Giraldo Galvis, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores: Natalia y Luis Carlos Peláez Giraldo; Gustavo Peláez, Rosalina Alzate de Peláez y Astrid, Luz Elena, Susana, Guillermo, Javier y María Patricia Peláez Alzate, por intermedio de apoderado judicial, solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable al municipio de Quimbaya —Quindío—, por las lesiones que sufrió el señor Carlos Arturo Peláez Alzate el 5 de abril de 1997.

En consecuencia, pidieron que se condenara al ente demandado al pago de la siguiente indemnización: i) daño emergente futuro, correspondiente a los gastos médicos y sicológicos, cuyo monto se probaría en el proceso; ii) lucro cesante, de acuerdo con la pérdida de capacidad laboral o, en subsidio, la suma equivalente a 8000 gramos oro; iii) perjuicio fisiológico, la suma correspondiente a 4000 gramos oro y; iv) por perjuicios morales el equivalente a 2021 gramos oro para cada uno de los demandantes.

En apoyo de sus pretensiones, en la demanda se expuso que en la fecha y localidad anotados, aproximadamente a la 11:00 de la noche, el señor Carlos Arturo Peláez Alzate se desplazaba en una motocicleta por la carrera 7 con calle 15, cuando cayó a un hueco o excavación existente en la zona con ocasión de las obras de rehabilitación relacionadas con el plan maestro de alcantarillado que venía adelantando el municipio de Quimbaya.

2. Surtido el trámite legal en primera instancia, el Tribunal Administrativo del Quindío profirió sentencia el 10 de noviembre de 1999 y, mediante la misma, negó las pretensiones de la demanda.

3. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por esta corporación, mediante proveído calendado el 4 de mayo de 2000 (fl. 442, cdno. ppal.).

4. Mediante sentencia proferida en segunda instancia, el 3 de febrero de 2010, el Consejo de Estado revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío y, en su lugar, declaró patrimonial y extracontractualmente responsable al municipio de Quimbaya por los perjuicios causados al señor Carlos Arturo Peláez Alzate por la falta de señalización de una obra, lo cual ocasionó que el ahora demandante cayera en una excavación.

Como consecuencia de la anterior declaración, entre otras medidas, condenó en abstracto al municipio, al pago de los perjuicios irrogados a título de daño emergente consolidado y futuro, los cuales se debían liquidar mediante incidente. En este sentido se determinó en la providencia aludida (fls. 477 a 508, cdno. ppal.):

“Así al tener certeza del daño, consistente en las lesiones sufridas por Carlos Arturo Peláez Alzate y ante las secuelas que estas generaron y la necesidad de su tratamiento, que deberá ser atendido por especialistas, es preciso concluir que el cubrimiento de esos gastos exige erogaciones de carácter pecuniario, que tendrá que asumir el lesionado a raíz del daño antijurídico.

Cabe advertir en este punto que, a pesar de que en la demanda no se solicitó condena a título de daño emergente debido o consolidado, se tiene que en oportunidad anterior, donde se presentó una situación similar, éste se concedió de conformidad con los postulados del principio de reparación integral del daño. De ahí que, además del daño emergente futuro, se reconocerá el perjuicio material a título de daño emergente consolidado o histórico.

No obstante lo anterior, observa la Sala que en el proceso no reposa prueba que permita la cuantificación del perjuicio estudiado, razón por la cual se condenará en abstracto y se ordenará que éste sea liquidado a través de incidente, de acuerdo con el procedimiento definido en el Código de Procedimiento Civil, y de conformidad con las fórmulas establecidas para ello en la jurisprudencia del Consejo de Estado, donde se allegarán las pruebas que den cuenta de los gastos causados a esa fecha y de los necesarios a futuro.

De otro lado, considerando que el lesionado sufre una paraplejia, sin “sensibilidad del ombligo para abajo, no hay control de esfínteres, no hay función de sexualidad” como lo señala el dictamen practicado por la junta regional de calificación de invalidez del Quindío, la Sala ordenará a la entidad pública condenada que le suministre una silla de ruedas que tenga las condiciones requeridas de acuerdo a las necesidades del paciente. Además, en el incidente de liquidación se determinará el período en que, conforme a la vida útil del aparato, deba reemplazarse por parte de la condenada”.

5. El trámite incidental de regulación de perjuicios.

5.1. El incidente.

En escrito presentado de manera oportuna el día 22 de julio de 2010, la parte demandante solicitó el trámite del incidente de regulación de perjuicios, de conformidad con lo ordenado en la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado.

En este orden de ideas expuso que debía tenerse en cuenta que los hechos ocurrieron el 5 de abril y que a la fecha de presentación del citado escrito de liquidación habían transcurrido 13 años, 3 meses y 15 días.

En cuanto al monto del perjuicio material en la modalidad de daño emergente y futuro, razonó de la siguiente manera:

1. Por servicios de fisioterapia.

a) Por indemnización consolidada. La fisioterapeuta Marina Mejía Garcia certificó que el señor Carlos Arturo Peláez Alzate canceló cuatro millones ochocientos mil pesos ($ 4’800.000), por servicios de rehabilitación física del 01 de mayo de 1997 al 30 de mayo de 1998, es decir, en un (01) año, lo que indica que por mes son cuatrocientos mil pesos ($ 400.000), que multiplicado por trece años y tres meses, nos arrojaría un guarismo de sesenta y tres millones seiscientos mil pesos ($ 63’600.000), suma que deberá ser actualizada con las fórmulas del IPC.

b) Por indemnización futura. Teniendo en cuenta que según la sentencia la tabla de vida probable de la víctima es de 48.16 años, equivalente a 577.92 meses y que al restar el período consolidado nos arroja una diferencia de 418.92 meses a indemnizar, que multiplicados por $ 400.000 nos arroja un gran total de ciento sesenta y siete millones quinientos sesenta y ocho mil pesos ($ 167.568.000).

c) Resumen de las dos indemnizaciones. Consolidada: sesenta y tres millones seiscientos mil pesos ($ 63’600.000); futura: ciento sesenta y siete millones quinientos ochenta y ocho mil pesos ($ 167’588.000); total indemnización; doscientos treinta y un millones ciento sesenta y ocho mil pesos ($ 231’168.000).

2. El doctor Alberto Betancurt Damelines certificó mediante cuatro facturas de venta de servicios —7001, 7010, 7029 y 7050— haber prestado servicios de consulta médica domiciliaria y controles desde el 5 de mayo de 1997 al 13 de mayo de 1997, por un valor de ciento veinte mil pesos ($ 120.000); la segunda factura contempla la prestación de servicios del 20 de septiembre de 1997 por un mes, para un valor de doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000); la factura 7029 tiene fecha del 5 de marzo de 1998 por veinte mil pesos ($ 20.000); la factura 7050 del 10 de febrero de 1999, consulta médica por un valor de cincuenta mil pesos ($ 50.000).

Los anteriores documentos privados nos permiten concluir que el señor Carlos Arturo Peláez requiere de controles médicos permanentes, que si bien no fueron ejecutados periódicamente dada su situación económica, deben ser indemnizados.

Atendiendo las facturas podría establecerse que son necesarios por lo menos una vez por semestre o sea dos veces anuales.

La indemnización consolidada se establecerá conforme a las facturas anteriores que tienen un valor de cuatrocientos cuarenta mil pesos ($ 440.000) y las cuales van hasta el primer semestre del año 1999, pero que al liquidarla hasta julio de 2010, tenemos un período a indemnizar de once (11) años, para un total de 22 vistas que multiplicadas por cincuenta mil pesos ($ 50.000) nos arroja un total de un millón cien mil pesos ($ 1.1000.000), como indemnización de daño emergente consolidado.

Por daño emergente futuro, se tiene que el período a indemnizar es de 418.92 meses, que a razón de dos visitas por año nos arroja 69.82 visitas que multiplicados por cincuenta mil pesos ($ 50.000) nos arroja un total de tres millones cuatrocientos noventa y un mil pesos ($ 3.491.000).

Resumen de indemnizaciones; consolidada: un millón cien mil pesos ($ 1.100.000); futura: tres millones cuatrocientos noventa y un mil pesos ($ 3.491.000); total indemnización: cuatro millones quinientos noventa y un mil pesos ($ 4.591.000).

3. Dado el estado de discapacidad, el señor Carlos Arturo Peláez Alzate fue atendido de manera permanente por la señora Maria Nury Osorio Loaiza desde el año 1997 hasta el 2000 (…) para un total de $ 62.688.800.

La Futura se liquidará teniendo en cuenta el salario mínimo mensual y aplicando la tabla de vida probable de la víctima que es de 48.16 años, equivalente a 577.92 meses y que al restar el período consolidado nos arroja una diferencia de 418.92 meses a indemnizar. Se aplicará la fórmula que de manera reiterada viene aplicando el honorable Consejo de Estado.

4. Medicamentos. Por razón de la discapacidad Carlos Arturo Peláez está obligado a lo siguiente:

a) Debe utilizar una sonda diaria para orinar, que en el año 1997 costaba $ 900 y hoy cuesta $ 2.500.

b) Un guante quirúrgico por día para evitar infecciones, que para 1997 costaba $ 700 y hoy cuesta $ 1.400.

c) Silocaína necesario para hidratar la sonda, un tubo al mes, que para el 1997 costaba $ 3.500 y hoy cuesta $ 7.500.

d) Gasa para la curación, un paquete mensual por un costo de $ 6.000 para 1997 y hoy cuesta $ 14.000.

e) Cinco pañales diarios, toda vez que no controla esfínteres, los que para el año 1997 costaba el paquete de 8 unidades $ 3.500, actualmente cuestan $ 10.500.

f) Cremas para hidratación de la piel (glúteos, pierna y espalda), un tarro mensual, que para el año 1997 costaba $ 3.800 y actualmente cuesta $ 9.500.

g) Delifón 5 mgs., pastas, formulado por el urólogo, el que para el año 1997 costaba $ 8.000 la caja y actualmente tiene un valor de $ 19.000. Una caja trae 20 pastillas y se consume 4 cajas mensualmente.

h) Enfermera encargada de las curaciones a razón de $ 70.000 mensuales.

El daño consolidado, se liquidará con los anteriores parámetros y hasta la fecha que se decida éste incidente, desde luego aplicando las fórmulas matemáticas.

La Futura, se liquidará atendiendo la tabla de vida probable de la víctima que es de 48.16 años, equivalente a 577.92 meses y que al restar el período consolidado nos arroja una diferencia de 418.92 meses a indemnizar.

5. Transporte. El señor José Israel Soto López certificó que Carlos Arturo Peláez canceló por este rubro:

(…).

Total: $ 19.800.000

El señor Jesús Antonio Marín Álvarez certificó que Carlos Arturo Peláez canceló por este rubro:

(…).

Total: $ 3.410.000

El señor Carlos Gustavo Londoño Londoño certificó que Carlos Arturo Peláez canceló por este rubro:

(…).

Total: $ 3.200.000

Total transporte: $ 26.410.000.

Con los rubros anteriores, se liquidará el daño emergente consolidado, aplicando las fórmulas que de manera reiterada aplica el honorable Consejo de Estado, hasta la fecha en que se decida éste incidente. El daño emergente futuro se liquidará de la misma manera que los anteriores rubros, es decir, aplicando las fórmulas a la tabla de vida probable de la víctima”.

5.2. Contestación del incidente.

De manera oportuna, el ente demandado contestó el incidente en los siguientes términos:

a) No existe certeza de que al señor Carlos Arturo Peláez Alzate se le haya hecho tratamiento de rehabilitación física durante trece (13) años, tres (3) meses y quince (15) días.

b) Según los protocolos médicos, los tratamientos de fisioterapia física de paraplejia se deben realizar durante el primer año y no se hacen extensivos a la vida probable del paciente, toda vez que serían innecesarios al no tener la recuperación en los movimientos y al obtener la certeza de que el lesionado no los va a volver a obtener en el futuro.

c) No existe prueba de que los médicos tratantes en las especialidades de neurología, fisiatría, traumatología y ortopedia hayan solicitado rehabilitación física al señor Carlos Arturo Peláez Alzate desde el momento de su lesión hasta su vida probable, ni que tenga que continuar con la intensidad de las terapias y conforme a la atención registrada al paciente mediante documento anexo al trámite incidental, por el médico fisiatra Luis E. Gómez, no se ordena al paciente rehabilitación física.

Respecto de las facturas de venta de servicios por consultas médicas y controles presuntamente realizados por el doctor Alberto Betancurt Damelines, nos permitimos referenciar las siguientes irregularidades:

a) Se presenta formato de factura de venta de servicios del establecimiento de comercio medicina familiar del centro firmadas por el doctor Alberto Betancurt Damelines con los números 7001 del 5 de mayo de 1997 con valor de $ 120.000, 7010 del 20 de septiembre de 1997 con valor de $ 250.000, 7029 del 5 de mayo de 1998 con valor de $ 20.000 y 7050 del 10 de febrero de 1999 con valor de $ 50.000; documentos que presentan claras muestras de falsedad por existir simulación en el contenido del mismo, en primer lugar se puede establecer fácilmente que los formatos de factura de venta no son de los años de 1997, 1998 y 1999, sino actuales, facturas que fueron aprobadas en su numeración por la DIAN como se observa en la parte superior de las mismas mediante Resolución 10000003915 del 14 de septiembre de 1998 razón por la cual no pudieron ser impresas después de aprobada la resolución por parte de la DIAN, así mismo la factura de los mismos presentan los números de los celulares 3104222026 y 3104531451 cuando para el año de 1997 no existía telefonía celular y de existir en los años 1999 y 1999 los citados números no se encontraban reportados aún por el suscriptor.

b) Para los años 1997, 1998 y 1999 la consulta médica de ninguna forma tendría un costo de $ 20.000.

c) No se puede concluir que con los documentos citados el señor Peláez requiera de controles médicos permanentes como lo estipula el accionante y mucho menos que sean necesarios por lo menos dos (2) veces al año, lo que indicaría que no son los factores suficientes para tenerlos como referencia en la liquidación de la indemnización del daño emergente consolidado y futuro.

d) De existir controles médicos permanentes, estos necesariamente fueron realizados por su respectiva EPS, que para el año 1997 se encontraba el señor Carlos Arturo Peláez Alzate como beneficiario de la Caja Nacional de Previsión y del año 2001 en adelante como cotizante de la EPS Sanitas S.A., de los cuales algunos controles médicos fueron realizados en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya por cuenta de las citadas Empresas Prestadoras de Servicio de Salud.

Consideramos igualmente excesivo y desproporcionado el supuesto salario devengado por la señora María Nury Osorio Loaiza, cuando sin determinar el grado de profesionalidad se establece que cumpliendo labores de bañar, hacer curaciones, terapias, acostarlo y levantarlo, en el año de 1997 ganaba $ 300.000, en el año 1998 $ 350.000, en el año 1999 $ 400.000, en el año 2000 $ 450.000, cuando el salario mínimo para dichos años era el siguiente:

Para el año de 1997 de $ 175.005 mensuales, para 1998 de $ 203.826 mensuales, para 1999 de $ 236.460 mensuales y para el año 2000 de $ 260.100 mensuales.

Así las cosas no es determinable ni se ha probado en el trámite incidental que el señor Peláez deba tener permanentemente una enfermera u otra persona para su cuidado personal y mucho menos el salario que deba devengar a futuro y hasta el cumplimiento de su vida probable, máxime si se encuentra rodeado del núcleo familiar que esté probado en el proceso principal fueron indemnizados por perjuicios morales en virtud de los lazos de consanguinidad que tenían con el actor y a su profunda solidaridad con el mismo.

Respecto a los medicamentos a los cuales se considera estar sometido el actor, desde la fecha del accidente y hasta su vida probable, podemos realizar las siguientes consideraciones:

A.B.C. Es cierto que el paciente requiere de la utilización de una sonda diaria para orinar, pero según los protocolos médicos, éstas pueden ser cambiadas cada veintiún (21) días, inclusive las anteriores sondas que pudo haber utilizado para el año de 1997 a 2000, se podían cambiar cada (30) días, por lo tanto se limitaría de igual forma la utilización de guantes quirúrgicos, xilocaína.

D.E.F. No se explica la utilización de gasa para curaciones y de cremas para hidratar la piel, ni la utilización de cinco (5) pañales diarios, esto si se tiene en cuenta que la mayoría de los pacientes con paraplejia tiene tendencia al estreñimiento y de resultar con problemas de incontinencia fecal, la cual no se encuentra probada en el incidente, se tendría como mínimo un número de tres (3) pañales por día.

G. No se encuentra en el expediente que el paciente se encuentre en tratamiento urológico en el que se especifique que diariamente deba tomar pastas de delifón, medicamento que en primer lugar no es de uso permanente y en segundo lugar en caso de suministrarse diariamente no sería necesario la utilización de sonda, toda vez que dicho tratamiento ayudaría a mejorar la contractibilidad de la vejiga.

H. Se especifica en este punto una enfermera encargada para curaciones a razón de $ 70.000 mensuales, cuando se ha estipulado que ha existido una persona que las ha realizado las mismas que se encuentran liquidadas como daño emergente consolidado y futuro a razón de un SMLMV.

En ese orden de ideas todos los medicamentos y tratamientos a seguir han sido suministrados y pagados y seguirán siéndolo a futuro por su respectiva EPS Sanitas S.A.

Oposiciones y objeciones

Niego el derecho invocado por el actor, me opongo a las pretensiones invocadas en la liquidación de perjuicios en concreto y objeto las mismas por error grave, en razón a la desproporción de su cuantía y por lo tanto solicito que mi poderdante sea absuelto y se condene en costas al actor.

Condena por estimación notoriamente injusta o sospecha de fraude o colusión.

Conforme a lo estipulado en el artículo 10 de la Ley 1395 de 2010 que modifica el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, norma que determina que quien pretenda el reconocimiento de una indemnización …………… El juez de oficio, podrá ordenar la regulación cuando considere que la estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión. Si la cantidad estimada excediere del 30% de que resulte la regulación, se condenará a quien la hizo pagar a la otra parte una suma equivalente al 10% de la diferencia”.

5.3. El auto apelado.

En providencia del 1º de marzo de 2011 el Tribunal Administrativo del Quindío fijó la suma de $ 241’405.703,37 a título de indemnización por el daño emergente, consolidado y futuro, en razón a los gastos médicos y asistenciales que el lesionado ha sufragado y deberá incluir durante el período de su vida probable.

Para el tribunal a quo a partir de las certificaciones aportadas en la solicitud del trámite del incidente, de los testimonios de las personas que suscribieron tales documentos, de la prueba pericial decretada y practicada dentro del incidente y del Decreto 2423 de 1996 “por el cual se determina la nomenclatura y clasificación de los procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios del manual tarifario y se dictan otras disposiciones”, pudo concluir que se encontraban acreditados los perjuicios por daño emergente y futuro en el monto que fue liquidado.

La parte resolutiva fue del siguiente tenor:

“PRIMERO: Condenar al municipio de Quimbaya a pagar al señor Carlos Arturo Peláez Alzate, la suma de doscientos cuarenta y un millones cuatrocientos cinco mil setecientos tres pesos con treinta y siete centavos ($ 241.405.703,37) a título de indemnización por el daño emergente, consolidado y futuro, en razón a los gastos médicos y asistenciales, que el lesionado ha sufragado y deberá cubrir durante el período de su vida probable.

Segundo: Se ordena al municipio de Quimbaya, suministrar al señor Carlos Arturo Peláez Alzate, una silla de ruedas, de buena calidad, que deberá ser cambiada cada diez años (10) por la entidad territorial condenada.

(…)”.

5.4. El recurso de apelación.

La parte incidentada se opuso a la liquidación realizada por el tribunal a quo al considerar que no había prueba que sustentara el monto de lo que finalmente fue reconocido.

Al respecto indicó que la cuantificación de todos los perjuicios realizados por el tribunal a quo constituyó una fuente de enriquecimiento para los demandantes, toda vez que la condena sobrepasó los límites de lo que jurisprudencialmente se ha tenido como fundamento para cuantificar estos perjuicios.

Explicó que existe prueba en el expediente que da cuenta que el señor Carlos Arturo Peláez Alzate había trasladado la carga de la prestación del servicio de seguridad social en salud a la EPS Colsanitas, entidad a la cual se encontraba y se encuentra afiliado, inclusive con anterioridad al momento en que le otorgaron la pensión por invalidez, motivo por el cual dicha EPS ha sido la que se ha hecho cargo de la salud del demandante y la que deberá pagar lo que corresponda por este concepto en el futuro, durante la vida probable del actor. En consecuencia, no había lugar a condenar al municipio demandado por unos gastos que no serán sufragados por los demandantes.

En este sentido sostuvo que se encuentra acreditado que los exámenes médicos, los tratamientos, las valoraciones por parte de los profesionales especialistas en las distintas áreas de la salud tales como urólogos, neurólogos, fisiatras, dermatólogos y médicos generales, así como los implementos, medicamentos, estudios, ecografías etc., que guardaron relación directa con la lesión cervical sufrida por el señor Carlos Arturo Peláez Alzate, fueron cancelados por la EPS Colsanitas, tal como lo reflejan las múltiples cuentas que se encuentran en el expediente del trámite incidental.

Agregó que por esta razón no se aportaron facturas de compras de medicamentos como delifón, xilocaína, sondas, guantes quirúrgicos, gasas, pañales, etc., en la medida en que todos estos insumos y medicamentos fueron asumidos por la citada EPS.

En cuanto a la indemnización consolidada y futura por servicios de fisioterapia, reiteró que la certificación que se aportó al proceso por este concepto, en especial para efectos de demostrar el costo de las terapias que al actor se le habían practicado, resultó excesiva, al tiempo que cuestionó que el tribunal a quo no hubiere aplicado el Decreto 2423 de 1996 para determinar el costo de las sesiones de fisioterapia, como sí lo hizo para liquidar otros conceptos dentro del mismo auto apelado, teniendo en cuenta que “no se puede apreciar como cierto el dicho de la fisioterapeuta cuando establece que es libre de cobrar lo que crea conveniente, y presentar documentos que lo ratifican, cuando existen normas que se deben cumplir y que obligan a los profesionales a cobrar unas tarifas previamente determinadas en actos administrativos que se encuentren debidamente regulados por entidades de control como la Superintendencia de Salud”.

En este sentido agregó:

“Por esta razón no es menester que el tribunal administrativo respalde con su decisión el valor probatorio de unas facturas y un testimonio basado en argumentos que a la vista resultan descabellados y contrarios a las normas que regulan el manual tarifario de los procedimientos médicos expedido por el Gobierno Nacional, máxime si se tienen argumentos contradictorios en el dicho de la doctora Mejía García con el dictamen pericial, la primera sostiene en su declaración “que las terapias se realizaron durante un año los 6 días hábiles de la semana y el segundo establece “las terapias de control deben realizarse mínimo una vez al mes” sosteniendo además que “el valor aproximado de sesión de terapia física para el año 1998 es de $ 4.900 pesos”, lo que indicaría que el valor de las terapias mensualmente sería de $ 4.900 pesos y que si en gracia de discusión se realizaron los 30 días del mes nos arrojaría un valor de $ 147.000 y no de $ 400.000 mensuales como lo sostiene el incidentista”.

Manifestó su inconformidad con la liquidación efectuada en relación con la indemnización por daño emergente futuro por concepto de la rehabilitación física del actor, puesto que el tribunal a quo no tuvo en cuenta la aclaración del dictamen pericial practicado, en el sentido de que mientras en el informe inicialmente presentado los peritos indicaron que el paciente requería de terapias de control por lo menos una vez al mes, en la aclaración se expuso que “la intensidad la marca la evolución del trauma teniendo en cuenta que han pasado 14 años a partir de la ocurrencia del hecho, se considera que el paciente debe consultar con esta especialidad mínimo una vez al año”.

Respecto de los gastos de transporte reconocidos en el auto apelado, sostuvo que se estaba faltando a la verdad tanto en los documentos aportados como en las declaraciones rendidas por los señores Jesús Antonio Marín Álvarez, Carlos Gustavo Londoño Londoño y José Israel Soto López, dado que los aludidos documentos fueron escritos con la misma caligrafía de computador o máquina de escribir y autenticados en la Notaría Única del Círculo de Quimbaya el día 7 de mayo de 2010, esto es cuando ya habían transcurrido muchos años de la supuesta prestación de los servicios de transporte.

Afirmó que no había certeza de las carreras que se realizaron, al tiempo que lo que se pagó por las mismas se alejaba de lo que para esa época se cobraba por esos trayectos.

Iguales consideraciones hizo respecto del supuesto salario devengado por la señora María Nury Osorio Loaiza por la prestación del servicio de cuidado personal, en el sentido de que era desproporcionado teniendo en cuenta que la señora Osorio Loaiza no tenía conocimientos en medicina o enfermería, pero lo que cobró mensualmente superaba en gran medida el salario mínimo legal mensual vigente para la época.

Al respecto indicó:

“[A]demás de que no se pudo corroborar con su declaración [la de la señora María Nury Osorio Loaiza] las labores desempeñadas y el salario devengado pero que sin embargo al documento presentado se le dio todo el valor probatorio para establecer una indemnización equivalente a una cuantía desorbitante de $ 39’858.181,56 pesos sin establecer para ello un verdadero análisis comparativo con el dicho de la señora María Nury Osorio Loaiza cuando determina que ella se salió de trabajar por la situación económica de Carlos Arturo, porque ya se podía valer por sí mismo y que la contrataron a ella porque la enfermera iba a cobrar mucho dinero, pero sin embargo y a pesar de lo allí manifestado aparece en la certificación firmada por la señora Luz Marielly López Quiceno aduciendo que laboró con el señor Peláez a partir del año 2001, lo que indica que fue en reemplazo de la señora Osorio y que lo hizo para asistirlo en curación de heridas y bañarlo, preguntándonos entonces qué ayuda representaba para el lesionado la madre, la esposa y los hijos de los que se dice vivían con él, si para cualquier cuidado en su favor debía contratar a una tercera persona.

Así las cosas se infiere de lo anterior que las citadas personas no participaron de las labores desempeñadas a favor de Carlos Arturo Peláez y que los documentos se presentaron en fraude al proceso y en actividades altamente simuladas en detrimento del peculio de la entidad territorial que represento”.

5.5. Mediante auto del 31 de agosto de 2012 se admitió el recurso de apelación presentado por la entidad demandada (fls. 156-160, cdno. ppal.).

5.6. Previa solicitud conjunta de las partes, se fijó audiencia de conciliación para el día 6 de diciembre de 2012 (fls. 165-169, cdno. ppal.).

5.7. Concepto del Ministerio Público.

Con anterioridad a la celebración de la respectiva audiencia, el Ministerio Público conceptuó que la conciliación resultaba viable por haberse probado en el proceso los elementos de la responsabilidad del municipio de Quimbaya y las lesiones sufridas por el actor, al tiempo que la condena en abstracto había sido liquidada teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales del honorable Consejo de Estado, las pruebas aportadas y el índice de precios al consumidor.

II. Consideraciones

La Sala aprobará el acuerdo conciliatorio logrado por las partes el 13 de septiembre de la presente anualidad, por encontrarlo ajustado a la legalidad.

De conformidad con el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, pueden conciliar, total o parcialmente en las etapas prejudicial o judicial, las personas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado(1), sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.

El juez, para aprobar el acuerdo, debe verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. La representación de las partes y la capacidad de sus representantes para conciliar.

En relación con este requisito, se tiene que la parte actora acudió a la audiencia de conciliación por intermedio de un profesional del derecho que no contaba con poder alguno para estos efectos, esto es sin la facultad para representar judicialmente a los demandantes y, por ello, sin habilitación alguna para conciliar.

Por lo anterior, en auto del 1º de febrero de 2013 se puso en conocimiento a la parte demandante acerca de la existencia de una causal de nulidad consistente en la carencia total de poder, con el fin de que, si a bien lo tenía ratificara las actuaciones judiciales de quien hasta ese momento había desempeñado quien venía interviniendo en el proceso en nombre de ellos.

En escrito, con nota de presentación personal, allegado el 21 de febrero de 2013, el demandante indicó lo siguiente:

“Carlos Arturo Peláez Alzate, identificado como aparece de mi firma, con todo respeto manifiesto que ratifico para todos los efectos legales, todo lo actuado por el Dr. Benjamín Herrera Agudelo (…) abogado con T.P. 16.250 del Consejo Superior de la Judicatura, en el proceso de la referencia e igualmente ratifico todo lo actuado en la audiencia de conciliación asistida por el Dr. Fredy Augusto Ospina Alvarado (…)”.

Por su parte, el abogado Emigdio Herrera Herrera Agudelo, apoderado reconocido de los actores, en escrito con nota de presentación personal manifestó:

“Como apoderado de los actores en el asunto de la referencia, respetuosamente me permito ratificar todo lo actuado por el Dr. Benjamín Herrera Agudelo (…), abogado con T.P. 16.250 del Consejo Superior de la Judicatura e igualmente ratifico todo lo actuado en la audiencia de conciliación, a efectos de subsanar la nulidad detectada por el honorable Consejero Ponente”.

Por consiguiente, para la Sala se encuentra subsanada la nulidad advertida y, con ello el requisito de la capacidad requerida del representante judicial para conciliar.

Por su parte, el apoderado de la parte demandada cuenta con facultad expresa para conciliar.

2. La disponibilidad de los derechos económicos enunciados por las partes.

A juicio de la Sala, en el presente caso se satisface este presupuesto toda vez que se trata de un conflicto de carácter particular y de contenido económico. Ciertamente, la conciliación está encaminada a conseguir que el municipio de Quimbaya efectúe el pago del valor equivalente al 80% de lo reconocido por el tribunal a quo en la providencia por medio de la cual se liquidó el incidente.

A lo anterior se añade que la conciliación materia de estudio involucra la disposición y afectación de derechos e intereses subjetivos, de contenido crediticio o personal, con una proyección patrimonial o económica, los cuales resultan renunciables (C.C., arts. 15, 1495, 1602).

3. Que no se hubiere configurado el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

Se encuentra que el incidente de liquidación de perjuicios fue promovido por la parte demandante dentro del término legal previsto para ello, esto es 60 días siguientes a la notificación del auto del tribunal administrativo a quo que ordenó cumplir lo dispuesto en la sentencia de segunda instancia, según las previsiones contenidas en los artículos 172 del Código Contencioso Administrativo, y 135 a 137 del Código de Procedimiento Civil(2).

4. Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo para el patrimonio público (L. 23/91, art. 65A y L. 446/98, art. 73).

Respecto de este requisito, esta sección del Consejo de Estado, de manera general y reiterada, ha sostenido que si bien la conciliación propende por la descongestión de la administración de justicia y por la composición del conflicto a través de una solución directa acordada por las partes, no lo es menos que todo acuerdo conciliatorio debe ser examinado por el juez, quien para aprobarlo debe establecer que ese arreglo económico se ajuste a la ley y no resulte lesivo para el patrimonio público(3).

En tales condiciones, el solo acuerdo de voluntades entre las partes involucradas en el conflicto no basta para que dicha conciliación surta efectos jurídicos, dado que la aprobación del acuerdo conciliatorio depende de la fortaleza probatoria que lo sustenta, dado que el juez, además de llegar a la convicción de su fundamentación jurídica, debe verificar que no resulte lesivo para el patrimonio público, pues según los dictados del artículo 65 A de la Ley 23 de 1991 —adicionado por el 73 de la L. 446/98—, el acuerdo conciliatorio debe estar fundado en las pruebas necesarias, esto es contar con el debido sustento probatorio.

En cuanto a las pruebas, estas deben ser de tal entidad que lleven al juez al convencimiento y la certeza de que lo acordado por las partes cuenta con pleno sustento fáctico y jurídico, de manera que cualquier duda, confusión o contradicción que se presente al realizar el debido estudio de legalidad, debe considerarse como razón suficiente para improbar la conciliación realizada.

Así lo ha dicho de manera reiterada esta corporación:

“En este mismo sentido, ha manifestado la Sala, que la conciliación en materia contenciosa administrativa y su posterior aprobación, deben estar respaldadas con elementos probatorios idóneos y suficientes respecto del derecho objeto de controversia, por estar en juego el patrimonio estatal y el interés público, de manera que, con el acervo probatorio allegado, el juez de conocimiento no tenga duda alguna acerca de la existencia de la posible condena en contra de la administración y que por lo tanto la aprobación del acuerdo conciliatorio resultará provechoso para los intereses de las partes en conflicto”(4).

Con el fin de determinar si el acuerdo conciliatorio cuenta con las pruebas suficientes para su aprobación, la Sala procederá a realizar el análisis correspondiente, de conformidad con cada ítem que respecto del daño emergente consolidado y futuro fue reconocido por el tribunal a quo, previa transcripción del dictamen pericial que, junto con su respectiva aclaración constituyó el fundamento para determinar los montos finalmente liquidados.

— El gerente del Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, en Oficio 13JUR-41, remitió el dictamen pericial cuya práctica ordenó el tribunal a quo, el cual arrojó las siguientes conclusiones:

“Para absolver el dictamen pericial solicitado y decretado como prueba común requerido mediante Oficio 3751 en el proceso arriba referido, se designó al doctor Mariano Gómez, MD. urólogo, quien una vez consultada la historia clínica y realizada valoración al señor Peláez Alzate contestó:

1. Para determinar la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y determinación de la invalidez, manifestar si el señor Carlos Arturo Peláez requiere;

• De una sonda diaria para orinar.

Sí la requiere, en razón de la vejiga neurogénica postrauma no coordinada y descompuesta.

• De un guante quirúrgico para colocarse la sonda y evitar infecciones.

Sí lo requiere, para efectos de higiene y esterilización para cada cambio de la misma.

• De silicona para lubricar la sonda.

Debe entenderse xilocaína; sí la requiere para lubricación en cada cambio de sonda.

• De gasa para realizar la curación.

Sí la requiere, en razón a la escara o úlcera glútea que presenta en razón a la paraplejia que padece desde hace 14 años.

• De 5 pañales diarios para controlar esfínteres.

Sí los requiere, cantidad justificada en razón a la vejiga neurogénica postrauma no coordinada y descompensada.

• De cremas para hidratar la piel y solución salina para limpiar la herida.

Sí las requiere, a fin de realizar curación en la escara o úlcera glútea que presenta.

• De delifón 5 mg, formulado por el urólogo.

Medicamento requerido para la contracción y relajación de la vejiga ante la incontinencia. Es de anotar que el paciente viene siendo valorado por fuera de la institución (Sanitas), en donde el médico tratante adscrito, le ha formulado este medicamento que debe ser suministrado mínimo 2 veces en el día.

• De transporte en vehículo dada su discapacidad.

Sí, ineludiblemente, debido a la incapacidad del paciente y la necesidad de trasladarse en silla de ruedas.

• De una enfermera que pueda hacerle las curaciones.

Actualmente no es necesario, pues con el transcurso del tiempo a partir de la ocurrencia del hecho, se enseñó e instruyó al paciente, a fin de cambiar la sonda y hacerse curación de la escara glútea.

• Cada cuánto necesita el afectado de controles médicos, especificando su especialidad.

Para el caso de la especialidad de urología, debe solicitar control mínimo 1 cada tres meses. Respecto a la especialidad de fisiatría, deben realizarse terapias de control 1 vez al mes como mínimo, sin dejar de lado las terapias que se le enseñan a este tipo de pacientes para adquirir independencia y autonomía para realizar necesidades básicas habituales.

2.

2.1. Según historia clínica y valoración efectuada, si es posible establecer, que el Sr. Carlos Arturo Peláez Alzate, haya realizado el cambio diario de la sonda que utiliza para la evacuación de la orina desde 1997 hasta el año 2010 y si dicho método es el más recomendable hasta su vida probable, teniendo en cuenta la edad establecida y su vida probable según tabla.

Según valoración efectuada, sí es posible determinar que el paciente viene realizando cambio de sonda desde el momento de la ocurrencia del hecho, es decir, desde hace 14 años. El cateterismo intermitente es el método más recomendable para el paciente debido al diagnóstico de vejiga neurogénica postrauma raquimedular y luxación de vértebras T11 y T12.

2.2. Según los protocolos médicos. ¿Cuál es el término de duración de una sonda, el recambio recomendado; como en el caso de paraplejia que nos ocupa y en qué periodos de tiempo es necesaria la aplicación de xilocaína y la utilización de guantes quirúrgicos y si los métodos de recambio diario de sonda causan algún tipo de perjuicio al paciente y si han variado entre el año 1997 y el tiempo actual?

Se realiza procedimiento de cambio 4 o 5 veces al día con las sondas de cateterismo (nelatón), previa aplicación de esterilidad y desinfección de la misma, así como también lavado de meato uretral. Requiere siempre utilizar guantes y xilocaína jalea para lubricación de uretra y evitar traumatismos.

Es de anotar que el procedimiento arriba señalado, no causa ningún tipo de perjuicio al paciente y es el método más aconsejado en estos casos para realización diaria.

2.3. ¿Con qué intensidad y en qué tiempo, según la ciencia médica, se debe realizar en el paciente parapléjico que nos ocupa, rehabilitación física y si la misma se debe hacer desde el momento en que se determine la pérdida de la capacidad motora y hasta la vida probable del paciente? Teniendo en cuenta que desde el primer año y hasta la fecha no hubo recuperación de movimientos, con las terapias que se realizaron el primer año y si estas fueron suficientes, se determinará igualmente si el valor estipulado en la factura anexa al incidente, con una cifra equivalente a $ 4.800.000 pesos para el año 1998, corresponde a la realidad del cobro de un procedimiento en el área.

Una vez consultada con las especialistas del área de fisioterapia de esta institución, se determinó que, según la ciencia médica, se debe iniciar tratamiento inmediatamente con el procedimiento de fisioterapia para evitar retracturas musculares, una vez el médico lo ordene, al tener conocimiento del hecho, hasta la vida probable del paciente. Las terapias de control deben realizarse mínimo una vez al mes.

Se realiza terapia para lograr la independencia y autonomía del paciente a fin de que pueda realizar sus necesidades básicas cotidianas, es decir, se enseñan traslados, terapias para fortalecimiento del tronco y miembros superiores, manejo de vejiga urinaria, entre otras.

En cuanto al valor de las terapias, es imposible para esta institución determinar un valor exacto para la fecha de 1998, ya que no se cuenta con base de datos para este tipo de profesionales. En asocio con la oficina de sistemas de la ESE Hospital San Juan de Dios, se determinó un valor aproximado de sesión de terapia física para el año de 1998, de cuatro mil novecientos pesos m/cte. ($ 4.900).

2.4. ¿Si es necesario el recambio de pañales (5) veces al día, esto, si se tiene en cuenta que los citados pacientes con paraplejia, generalmente presentan cuadros de estreñimiento o si de la historia clínica estudiada se desprende la incontinencia fecal o urinaria del paciente?

Sí es necesario el recambio en esta cantidad, por lo señalado en los numerales anteriores, según manifestación del MD urólogo, quien señaló: “Padece de vejiga neurogénica, incontinencia urinaria y estreñimiento”.

2.5. ¿En qué proporción se debe recomendar la toma de pasta de delifón 5 mg, por qué se medican, en especial al paciente cuestionado, qué reacción puede crear en el organismo del mismo, y si estas son compatibles o no, con la implantación diaria de sondas?

La receta formulada por el doctor Botía, adscrito a Sanitas es ajustada; según historia clínica y valoración del paciente.

3. ¿Cuáles de los elementos e insumos médicos requeridos por la parte actora y señalados en el numeral 1º de este acápite, deberán ser usados dentro del resto de vida probable del paciente, en qué cantidad mensual y de serlo (sic).

Todos los elementos señalados en el numeral primero son necesarios para uso diario del paciente hasta su vida probable, de la manera en que se señaló anteriormente.

4. En cuanto a los medicamentos e insumos requeridos por el paciente para realización de cambio de sonda diario y otros, en asocio con las oficinas de farmacia, suministros y almacén, se tienen los siguientes precios en el mercado:

— Sonda nelatón Nº 8 a $ 650 exento de IVA

Nº 10 a $ 630 exento de IVA

Nº 12 a $ 600 exento de IVA

Nº 14 a $ 610 exento de IVA

Nº 16 a $ 650 exento de IVA

— Guantes quirúrgicos

Par a $ 520 + IVA tallas 7-7 ½ - 8

— Solución salina

Bolsa 100 ml a $ 1.083 exento de IVA

Bolsa 500 ml a $ 1.300 exento de IVA

Bolsa 250 ml a $ 1.310 exento de IVA

— Compresas

Unidad a $ 780

Pañal

Talla L a $ 1.494 + IVA

Talla M a $1.130 + IVA

— Gasa por rollo a $ 3.700 exento de IVA

— Algodón por 500 grs a $ 7.050

— Xilocaína de 10 grs a $ 5.250

— Delifón y/o oxibutinina

Jarabe $ 20.300 por 120 ml

Valor unitario tableta a $ 955”.

— Aclaración y complementación del anterior dictamen, solicitado de manera oportuna por la parte demandada.

“1. El doctor Mariano Gómez, MD especialista en urología, manifestó respecto de este cuestionamiento(5) lo siguiente:

El recambio de sonda, académica y médicamente, se debe practicar en cada cateterismo vesical que el paciente ejecute; es posible teniendo en cuenta los gasto que demanda, que la sonda puede ser reutilizada una o dos veces.

La escara o úlcera glútea es crónica, pero es consecuencia por la poca movilidad del paciente debido a su traumatismo raquimedular y la falta adecuada de sensibilidad, pueden producir dicha ulceración glútea o en cualquier otra parte del glúteo o la espalda. Su posible curación, podría efectuarse con tratamiento de cirugía plástica”.

2. Respecto a la primera parte de este cuestionamiento(6), es de aclarar que se consultó con el área de fisioterapia de esta institución hospitalaria, donde la doctora Alejandra Estrada, fisioterapista, manifestó que:

“El paciente debió iniciar tratamiento inmediatamente con el área de fisioterapia para evitar retracturas musculares, una vez el médico lo ordene al tener conocimiento del hecho, una vez al mes mínimo en terapias de control, es decir a la ocurrencia del hecho generador y posteriormente, según la evolución del mismo. Por ende, se enseñan los ejercicios de terapia para lograr la independencia y autonomía del paciente a fin de que pueda realizar sus necesidades básicas cotidianas, por lo que se infiere, tienen lugar en los meses posteriores a la ocurrencia del accidente y una vez sea ordenado por el médico”.

3. Al respecto(7), el doctor Mariano Gómez manifestó,

“Según consulta realizada al paciente e historia clínica, el mejor tratamiento para la vejiga neurogénica es el cateterismo intermitente, se insiste en el punto 2.1 de la anterior contestación. Cambio con intensidad de cada 4 horas”.

4. El MD especialista en urología, doctor Mariano Gómez, expresó frente a esta inquietud(8);

“Inicialmente el paciente tenía era una sonda vesical permanente, razón por la cual se le debía cambiar cada 20 o 30 días. El tratamiento posterior ideal es el cateterismo intermitente, que se debe realizar cada 4 o 6 horas según la evolución del paciente y se debe de hacer con todos los procedimientos de asepsia, como es, el lavado del pene, el uso de guantes, aplicación de xilocaína local. Esto, sería lo ideal para evitar al máximo el traumatismo uretral”.

5. Consultada la doctora Alejandra Estrada, profesional de fisioterapia, se procede a dar contestación a este interrogante(9), quien manifestó;

“Según la ciencia médica, se deben iniciar terapias una vez el médico lo ordene para enseñar al paciente independencia y autonomía, en terapias de control mínimo una vez al mes. Según su evolución, se determina la intensidad con que debe seguir consultando el paciente, pues interesa mucho conocer las condiciones del entorno con las que vive el paciente y saber cada cuánto debe consultar”.

Consultada la historia clínica por parte del doctor Gebert Vásquez, MD especialista en fisiatría, expresó:

“Sin conocer el caso, la generalidad en el manejo del paciente parapléjico por trauma raquimedular, debe iniciar el programa de rehabilitación lo más pronto posible al suceso una vez se haya estabilizado y no haya riesgo inminente para la vida. La intensidad la marca la evolución del trauma. Teniendo en cuenta que han pasado 14 años a partir de la ocurrencia del hecho se considera que el paciente debe consultar con esta especialidad, mínimo una vez al año.

El pronóstico de vida no es inherente a la lesión misma sino al cuidado y prevención de complicaciones a nivel renal y de piel”.

6. Según el doctor Mariano Gómez, se consignan a continuación sus apreciaciones(10):

“Según diagnóstico de vejiga neurogénica y trauma raquimedular, es consecuencia la necesidad del pañal ante la incontinencia urinaria y contractibilidad del músculo vesical que presenta, justificada en el cambio de 5 veces al día, una vez consultada la historia clínica y el paciente. Se insiste con todo respeto, en las consideraciones efectuadas en la contestación anterior, especialmente, punto 2.4 y la contestación del punto siguiente”.

7. Al respecto(11), el doctor Mariano Gómez, manifestó:

“El delifón de 5 mg, es tratamiento complementario para la vejiga neurogénica ya que ayuda a mejorar la contractibilidad del músculo vesical, y así entre otras, evita dejar residuo vesical, evitando al máximo las infecciones urinales y vesicales por residuos. La dosis es la indicada en su formulación y debe tomarlas de acuerdo a mejorías clínicas que generalmente son mínimas, generalmente de manera indefinida”.

— Dictamen para calificación de la pérdida de la capacidad laboral y determinación de la invalidez de fecha 29 de octubre de 2009, por medio de la cual la junta regional de calificación de invalidez del Quindío conceptuó que el señor Carlos Arturo Peláez Gallego tuvo una pérdida de capacidad laboral superior al 80%.

A continuación se procederá a reseñar las pruebas que fueron tenidas en cuenta por el tribunal a quo respecto de cada aspecto que fue liquidado en el incidente, por concepto de daño emergente consolidado y futuro.

1. Servicio de fisioterapia.

1.1. Daño emergente consolidado.

— Certificación expedida por la señora Marina Mejía García, mediante la cual hizo constar lo siguiente:

“Certifico que el señor: Carlos Arturo Peláez, con c.c. 18.464.663 de Quimbaya, Quindío, canceló la suma de $ 4.800.000 por servicio de rehabilitación física, durante los meses de mayo 1º de 1997 a 30 de mayo de 1998”.

— Memorial de fecha 23 de junio de 2011, mediante el cual la señora Marina Mejía suministró la siguiente información:

“Yo, Marina Mejía García con cédula de ciudadanía 32.403.322, certifico que: El señor Carlos Arturo Peláez Alzate, quedó parapléjico en el año de 1997, visitó mi consultorio particular para consultar rehabilitación por secuelas sufridas por accidente en moto en la ciudad de Quimbaya, Quindío el que lo dejó parapléjico, se inició la rehabilitación esa misma semana durante el período de un año.

Tratamiento:

a) Sesiones diarias con duración de 2 ½ horas.

— Fortalecimiento de músculos superiores, músculos de la columna y músculos abdominales.

— Estimulación eléctrica.

— [Ilegible] físicas.

En fin rehabilitación de todo el cuerpo. Calentamientos, diferentes posiciones de equilibrio sentado y otros ejercicios que los pacientes parapléjicos requieren, pues se desgarra la piel (escaras), mala circulación, contracturas y no se logran sentar de que sea parapléjico y no cuadripléjico.

Necesita de “grandes” cuidados de enfermería como ustedes enumeran en la primera página, la mala asepsia conlleva a infecciones permanentes produciendo gran deterioro y llevando a la muerte.

Precio: el precio de las terapias es más que normal. Se realizaron durante un año, los seis días hábiles de la semana, además de mis terapias, se realizaron de manera particular y es libre cobrar al paciente lo que cada profesional crea conveniente por su trabajo”.

1.2. Daño emergente futuro.

— Dictamen pericial rendido por el Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios (punto 2.3).

— Decreto 2423 del 31 de diciembre de 1996 “Por el cual se determina la nomenclatura y clasificación de los procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios del manual tarifario y se dictan otras disposiciones”. Según dicha reglamentación, el costo de la terapia grupal de medicina física y rehabilitación era de 1,83 salarios mínimos legales diarios vigentes, suma que a la fecha de la providencia de liquidación del incidente equivalía a $ 34.569.

Así las cosas, para el tribunal a quo:

“[P]or cada consulta de fisioterapia, que deberá ser una vez cada mes, desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia y hasta la fecha de la vida probable (48,16 años a los cuales se les restará el período de la indemnización consolidada, equivalente a 399,66 meses), se le reconocerá al señor Carlos Arturo Peláez Alzate la suma de seis millones ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y siete pesos con setenta centavos ($ 6.082.477,70)”.

2. Indemnización por consultas médicas y controles médicos domiciliarios.

Indemnización consolidada

— Factura de venta por servicios médicos 3260, en la cual consta que el señor Carlos Arturo Peláez, el día 6 de mayo de 2010, pagó $ 100.000 por el servicio de consulta y fisiatría.

— Testimonio del señor Luis Eduardo Gómez Sabogal.

“El año pasado creo en el mes de junio atendí una consulta médica al Sr. Peláez. Preguntado: Recuerda qué tratamiento le ordenó, en caso afirmativo, por cuánto tiempo debió extenderse el mismo. Contestó: No lo recuerdo, pero si me facilitan la historia clínica podemos revisar el caso. Ante tal petición se le pone de presente el informe que obra a folio 15 del cuaderno de pruebas del incidente, precisando la conductora de la audiencia que se trata del documento suscrito por el hoy testigo (…). Contestó: Recomendé al paciente control por médico urólogo para el manejo adecuado de la vejiga neurogénica y disfunción eréctil, con cirugía plástica para manejo de escara glútea izquierda y di instrucciones de manejo adecuado de intestino neurogénico. Preguntado: La atención la brindó particularmente o a través de alguna EPS, o IPS, o ARS o cualquier entidad adscrita al sistema general de salud. Contestó: Por lo que veo en la historia creo que fue particular (…). Contestó: El documento del folio 18 es una copia del documento comentado anteriormente y el de folio 24 equivale a una consulta cancelada por 100.000 pesos (…). Preguntó: De acuerdo a su respuesta anterior puede explicarnos en qué consiste la vejiga y el intestino neurogénico que igualmente cita en su historia. Contestó: Con la lesión medular, espinal, se pierde el control de evacuación y retención de orina y materias fecales (…). Preguntó: Indique si este paciente requiere hoy en día el servicio médico de fisiatría que ud. le prestó en mayo de 2010 y por qué. Contestó. Sí, los pacientes con lesiones neurológicas como la del Sr. Peláez, requieren controles de fisiatría para revisión de su estado orgánico, emocional, funcional, entre otros. Se le interpela por la conductora de la audiencia para que el testigo especifique la periodicidad de los aludidos controles, a lo que contestó: aproximadamente cada 6 meses (los pacientes reciben instrucción respecto a eventuales complicaciones que se puedan presentar y signos de alarma sobre las mismas)”.

— Factura 378478 del 27 de abril de 2002, a través de la cual el señor Carlos Arturo Peláez Alzate canceló la suma de $ 210.000 al Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, por concepto de servicios de salud.

3. Medicamentos.

Indemnización futura.

— Dictamen pericial rendido por el Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios (puntos 1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3, 4).

De manera que para el tribunal a quo:

“Está probado en el plenario que el señor Carlos Arturo Peláez Alzate, requerirá por el resto de su vida probable, los medicamentos y elementos ya citados, razón por la cual, la corporación ordenará, con base en las certificaciones de precios contenidas en el ya conocido dictamen pericial, al municipio de Quimbaya, a pagar por este concepto, al señor Carlos Arturo Peláez Alzate, la suma de setenta y cinco millones quinientos treinta y un mil quinientos treinta y dos pesos con diez centavos ($ 75.531.532,10)”.

4. Gastos de atención y cuidado.

Indemnización consolidada.

— Certificación suscrita por la señora María Nury Osorio Loaiza, en la cual hizo constar lo siguiente:

“(…) Certifico que conozco al señor Carlos Arturo Peláez Alzate, quien sufrió un accidente por el cual quedó en silla de ruedas (cuadripléjico).

Certifico que trabajé para el señor Carlos para cuidarlo (bañar, curar, heridas, terapia, acostarlo, levantarlo, etc.) y todos los cuidados que requiere un paciente en el estado en que él quedó, ya que no podía valerse por sí solo.

Período laborado

AñoDescripciónMesesSueldo mensualTotal año
1997Junio a diciembre7300.0002.100.000
1998Enero a diciembre12350.0004.200.000
1999Enero a diciembre12400.0004.800.000
2000Enero a diciembre12450.0005.400.000
   Total16.500.000

— Declaración de la señora María Nuri Osorio Loaiza.

“[Y]o le trabajé a Carlos Arturo alrededor de tres años y medio, yo lo asistí a él en todos los cuidados que él necesitaba en bañarlo, ponerle las sondas, asistirlo en todo sentido de la palabra, empecé a trabajar en junio de 1997 hasta el 2000 más o menos, al cual tenemos una buena relación, cuando voy a visitarlo sé que tiene gastos (…). Yo no tenía ninguna capacitación para asistirlo a él pero había una enfermera que lo asistía a él, pero como Carlos Arturo no tenía con qué pagar lo que exigía una enfermera profesional ella me enseñó a mí. Preguntado: Discrimine cuánto ganaba usted en cada uno de los tres años que afirmaba laboró para el señor Carlos Arturo Peláez. Respondió: Los primeros seis meses empecé ganando trescientos mil pesos, los otros años seguidos me subían cincuenta mil pesos, así el otro año trescientos cincuenta, cuatrocientos y cuatrocientos cincuenta mil. Preguntado: Quién le cancelaba la remuneración que usted percibía. Respondió: A mí me pagaba la esposa de él, porque la esposa de él se tuvo que ir para España a trabajar porque él no tenía dinero (…). Preguntó: Dígale al despacho cómo explica usted que se ganara un salario de trescientos mil pesos para el año de 1997, cuando para dicha época el salario mínimo era de ciento setenta y cinco mil pesos esto en consideración a que no tuviera conocimiento ni título profesional en la medicina para atender al paciente y además por la manifestación hecha de que no tenían con qué pagar una enfermera. Respondió: Como había dicho antes yo no tengo ningún conocimiento de medicina ni nada de eso, pero como la enfermera les iba a cobrar demasiado dinero, no sé qué tanto, pero igual a mí me tocaba que quedarme en la casa del paciente trasnochando por la cuestión de la medicina, entonces yo le pregunté a la enfermera y ella me dio un promedio mensual de trescientos mil pesos por el cuidado de él (…). Yo entraba a las siete de la mañana empezaba por levantarlo, bañarlo, darle el desayuno, después que lo bañaba alguna otra persona me lo ayudaba a llevar a mi habitación, había que secarlo muy bien por el problema que él tiene, echarle crema, darle la medicina, no sé si al momento la está tomando, pero cuando yo lo asistía tomaba unos medicamentos para el riñón en este momento no tengo bien presente, no estoy segura pero creo que era desucitol y otra medicina pero no la tengo bien clara”.

— Certificación suscrita por la señora Luz Marielly López Quiceno, en la cual hizo constar lo siguiente:

Yo, Luz Marielly López Quiceno (…), certifico que conozco al señor Carlos Arturo Peláez Alzate, quien quedó en silla de ruedas (parapléjico) por un accidente.

Certifico que trabajé para el señor Carlos Peláez para asistirlo en curación de heridas, bañarlo y en lo que necesitara.

AñoDescripciónMesesSueldo mensualTotal año
2001Junio a diciembre12250.0003.000.000
2002Enero a diciembre12350.0004.200.000
2003Enero a diciembre12380.0004.560.000
2004Enero a diciembre12420.0005.040.000
2005Enero a diciembre12450.0005.400.000
2006Enero a diciembre12480.0005.760.000
   Total27.960.000

5. Gastos de transporte.

5.1. Indemnización consolidada.

— Certificación suscrita por el señor José Israel Soto López, en la cual hizo constar lo siguiente:

“Yo, José Israel Soto López (…), de profesión conductor de taxi, hago constar que he transportado al señor Carlos Arturo Peláez Alzate, a la ciudad de Armenia para las terapias de rehabilitación y citas médicas:

Año 1997 $ 3.500.000

Año 1998 $ 5.300.000

Año 1999 $ 3.500.000

Año 2000 $ 4.200.000

Año 2001 $ 3.000.000

Total de $ 19.800.000”.

— Testimonio del señor José Israel Soto López.

“[Y]o fui el que lo transporté durante un tiempo, yo lo transportaba a una terapia a Armenia de lunes a viernes, todos los días, mensualmente, entre cuatro millones y medio o cinco total bruto, esto fue desde 1997 hasta el 2001, igual no fueron meses del mismo total hubo meses de más poco. Cualquiera no podía transportar al señor Carlos Peláez, por motivo de su discapacidad, no es más (…) Preguntó: Diga al despacho para el año 2001 y así sucesivamente hasta el año 1997 cuál era el costo de cada carrera que realizaba al señor Carlos Arturo Peláez y exactamente al sitio donde lo llevaba. Respondió: El sitio donde lo llevaba era al frente del hospital de zona en Armenia, el costo no era igual porque un día había que esperarlo medio día y otro día lo esperaba todo el día allá y entonces varía el precio, yo me iba con él pero no sabía a qué horas regresaba, cuando volvía a regresar le decía ya vale ciento treinta o cincuenta mil, era el tiempo, si estaba en la mañana y me quedaba con él. Preguntado. Diga al despacho en compañía de quién se desplazaba el señor Carlos Arturo Peláez y el sitio específico en dónde usted ayudaba a ingresar. Respondió: Siempre lo acompañaba una señora que lo ayudaba en la casa, al frente del Hospital de Armenia, él iba a unas terapias, yo lo subía hasta allá, porque la muchacha no era capaz (…). Respondió: Sí lo transporto pero no donde la doctora ya, las pocas veces que lo he transportado ahora último ha sido a citas médicas, la semana pasada estuvimos donde un médico en Pereira, lo esperé allá y le cobré ciento noventa mil pesos (…)”.

— Certificación suscrita por el señor Jesús Antonio Marín Álvarez, en la cual hizo constar lo siguiente:

“Yo, Jesús Antonio Marín Álvarez (…), de profesión conductor de Taxi, hago constar que he transportado al señor Carlos Arturo Peláez Alzate, la ciudad de Armenia desde:

Año 2002 $ 750.000

Año 2003 $ 890.000

Año 2004 $ 820.000

Año 2005 $ 950.000

Total $ 3.410.000”

— Testimonio del señor Jesús Antonio Marín Álvarez.

“Respondió: Primero que todo Carlos Peláez era un guarda de tránsito de Armenia, luego en el año 2002, empecé a prestarle servicio de taxi dos o tres carreras diarias para Armenia, a él había que manejarlo muy bien, con unas espumas a los lados para que se sentara, de todas formas él era muy pesado, esto fue como hasta el 2005 más o menos, había que llevarlo a Pereira, Manizales siempre era para la clínica, para el tratamiento de él, no más. Preguntado: Sabe usted cuánto se le canceló por los servicios de transporte prestados por usted al señor Peláez, entre los años 2002 y 2005. Respondió: Eso tenía un promedio de ochocientos o novecientos mil pesos cada año, porque semanalmente era a diferentes partes Pereira, Manizales o Armenia. Preguntado: A usted quién le cancelaba esas cantidades de dinero. Respondió: A mí me las cancelaba él mismo con dinero que le mandaban del exterior, familiares o amigo (…). Preguntó: Diga al despacho cuál era el costo de cada carrera entre los años 2002, 2003, 2004 y 2005. Respondió: Tenía un costo de cuarenta mil pesos por la ida y otros cuarenta mil por el regreso a Armenia, por lo que había que esperarlo, eso varía el costo por subir combustible y la tarifa de viaje ocasional. Ya fue subiendo diez mil pesos por cada carrera, no más. Preguntado: Diga al despacho promediando cuántas carreras él hacía al mes. Respondió: De ocho a diez carreras mensuales”.

— Certificación suscrita por el señor Carlos Gustavo Londoño Londoño, en la cual hizo constar lo siguiente:

“Yo, Carlos Gustavo Londoño Londoño (…), propietario del vehículo taxi WSJ 605, hago constar que he transportado al señor Carlos Arturo Peláez Alzate, la ciudad de Armenia desde:

Año 2006 carreras por valor de $ 380.000

Año 2007 $ 650.000

Año 2007 $ carrera Manizales $ 180.000

Año 2008 $ 700.000

Año 2009 $ 780.000

Año 2009 $ 160.000 carrera a Pereira

Año 2010 $ 350.000

Para un total de $ 3.200.000”.

— Declaración del señor Carlos Gustavo Londoño Londoño.

“(…) Respondió: Sí. Yo vengo a declarar que yo transporto al señor Carlos Arturo Peláez, yo lo transporto a las citas médicas que él tiene, lo cargo desde el 2006 hasta la actualidad, a todas partes donde lo he llevado siempre ha sido donde médicos, lo he llevado a Armenia, Pereira y Manizales, la mayoría de veces es a Armenia. No hay consistencia cuánto le cobro, porque muchas veces el médico no está, está ocupado y hay que esperar, además, hay que conseguir los medicamentos, hay que ir a varias droguerías y esperar a que consigan los medicamentos, a veces todo el día o a veces medio día, no hay consistencia en el precio de la carrera, siempre nos buscan a tres compañeros, Antonio y Soto. Preguntado: A usted quién le cancelaba esas cantidades de dinero. Respondió: El señor Carlos, pero él tiene una sobrina en España y una hermana que le mandan plata, yo he ido con él a Montenegro a reclamar giros, a veces toca que fiarle la carrera, por la plata hay que esperar unos ocho días. Preguntado: Diga al despacho con qué frecuencia transporta usted al señor Carlos Arturo Peláez. Respondió: En la semana dos o tres veces, de acuerdo como le den las citas a él pero no es fijo (…). Preguntado: Diga si en la actualidad el señor Carlos Arturo puede valerse por sí mismo. Respondió: No es totalmente discapacidad, lo que yo he escuchado es que tiene unas varillas en la columna, él solo no se puede valer para nada, siempre tiene que estar con alguien. Preguntado: Por qué le consta todo lo que ha dicho. Respondió: Porque me ha tocado personalmente vivir todo esto, hace mucho tiempo lo estoy transportando, me ha tocado entrarlo al consultorio, ayudarle a quitar los zapatos, me ha tocado que ver cuando le cambian el pañal, la sonda (…). Respondió: Mensualmente le puedo cobrar yo entre setecientos o ochocientos mil pesos. Haciendo un balance de lo que yo le he cobrado a Carlos Arturo desde el 2006 para acá cuatro o cinco millones de pesos”.

5.2. Indemnización futura.

— Dictamen pericial rendido por el Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios (punto 1).

En consecuencia, para el tribunal a quo:

“Para la liquidación de este rubro, se tendrá en cuenta el último pago realizado por concepto de transporte en la vigencia 2010, y se indexará según las pautas establecidas por el Consejo de Estado”.

Finalmente, se reconoció, por este aspecto, la suma de $ 16’232.785.

6. Servicio de urología y fisiatría.

— Dictamen pericial rendido por el Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios (punto 1).

En este sentido el tribunal a quo realizó el siguiente cálculo:

“Para la liquidación de esta indemnización futura la corporación tendrá en cuenta los valores establecidos en el Decreto 2423 de 1996 (…), teniendo en cuenta que estas tarifas se toman como parámetro de los servicios y procedimientos médicos.

Según la normativa citada, la consulta ambulatoria de medicina especializada equivale a 1.73 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que arroja un guarismo de treinta y dos mil seiscientos ochenta pesos ($ 32.680).

La consulta con el especialista en urología deberá ser cada tres meses y la consulta con fisiatría deberá ser una vez al mes, desde la fecha de ejecutoria de la sentencia y hasta la vida probable del lesionado (48,16 años a los cuales se les restará el período de la indemnización consolidada, equivalente a 399,66 meses), así las cosas, se le reconocerá al señor Carlos Arturo Peláez Alzate la suma de tres millones ciento noventa y ocho mil setenta y dos pesos con dieciséis centavos ($ 3.198.072,16) a título de indemnización futura por concepto de servicios de urología y la suma de cinco millones setecientos cincuenta mil ciento cuatro pesos con setenta y seis centavos ($ 5.750.104,76), a título de indemnización futura por servicios de fisiatría”.

Así las cosas, la Sala estima que el acuerdo conciliatorio logrado no lesiona los intereses de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, dado que obran en el proceso pruebas que permiten establecer con certeza el quantum de la indemnización, por concepto de daño emergente consolidado y futuro a favor del señor Carlos Arturo Peláez Alzate.

Ciertamente, obra en el proceso un dictamen pericial que, con su respectiva aclaración, ofrece el mérito probatorio y credibilidad suficientes para probar lo consignado en el mismo: en primer término, porque fue solicitado oportunamente por la parte demandante y decretado por el a quo dentro del auto de pruebas del incidente; en segundo lugar, porque se basó en documentación que obra en el expediente; en tercer lugar, puesto que registra las investigaciones que se realizaron el experticio, explicando la metodología utilizada e incluye los respectivos soportes los cuales fundamentan cada una de las respuestas.

De igual forma, frente a la aludida prueba se garantizó el ejercicio del derecho de contradicción por parte de los sujetos procesales, pues tanto el dictamen como su complementación se dejaron a disposición de las partes por el término de 3 días, con lo cual se dio cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil (fl. 289, cdno. 1); durante ese término la parte demandada solicitó su aclaración y complementación (fls. 290 y 291, cdno. 1); de la aclaración y complementación del dictamen se dispuso igualmente traslado a las partes por un nuevo término de 3 días, con estricto apego a lo normado en el numeral 4º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil (fl. 307, cdno. 1), sin que hubiere sido objetado por alguna de las partes.

En cuanto al daño emergente consolidado liquidado, se encuentra que las sumas reconocidas tuvieron soporte en los gastos, debidamente acreditados, realizados por la víctima con ocasión de las graves lesiones por él sufridas y en relación con las cuales fue condenado el municipio demandado.

De igual manera, se encuentra que las sumas reconocidas por concepto del daño emergente consolidado y futuro fueron actualizadas y liquidadas, según el caso, de acuerdo con los parámetros y las fórmulas matemáticas que en la actualidad aplica el Consejo de Estado para estos efectos.

Vale la pena aclarar que el tribunal a quo en relación con los gastos futuros en relación con las terapias de fisioterapia que el señor Peláez Alzate debe realizar, tuvo en cuenta únicamente el dictamen pericial inicial según el cual la periodicidad de esas terapias debían ser de por lo menos una vez al mes durante la vida probable de la víctima, sin embargo, en la aclaración del referido dictamen se conceptuó que esa periodicidad debía ser de por lo menos una vez al año.

Con todo, al realizar una comparación entre el monto total de la indemnización una vez efectuados los cálculos de conformidad con los parámetros que fueron ajustados en la aludida aclaración del dictamen, con las sumas que fueron finalmente objeto del acuerdo conciliatorio, se encuentra que el primer cálculo supera al segundo, circunstancia que permite concluir que el referido acuerdo no lesiona el patrimonio público.

De otro lado, precisa la Sala que el acuerdo conciliatorio en examen hace tránsito a cosa juzgada, de conformidad con el artículo 66 de la Ley 446 de 1998.

Finalmente, resalta la Sala que en la audiencia de conciliación se contó con la asistencia del Ministerio Público, la cual es obligatoria (L. 446/98, art. 72 par. 2º) y que la representante de dicho ente de control no se opuso a la conciliación celebrada en esta instancia.

En consecuencia, la Sala aprobará el acuerdo conciliatorio que se surtió en esta instancia, el cual se refirió a los perjuicios causados al único demandante, respecto del proceso de reparación directa citado en la referencia, con sentencia condenatoria de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 de la Ley 446 de 1998 y 43 de la Ley 640 de 2001.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

RESUELVE:

1. APROBAR el acuerdo conciliatorio logrado entre la parte demandante y el municipio de Quimbaya, el día 6 de diciembre de 2012.

2. DECLARAR terminado el proceso.

3. EXPEDIR copias con destino a las partes mencionadas en el numeral primero, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas al demandante serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando en su representación.

4. En firme esta decisión devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(1) Establece el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 640 de 2001 que “en materia de lo contencioso administrativo el trámite conciliatorio, desde la misma presentación de la solicitud deberá hacerse por medio de abogado titulado quien deberá concurrir, en todo caso, a las audiencias en que se lleve a cabo la conciliación”.

(2) El auto por medio del cual el tribunal a quo ordenó cumplir la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado se notificó el día 31 de mayo de 2010 y el incidente de liquidación de perjuicios se presentó el 22 de julio de ese mismo año.

(3) En este sentido, ver autos de julio 18 de 2007, expediente 31838, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y de septiembre 4 de 2008, expediente 33.367, entre otros.

(4) Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 21 de octubre de 2004, expediente 25000-23-26-000-2002-2507-01(25140)DM, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(5) El cuestionamiento formulado por la parte demandada fue el siguiente: “Es importante que aclare el perito cada cuánto se debe hacer el recambio de sonda y si la escara o ulcera glútea es crónica, se presentará durante la vida probable del señor Carlos Arturo Peláez Alzate y si es posible su curación”.

(6) El cuestionamiento formulado por la parte demandada fue el siguiente: “Teniendo en cuenta que la especialidad del médico que rinde el dictamen es la urología, solicitamos que aclare de dónde obtuvo la información de que el paciente debe realizar terapias de control una (1) vez al mes como mínimo en la especialidad de fisiatría, además aclarará la contradicción que hace al referirse que a este tipo de pacientes se le deben enseñar las terapias para adquirir independencia y autonomía para realizar necesidades básicas habituales.

En este orden de ideas si las terapias o ejercicios son enseñados al paciente, por qué razón requiere de control en fisiatría una vez al mes como mínimo”.

(7) El cuestionamiento formulado por la parte demandada fue el siguiente: “Deberá aclarar el perito las razones por las cuales determinó que el paciente desde hace catorce (14) años viene realizando recambios de sonda, estableciendo exactamente si los recambios los realizo a diario o cada cuanto lo realizó”.

(8) El cuestionamiento formulado por la parte demandada fue el siguiente: “Explicará el perito las razones por las cuales argumenta que se debe realizar procedimiento de cambio de sondas 4 o 5 veces al día, en qué literatura de la ciencia o arte médica basa su conclusión, esto si se tienen en cuenta que otros protocolos médicos establecidos en la contestación del incidente, indican que los recambios de sondas para el año de 1997 a 2000 podrían hacerse cada 30 días y que inclusive para fechas actuales estos pueden realizarse cada 21 días, lo que dé igualmente restringiría la aplicación de silicona y guantes quirúrgicos. Aclarando además de si se puede utilizar la misma sonda y si el procedimiento de cambio de estas 4 o 5 veces al día produce traumatismos en la uretra.

(9) El cuestionamiento formulado por la parte demandada fue el siguiente: “Explicará el perito cuáles fueron los especialistas del área de fisioterapia consultados por este y la bibliografía de la literatura médica que indique que las fisioterapias en pacientes con paraplejia se deben realizar de por vida con terapias de control una (1) vez por mes y explicará entonces la contradicción de su conclusión cuando establece que se realizan las terapias para lograr independencia y autonomía del paciente a fin de que pueda realizar sus necesidades básicas cotidianas es decir, se enseñan traslados, terapias para fortalecimiento del tronco y miembros superiores, manejo de vejiga urinaria, entre otros.

Nos preguntamos entonces las razones por las cuales si el paciente aprende a realizar las respectivas terapias para obtener independencia y autonomía y con ello obtener resultados en su beneficio, porqué se deben practicar controles cada mes en contra posición con otros argumentos médicos que sostienen lo contrario, toda vez que el paciente en estos casos nunca obtendrá rehabilitación”.

(10) El cuestionamiento formulado por la parte demandada fue el siguiente: “Aclarará el perito las razones por las cuales establece que el paciente padece de vejiga neurogénica, incontinencia urinaria y estreñimiento, explicando además el por qué requiere el paciente de cambio de pañal 5 veces al día a sabiendas de que por el contrario existe retención de líquidos y sólidos”.

(11) El cuestionamiento formulado por la parte demandada fue el siguiente: “El perito deberá aclarar, dado respuesta del por qué se medica al paciente pasta de delifón 5 mg, que reacciones positivas o negativas crea en el organismo del mismo, la dosis en que se debe suministrar, ya que se limitó a establecer que la receta formulada por el doctor Botía es ajustada, según historia clínica y valoración del paciente. Se pretende establecer mediante dicha información pericial hasta cuándo el paciente debe tomar pastas de delifón, si este medicamento ayuda a mejorar la contractibilidad de la vejiga y si uso diario rebajaría la utilización de sondas”.