Auto 1998-01162 de diciembre 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 760012331000199801162 01 (34270)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Armando Urbina Albarracín y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., diez de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El recurso de reposición interpuesto por la parte demandante y adicionado mediante escrito de 31 de octubre de 2014 se concreta en revocar el auto que aprobó el acuerdo conciliatorio logrado entre los demandantes, William Darío Vargas Arboleda, Yolanda Ardila Montoya, Diana Lizeth Vargas Ardila, Nelsy Lorena Vargas Ardila, Noé Cundumí Tello, Diana Cecilia Caicedo Soto, lliby Cundumí·Tello, Keytis Cundumí Tello, Henry Cundumí Tello, Luis Cundumí Tello, William Rojas Restrepo, Maudine de Jesús Monsalve Ramos, Sandra Lorena Rojas Monsalve, Humberto de Jesús Rojas Restrepo, Hugo Rojas Restrepo, Rosa Amanda Rojas Restrepo, Hercilia Rosa Restrepo de Rojas, José Humberto Toro Cortés, Flor lnés Valencia, Heyder Toro Valencia, Luis Fernando Bedoya, Jhonattan David Bedoya Revelo, Angie Vanessa Bedoya Revelo, Nelly Parra de Bedoya, Carlos Bedoya García, Rubiel Cardona Rivera, Mónica Astrid Campo Olaya, Rubiel Felipe Cardona Campo, Juan Camilo Cardona Campo, Germán Arturo Rendón Londoño, Jeisson Estiven Rendón Duque, Leidy Michel Rendón Duque, Henry Rendón Londoño, Gloria Rendón Londoño, Martha Inés Rendón Londoño, Jesús Rendón Lotero, Libia Londoño Echeverry, José Arnoby Uribe Reyes, Jairo Páez Ocampo, Sandra Yolima Tovar Manrique, Jhony Alexander Páez Tovar, Jairo Esteban Páez Tovar, Henry Paz Ocampo, Luis Ángel Páez Ocampo, Aimer Páez Ocampo, Marco Aurelio Páez, Fabio Orrego Medina, Gloria Gladys Jaramillo Alvarez, Luisa Fernanda Orrego Jaramillo y Luisa Marcela Orrego Jaramillo, y la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso de la referencia, durante la audiencia realizada el 30 de octubre de 2013; y (ii) improbó respecto de los demandantes Ana Julia Vargas Arboleda, Néstor Jaime Vargas Arboleda, Adiela Vargas Arboleda, Ofir Vargas de Sánchez, Carlos Alberto Vargas Arboleda, Jorge Eliécer Vargas Arboleda, María Mercedes Arboleda, Héctor Jaime Vargas, María del Socorro Revelo, Sandra Milena Maldonado y Julián Andrés Uribe Maldonado (fls. 618-670 C.P.).

Con el fin de determinar si en el sub judice es procedente revocar el auto de aprobación dec20 de octubre de 2014, la Sala procede a realizar el siguiente análisis.

1. La legitimación en la causa por activa como requisito sine qua non para aprobar el acuerdo conciliatorio. 

Se trata de un aspecto procesal que oficiosamente el juez contencioso administrativo puede examinar sin que haya lugar a vulnerar lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, ni el principio de la no reformatio in pejus, y menos el precedente de unificación de la Sección Tercera, esto es, la sentencia de 9 de febrero de 2012 (Expediente 21060).

1.1. La legitimación en la causa conceptualmente.

En la verificación de los presupuestos procesales materiales o de fondo, dentro de los cuales se encuentra la legitimación en la causa, corresponde a la Sala, antes de considerar las pretensiones planteadas en el libelo introductorio, analizar la legitimidad para obrar dentro del proceso de la parte actora o de quien acude como demandado y su interés jurídico en la pretensión procesal, pues la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o a las demandadas(24).

En relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, en sentido amplio, la jurisprudencia constitucional se ha referido a esta como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(25). De forma tal que, cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas(26).

Dentro del concepto de legitimación en la causa se vislumbra la legitimación de hecho(27), originada en la simple alegación de esa calidad en la demanda, como lo prevé el artículo 86 del C.C.A., al señalar “la persona interesada podrá”, siendo entonces ese interés mínimo, suficiente para accionar y para proponerlo en la instancia procesal de inicio del juicio(28). En tanto que, la legitimación material se concreta en el evento en que se pruebe realmente la calidad de damnificado para así obtener una sentencia favorable a las pretensiones declarativas de responsabilidad e indemnizatorias de la demanda(29).

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la legitimación en la causa, en su sentido más general, se entiende como el interés que presenta una persona frente a una situación jurídica específica, que le permite asistir a un proceso en la calidad de parte con el fin de defender sus intereses respecto de la creación, modificación o extinción de obligaciones que surja como efecto de la decisión tomada en el mismo(30).

En contraposición a lo anterior, la ausencia de legitimación en la causa se presenta cuando el sujeto no presenta ni siquiera un interés mediato respecto de lo debatido en el proceso, por el cual se asistencia a este se hace innecesaria e impertinente(31).

1.2. La legitimación en la causa por activa en el caso concreto.

1.2.1. La legitimación en la causa por activa de los demandantes del proceso Nº 1998-1157 respecto de los cuales se improbó el acuerdo conciliatorio celebrado el 30 de octubre de 2013.

De conformidad con lo expuesto en párrafos anteriores, esta Subsección verificará que se encuentre plenamente acreditada la calidad de quienes obran en el proceso como padres y hermanos del señor William Vargas Arboleda y sobre los cuales se improbó el acuerdo conciliatorio celebrado el 30 de octubre de 2013.

Para tal efecto, la Sala considera necesario recordar que al presente proceso la señora María Mercedes Arboleda acudió como madre del señor William Vargas Arboleda, y los demandantes Ana Julia Vargas Arboleda, Néstor Vargas Arboleda, Adiela Vargas Arboleda, Ofir Vargas Arboleda, Carlos Alberto Vargas Arboleda y Jorge Eliécer Vargas Arboleda como hermanos de la víctima, junto con la del señor Héctor Jaime Vargas como familiar del señor William Darío Vargas Arboleda, a los cuales les incumbía demostrar dicha calidad conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

Hay que precisar que dichos actores no se encontraban legitimados en el auto de aprobación de la conciliación del 20 de octubre de 2014, puesto que para ese momento no obraba en el expediente copia auténtica del registro civil de nacimiento de la víctima directa, William Darío Vargas Arboleda, para acreditar la calidad de madre y de hermanos. Mediante oficio del 12 de febrero de 2014 (fls. (ilegible) a 591 del cuaderno principal) se solicitó oficiar a la Registraduría del Estado Civil y a la Registraduría Especial de Cali para que se aporte el registro civil de nacimiento de William Darío Vargas Arboleda. En respuesta de la solicitud anterior la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde se dijo:

Vargas Arboleda William Darío, identificado con C.C. 16.681.778, inscrito en la Notaría Uno (1) de Cali - Valle, el día 22 de marzo de 1963, con serial 63103776. La imagen no se encuentra digitalizada en nuestra base de datos, solo la registra la oficina de origen”. (Fl. 602 del cuaderno principal).

Posteriormente se envía un oficio a la Notaría Primera de Cali para que allegue el registro civil de nacimiento de la víctima [fl. 605 del cuaderno principal]. Por todo lo anterior se expide oficio el 12 de mayo de 2014 para Registraduría Nacional del Estado Civil para que verifique la información suministrada por la Notaría Primera de Cali o suministre la información sobre el registro civil pedido. La Registraduría Nacional del Estado Civil responde al oficio de la siguiente manera:

“1. El señor William Darío Vargas Arboleda identificado con C.C. Nº 16.681.778, nacido el 22 de marzo de 1963, se encuentra inscrito en la Notaría Primera de Cali (V) bajo el indicativo serial Nº 63103776, fecha de inscripción 22/03/1963, sin más observaciones”. [Fls. 612 a 613 del cuaderno principal].

Finalmente junto con el recurso de reposición contra el auto del 20 de octubre de 2014 que aprueba la conciliación [fIs. 676 a 678 del cuaderno principal], interpuesto el día 31 de octubre de 2014, se aporta una copia autenticada del registro civil de nacimiento de William Darío Vargas Arboleda [fl. 685 del cuaderno principal], donde queda demostrado que es hijo de María Mercedes Arboleda Toro y Héctor Jaime Vargas.

Es así pues como con el fin de acreditar la legitimación en la causa por activa de los demandantes se allegaron los siguientes medios probatorios al plenario.

1. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de William Darío Vargas Arboleda en el que consta que nació el día 22 de marzo de 1963 y es hijo de María Mercedes Arboleda Toro y Héctor Jaime Vargas [fl. 685 C.P.].

2 Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Ana Julia Vargas Arboleda en el que consta que nació el día 27 de enero de 1958 y que es hija del señor Héctor Jaime Vargas y la señora María Mercedes Arboleda [fl. 8 del cuaderno correspondiente al proceso 1993-1157].

3. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Néstor Jaime Vargas Arboleda en el que consta que nació el día 6 de mayo de 1952 y que es hijo de Héctor Jaime Vargas y la señora María Mercedes Arboleda [fl. 9 del cuaderno correspondiente al proceso 1998-1157].

4. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Adiela Vargas Arboleda en el que consta que nació el día 26 de diciembre de 1959 y que es hija del señor Héctor Jaime Vargas y María Mercedes Arboleda [fl. 10 del cuaderno correspondiente al proceso 1998-1157].

5. Copta auténtica del registro civil de nacimiento de Ofir Vargas de Sánchez en el que consta que nació el 12 de diciembre de 1950 y que es hija del señor Héctor Jaime Vargas y de la señora María Mercedes Arboleda [fl. 11 del cuaderno correspondiente al proceso 1998-1157].

6. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Carlos Alberto Vargas Arboleda en el que consta que nació el día 4 de abril de 1961 y que es hijo del señor Héctor Jaime Vargas y de la señora María Mercedes Arboleda [fl. 12 del cuaderno correspondiente al proceso 1998-1157].

7. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Jorge Eliécer Vargas Arboleda en el que consta que nació el día 29 de agosto de 1956 y que es hijo del señor Héctor Jaime Vargas y de la señora María Mercedes Arboleda [fl. 13 del cuaderno correspondiente al proceso 1998-1157].

En virtud de los anteriores medios probatorios, la Sala considera que: (i) la señora María Mercedes Arboleda Toro, se encontraba legitimada en la causa por activa, puesto que del registro civil de nacimiento de William Darío Vargas Arboleda se observa que la señora María Mercedes Arboleda Toro era la madre de la víctima; y (ii) respecto a los hermanos del señor William Darío Vargas Arboleda, Ana Julia Vargas Arboleda, Néstor Vargas Arboleda, Adiela Vargas Arboleda, Ofir Vargas Arboleda, Carlos Alberto Vargas Arboleda y Jorge Eliécer Vargas Arboleda se encuentran igualmente legitimados para obrar en la causa toda vez que del contraste realizado entre los registros civiles de nacimientos de estos y el registro civil de nacimiento de la víctima es posible concluir que son todos hijos de la señora María Mercedes Arboleda y Héctor Jaime Vargas, padres de la víctima y que en consecuencia son hermanos.

Sin embargo la Sala considera que el señor Héctor Jaime Vargas, no es parte del proceso en mención, aunque la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 21 de marzo de 2006, reconozca condena a su favor. Puesto que no obra poder para comparecer al proceso, no aparece como demandante y ninguno de los actores solicita algún tipo de indemnización en nombre o a favor de dicha persona, ni alegan la calidad de sucesor de esto. Ya que el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil exige que para poder comparecer a un proceso se debe hacer mediante abogado, salvo los casos que la ley permita la intervención directa. Además, el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo exige como contenido de la demanda la designación de las partes y sus representantes, y para el caso del señor Héctor Jaime Vargas no fue hecha.

En consecuencia concuerda la Sala con el a quo en afirmar que los demandantes María Mercedes Arboleda Toro, Ana Julia Vargas Arboleda, Néstor Vargas Arboleda, Adiela Vargas Arboleda, Ofir Vargas Arboleda, Carlos Alberto Vargas Arboleda y Jorge Eliécer Vargas Arboleda se encontraban legitimados en la causa por actuar dentro del proceso, requisito sine qua non para aprobar el acuerdo conciliatorio celebrado el 30 de octubre de 2013. Pero frente al señor Héctor Jaime Vargas. el subjudice se aparta de lo dictado por a quo al encontrar demostrado que dicha persona no es parte del proceso, por lo que no aprueba el acuerdo conciliatorio celebrado el 30 de octubre de 2013 por él y la Fiscalía General de la Nación.

Por lo anterior, procede la Sala a revocar el auto aprobatorio del 20 de octubre de 2014, y aprobar el acuerdo conciliatorio celebrado el 30 de octubre de 2013 entre María Mercedes Arboleda Toro, Ana Julia Vargas Arboleda, Néstor Vargas Arboleda, Adiela Vargas Arboleda, Ofir Vargas Arboleda, Carlos Alberto Vargas Arboleda, Jorge Eliécer Vargas Arboleda y la Fiscalía General de la Nación por cuanto se encuentra demostrado dentro del proceso la legitimación de estos para actuar dentro del proceso, requisito sine qua non para aprobar el acuerdo conciliatorio. Y confirma la no aprobación del acuerdo conciliatorio frente al señor Héctor Jaime Vargas.

1.2.1. La legitimación en la causa por activa del demandante del proceso Nº 1999-0336 respecto del cual se improbó el acuerdo conciliatorio celebrado el 30 de octubre de 2013.

Para este punto esta Subsección verificará que se encuentre plenamente acreditada la calidad de quien obra en el proceso como hijo del señor José Arnoby Uribe y sobre el cual se improbó el acuerdo conciliatorio celebrado el 30 de octubre de 2013.

Para tal efecto, le incumbe demostrar dicha calidad conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo. La Sala encuentra demostrada mediante copia auténtica del registro civil de nacimiento [fI. 3 del cuaderno correspondiente al proceso 1999-336], la calidad de hijo de la víctima, de Julián Andrés Uribe Maldonado.

Por lo anterior, procede la Sala a revocar el auto aprobatorio de 20 de octubre de 2014, y aprobar el acuerdo conciliatorio celebrado el 30 de octubre de 2013 entre Julián Andrés Uribe Maldonado y la Fiscalía General de la Nación por cuanto se encuentra demostrado dentro del proceso la legitimación de este para actuar dentro del proceso, requisito sine qua non para aprobar el acuerdo conciliatorio.

Así pues a la Sala le corresponde por último el estudio de la legitimación en la (ilegible) de las demandantes que ostentan la calidad de compañeras permanentes de las víctimas.

1.2.1.1. La legitimación en la causa por activa de quienes ostentan la calidad de compañera permanente, específicamente de las demandantes de proceso Nº 1999-336 y Nº 1999-1360 respecto de los cuales se improbó el acuerdo conciliatorio celebrado el 30 de octubre de 2013.

De conformidad con lo anterior esta Subsección, verificará que se encuentre plenamente acreditada la calidad de quienes obran en el proceso como compañeras permanentes de las víctimas, la señora María del Socorro Revelo Perdomo respecto del señor Luis Fernando Bedoya Parra, y la señora Sandra Milena Maldonado Romero respecto del señor José Arnoby Uribe Reyes; sobre las cuales se improbó el acuerdo conciliatorio celebrado el 30 de octubre de 2013; conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

Con el fin de determinar si la señora Sandra Milena Maldonado Romero y María del Socorro Revelo Perdomo se encontraban legitimadas en la causa por activa para actuar, la Sala procede a realizar el siguiente análisis.

Como se ha advertido de manera reiterada en la jurisprudencia colombiana, los cambios socioculturales que han sufrido las diversas instituciones que conviven en el marco de la organización social no han sido ajenos a la familia, en tanto núcleo básico y fundamental de aquella(32).

En tal sentido, se ha generado la necesidad de que el ordenamiento normativo reglamente las diversas hipótesis de interacción familiar, entendidas estas como aquellas en las que median vínculos ya sea de consanguinidad, de naturaleza jurídica o simplemente de solidaridad, afecto y apoyo mutuo, avance conforme a las necesidades del conglomerado social, lo que comporta, indefectiblemente el deber de establecer nuevas categorías o figuras encaminadas a regular los efectos jurídicos derivados de esas nuevas tendencias de integración familiar, o a extender los efectos planteados por la ley a otro tipo de situaciones que, por ser análogas, son susceptibles de la misma reglamentación dispuesta para los eventos originalmente previstos por ella.

En este orden de ideas, vale la pena señalar que la figura jurídica de la unión marital de hecho surgió como resultado de la existencia de relaciones familiares no constituidas en torno al rito matrimonial regulado en el Código Civil y que, por tanto, carecían de previsión normativa alguna que permitiera a quienes conformaban este tipo de uniones conocer las obligaciones y derechos derivados de su decisión de formar una familia.

Según lo previsto en artículo 1º de la Ley 54 de 1990, se denominan compañeros permanentes a quienes forman una unión marital de hecho, la cual se constituye a partir de la prueba de la comunidad permanente y singular formada por aquellos que no están casados(33).

Ahora bien, la existencia de la unión marital de hecho podrá probarse por cualquiera de los medios de prueba previstos en el Código de Procedimiento Civil y será de conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia (Ley 54 de –ilegible– artículo 4º)(34). Cosa distinta es que la existencia de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se presuma y que el juez esté llamado a declararla en dos situaciones: i) cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre dos personas sin impedimento legal para contraer matrimonio; ii) cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho (Ley 54 de 1990, artículo 2º)(35).

De ese modo, para acreditar la existencia de la unión marital de hecho debe probarse lo siguiente: i) la unión, es decir, la convivencia, ii) que la unión se efectuó entre dos personas, iii) que no contrajeron matrimonio entre sí, iv) que entre quienes la conforman exista una comunidad de vida permanente, y v) que dicha unión sea de carácter singular, decir monogámica.

Sin embargo para el caso concreto, se debe hacer un estudio sobre el valor probatorio de la declaración extrajuicio, este medio probatorio se encuentra consagrado en el Código de Procedimiento Civil. La jurisprudencia de esta corporación ha sido clara sobre el valor probatorio de dicho medio, por lo que en primer lugar se tiene la sentencia de la Sección Quinta de·14 de diciembre de 1990(36), donde establece las siguientes que: a) como regla general, cuando una declaración es recibida fuera del proceso debe operar la ratificación en los términos de los artículos 229, 298 y 299 del Código de Procedimiento Civil; b) cuando no son ratificadas dentro del proceso al que son llevadas, no pueden tenerse dichas declaraciones como indicio, ya que al no haberse surtido la contradicción respectiva con la persona contra la que se va a hacer valer, las mismas solo revisten el carácter de prueba sumaria.

Por ejemplo, la Sección Tercera mediante la sentencia de 17 de junio de 2004(37) argumentó:

“[…] Sobre la prueba testimonial recibidaextraprocesosincitaciónyasistenciade la parte contra la cual seaduce,se advierteque ellacareceporcompletode eficacia probatoria, cuando no ha sido ratificada en el proceso en el cual sepretendehacer valer, por el mismo testigo y previo el juramento de ley, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 229, 298, 299 del Código de Procedimiento Civil,salvoqueesté destinada a servir depruebasumariaenloscasosenlosquelaleyautorizala aducción de este medio probatorio, como sucede comúnmente en los procesos civiles (ilegible) por ejemplo del de deslinde y amojonamiento y el de disolución, nulidad y liquidación de sociedades (art. 461, 628 C.P.C.). Por consiguiente como esas declaraciones fueron tomadas extraproceso, sin la audiencia de la Nación, no fueron objeto de ratificación en este juicio, y además la ley no la permite en esta clase de procesos, es claro que no puede valorarse”.

Con esta sentencia se ratifica las dos primeras reglas establecidas por la jurisprudencia, relacionada con la exigencia de la ratificación, y con la naturaleza de prueba sumaria que puede revestir una declaración extrajuicio.

Así las cosas, no se puede aceptar como medio probatorio de la calidad de compañero permanente, una declaración extrajuicio no ratificada dentro del proceso judicial. Por lo que para el caso de la señora Sandra Milena Maldonado Romero, no se encontró probada la calidad de compañera permanente del señor José Arnoby Uribe Reyes, pues se aportó una declaración extrajuicio no ratificada (fI. 2 del cuaderno correspondiente al proceso 1999-336). Por consiguiente la Sala se mantiene en lo dicho en el auto aprobatorio de 20 de octubre de 2014 sobre la no aprobación del acuerdo conciliatorio celebrado el 30 de octubre del 2013.

Así mismo en el caso de la señora María del Socorro Revelo Perdomo, para acreditar la calidad de compañera permanente del señor Luis Fernando Bedoya Parra, aportó una declaración extrajuicio [fl. 8 del cuaderno correspondiente al proceso 1999-1360]. Pero dicha declaración no fue ratificada dentro del proceso de primera instancia, por lo que no se encuentra acreditada la calidad de compañera permanente. De manera que la Sala se mantiene en lo dicho en el auto aprobatorio de 20 de octubre de 2014 y no prueba el acuerdo conciliatorio celebrado el 30 de octubre del 2013.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. ADICIONAR en el numeral primero de la parte resolutiva del auto de aprobación del 20 de octubre de 2014 del acuerdo conciliatorio del 30 de octubre de 2013, concediendo la aprobación en favor de los demandantes María Mercedes Arboleda Toro, Ana Julia Vargas Arboleda, Néstor Vargas Arboleda, Adiela Vargas Arboleda, Ofir Vargas Arboleda, Carlos Alberto Vargas Arboleda, Jorge Eliécer Vargas Arboleda y Julián Andrés Uribe Maldonado, que en consecuencia quedará así:

PRIMERO: APRUÉBESE el acuerdo conciliatorio logrado entre los demandantes William Darío Vargas Arboleda, María Mercedes Arboleda Toro, Ana Julia Vargas Arboleda, Néstor Vargas Arboleda, Adiela Vargas Arboleda, Ofir Vargas Arboleda, Carlos Alberto Vargas Arboleda, Jorge Eliécer Vargas Arboleda, Yolanda Ardila Montoya, Diana Lizeth Vargas Ardila, Nelsy Lorena Vargas Ardila, Noé Cundumí Tello, Diana Cecilia Caicedo Soto, lliby Cundumí·Tello, Keytis Cundumí Tello, Henry Cundumí Tello, Luis Cundumí Tello, William Rojas Restrepo, Maudine de Jesús Monsalve Ramos, Sandra Lorena Rojas Monsalve, Humberto de Jesús Rojas Restrepo, Hugo Rojas Restrepo, Rosa Amanda Rojas Restrepo, Hercilia Rosa Restrepo de Rojas, José Humberto Toro Cortés, Flor lnés Valencia, Heyder Toro Valencia, Luis Fernando Bedoya, Jhonattan David Bedoya Revelo, Angie Vanessa Bedoya Revelo, Nelly Parra de Bedoya, Carlos Bedoya García, Rubiel Cardona Rivera, Mónica Astrid Campo Olaya, Rubiel Felipe Cardona Campo, Juan Camilo Cardona Campo, Germán Arturo Rendón Londoño, Jeisson Estiven Rendón Duque, Leidy Michel Rendón Duque, Henry Rendón Londoño, Gloria Rendón Londoño, Martha Inés Rendón Londoño, Jesús Rendón Lotero, Libia Londoño Echeverry, José Arnoby Uribe Reyes, Julián Andrés Uribe Maldonado, Jairo Páez Ocampo, Sandra Yolima Tovar Manrique, Jhony Alexander Páez Tovar, Jairo Esteban Páez Tovar, Henry Paz Ocampo, Luis Ángel Páez Ocampo, Aimer Páez Ocampo, Marco Aurelio Páez, Fabio Orrego Medina, Gloria Gladys Jaramillo Alvarez, Luisa Fernanda Orrego Jaramillo y Luisa Marcela Orrego Jaramillo y la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso de la referencia, durante la audiencia realizada el 30 de octubre de 2013.

2. CONFIRMAR el numeral segundo de la parte resolutiva del auto de aprobación del 20 de octubre de 2014 del acuerdo conciliatorio del 30 de octubre de 2013 frente a los demandantes Héctor Jaime Vargas, María del Socorro Revelo Perdomo y Sandra Milena Maldonado Romero.

3. (Sic).

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

24 Sección Tercera, sentencias del 22 noviembre de 2001, Expediente 13356, Sub-sección C, de 1º de febrero de 2012, Expediente 20660. “Constituye postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sala aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que estas, a diferencia de aquella, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado”. Puede verse recientemente Sección Tercera, Sub-sección C. sentencia de 24 de octubre de 2013, Expediente 27804.

25 Corte Constitucional, Sentencia C-965 de 2003.

26 Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2011, Expediente 20146. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Tercera se ha establecido que. “[…] se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda (…) la legitimación material en la causa, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño […]”. Sección Tercera, sentencias de 11 de noviembre de 2009, Expediente 18163, de 4 de febrero de 2010, Expediente 17720.

27 En torno al concepto enunciado, la sentencia de 20 de septiembre de 2001, Expediente 10973, la Sección Tercera hizo las siguientes precisiones, que en esta oportunidad se prohíjan: “[…] La (ilegible) en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina desde dos puntos de (ilegible) hecho y material. La legitimación de hecho en la causa es entendida como la relación (ilegible) que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir es una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta, en la demanda, y de la notificación de esta al demandado. Quien cita a otro y atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. Vg.: A demanda a B. Cada uno de estos está legitimado de hecho La legitimación material en la causa alude, por regla general, a la participación real de las personas en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas o hayan demandado o que hayan sido demandadas […] La falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerva la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo. La excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador (art. 164 C.C.A.) para extinguir, parcial o totalmente la súplica procesal. La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevo y probado –modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante– que tumba la prosperidad total o parcial de la pretensión, como ya se dijo. La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es (ilegible) anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado […]”.

28 Sección Tercera, sentencia de 19 de agosto de 2011, Expediente 19237.

29 Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, Expediente 13444. En la reciente jurisprudencia de la Sección Tercera se ha establecido que “se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda (…) la legitimación (ilegible) causa, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño […]” Sección Tercera, sentencias de 11 de noviembre de 2009, Expediente 18163, de 4 de febrero de 2010, Expediente 17720.

30 Sección Tercera, sentencia de 31 de octubre de 2007, Expediente 13503. En este sentido la Sección se ha pronunciado en los siguientes términos: “En relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que ésta, en los procesos ordinarios y según lo ha señalado la Sala, no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado. Adicionalmente, se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo. Lo anterior lleva a concluir que en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa, no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda. En consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra”. En auto del 8 de marzo de 2001 la Corte Constitucional reiteró: “Acorde con los principios básicos del derecho procesal, especialmente con el denominado “legitimidad en la causa por pasiva” las obligaciones jurídicas son exigidas respecto de quien se encuentra expresamente llamado por la ley o el contrato a responder por ellas. Así las cosas, para que la acción judicial se abra camino en términos de favorabilidad, es necesario que –además de que se cumplan otros requisitos– existe una coincidencia de derecho entre el titular de la obligación pretendida y el sujeto frente a quien dicha se reclama. La incongruencia o falta de identidad entre dichos sujetos, conduce usualmente al proferimiento (sic) de sentencias desestimatorias, las cuales, como es obvio, resultan altamente perjudiciales para el demandante”. De todo lo anterior se concluye, de un lado, que la legitimación en la causa no es una excepción de fondo en los procesos ordinarios (…)” (Subrayado y negrillas fuera de texto).

31 Por ejemplo, cuando el interés al que se ha hecho referencia no se radica en la persona o personas que han sido vinculadas al proceso en calidad de demandados, se presenta el fenómeno conocido como ausencia de legitimación en la causa por pasiva [artículo 2343 del Código Civil], impide que válidamente se puedan derivar efectos del proceso respecto de aquellas personas, por cuanto no existe identidad entre la persona demandada y aquella que por ley está llamada a responder por el daño causado.

32 En este sentido véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 11 de julio de 2013, Exp. 31252, C.P. Enrique Gil Botero: “La familia en la Constitución Política de 1991, lejos de ser una institución establecida por lazos consanguíneos está definida a partir de los principios de solidaridad, igualdad y respeto. De manera que, la familia como núcleo esencial de la sociedad debe ser protegida por el Estado en su conformación y en la protección de los derechos de las personas que la integran.
Por consiguiente, la noción de familia de la modernidad ha sufrido un cambio de paradigma para abandonar su existencia y fundamentación en la relación biológica y genética para apoyarse en el apoyo mutuo y en el concepto de amor.
(…).
En otros términos, según lo precisa la Carta Política en el artículo 42, la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos (v.gr. el matrimonio), o la unión marital de hecho pero lo cierto es que su fundamentación filosófica reside en la solidaridad que se profesan los miembros y los integrantes de ese núcleo. Por lo tanto, es una estructura social que se constituye a partir de un proceso que genera vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Po lo tanto, si bien la familia puede surgir como un fenómeno natural producto de la decisión libre de dos personas, lo cierto es que son las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor lo que la estructuran y le brindad cohesión a la institución.
Como se aprecia, la familia es el eje central o estructural de la sociedad, la cual debe ser protegida por el Estado; aunado a lo anterior, el matrimonio y la familia son instituciones sociales diferentes que si bien están relacionadas son disímiles. En efecto, el matrimonio es una de las formas jurídicas –por intermedio de la celebración de un negocio jurídico– por medio de las cuales los contratantes conforman de manera libre, voluntaria y consensual una familia, sin que la única forma de constituirla sea el vínculo jurídico referido.
(…).
En conclusión, el matrimonio y, principalmente, la familia han dejado de ser unas instituciones ancestrales estructuradas sobre conceptos eminentemente biológicos y religiosos; a contrario sensu, como lo demuestra la historia, son fenómenos o procesos dinámicos o vivientes que han evolucionado con el paso del tiempo para transformarse o mutar en organismos sociales que pueden presentar diversas manifestaciones, estructuras o integraciones. En esa medida, la familia podrá estar constituida –a modo simplemente ilustrativo– por un padre y una hija, o por una madre soltera con su respectivo primogénito, o por la tradicional decisión libre y voluntaria entre un hombre y una mujer de hacer vida conyugal, o por la decisión libre y voluntaria de dos personas de mismo sexo que se profesan amor y desean realizar vida conyugal.
Por lo tanto, la Constitución de 1991 lejos de establecer o fijar una sola concepción de familia, avaló con apoyo en los principios de igualdad y de libre desarrollo de la personalidad la posibilidad de configuración de distintos tipos y clases de familia, todas ellas merecedoras de la protección estatal del artículo 42 superior”.
En la misma línea se ha pronunciado la Corte Constitucional, en las sentencias C-075 de (ilegible) M. P. Rodrigo Escobar Gil y C-577 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

33 “Artículo 1º. A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho”.

34 Dicha norma fue modificada por la Ley 979 de 2005 (artículo 2º) lo siguiente:
ART. 2º. La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos:
1. Por escritura pública ante notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes.
2. Por acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente constituido.
3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los jueces de familia de primera instancia.

35 Igualmente, el artículo 2º de la Ley 54 de 1990 fue reformado por el artículo 1º de la Ley 979 de 2005, que señaló lo siguiente:
ART. 1º. Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio;
b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho.
Los compañeros permanentes que se encuentren en alguno de los casos anteriores podrán declarar la existencia de la sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes medios:
1. Por mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública ante notario donde dé fe de la existencia de dicha sociedad y acrediten la unión marital de hecho y los demás presupuestos que se prevén en los literales a) y b) del presente artículo.
2. Por manifestación expresa mediante acta suscrita en un centro de conciliación (ilegible) reconocido demostrando la existencia de los requisitos previstos en los literales a) y b) de este artículo.

36 Sección Quinta, sentencia de 14 de diciembre de 1990, Expediente 0471. En dicha sentencia se consideró:
“[…] 2. Para la Sala es incuestionable el planteamiento del a quo en relación con las declaraciones extrajuicio allegadas al proceso con la demanda: una declaración recibida fuera del proceso, necesita ratificación, cuando se “hayan rendido en otro –proceso–, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior” que no es el caso, o cuando se hayan “recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299” (numerales 1º y 2º del art. 229 del C. de P.C.) que es el caso, aun cuando cabe observar que, a partir del primero de junio del presente año, esas declaraciones extraproceso solo pueden solicitarse a personas que estén gravemente enfermas, pero siempre con el requisito de citar a la persona o personas contra las cuales se pretenda hacer valer el testimonio requisito que se mantiene en la nueva disposición subrogatoria del artículo 298 primitivo del C. de P. C. No procede el testimonio extraproceso ahora, cuando se solicita respecto de personas de avanzada edad, o personas que no se encuentren en una de esas dos situaciones, como lo permitía la legislación anterior, y cuando procede debe citarse previamente a la parte contraria.
(Ilegible) esas dos declaraciones extrajuicio, no pueden ser tenidas como prueba, ni siquiera como indicio que puede llegar a ser plena prueba si está debidamente probado en el proceso, se [sic] revisten gravedad y guardan concordancia y convergencia con otros y se relacionan con las demás pruebas que obren en el proceso. La razón es muy sencilla, la falta de contradicción por la no citación de la persona contra la cual se va a hacer valer el testimonio de un tercero, le da a ese testimonio el carácter de “prueba sumaria” (art. 299 primitivo del C. de P.C., reiterado en otros términos por la disposición subrogatoria de Decreto-Ley 2282 de 1989), mas no el carácter de prueba indiciaria, es decir, de hecho que “indica”, que “muestra”, que “señala” o “conduce” a establecer o dar por demostrado otro hecho […] La declaración de terceros y el indicio son medios probatorios diferentes” [subrayado fuera de texto].

37 Sección Tercera, sentencia de 17 de junio de 2004, Expediente 15183.