Auto 1998-02967 de marzo 30 de 2006

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 05001-23-31-000-1998-02967-01(31385)

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Actor: María Cenelia Zapata Cardona y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Bogotá, D.C., treinta de marzo de dos mil seis.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 13 de abril de 2005, que improbó la conciliación judicial celebrada entre las partes.

Antecedentes

El 24 de septiembre de 1998, la señora María Cenelia Zapata Cardona en nombre propio y en representación de sus hijos menores Carlos Andrés y Víctor Alfonso Soto Zapata, Diana Patricia Lopera en nombre de su hijo menor Sebastián Andrés Soto Lopera, Flor María Angulo y Manuel Antonio y María de las Mercedes Soto Angulo, presentaron, por medio de apoderado judicial, demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, con el objeto de que se le declarara responsable por los perjuicios causados con la muerte del señor Ricardo Efrén Soto Angulo.

Como consecuencia de la declaración anterior, solicitaron que se condenara a la demandada al pago de 2.000 gramos de oro a favor de la esposa de la víctima, 1.000 grs. oro para los hijos y la madre y 500 para cada uno de los hermanos, por concepto de daño moral. Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante solicitaron el pago de $ 59.581.250 para la esposa $ 1.111.875, $ 3.927.5000, $ 7.203.125 respectivamente para cada uno de los hijos teniendo en cuenta los años de edad cumplidos al momento de la muerte de su padre (fls. 32-42, cdno. 1).

El primero de marzo de 1999, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y el 29 de noviembre de 2001 corrió traslado para alegatos de conclusión (fls. 44, 304, cdno. 1).

El 16 de febrero de 2005, se realizó, por solicitud de las partes, audiencia de conciliación, en la cual pactaron que la entidad demandada reconocería a la parte demandante las siguientes sumas de dinero:

— Para la esposa, hijos y madre de la víctima 45 smlmv para cada uno de ellos, y para cada uno de los hermanos 23 smlmv, por concepto de perjuicios morales, para un total de 271 smlmv.

— Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante $ 92.000.000 para la esposa, $ 13.000.000 para Carlos Andrés (hijo), $ 17.000.000 para Víctor Alfonso (hijo) y $ 22.000.000 para Sebastián Andrés, para un total de $ 144.000.000.

El auto impugnado

El 13 de abril de 2005, el Tribunal Administrativo de Antioquia improbó el acuerdo conciliatorio de las partes por considerar que siendo la víctima un servidor público, se encontraba frente a un riesgo propio de su actividad y que, en esas condiciones no se encontraban en el expediente elementos probatorios suficientes para establecer si se excedió el riesgo propio del servicio y que esta circunstancia fuera atribuible a una falla del servicio (fls. 320-322, cdno. ppal.).

El recurso de apelación

El 27 de abril de 2005, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra el auto anterior, en el cual manifestó que si bien el señor Ricardo Efrén Soto Angulo perdió la vida cuando se encontraba desempeñando una actividad propia del servicio, este fue un accidente que la víctima no debió sufrir por tener la condición de servidor público, circunstancia que evidencia la ruptura del equilibrio de las cargas públicas.

La calidad de inspector de policía no genera un alto riesgo y por ende se trata de un asunto que debe ser juzgada bajo la teoría del daño especial y del riesgo excepcional (fls. 323-330, cdno. ppal.).

Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto que improbó la conciliación judicial suscrita entre las partes.

De conformidad con el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, podrán conciliar, total o parcialmente, prejudicial o judicialmente, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.

En materias contencioso administrativas la ley autoriza el uso de este mecanismo, siempre que se acrediten unas exigencias especiales que deben ser valoradas por el juez.

Al respecto esta corporación ha señalado, de manera reiterada, que el acuerdo conciliatorio se someterá a los siguientes supuestos de aprobación(1):

a. La debida representación de las personas que concilian.

b. La capacidad o facultad que tengan los representantes o conciliadores para conciliar.

c. La disponibilidad de los derechos económicos enunciados por las partes.

d. Que no haya operado la caducidad de la acción.

e. Que lo reconocido patrimonialmente esté debidamente respaldado en la actuación.

f. Que el acuerdo no resulte abiertamente lesivo para el patrimonio público (L. 446/98, arts. 73 y 81).

Acerca del respaldo probatorio requerido para la aprobación del acuerdo conciliatorio, la Sala, en auto de 30 de marzo de 2000, señaló lo siguiente:

“Entratándose de materias administrativas contenciosas para las cuales la ley autoriza el uso de este mecanismo, dado el compromiso del patrimonio público que le es inherente, la ley establece exigencias especiales que debe tomar en cuenta el juez a la hora de decidir sobre su aprobación.

Entre dichas exigencias, la Ley 446 de 1998, en el último inciso del artículo 73, prescribe que el acuerdo conciliatorio debe estar fundado en “las pruebas necesarias” que permitan deducir una alta probabilidad de condena contra el Estado —en el evento de que el interesado decidiese ejercitar las acciones pertinentes—, de modo tal que lo acordado no resulte lesivo del patrimonio público o violatorio de la ley.

Sin que sea necesario construir un complejo razonamiento jurídico, es claro que en el presente caso el acuerdo logrado por las partes puede ser lesivo para los intereses de la administración, pues, de las pruebas allegadas al expediente no se puede deducir, con claridad, la existencia de la obligación que es objeto de conciliación, a cargo del ente público ...

A título de reflexión final, vale la pena advertir que la conciliación contencioso administrativa constituye, sin duda, un mecanismo valioso en la solución de los conflictos en los cuales se ve envuelto el Estado, no solo porque borra las huellas negativas del conflicto sino porque contribuye eficazmente a la descongestión de los despachos judiciales. Tal circunstancia, sin embargo, no debe hacer perder de vista el hecho de que, a través suyo, se comprometen recursos del erario público cuya disposición no se puede dejar a la voluntad libérrima de los funcionarios sino que requiere del cumplimiento de reglas y exigencias muy severas y precisas que impiden el uso de la conciliación para fines no previstos y no queridos por la ley(2) (se resalta).

Como se observa, el límite de la conciliación, para que resulte procedente, lo marca el hecho de que la misma no sea lesiva a los intereses patrimoniales del Estado, para lo cual habrán de examinarse necesariamente los medios de prueba que conduzcan al establecimiento de la obligación reclamada a cargo suyo. Es por ello que no se trata de un mecanismo jurídico que, a cualquier precio, permita la solución o la prevención de litigios, sino de uno que implica que dicha solución, siendo justa, equilibre la disposición de intereses con la legalidad(3). En otros términos, el reconocimiento voluntario de las deudas por parte de las entidades estatales, debe estar fundamentado en pruebas suficientes, de manera tal que el acuerdo logrado no lesione el patrimonio público.

En el caso concreto dirá la Sala que, el acuerdo logrado por las partes puede ser lesivo para los intereses de la administración, pues, haciendo un cálculo aproximado de la condena que pudiera dictarse en el evento de encontrarse probados los hechos de la demanda y la responsabilidad de la administración, se advierte que las sumas de dinero conciliadas por perjuicios materiales supera el monto que podría llegar a reconocerse en favor de los demandantes, si se tiene en cuenta la fecha de la muerte del señor Ricardo Efrén Soto Angulo, el salario devengado, las obligaciones económicas de la víctima con su esposa y sus tres hijos y el tiempo que restaba para ellos adquirieran la mayoría de edad.

Si bien en la conciliación las partes son las protagonistas en la solución del conflicto que las anima a realizarla, observa la Sala que en el caso en concreto, la conciliación lograda no podía obtener aprobación, debido a que la suma de dinero acordada no se encuentra debidamente justificada con las pruebas que obran en el expediente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

CONFÍRMASE el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 13 de abril de 2005 por las razones expuestas en este proveído.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: María Elena Giraldo Gómez—Ruth Stella Correa Palacio—Alier Hernández Enríquez—Ramiro Saavedra Becerra.

(1) Ver, entre otras, las providencias radicadas bajo los números: 21.677, 22.557, 23.527, 23.534 y 24.420 de 2003.

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto 30 de marzo 2000, radicación: 16.116, actor: Hospital Universitario San Rafael. En el mismo sentido ver: auto de dos de noviembre de 2000, radicación: 17.674, actor: Discon Ltda.; auto de 29 de junio de 2000, radicación: 17.909, actor: José María Pertuz Parra.

(3) Ministerio de Justicia y del Derecho. “La conciliación en el derecho administrativo”. Santafé de Bogotá, abril de 1996, págs. 15-16.