Sentencia A-015 de junio 4 de 1998 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Aprobada según acta 29 de junio 4 de 1998

Magistrada Ponente:

Amelia Mantilla Villegas

Santafé de Bogotá, D.C., junio cuatro de mil novecientos noventa y ocho.

Conflicto positivo de competencia suscitado entre la jurisdicción ordinaria representada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Guadalajara de Buga y la jurisdicción indígena en cabeza del comité ejecutivo de la Organización Regional Indígena Valle del Cauca, Orivac.

Rad. 19980597 A 015

Registro: Mayo 28 de 1998

(...)

La interrelación que mantienen los indígenas procesados al igual que los restantes integrantes de su grupo con los pobladores de los municipios de Restrepo y Darién, resalta la conciencia que tienen de ser distintos a los “civilizados” blancos y mestizos, pero no son indicativos de que hayan declinado o renunciado a su origen y cultura propia como pretende el juez penal del circuito, con lo cual olvida que es una realidad en nuestro país la existencia de diversas etnias y culturas cuya supervivencia, desarrollo y progreso dependen de que se les respete y admita como tales y no de su asimilación o reducción a la cultura mayoritaria. El intercambio, la comunicación y las relaciones que puedan tener las culturas minoritarias con la de las mayorías, no autoriza aseverar que aquellas perdieron su identidad, o que no aspiren a conservar sus tradiciones o que no propugnen por solucionar, en forma autorizada y válida (a la luz de la propia Constitución Política), sus propios conflictos.

La visión del juez en este caso, es abiertamente integracionista —con él en la misma óptica equivocada actúa el agente del Ministerio Público— y por lo mismo errónea si de aceptar y acatar la diversidad cultural y el pluralismo se trata, pues tales principios superiores no pueden decirse respetados cuando se asevera que si un indígena tiene la capacidad de comprender y conocer la nocividad de sus actos, por ese solo hecho carece de arraigo étnico, de territorio nativo y de autoridades indígenas autorizadas para investigar, valorar y juzgar dicho comportamiento, menos aún cuando ellas conservan normas y ritos adecuados tanto al interior de la comunidad como en el conjunto del ordenamiento jurídico nacional, para ejercer un oportuno y eficaz control social que no sólo tienda al castigo del responsable sino además, y quizá lo más importante desde la perspectiva pluralista que se viene señalando, a la conservación de la diferencia cultural junto con los valores y aspiraciones que le son propias.

Por tanto, no tiene razón el juez cuando dice que ni desde el punto de vista subjetivo ni desde la consideración territorial puede aceptarse la competencia indígena en el presente asunto, pues la realidad procesal evidencia todo lo contrario, esto es, que los indígenas tanto el detenido como las autoridades de la comunidad a la cual pertenece, tienen plena conciencia individual y social de su existencia como etnia y con ello, invocando sus propias normas y ritos, reclaman el juzgamiento de los homicidas por parte de sus propias autoridades, todo esto al amparo del artículo 246 de la Constitución Política, más aún cuando los hechos acontecieron dentro de su territorio.

Finalmente, dicha norma constitucional concibe la función jurisdiccional en términos potestativos, “podrán ejercer funciones”, y por eso mismo, no tiene relevancia en el presente asunto y de cara a la decisión ya anunciada, que en un principio el gobernador indígena de Río Bravo hubiera consentido transitoriamente en que la Fiscalía adelantara la investigación (menos aun, conocida la causa de tal actitud: ser hermano de los sindicados y temer venganzas en su contra), como tampoco incide para los mismos efectos la comunicación de un grupo de indígenas pidiendo a la fiscal el máximo castigo para los homicidas, pues en conjunto y coherentemente las diversas autoridades indígenas vienen solicitando el reconocimiento de sus atribuciones jurisdiccionales siendo ellas, conforme lo establece el estatuto supremo, las llamadas mediante sus propios ritos (entre los cuales se contempla la participación de toda la comunidad en algunos estadios del juzgamiento) a administrar justicia en el presente caso.

Por lo que se viene diciendo, la Sala dirimirá el presente conflicto de competencias, atribuyendo el conocimiento del proceso en cuestión a la jurisdicción indígena, representada por el comité ejecutivo de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, Orivac, a quien se remitirá el expediente, y copia de esta decisión se enviará al juez 2º Penal del Circuito de Guadalajara de Buga quien adicionalmente deberá dejar a disposición de la autoridad indígena al nativo detenido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura —Sala jurisdiccional disciplinaria—, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

Dirimir el presente conflicto de competencias entre diversas jurisdicciones, asignando el conocimiento del proceso adelantado contra los indígenas Jairo Escobar Guegue y Florentino Escobar Siagama a la jurisdicción indígena representada por el comité ejecutivo de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, Orivac, conforme a las consideraciones expuestas en precedencia. Remítase el expediente al funcionario competente y copia de la presente decisión, al juez 2º penal del Circuito de Guadalajara de Buga.

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