Auto 1999-00201 de mayo 21 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 76001-31-03-011-1999-00201-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall De Rutén Ruiz

Discutido y aprobado en Sala de veintitrés de enero de dos mil trece.

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. De conformidad con lo preceptuado por el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, el escrito de sustentación del recurso extraordinario de casación deberá contener “3. La formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa. Si se trata de la causal primera, se señalarán las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas. Cuando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre. Si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción”.

Dicho precepto debe complementarse con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, precepto que, en lo referente a la denuncia de normas sustanciales, tiene por cumplida tal exigencia indicando “… cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa”.

De la anterior transcripción normativa se estima necesario, de cara al estudio formal de los cargos resumidos, plantear lo siguiente:

a. En las acusaciones formuladas al amparo de cualquiera de las causales, la precisión y claridad que exige el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, debe caracterizar la argumentación y fundamentación del recurso y, por ende, la demanda de casación y en concreto un cargo que contra la sentencia se erige, debe aludir en forma razonada y concreta a los segmentos del fallo que el recurrente estima equivocados, “habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente” (Cas. Civil, mar. 26/99, Exp. 5149).

Sobre esta manifestación de la precisión exigida en la demanda de casación, en otra oportunidad señaló la corporación: “la acusación del censor debe encerrar una ‘crítica simétrica’ de la sentencia cuestionada, es decir, debe contener un discurso argumentativo que guarde rigurosa coherencia lógica y jurídica con las razones expuestas por el juzgador” (Sent. jun. 27/2000, Exp. 5353), a más que debe revestir tal contundencia que enfrentada la tesis del casacionista con la del tribunal “y no por intuición oficiosa de la Corte, forzoso sea en términos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya” (Sent. jul. 14/98).

Cuando la argumentación del recurrente se enfoca hacia aspectos que no fueron desarrollados por el fallador, es decir cuando van por caminos disímiles, queda claro, que estos carecen de la virtualidad necesaria para enervar el soporte de la sentencia impugnada, siendo inane la censura formulada. Precisamente a este defecto, que supone que el recurrente dirija su labor impugnaticia hacia fundamentos diferentes de los tenidos en cuenta por el fallador y no frente al soporte real de la decisión, de antiguo, en la esfera casacional se le conoce como desenfoque o desatino del cargo, que, por la misma razón anotada, le resta todo mérito de prosperidad a la censura” (Cas. Civil, oct. 18/2000, Exp. 5638).

b. En adición a lo anterior, y en relación con la causal primera, la formulación del cargo “en forma clara y precisa”, apunta a que los argumentos dirigidos a combatir o refutar los sostenidos en la sentencia, se sitúen dentro del preciso marco trazado por el artículo 374 citado, es decir, que la acusación comprenda y determine la forma como se produjo la violación de la norma sustancial: si a ella se llegó directamente, sin consideración a aspectos fácticos o probatorios contenidos o ausentes en la sentencia, toda vez que la confrontación es puramente jurídica entre la norma no aplicada, indebidamente aplicada o erróneamente interpretada y la sentencia. O si a aquella violación se llegó como producto de error de hecho o de derecho cometido por el juzgador en el ámbito de las pruebas, lo que incluye la demanda y su contestación.

No se ciñe a la técnica del recurso, y falta al requisito de la precisión, cuando en un mismo cargo se acude a la mezcla de las vías directa e indirecta aludidas, porque si el cargo se enmarca en la vía directa el recurrente debe partir de la base de su conformidad sobre las conclusiones fácticas del juzgador, y únicamente su crítica debe enderezarse a demostrar la incorrecta aplicación o inaplicación de la norma jurídica en el asunto que se desata, mientras que en la vía indirecta el recurrente no comparte esas conclusiones fácticas, de ahí que le endilgue al tribunal yerros en el ámbito probatorio.

c. También en la órbita de la causal primera, la norma procesal que se comenta exige que en la demanda se indiquen las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas, señalando siquiera una que constituya su base esencial o haya debido serlo, pues resulta elemental el cual la Corte conozca cuál o cuáles son las disposiciones legales a que se refiere el ataque, ya que no de otro modo puede ocuparse del asunto, en razón del principio dispositivo que gobierna al recurso, el cual le impide a la Corte complementar o suplir de oficio las falencias u omisiones de los cargos en casación.

Sobre esta exigencia y la naturaleza de tales normas, la Corte ha dicho en numerosas ocasiones que una norma es de derecho sustancial cuando “en razón de una situación fáctica concreta, declara, crea, modifica o extingue relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación”. Y no tienen tal calidad aquellas que “sin embargo de encontrarse en los códigos sustantivos, se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a describir los elementos integrantes de estos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco la tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo” (Sent. oct. 24/75, G.J. T. CLI, pág. 254). Desde luego que los preceptos instrumentales o reguladores de la actividad en el proceso, no pueden concebirse como normas de esa especie; tales preceptos no le indican al juez cómo decidir los litigios sino cómo adelantarlos, particularidad que, por el contrario, sobresale en las sustanciales, que a fin de cuentas vienen a ser aplicadas al caso sometido a juicio.

En este orden de ideas, en providencia del 4 de septiembre de 1995, esta corporación precisó, con relación a lo expuesto y tomando en consideración el precepto contenido en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991 antes transcrito, que al tenor de su primer numeral es claro que la innovación allí consagrada, “le impide al impugnante señalar caprichosamente en la demanda de casación cualquier norma sustancial con miras a cumplir el aludido requisito formal, desde luego que el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, exige perentoriamente al recurrente que determine las normas de naturaleza sustancial con las cuales deba cumplirse la comparación de la sentencia a fin de establecer si esta las transgrede, carga que, a la luz del numeral 1º del artículo 51 del Decreto 2651, continúa gravitando sobre el recurrente, a quien, no obstante que se le exime de integrar una proposición jurídica completa, se le impone la exigencia de precisarle a la Corte por lo menos una de las normas sustanciales que hayan sido base esencial del fallo, o debido serlo, con las cuales debe compararse la sentencia para ver si, efectivamente, esta la vulnera; requerimiento apenas obvio si se repara en que si aquel desacierta radicalmente en la tarea de señalar esos preceptos, a la Corte no le es dable enmendar esa falta para acomodar el examen a los mandatos que sí son pertinentes del caso. (...)”.

d. Cuando de la causal primera se trata, el recurrente debe indicar, si la vía escogida y así determinada es la indirecta, la clase de error en que incurrió el fallador y su influencia en la decisión que ataca, es decir, señalar la equivocación en que se incurrió en la sentencia, individualizando las apreciaciones erradas e indicando de manera precisa en qué consiste la equivocación (inc. 2º del art. 374 citado), formalidad que no se cumple cuando no se determina o precisa ningún tipo de error, o se alude a uno, pero se omiten los razonamientos que sustentan la censura.

A este respecto, ha señalado la Corte que “la sola enunciación de normas no es suficiente para los efectos pretendidos con esta vía extraordinaria, sino que el planteamiento debe ser completo en el sentido de exponer en qué consiste la infracción, esto es, si corresponde a error iuris in judicando o error facti in judicando, a más de que, tratándose de este último, debe precisar si el mismo proviene de la violación de una norma probatoria, determinándola y explicando en qué consiste la infracción, o en su defecto por una equivocación manifiesta en la apreciación de la demanda, su contestación o determinada prueba, en cuyo caso debe formular un planteamiento lógico que lo demuestre” (Auto sep. 10/2012, Exp. 41001310300220090014001).

2. De cara a las anteriores directrices, resulta evidente que en los cargos resumidos presentan falencias que impiden su admisión.

a. En el cargo primero no existe indicación alguna acerca de cuál es la vía escogida para endilgarle al tribunal la violación de normas sustanciales, si la vía directa o la indirecta, y en tratándose de esta última, si por error de hecho o de derecho en el ámbito de las pruebas.

A esa omisión se le suma la falta de precisión y el desenfoque del cargo al aludir aspectos no desarrollados ni tenidos en cuenta por el tribunal, como cuando afirma que este consideró una sentencia dictada en diciembre de 1999 como interruptora de la prescripción, cuando lo cierto fue que esa corporación consideró, en lo fundamental, que no podían unirse dos tipos de posesiones: una, en la que la actora desplegaba su condición de real dueña a través de la posesión, lo que ocurrió hasta 1985; y la otra, la que a partir de allí y según su dicho, debía desplegar ya no como propietaria real sino como poseedora con la intención de ser propietaria.

O cuando le achaca el recurrente al ad quem haber exigido un título y haberle negado tal calidad a la escritura 542 del 1º de marzo de 1985, instrumento en relación con el cual el tribunal solo lo tomó para apuntar que desde su otorgamiento la actora se desprendió de su dominio y posesión.

O cuando alude a la buena fe —que se presume de derecho en la prescripción extraordinaria—; a la sentencia dictada en anterior proceso de entrega del tradente al adquirente y a las diligencias de entrega practicadas a continuación, aspectos que no fueron tenidos en cuenta por el tribunal como soporte de su fallo.

b. En el cargo segundo, al que se le puede predicar la misma falencia señalada anteriormente en relación con la falta de precisión en cuanto al tipo de violación de norma sustancial de que se sindica al tribunal, se acusa a este de haber violado el artículo 789 del Código Civil, alusivo a la posesión inscrita, norma que en verdad, no fue tenida en cuenta por el juzgador, pues en manera alguna aludió al registro de la posesión o a su cancelación, y es norma que consecuentemente no fue la base esencial del fallo ni ha debido serlo, comoquiera que, tal como lo admite el recurrente en el cargo, regula un aspecto ya dilucidado por la jurisprudencia, el de la posesión inscrita y su enfrentamiento con la posesión material, a la que sí aludió el tribunal. De suerte que al no mencionar como objeto de acusación una sola norma adicional a la ya referida, el cargo aparece deficientemente formulado.

c. En el cargo tercero, el precepto que se invoca como violado no es de estirpe de sustancial. Se trata del artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, que simplemente establece el contenido normativamente dispuesto para una sentencia judicial, y para nada alude a situaciones fácticas que regule para declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas.

d. En el cargo cuarto, en el que se invoca la causal tercera de casación, destinada a hacer ver que el tribunal incurrió en contradicciones en la parte resolutiva de la sentencia, el recurrente se olvidó por completo de dicha parte, omitiendo resaltar qué decisión allí contenida era contradictoria respecto de otra también incluida allí. Por el contrario, enfila baterías contra actuaciones incluso practicadas fuera del proceso en que se profirió la sentencia que dice combatir, dado que su discurso argumentativo se orientó a demostrar que el tribunal había incurrido en violación del propio acto (venire contra factum proprium nulla conceditur), principio de mucha importancia pero por completo ajeno a la hipótesis que la causal aducida consagra. Se echa de menos, en consecuencia, la exactitud, la precisión y la simetría que debe ostentar el cargo en relación con la sentencia combatida.

e. En el cargo quinto, en el que se dice que en el proceso se incurrió en nulidad constitucional porque el tribunal no declaró nulas unas pruebas que el recurrente estima ilícitas, referidas a actos procesales en los que no fue parte la actora primigenia, baste decir, con independencia del acierto de tal afirmación, que esas pruebas no fueron tenidas en cuenta por el tribunal para decidir, resultando este cargo, al igual que los restantes ya mencionados, enteramente desenfocado.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, INADMITE la demanda presentada para sustentar el recurso extraordinario de casación formulado contra la sentencia arriba mencionada y, en consecuencia, DECLARA DESIERTO dicho recurso.

Notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».