Sentencia 1999-00374 de noviembre 25 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 520012331000199900374 01

Expediente: 37451

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Celestino Ortiz Trujillo y otros

Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes y otro

Referencia: Recurso de apelación. Reparación directa

Bogotá, D.C., noviembre veinticinco de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

El apoderado de la parte demandante alegó que la demora del tribunal en reconocerle personería adjetiva había generado una violación al debido proceso, puesto que había dejado sin representación judicial y sin la posibilidad de intervenir a la parte respecto de la cual pretendía actuar. Agregó que lo anterior, impidió, por ejemplo, realizar actuación alguna en relación con la notificación de la sentencia, en la medida en que no pudo interponer los recursos a que hubiera lugar.

Por otra parte, expuso que había confiado en la fecha de ejecutoria de la sentencia contenida en la certificación expedida por el secretario del tribunal, para efectos de iniciar la contabilización del término de 60 días dispuesto en la ley para promover el incidente de regulación de perjuicios, razón por la cual, si bien hubo un yerro por parte del secretario en la expedición de dicha certificación, lo cierto es que las consecuencias de esa circunstancia no deben afectar a la parte que obró confiando en la fidelidad y veracidad del citado documento público.

Con el fin de resolver el presente asunto, la Sala considera conveniente abordar el estudio de los siguientes aspectos: i) la intervención y actuación de los apoderados de las partes en el proceso; ii) el efecto de las certificaciones.

1. La intervención y actuación de los apoderados de las partes en el proceso.

El artículo 228 de la Constitución Política prevé la garantía de toda persona para acceder a la administración de justicia, lo cual quiere significar que la Carta Superior de manera expresa reconoce y protege la posibilidad de todos los residentes del territorio para acudir en igualdad de condiciones, ante los jueces y demás corporaciones judiciales con el fin de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en el ordenamiento vigente.

Al respecto, la Corte Constitucional ha expuesto:

"El artículo 229 de la Constitución Política consagra expresamente el derecho de acceso a la administración de justicia, también llamado derecho a la tutela judicial efectiva, el cual se traduce en la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. Por su intermedio, se le otorga a los individuos una garantía real y efectiva, previa al proceso, que busca asegurar la realización material de este, previniendo en todo caso que pueda existir algún grado de indefensión frente a la inminente necesidad de resolver las diferencias o controversias que surjan entre los particulares ¾como consecuencia de sus relaciones interpersonales¾, o entre estos y la propia organización estatal"(1).

Ahora bien, el Código de Procedimiento Civil, distingue entre la capacidad para ser parte, la cual está radicada en cabeza de toda persona natural y jurídica por el solo hecho de serlo y la capacidad para comparecer o intervenir al proceso, de la cual gozan todas las personas que puedan disponer de sus derechos, en caso contrario, las demás personas deberán comparecer por intermedio de sus representantes o debidamente autorizadas por estos, de conformidad a las normas sustanciales.

Una vez definida la capacidad para ser parte y para comparecer al proceso, el interesado en acudir a la administración de justicia deberá hacerlo por intermedio de un abogado, salvo que la ley disponga otra cosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 229 de la Constitución Política.

Así las cosas, el Estado garantiza a todas personas el derecho a acceder a la administración de justicia en las condiciones y en la forma prevista para ello en la Constitución y la ley, condiciones entre las cuales se encuentra la necesidad de acudir mediante la representación de un profesional del derecho.

Frente a la necesidad de acudir al proceso mediante abogado, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional ha sostenido:

"Tanto para la protección de los derechos, como para la solución de conflictos, el derecho a acceder a la justicia ¾formal o alternativa¾ exige en todas y cada una de las etapas del proceso que la actividad de justicia esté orientada a facilitar la solución pacífica de los conflictos y asegurar de manera efectiva el goce de los derechos. Por eso la Constitución expresamente establece que el derecho sustancial prevalece sobre el derecho formal.

La Corte, en diferentes pronunciamientos, con ocasión del examen de sendas disposiciones del estatuto del abogado ¾en estudio¾ y de otros preceptos de idéntico o similar contenido, ha declarado acordes con la Constitución Política las normas que desarrollan el principio constitucional de exigir, como regla general, la intervención de un profesional del derecho para litigar en causa propia y ajena ¾artículos 25, 28, 29, 31 y 33 D. l. 196 de 1970; 138, 148 inc. 2º, 149 y 150 D. l. 2700 de 1991; 46, 63 y 67 CPC; y 2º y 3º Ley 270 de 1996¾. Y contrarias a dicho principio las disposiciones que desconocen tal previsión ¾arts. 34 D. l. 196 de 1971; 148 inc.1º, 161 (parcial), 322 (parcial) y 355 del D. l. 2700 de 1991; y 374 del Decreto-Ley 2550 de 1988¾. Decisiones de las que se destacan, para mayor ilustración, los siguientes apartes:

"(...) el derecho de todas las personas de acceder a la administración de justicia se relaciona directamente con el deber estatal de comprometerse con los fines propios del Estado social de derecho y, en especial, con la prevalencia de la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo, el respeto a la dignidad humana y la protección a los asociados en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades (C.P., arts. 1º y 2º).

El acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados(2). Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar al derecho a que hace alusión la norma que se revisa ¾que está contenido en los artículos 29 y 229 de la Carta Política¾ como uno de los derechos fundamentales(3), susceptible de protección jurídica inmediata a través de mecanismos como la acción de tutela prevista en el artículo 86 superior.

(..) Sin entrar a analizar detalladamente las implicaciones jurídicas del derecho de defensa, por haber sido estas objeto de abundante doctrina y jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional, debe señalarse que al ser propósito esencial de todo proceso judicial el de lograr la verdad, se debe garantizar plenamente la posibilidad de que las partes interesadas expongan y controviertan con plenas garantías los argumentos que suscitaron el litigio judicial(4). En ese orden de ideas, la Constitución de 1991, precisando aún más lo dispuesto por la de 1886, se encargó de definir al derecho de defensa como un derecho fundamental autónomo, ligado, por razones obvias, al debido proceso, a través del cual ¾como lo anota la sentencia antes citada¾ se permite a toda persona controvertir las acusaciones que en materia administrativa o judicial se presenten en su contra, con lo cual, a su vez, se hacen efectivos otros derechos, como son el derecho a la libertad, a la seguridad, el de petición y aun el derecho a la vida.

Así, pues, toda persona acusada ya sea ante las instancias administrativas o ante las judiciales, tiene el derecho a defenderse. El artículo 29 superior agrega que quien sea sindicado, tiene derecho a ser asistido por "un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento". Esta disposición debe, asimismo, complementarse con el artículo 229 superior que remite a la ley la responsabilidad de definir los casos en que se puede acceder a la administración de justicia sin la representación de abogado. Lo anterior se conoce, particularmente para efectos del procedimiento penal, como la defensa técnica a que tiene derecho el sindicado, la cual, por la trascendencia del cargo, debe ser encargada a una persona versada en derecho, con suficientes conocimientos de orden técnico y, sobre todo, con una amplia capacidad humana que permita al interesado confiar los asuntos más personales e íntimos relacionados con el caso sobre el cual se le ha prestado asistencia. Con lo anterior, esta corporación quiere significar que la defensa técnica, ya sea pública (C.P., art. 282-4) o privada, implica un compromiso serio y responsable del profesional del derecho, el cual no puede limitarse a los aspectos meramente procesales o de trámite, sino que requiere implementar todas aquellas medidas y gestiones necesarias para garantizar que el sindicado ha tenido en su representante alguien apto para demostrar jurídicamente, si es el caso, su inocencia(5)"(6) (negrillas y subrayas fuera del texto).

Si bien las anteriores consideraciones fueron expuestas con ocasión de la necesidad de la defensa técnica en el proceso penal, resultan plenamente aplicables en tratándose del ejercicio del ius postulandi, en la jurisdicción contencioso administrativa.

En este sentido, puede colegirse que el Estado garantiza el derecho de acceso a la administración de justicia, es decir la facultad de acudir ante los órganos judiciales para hacer valer sus derechos o intereses, para lo cual, como presupuesto que pretende precisamente hacer efectiva esa garantía, consagra la necesidad de que el capacitado para comparecer al proceso intervenga a través de apoderado judicial.

Teniendo en cuenta lo anterior, conviene definir el momento a partir del cual dicho apoderado está habilitado para intervenir y actuar en el proceso.

Comoquiera que la Constitución garantiza el acceso a la administración de justicia, esto es, se reitera, protege la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de solicitar a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley, siempre y cuando, como complemento de esa garantía, acudir a través de un abogado, salvo que la ley disponga otra cosa, puede concluirse que el apoderado constituido para estos efectos ¾en los eventos en los cuales, precisamente, actúe en nombre y representación de otra persona¾ se encuentra habilitado para intervenir en el proceso desde el mismo momento del acto de apoderamiento, es decir, desde el momento en el cual el poderdante u otorgante, a través de un acto jurídico unilateral, recepticio, faculta a otra llamada apoderado, mandatario, procurador (entre otros calificativos) para que actúe o celebre, en nombre y por cuenta del primero, uno o varios negocios jurídicos, actuación que tendrá la connotación de judicial cuando dicha facultad se otorgue en relación con la intervención ante la administración de justicia(7).

En efecto, toda vez que cualquier persona puede intervenir ante la administración de justicia, el apoderado que deba actuar en su representación podrá acudir y acceder ante los órganos judiciales, desde el momento en el cual el interesado lo hubiere autorizado y expresamente facultado, situación que ocurre desde el momento en el cual se otorga el poder correspondiente.

Nótese que con anterioridad a dicho acto ¾en el evento en que el profesional del derecho pretenda actuar en nombre y representación de otra persona¾ el apoderado no se encuentra habilitado para actuar, puesto que no ha sido autorizado para ello ¾sin perjuicio de que actúe como agente oficioso (CPC, art. 47)¾ pero con posterioridad, sin lugar a dudas, la manifestación de voluntad del poderdante consistente en la intención de que ese abogado actúe en su representación en determinada causa judicial, lo habilita ipso facto para acudir y actuar en el proceso judicial en defensa de los intereses de la persona que la ha encargado la mencionada gestión.

De igual forma cabe precisar que, incluso, con anterioridad al acto de apoderamiento surgen una serie de derechos y obligaciones para el profesional del derecho, los cuales tienen su origen en el contrato de mandato ¾el cual precede en la mayoría de los casos al apoderamiento¾, a partir de cuya celebración se le hacen exigibles los deberes que según la ley, el abogado debe atender en la relación con sus clientes.

En este orden de ideas, además de las obligaciones propias y concretas que se originen en el contrato de mandato, existen otros deberes a su vez exigibles al abogado y que se derivan de la ley, los cuales deben ser observados por el profesional del derecho desde el momento en el cual se traba la relación jurídico-negocial con el cliente de que se trate. Entre los deberes que se predican del abogado respecto de su cliente, contenidos principalmente en la Ley 1123 de 2007 ¾Código Disciplinario del Abogado¾ se encuentran los siguientes (art. 28):

"(…).

8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto (…);

9. Guardar el secreto profesional, incluso después de cesar la prestación de sus servicios;

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo".

De manera que desde el momento en el cual un profesional del derecho acepta prestar sus servicios, se encuentra en el deber, dentro de muchos otros, de atender sus encargos profesionales con una "celosa" diligencia, la cual tratándose de los procesos judiciales está encaminada principalmente a desarrollar las labores adecuadas y necesarias para defender los intereses de su poderdante, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, la atención de los procesos y de su desarrollo, presentar las solicitudes y recursos pertinentes, al igual que le corresponde estar pendiente de los términos y de las oportunidades procesales y, en general, le incumbe estar al tanto de todas las situaciones que se originen en desarrollo y en ejecución del proceso respectivo.

Ahora bien, cabe advertir que no existe norma jurídica alguna que condicione la intervención y actuación del apoderado hasta tanto el órgano judicial dicte la providencia que le reconozca personería, en otras palabras, en parte alguno del ordenamiento se encuentra previsto que sólo a partir del momento de ejecutoria del auto que se reconozca personería al nuevo apoderado, lo habilita para actuar en el proceso, de lo contrario, esto es en el evento en que el mencionado reconocimiento fuere un presupuesto para la intervención y actuación del abogado, este ni siquiera podría presentar la demanda, lo cual sería a todas luces violatorio del derecho al acceso a la administración de justicia y con este del derecho de acción, además de que sería contrario a toda lógica jurídica.

Debe tenerse en cuenta que, como su nombre lo indica, la actuación prevista en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, parte de un "reconocimiento", es decir al juez le corresponde ejercer un control de legalidad respecto de los presupuestos determinados en la ley para la constitución de apoderados, con el fin de que, luego de hacer el examen correspondiente, proceda a admitir o aceptar a determinado abogado como representante judicial de aquella persona que le confirió el mandato.

De lo anterior pueden deducirse dos afirmaciones: i) que el pronunciamiento que haga el operador judicial en el sentido de reconocer personería tiene efectos declarativos y no constitutivos, en la medida en que se acepta que el apoderado que decía actuar en nombre de determinada parte reúne las condiciones y requisitos para ejercer válidamente esa representación; y como consecuencia de lo anterior; ii) que cualquier pronunciamiento que sobre este aspecto se realice, sea reconocer, o no, personería, podría eventualmente afectar la validez o eficacia de los actos desarrollados por el apoderado con anterioridad al dicho pronunciamiento o afectar, en igual sentido, los actos que pretenda cumplir con posterioridad, para lo cual habría que darse el tratamiento previsto en los artículos 140 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, según corresponda, pero en ningún momento tendría el efecto de habilitar el inicio de la intervención y actuaciones del apoderado, como lo alegó el recurrente, puesto que, se reitera, dicha habilitación surge con el acto de apoderamiento.

Por consiguiente hay lugar a concluir que la habilitación a un apoderado para intervenir y actuar en un proceso surge desde el momento en el cual se celebra el acto de apoderamiento, por medio del cual el poderdante lo faculta expresamente para estos efectos y no desde la providencia que reconoce personería, la cual tiene efectos retroactivos y su finalidad es ejercer un control de legalidad respecto de la verificación, presupuestos necesarios para aceptar como abogado de una parte al que dice actuar en esa condición, pronunciamiento que no afecta la posibilidad de intervenir sino la validez y eficacia de los actos procesales cumplidos o que cumpla en esa calidad.

En el caso concreto se encuentra que mediante memorial allegado al despacho del tribunal a quo el 10 de noviembre de 2008, la parte demandante otorgó poder a un nuevo apoderado para que ejerciera su defensa judicial. Analizado el poder puede observarse que el poderdante lo confirió el 4 de noviembre de 2008, según consta en la nota de presentación personal correspondiente (fl. 409 c. ppal.).

En consecuencia, desde el 4 de noviembre de 2008 estaba habilitado el apoderado para intervenir y actuar en el proceso, a quien ya le era exigible el deber de la "celosa" diligencia que resulta predicable de un profesional del derecho que por sus conocimientos especializados en relación con las normas sustanciales y procesales, debía poner todo su empeño en la realización de las actividades pertinentes y adecuadas para defender los intereses de su poderdante.

En este sentido no resulta acertado lo que alega el apoderado del recurrente en el sentido de justificar su falta de actuación en el proceso en la omisión por parte del tribunal de reconocerle personería, en la medida, se reitera, que la habilitación para intervenir no surge de la citada providencia sino del acto de apoderamiento.

Así pues, no había razón alguna para que el representante judicial se abstuviera de atender el proceso y estar al tanto de las actuaciones que se presentaran en este, entre ellas la sentencia y su notificación, con miras a interponer los recursos a que hubiere lugar o iniciar el incidente de regulación de perjuicios de manera oportuna.

2. La certificación expedida por el secretario del tribunal.

Ahora bien, una vez en claro que la omisión del tribunal a quo en reconocer personería a la primera oportunidad que tuvo ¾esto es al dictar la sentencia¾ no impedía que el apoderado de la parte demandante interviniera y actuara en el proceso, la Sala se ocupará de analizar el segundo cargo esgrimido por el recurrente, relacionado con los efectos de la certificación expedida por el secretario del tribunal acerca de la fecha de ejecutoria de la sentencia.

Dice el recurrente que ajustó su comportamiento a la certificación expedida por el secretario del tribunal, la cual, al tener la naturaleza de documento público, constituía plena prueba de lo contenido en ese documento, razón que lo llevó a confiar plenamente en que la fecha de ejecutoria de la sentencia había sido la indicada en la certificación y por ello contó el término de los 60 días para iniciar el incidente de regulación de perjuicios desde esa fecha.

Analizado el expediente se encuentra que el Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia el 30 de enero de 2009, mediante la cual declaró responsable al municipio de Mocoa de los daños causados al demandante por el retraso, mora y daños ocasionados al vehículo automotor de placa VXA-710, cuya posesión ostentaba.

A folio 433 obra el edicto en el cual consta que fue fijado el 11 de febrero por el término de 3 días y desfijado el 13 de febrero de 2009, por lo anterior resulta claro que la sentencia quedó ejecutoriada el 18 de febrero de ese mismo año.

Respecto de la certificación de la fecha de ejecutoria de la sentencia expedida por el tribunal, la Sala encuentra que fue aportada en copia simple dentro de los anexos que hacían parte del escrito mediante el cual se propuso el incidente de regulación de perjuicios (fl. 9 c. ppal.), circunstancia que impide su valoración, de conformidad con la abundante jurisprudencia que al respecto ha edificado esta corporación.

Al respecto esta Sección del Consejo de Estado, de manera reiterada(8), ha considerado:

"Acerca de los documentos que se aporten a un proceso judicial, el Código de Procedimiento Civil establece que estos podrán allegarse en original o en copia, la cual puede estar constituida por trascripción o por reproducción mecánica. Si se trata de copias, estas tendrán el mismo valor probatorio que los originales en los siguientes casos:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o la copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia auténtica en el curso de inspección judicial.

Resulta pertinente aclarar que la vigencia del artículo 11 de la Ley 446 de 1998 y la del artículo 25 del Decreto 2651 de 1991, según los cuales los documentos presentados en sede judicial se reputan auténticos, en nada modifican el contenido de los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pues el primero de ellos se refiere sólo a documentos privados y el segundo, como bien lo ha establecido la Corte Constitucional, alude a documentos originales y no a copias.

En sentencia del 11 de febrero de 1998, al declarar exequibles los numerales segundo del artículo 254 y tercero del artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, la Corte aclaró que:

'El artículo 25 citado se refiere a los 'documentos' y hay que entender que se trata de documentos originales. En cambio, las normas acusadas versan sobre las copias, como ya se ha explicado. Sería absurdo, por ejemplo, que alguien pretendiera que se dictara mandamiento de pago con la copia simple, es decir, sin autenticar, de una sentencia, o con la fotocopia de una escritura pública, también carente de autenticidad.

'Un principio elemental que siempre ha regido en los ordenamientos procesales es el de que las copias, para que tengan valor probatorio, tienen que ser auténticas. Ese es el principio consagrado en las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan lo relativo a la aportación de copias de documentos.

'De otra parte, la certeza de los hechos que se trata de demostrar con prueba documental, y en particular, con copias de documentos, está en relación directa con la autenticidad de tales copias. Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial.

'En tratándose de documentos originales puede el artículo 25 ser explicable, porque su adulteración es más difícil, o puede dejar rastros fácilmente. No así en lo que tiene que ver con las copias, cuyo mérito probatorio está ligado a la autenticación.

'Si el artículo 25 hubiera querido referirse a las copias así lo habría expresado, porque en el derecho probatorio es elemental la diferencia entre documentos originales y copias. Pero, no lo hizo, como se comprueba con su lectura…'.

"…

Con otras palabras, las copias simples no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil antes citado(9)…" (resaltado del original).

Habida consideración de que el documento allegado carece de eficacia probatoria, le impide a la Sala pronunciarse sobre los argumentos que en relación con este documento esgrimió la parte demandante.

Así las cosas, dado que la ejecutoria de la sentencia se produjo el 18 de febrero de 2009, como bien lo adujo el Tribunal Administrativo de Nariño, el término de los 60 días previstos en la ley para promover el incidente de regulación de perjuicios venció el 22 de mayo de 2009 y comoquiera que el incidente se promovió el 18 de junio de 2009, encuentra la Sala que se ejerció cuando el término respectivo había fenecido.

En consecuencia, la Sala confirmará el acto impugnado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto apelado, esto es el proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, el día 8 de julio de 2009.

2. En firme esta decisión devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(2) "Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión Nº 5. Sentencia T-173 del 4 de mayo de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo".

(3) "Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-006 de 1992, T-597 de 1992, T-348 de 1993, T-236 de 1993, T-275 de 1993 y T-004 de 1995, entre otras".

(4) "Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión Nº 1. Sentencia T-436 del 1º de julio de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón".

(5) Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(6) Corte Constitucional. Sentencia C-507 de 2001, Dr. Álvaro Tafur Galvis.

(7) Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 27 de mayo de 2009. Expediente 36432.

(8) En este sentido ver, entre muchas otras providencias, sentencia proferida el 7 de mayo de 2008, dentro del expediente 27.509.

(9) "… la exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle 'el mismo valor probatorio del original' es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos…". Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.