Auto 1999-00630/57663 de octubre 11 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 17001-23-31-000-1999-00630-01 (57.663)

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Carlos Arturo Arcila González

Demandado: Municipio de Pácora (Caldas)

Proceso: Acción de reparación directa (incidente de liquidación de condena)

Bogotá, D.C., once de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, esta corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones interpuestas contra los autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda la apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

Ahora bien, el artículo 181 ibídem establece cuáles son las providencias susceptibles de apelación, en los siguientes términos:

“Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales (sic) de los jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus secciones o subsecciones, según el caso; (sic) o por los jueces administrativos:

“1. El que rechace la demanda.

“2. El que resuelva sobre la suspensión provisional.

“3. El que ponga fin al proceso.

“4. El que resuelva sobre la liquidación de condenas.

“5. El que apruebe o impruebe conciliaciones prejudiciales o judiciales.

“6. El que decrete nulidades procesales.

“7. El que resuelva sobre la intervención de terceros.

“8. El que deniegue la apertura a prueba, o el señalamiento del término para practicar pruebas, o el decreto de alguna pedida oportunamente o deniegue su práctica.

“El recurso contra los autos mencionados deberá interponerse directamente y no como subsidiario de la reposición.

“Por regla general el recurso se concederá en el efecto suspensivo” (se subraya).

De la norma en cita se tiene que la providencia del 24 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, es susceptible del recurso de apelación, por tratarse de un auto que resolvió sobre la liquidación de una condena.

Caso concreto

La parte demandada solicitó que no se tenga en cuenta, para efectos de la condena en concreto, el dictamen pericial rendido por el señor Mario Aguilar, pues, a su juicio, este no tiene los conocimientos técnicos en el tema objeto de peritaje y, además, avaluó el perjuicio, a partir de enero de 1998, no obstante que la acción que causó el daño ocurrió en mayo de ese año.

Pues bien, en lo que respecta al dictamen pericial, se tiene que el numeral 6º del artículo 237 del Código de Procedimiento Civil prescribe que este “debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones” (se subraya).

Por otra parte, el artículo 241 ibídem establece lo siguiente:

“Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.

“Si se hubiere practicado un segundo dictamen, este no sustituirá al primero pero se estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere objeción por error grave” (se subraya).

Ahora, el Consejo de Estado, en relación con las normas recién mencionadas, ha dicho que (se transcribe literal):

“(...) para su eficacia probatoria, el dictamen pericial debe reunir ciertas condiciones de contenido como son la conducencia en relación con el hecho a probar; que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; que no se haya probado una objeción por error grave; que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; que haya surtido contradicción; que no exista retracto del mismo por parte del perito y en fin que otras pruebas no lo desvirtúe. El dictamen del perito debe ser claro, preciso y detallado; en él se deben explicar los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones y durante el traslado del dictamen pericial las partes pueden solicitar que este se complemente o aclare u objetarlo por error grave. A su turno, el artículo 241 ibídem señala que al valorar o apreciar el juez el dictamen de los peritos, el juez tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra. En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho, de suerte que permita al juez otorgarle mérito a esta prueba por llegar a la convicción en relación con los hechos objeto de la misma(9) (se resalta).

De lo anterior, para el despacho es claro que el juez, a la luz de la sana crítica y de las reglas de la experiencia, debe valorar el dictamen pericial con el fin de acogerlo, total o parcialmente, o desechar sus resultados, siempre que no sea claro, preciso y detallado y no reúna las condiciones para adquirir eficacia probatoria, como son: i) la conducencia en relación con el hecho por probar, ii) que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo, iii) que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad, iv) que no se haya probado una objeción por error grave, v) que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras, firmes y consecuencia de las razones expuestas, vi) que haya surtido contradicción, vii) que no exista retracto del mismo por parte del perito y viii) en síntesis, que otras pruebas no lo desvirtúen.

Pues bien, en el caso bajo estudio, se observa que el tribunal a quo, en virtud de la sana crítica, valoró los dos dictámenes periciales que fueron practicados en el trámite del incidente de liquidación de perjuicios y, al hallar que el rendido por el señor Mario Aguilar “se destaca por abordar todos y cada uno de los ítems puestos a su consideración, explicando de manera clara y consistente los conceptos, datos y hallazgos que le permitieron arribar a las conclusiones entorno (sic) a los mismos”, acogió dicho concepto para imponer la condena en concreto del daño emergente.

Al respecto, considera este despacho que la valoración y análisis probatorio realizado por el tribunal a quo, en relación con los dictámenes rendidos en el marco del mencionado incidente de liquidación de perjuicios, no solo se ajustó a los mandatos exigidos por la ley, sino que se ciñó a los parámetros fijados por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Ahora, en relación con la experticia del perito que ahora pretende debatir la parte apelante, el despacho pone de presente que no es esta la oportunidad procesal para hacerlo, máxime que el a quo, en garantía del debido proceso, corrió traslado(10) a las partes, por un término de 3 días, para que solicitaran complementación, aclaración u objetaran por error grave la prueba pericial rendida por el señor Mario Aguilar, no obstante lo cual ambas guardaron silencio(11).

Lo dicho encuentra fundamento en los principios de oportunidad y preclusión que deben regir todas las actuaciones administrativas y judiciales, principios según los cuales se debe actuar con observancia de los términos y de las etapas procesales, a fin de defender intereses en un proceso, pues no es dable que luego de que las mismas se hayan surtido, se pretenda revivirlas con el propósito de subsanar las posibles omisiones en las que se haya incurrido cuando la oportunidad procesal se encontraba vigente.

De otro lado, el despacho encuentra que le asiste razón a la parte apelante en relación con el monto de la condena impuesta por el tribunal, pues, una vez revisado el dictamen pericial en comento, se observó que el perito calculó el valor de lo dejado de percibir por el actor a partir de enero de 1998, no obstante que el daño se causó en mayo de ese año, inconsistencia que no fue advertida por el a quo al señalar el total de la indemnización; en consecuencia, en aras de subsanar tal error, se liquidará el valor de la condena en concreto, teniendo en cuenta lo que se dejó de percibir entre mayo de 1998 y diciembre de 2013.

Procede el despacho, entonces, a calcular el quantum indemnizatorio, de conformidad con el dictamen pericial rendido por el señor Mario Aguilar (ver fl. 162, c. incidente), así:

Año#CargasValor dejado de percibir año tras año
1998453.060.000(12)
1999454.882.500
2000454.725.000
2001Saqueo-5.300.000
2002272.741.000
2003343.952.500
2004406.650.000
2005376.953.400
2006304.845.000
2007Renovación cultivo-6.300.000
2008277.897.500
20093410.710.000
20104012.040.000
20113717.297.500
2012308.400.000
2013284.200.000
Total: $ 86.754.400

Ahora, a este valor ($ 86.754.400), que corresponde a lo dejado de percibir desde mayo de 1998 hasta diciembre de 2013, se le sumará el valor del cultivo que se perdió con ocasión del deslizamiento de tierra que, como atrás se dijo, fue cuantificado por el perito en $ 35.208.000 (ver página 2); en consecuencia, el valor total de la condena por perjuicios materiales se fija en $ 121.962.400.

Finalmente, el despacho advierte que esta última suma no será objeto de actualización, toda vez que, por un lado, el tribunal a quo no lo hizo en el auto apelado y la parte actora guardó silencio al respecto y, por otro lado, de hacerlo, se estaría trasgrediendo el principio de non reformatio in pejus a que se refiere el artículo 357 del C. de P. C.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

MODIFÍCASE el auto del 24 de junio de 2016, proferido por Tribunal Administrativo de Caldas, el cual quedará así:

1. FÍJASE en ciento veintiún millones novecientos sesenta y dos mil cuatrocientos pesos ($ 121.962.400) el valor del daño emergente causado a la parte demandante.

2. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase».

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de mayo de 2017, proceso Nº 73001-23-31-000-2005-00776-01, exp.: 37098.

10 Fl. 187, c. del incidente de liquidación.

11 Fl. 213, cdno. ppal.

12 En el cuadro original realizado por el perito, el valor dejado de percibir en 1998 (de enero a diciembre) fue de $ 4.590.00 (sic); sin embargo, como ya se advirtió atrás, la sala tendrá en cuenta lo dejado de percibir desde mayo de 1998 hasta diciembre de ese mismo año, esto es, $ 3.060.000, suma que resulta de dividir $ 4.590.000 en 12 (número de meses que tiene un año), multiplicar ese resultado ($ 382.500) por 8 (meses tenidos en cuenta para liquidar mayo a diciembre de 1998).