Auto 1999-00831 de febrero 8 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 25000 2324 000 1999 00831 02

Demandante: Fiduciaria Cooperativa de Colombia-Fidubancoop en liquidación y Constructora M.R.M. Ltda., Inversiones Inmobiliarias

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro

Referencia: Recurso ordinario de apelación contra el auto que negó el mandamiento de pago (CCA)

Consejero Ponente:

Dr. Oswaldo Giraldo López.

Bogotá D.C., ocho de febrero de dos mil dieciocho.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto del 18 de diciembre de 2012 proferido por la Sección Primera, Subsección “C” de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se negó el mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo iniciado en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro(1).

1. Antecedentes.

El 14 de mayo de 2012, la Fiduciaria Cooperativa de Colombia-Fidubancoop en liquidación y la Constructora M.R.M. Ltda., Inversiones Inmobiliarias, presentaron demanda ejecutiva de mayor cuantía por obligación de hacer ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que se ordenara a la Superintendencia de Notariado y Registro el cumplimiento de la sentencia del 18 de abril de 2007, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado(2).

2. El auto suplicado.

El Despacho sustanciador, mediante auto de 18 de diciembre de 2012, negó el mandamiento de pago solicitado, providencia que fue aclarada mediante auto del 17 de julio de 2013(3).

Se señala en la providencia que se abstiene de librar orden ejecutiva porque el actor no allegó la primera copia de la sentencia que prestaba mérito ejecutivo y, por el contrario, solicitó que oficiara al Consejo de Estado para que enviara, con destino a la controversia de ejecución, el expediente en el cual se profirió el fallo objeto de estudio, como quiera que contra dicho fallo se había interpuesto recurso extraordinario de revisión ante esta Corporación.

3. El recurso de apelación.

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, para que, en su lugar, se libre el mandamiento de pago incoado, en consideración a que con posterioridad al envío del expediente contentivo de la presente ejecución a la Sala de Descongestión, la Sala del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que avocó inicialmente el conocimiento de la misma, hizo llegar a dicha Sala copia auténtica de tal sentencia junto con varios cuadernos más de la actuación, que por error no se habían anexado, quedando de tal forma desvirtuado el motivo de rechazo.

En segundo lugar expuso que, de acuerdo con el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, el proceso para hacer cumplir una sentencia se adelanta con el expediente original en que ésta se profirió, de tal suerte que no era necesario aportar para el efecto la copia auténtica de aquella.

4. Consideraciones.

4.1. En orden a decidir lo pertinente, la Sala debe comenzar por señalar que no encuentra acreditado el hecho que aduce la parte actora en relación a que el Tribunal Administrativo que avocó inicialmente el conocimiento del asunto remitió con destino al Despacho de descongestión copia auténtica de la sentencia que se pretende ejecutar. Del examen del expediente, se advierte que el mismo fue remitido al citado despacho el día 15 de noviembre de 2012(4), en un cuaderno que contenía 140 folios, y que dentro de dichas piezas no obraba copia auténtica de la mencionada sentencia; por el contrario, dentro de esos documentos se observa la solicitud efectuada por la parte actora, en escrito posterior a la demanda ejecutiva, dirigida a que se oficiara al Consejo de Estado para que se allegara, con destino al proceso, tal pieza procesal(5).

En este orden, la Sala debe puntualizar que al momento en que fue adoptada tanto la decisión apelada —18 de diciembre de 2012—, como el auto que la corrigió —13 de marzo de 2013—, no se había allegado al proceso la copia auténtica de la sentencia objeto de ejecución. Y en cuanto a la remisión de las actuaciones que informa el aquí recurrente, esta sucedió solo hasta el 29 de mayo de 2013(6), esto es, con posterioridad a la decisión apelada. En esa oportunidad se remitió al Tribunal de descongestión por parte del Tribunal que conoció inicialmente de la actuación el expediente original que a su vez le había sido devuelto por el Consejo de Estado, en el que se encuentra la sentencia objeto de ejecución.

4.2. Por otro lado, la Sala estima oportuno recordar, que el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo indica que dentro de los procesos ejecutivos que se originan por condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa, deberá aplicarse la regulación del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía que se encuentra establecida en el Código de Procedimiento Civil(7).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, son demandables ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o su causante y constituyan plena prueba en su contra. Así mismo, aquellas que emanen de sentencias judiciales de condena, o de otras providencias judiciales que tengan fuerza ejecutiva.

De igual forma, el artículo 335 de la misma normativa establece que cuando la sentencia haya condenado al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor deberá solicitar la ejecución, con base en dicha sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Agrega esta disposición, que no se requiere formular demanda, pues basta la petición para que se profiera el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de aquella.

4.3. En el presente caso, el día 14 de mayo de 2012, la parte actora presentó la demanda para dar inicio al proceso ejecutivo por obligación de hacer ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que se ordenara a la Superintendencia de Notariado y Registro el cumplimiento de la sentencia del 18 de abril de 2007, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, para lo cual acompañó una copia simple de la providencia judicial, advirtiendo que el expediente se encontraba en el Consejo de Estado por razón del trámite del recurso extraordinario de revisión que se interpuso contra la sentencia.

El a quo, no obstante, se abstuvo de librar el mandamiento de pago porque el actor no allegó la primera copia de la sentencia que prestaba mérito ejecutivo, lo cual no es exigible tratándose de la ejecución ante el mismo juez de conocimiento, ya que esta se adelanta dentro del mismo expediente en que fue dictada con fundamento en la sola petición que al efecto presente el demandante.

4.4. Ahora bien, teniendo en cuenta que en la actuación ya obra el expediente del proceso ordinario en el que se profirió la providencia cuya ejecución se pretende, la Sala revocará la providencia apelada y, en su lugar, dispondrá que el Tribunal provea sobre el mandamiento de pago solicitado por el demandante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

1. REVOCAR el auto de fecha 18 de diciembre de 2012 y, en su lugar, ORDENAR a la Sección Primera Subsección C de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que provea sobre el mandamiento de pago solicitado por el demandante.

2. REMITIR el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para lo pertinente.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Magistrados: Hernando Sánchez Sánchez, presidente.—María Elizabeth García González.—Oswaldo Giraldo López.—Roberto Augusto Serrato Valdés.

1 Presentada el 14 de mayo de 2012.

2 Sentencia emitida en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se adelantó bajo el Exp. 850012331000200300081 01.

3 Mediante el auto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decretó la nulidad de todas las actuaciones procesales posteriores a la expedición de la providencia que negó librar el mandamiento de pago, al observar que la notificación de tal pronunciamiento debía hacerse por estado, y no por edicto, como se hizo. Igualmente, en este pronunciamiento, se aclaró el artículo primero del auto del 18 de diciembre de 2012, toda vez que el mismo contenía un yerro, el cual consistió en negar el mandamiento a una empresa diferente a la ejecutante.

4 Fl. 140, cdno. 1.

5 Fl. 130, cdno. 1.

6 Fl. 243 A, cdno. 2.

7 Es pertinente la aplicación de esta norma procesal (CPC) y no la prevista sobre esta misma materia en el Código General del Proceso (CGP), en razón a que este estatuto procesal entró a regir en la jurisdicción contenciosa administrativa a partir del 1º de enero de 2014, según lo precisado por la Sala Plena de esta Corporación en el auto de unificación de 25 de julio de 2014, proferido en el Exp. 49.299, C.P. Enrique Gil Botero, y a que la demanda ejecutiva que dio origen a esta actuación se formuló el día 14 de mayo de 2012.