Auto 1999-00871 de enero 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 050012331000199900871 01

Número Interno: 0825-12

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Carlos Alberto Bolaños Ortiz

Autoridades nacionales

Apelación interlocutorio

Incidente regulación de honorarios

Bogotá, D.C., dieciocho de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Considera:

El asunto se contrae a establecer si la decisión del a quo de regular como honorarios por la gestión profesional adelantada por el abogado Jorge Luis Echeverri Obregón la suma de $ 240.254.865 con ocasión del proceso ordinario Nº 1999-0871, según la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios suscrito el 1º de marzo de 1999; se ajusta a derecho de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.

De la regulación de honorarios de que trata el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.

Para la regulación de los honorarios profesionales el exapoderado a quien se le ha revocado el poder cuenta con una doble opción. De un lado, al tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, dentro de los 30 días siguientes al de notificación del auto que admite dicha revocación puede pedirle al juez de la causa que regule sus honorarios profesionales mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso.

De otro lado, el exapoderado tiene la posibilidad de acudir ante la justicia laboral, ya que en virtud de lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001 ella conoce de “los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera sea la relación que los motive”. De modo, que el apoderado del accionante bien podía acudir, como en efecto lo hizo, al trámite incidental previsto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, con el fin de obtener la regulación de sus honorarios profesionales, descartando la vía de la justicia ordinaria laboral. Y al escoger la vía incidental, el juez asumió legalmente la competencia para decidir el incidente, como la asumió también el superior al interponerse por el incidentante el recurso de apelación.

El artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, en relación con la posibilidad de regular los honorarios de los apoderados de las partes, prevé lo siguiente:

“Con la presentación en la secretaría del despacho donde curse el asunto, del escrito que revoque el poder o designe nuevo apoderado o sustituto, termina aquel o la sustitución, salvo cuando el poder fuere para recursos o gestiones determinados dentro del proceso.

El apoderado principal o el sustituto a quien se le haya revocado el poder, sea que esté en curso el proceso o se adelante alguna actuación posterior a su terminación, podrá pedir al juez, dentro de los treinta días siguientes a la notificación del auto que admite dicha revocación, el cual no tendrá recursos, que se regulen los honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. El monto de la regulación no podrá exceder del valor de los honorarios pactados” (se destaca).

De la revocatoria del poder

La posibilidad de revocar el poder en cualquier momento procesal denota que el legislador está dando cumplimiento a su deber constitucional de garantizar a todas las personas vinculadas en un proceso la posibilidad de estar presentes en el mismo, sin perjuicio del ejercicio del derecho de postulación, desde el inicio hasta la terminación de la litis. Lo esencial es que se preserve el derecho a la participación en juicio, por activa o pasiva.

La revocatoria del poder pone fin a la representación en juicio, con pleno efecto respecto de los sujetos procesales y de los terceros intervinientes, pero no desconoce el contrato de gestión; el que, de existir, rige de manera preferente las relaciones entre poderdante y apoderado y al que estos se deberán remitir para arreglar sus diferencias, entre las cuales aquellas generadas por razón de la revocatoria injustificada del poder, tienen especial importancia(1).

Así las cosas, el abogado que concluye su labor en juicio a causa de la revocatoria del poder, sin perjuicio de los derechos derivados del eventual contrato de gestión, puede solicitarle al juez de la causa que liquide sus honorarios teniendo en cuenta, simplemente, la labor realizada.

Del contrato de gestión

El inciso primero del artículo 69 en estudio prevé que dentro del mismo proceso, mediante el trámite incidental, el abogado afectado con la revocatoria del poder solicite la regulación de sus honorarios, lo que no obsta, para que, si así lo prefiere, acuda a otra vía procesal, en la que no solo se regulen los emolumentos a que tiene derecho por la actuación realizada, sino que se evalúe el ejercicio del derecho del poderdante a la revocación, con el objeto de que sea compelido a indemnizar los perjuicios que puede haber causado por haber procedido a una revocatoria abusiva, o sin consultar los derechos del afectado(2).

De conformidad con la anterior disposición normativa se tiene que el estatuto procesal civil permite que a los apoderados que intervienen en un proceso y que actúan en representación de alguna de las partes, se les regule o determine el monto de sus honorarios, para lo cual, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que les sea revocado el poder, sea dentro del curso del proceso o cuando se adelante alguna actuación posterior a su terminación, podrán promover un incidente para este propósito.

Al respecto conviene precisar los siguientes aspectos: i) según la norma legal en cita, para la prosperidad del incidente de regulación de honorarios debe acreditarse la existencia de la obligación por parte de la persona que revocó el poder con el apoderado que promueva el correspondiente incidente y; ii) en todo caso, se debe respetar la limitante prevista en la norma en relación con la determinación del monto que llegare a resultar por concepto de honorarios, consistente en que, en cualquier caso, dicha suma no podrá superar el valor de los honorarios pactados.

Esta corporación(3) ha sostenido frente al contrato de prestación de servicios o contrato gestión de los honorarios profesionales, lo siguiente:

“(...).

La anterior limitante tiene justificación en la medida en que regularmente el valor de los honorarios profesionales, además de los demás derechos y obligaciones, es acordado entre el abogado y su cliente —persona que pretende comparecer al proceso con el fin de hacer valer un derecho subjetivo (derecho de postulación)— con anterioridad al inicio del proceso o de los procesos respectivos, a través de la celebración de un contrato de mandato o de prestación de servicios profesionales.

Así pues, comoquiera que el apoderado y su poderdante regulan su relación a través de la celebración de un tipo contractual, en el cual, claro está, se incluyen cláusulas tendientes a determinar el monto al cual deben ascender los honorarios del abogado o representante, resulta apenas concordante que la ley procesal fije como límite, para aquellos eventos en los cuales se pretenda que se regulen los honorarios en el proceso donde el abogado intervino, que el monto que pueda resultar del trámite del incidente no deba desconocer el valor previsto en el correspondiente contrato de mandato o de prestación de servicios, aun cuando el respectivo acuerdo de voluntades fuere pactado de manera verbal” (se destaca).

En efecto, para la regulación o fijación del monto al cual deben ascender los honorarios de un abogado cuando se promueve el incidente de que trata el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, resulta determinante como requisito sine qua non el contrato, sea este escrito o verbal, por medio del cual tanto el poderdante, como su apoderado, hubieren fijado los términos de su relación negocial.

De la sustitución del poder

Ha sostenido esta corporación(4) que la sustitución del poder es una relación negocial surgida por la facultad expresa dada por el mandante, y por el acuerdo de voluntades entre el apoderado inicial y el nuevo apoderado “que viene a colaborar en la misión de defender los intereses del mandante”, acuerdo de voluntades del que igualmente puede participar este último cuando expresamente lo ha autorizado. Sin embargo, lo relevante de esta figura es que no extingue el mandato celebrado entre el mandante y el apoderado inicial, toda vez, que no está consagrado como causal de terminación del mandato según las voces del artículo 2189 del Código Civil.

Además, tan cierto es que la sustitución o la delegación del mandato no pone fin al contrato, que el artículo 68 del Código de Procedimiento Civil, precisa que “Quien sustituye un poder podrá reasumirlo en cualquier momento, con lo cual quedará revocada la sustitución”. Así, el apoderado sustituto ejerce un mandato sujeto a condición, puesto que la vigencia jurídica de esa relación depende, en principio, de la voluntad del apoderado inicial, quien con su intervención en la actuación revoca el mandato del apoderado sustituto, asumiendo de nuevo la defensa de los intereses del mandante. Puede decirse, entonces, que el apoderado sustituto ejerce un mandato precario, sometido no solo a la voluntad del apoderado inicial, sino que también puede extinguirse por la voluntad del mandante.

Caso concreto

De acuerdo al material probatorio obrante en el proceso, observa la Sala la existencia del contrato de prestación de servicios suscrito el 1º de marzo de 1999 por el señor Carlos Arturo Bolaños Ortiz en calidad de poderdante, y el doctor Jorge Luis Echeverri Obregón como apoderado, que en la cláusula segunda se estipuló: “Valor. Por los servicios profesionales del apoderado las partes han acordado el pago de un millón de pesos m/l ($ 1.000.000) que serán cancelados a la firma del presente documento, más el cuarenta por ciento (40%) del valor total de la condena, en caso de sentencia favorable, de los cuales se deducirá la suma antes dicha”.

En el sub lite, el apoderado realizó los siguientes actos procesales 1) El 24 de septiembre de 2001 el apoderado del actor, solicitó al a quo que se exhortará nuevamente a la fiscalía cuarta delegada ante el Tribunal Superior de Medellín, para allegara al expediente copia de las diligencias del proceso penal adelantado en contra del señor Carlos Alberto Bolaños Ortiz, así como el fallo absolutorio (fl. 428, cdno. 2). 2) Un año y un mes después, es decir, el 24 de octubre de 2002 el abogado Echeverry Obregón presentó alegatos de conclusión, en virtud del auto de 15 de octubre del mismo año proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia (fls. 577-583). 3) El 22 de junio de 2005 solicitó al fallador de primera instancia que se dictara sentencia ya que “hace más de treinta y un (31) meses se encuentra en su despacho para ello” (fl. 592, cdno. 2).

Observa la Sala que el abogado Jorge Luis Echeverri Obregón no soslayó su responsabilidad de proceder de conformidad con las facultades dadas tanto en el contrato de prestación de servicios como en el poder de sustitución, contrario sensu, efectúo los trámites procesales pertinentes para que el proceso entrara al despacho del fallador de primera instancia para que dictara sentencia.

Y en tratándose del contrato de prestación de servicios suscrito el 1º de marzo de 1999, como se dijo, es determinante para la regulación de los honorarios solicitados por el incidentista, lo pactado en la cláusula segunda, como se ha reseñado, en lo relacionado con el porcentaje del 40% del valor total de la condena en caso de sentencia favorable, como en efecto sucedió; adicionalmente establece la cláusula cuarta que el poderdante se obliga a cubrir al apoderado “en caso de ganar la demanda el monto de sus honorarios en cuanto la entidad demandada cancele el valor de lo que le condenen a cancelar” (fl. 12).

En efecto, a folio 43 del expediente se observa certificación de la tesorera general del Inpec, en donde indicó que el 15 de diciembre de 2009 fue cancelado al actor mediante cheque la suma de $ 420.203.620, a nombre de la abogada Ella Vanesa Corella Ortiz por cheque consignado en su cuenta bancaria el valor de $ 127.020.835, además de otras sumas de dinero consignadas en el Fondo Nacional del Ahorro, al Establecimiento Penitenciario de Medellín, al ICBF y al SENA.

Lo anterior prueba que la sentencia condenatoria ya fue pagada al demandante y los honorarios se cancelaron a la apoderada, sin que al señor Jorge Luis Echeverri Obregón quien actúa en esta diligencia en calidad de incidentista, le correspondiera monto alguno por su labor.

En el presente caso, el 40% del total de la condena para el caso concreto equivale a $ 241.254.865, valor del que debe restarse $ 1.000.000 pagados al abogado incidentista al momento de celebrar el contrato de prestación de servicios con el señor Carlos Alberto, para un total adeudado de $ 240.254.865, suma que corresponde a los honorarios del abogado Jorge Luis Echeverri Obregón dada su gestión en el proceso ordinario radicado con el número 1999-0871 cuando representaba judicialmente los intereses del incidentado y según lo estipulado en la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios.

Por último se advierte que el haberse utilizado la figura de “sustitución de poder”, atribución conferida por el mandante, no significa que se pueda asimilar siquiera hipotéticamente con “abandono del proceso”, comoquiera que el fin último y único de aquella es “colaborar en la misión de defender los intereses del mandante”. Situación diametralmente opuesta es que, —como lo adujo el a quo— algunas veces estos procesos toman años antes de proferirse la decisión de fondo por causa de la congestión judicial, circunstancia que no puede imputársele al profesional del derecho, pues, su obligación en ese momento procesal era estar atento hasta que se profiriera sentencia de primera instancia.

El transcurso del tiempo, mientras se dictaba sentencia, no enerva ni desconoce el reconocimiento y pago de los honorarios por los servicios detallados en los párrafos precedentes, toda vez, que quedó probado en el expediente que a pesar de la sustitución del poder, así como de forma directa, el doctor Echeverri Obregón vigiló e impulsó el proceso.

Así las cosas, se confirmará la decisión de primera instancia que reguló los honorarios del incidentista.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFÍRMASE el auto de 20 de junio de 2011 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante el cual reguló los honorarios profesionales del abogado Jorge Luis Echeverri Obregón en la suma de $ 240.254.865.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) C-1178 de 2001, actor: Jorge Luis Pabón Apicella, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(2) C-1178 de 2001, actor: Jorge Luis Pabón Apicella, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(3) Sección Tercera, sentencia de 3 de marzo de 2010, actor: Idéntico S.A., M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(4) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de agosto de 2004, Exp. 2899-2910-2905, actor: Mario Ernesto Campo Morantes y otros, demandado: representante a la Cámara por la circunscripción electoral del Valle, M.P. María Noemí Hernández Pinzón.